Los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 10,6% durante marzo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y acumulan una suba del 68,6% durante el último año, según reveló un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA). 

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta dinámica tuvo un impacto directo en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, que se aceleró al 3% en el tercer mes del año, frente al 2,6% registrado en febrero. 

Dentro del rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que se incrementó un 2,6%, el reporte oficial del IDECBA señaló que “el principal impulso provino de Carnes y derivados (6,3%)”, un salto que fue parcialmente compensado por las bajas estacionales en frutas y verduras.

La presión sobre el bolsillo de los consumidores fue dispar según el canal de venta, ya que la carne aumentó menos en los supermercados (7,1%) que en las carnicerías de barrio, donde el incremento trepó al 12,2% mensual. 

Según el IPCVA, “con un kilo de carne promedio de supermercado se compra 0,92 kilos de carne promedio en las carnicerías”, reflejando una brecha de precios donde cortes como el asado resultan un 16,8% más económicos en las grandes cadenas. 

En cuanto a los cortes específicos, la picada común lideró las subas con un 20,4%, seguida por la carnaza común con un 17,7% y la falda con un 13,4%. En la comparación por kilo, el asado de tira promedió los $18.617, mientras que el lomo se ubicó como el corte más costoso, alcanzando los $27.711.

Este escenario de alta inflación y pérdida de poder de compra se traduce en situaciones críticas para la administración pública local. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la localidad entrerriana de Sauce de Luna, ante la falta de liquidez, el intendente Alcides Alderete debió reemplazar un bono no remunerativo de $30.000 por un ticket canasta de $50.000 para poder completar los haberes de los trabajadores municipales. 

“Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, sentenció el jefe comunal peronista, quien detalló que el 94% de la población no abonó las tasas municipales. El municipio, que recibe unos $167 millones mensuales entre coparticipación nacional y provincial, enfrenta además cuentas embargadas por juicios heredados, lo que derivó en la entrega de estos vales alimentarios para ser utilizados en comercios locales ante la imposibilidad de afrontar pagos en efectivo.

La aceleración del costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, que acumula un 8,9% en el primer trimestre de 2026, estuvo explicada también por el rubro Educación, que subió un 8,6% por el inicio del ciclo lectivo, y por el Transporte, que registró un alza del 6,0% debido a los combustibles y el boleto de colectivo. 

Mientras tanto, en el mercado de proteínas alternativas, el pollo fresco mostró un alza del 10,9% y el pechito de cerdo un 6,3%. 

Al respecto, la entidad técnica expuso que “en el tercer mes del año se pudo comprar en promedio 3,86 kilos de pollo con 1 kilo de asado”, marcando la pauta de un consumo que se desplaza ante la imposibilidad de sostener la dieta vacuna tradicional frente a una inflación interanual que ya alcanza el 32,1% en la capital del país.

Crece visiblemente la circulación de tickets que discriminan la carga de IVA e impuestos nacionales sobre el precio de los productos, y en los supermercados comienza a aparecer la misma información en las góndolas.

Eso sucede porque avanza a nivel nacional la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor aprobado en el Congreso en 2024, a partir de una iniciativa impulsada por la ONG Lógica.

La norma terminó de ser reglamentada a fin de año y desde enero comenzó a aplicarse en grandes empresas (cadenas de supermercados, por ejemplo). En abril, la obligación se hizo extensiva a comercios de otra escala; siempre en relación a mostrar tributos nacionales.

En paralelo, Lógica monitorea la adhesión al régimen de provincias y municipios, niveles de administraciones con mayor complejidad tributaria y capilaridad y, por lo tanto, dificultades de distinta índole para sumarse con sus respectivos impuestos y tasas.

Córdoba ingresó a esta semana al pequeño grupo de provincias que han realizado avances concretos: la secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía provincial publicó en el Boletín Oficial una resolución por la que instruye a la Dirección General de Rentas a que revise las pautas y parámetros del sistema de emisión de tickets. Además para que dicte las normas necesarias para que los contribuyentes (las empresas que venden productos) informen a los consumidores sobre la incidencia del Impuesto a los Ingresos Brutos (Iibb) sobre el precio neto facturado.

Pero un punto clave que establece la resolución es que esto se hará con la “conformidad expresa” de los integrantes de la mesa de trabajo del Observatorio de Comercio y Desarrollo Productivo de Córdoba. Ese espacio, ubicado en el ámbito de la Secretaría de Comercio, reúne a las principales cámaras comerciales cordobesas.

En ‘criollo’, esto significa que la Provincia dejó constancia, vía resolución, de que está dispuesta a adherir al Régimen nacional en lo que a ella atañe y que la “pelota” ahora está del lado del sector privado; que es el que tiene que encarar inversiones y adecuaciones en sus sistemas de facturación y cobro para poder hacerlo realidad.

Desde el Gobierno se informó que a partir de este momento se inicia una etapa de trabajo colectivo con la Cámara de Comercio de Córdoba y Fedecom en el citado Observatorio, ya que la voluntad no es cargar de manera coercitiva nuevos costos a pymes y pequeños comercios; sino analizar con ellos las posibilidades de implementación real de este Régimen.

“Que se transparenten impuestos nos parece un concepto muy positivo. Permitiría visibilizar, por ejemplo, que la carga de IIBB es muy inferior a la del IVA. Pero la discriminación de un tributo como ese es infinitamente más compleja que la del IVA y requiere gran esfuerzo de parte de los comercios; por eso no es algo que vayamos a imponer. Vamos a escuchar al sector privado en esto y a trabajar junto a él”, trascendió desde el ámbito provincial.

Por el modo “en cascada” en el que impacta en distintos eslabones de la actividad económica y la dispersión que tiene en el mapa nacional, sintetizar IIBB como un porcentaje en un ticket representa verdadero desafío en distintos sentidos. Por ejemplo, empresas con base aquí pero que venden en diferentes provincias y tributan diversas alícuotas de Iibb, en cada una deberían exhibir precios de manera diferenciada; sólo por citar una arista.

Atendiendo a desafíos de este tipo (con contribuyentes de Convenio Multilateral), la resolución cordobesa plantea la necesidad de trabajar en armonizaciones entre jurisdicciones.

La resolución provincial también “insta” a los municipios y comunas a dictar las normas legales pertinentes para poder transparentar en los tickets sus tributos.

A partir del 1 de enero, los grandes comercios en Argentina deben cumplir con una nueva normativa que obliga a discriminar los impuestos que componen el precio de los productos adquiridos. De esta manera, los consumidores podrán conocer qué parte de lo que pagan corresponde a tributos como el IVA y otros impuestos internos. Esta medida fue reglamentada en diciembre de 2024 a través de la Resolución General 5614 de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), y busca promover una mayor transparencia fiscal.

La medida, que forma parte del Régimen de Transparencia Fiscal, busca reestructurar la relación entre los contribuyentes, los consumidores y el Estado, brindando a la sociedad un conocimiento más claro sobre la composición de los precios. Sin embargo, como explicó el contador Carlos Cravero, aún es solo un “primer paso”. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Cravero detalló que esta resolución solo afecta a los impuestos nacionales, tales como el IVA y los impuestos internos, y que su implementación será gradual.

"La Resolución General 5614 establece que, a partir de ahora, los grandes comercios deberán discriminar en sus tickets el monto correspondiente a los impuestos que forman parte del precio de venta", explicó Cravero. "Hasta ahora, el consumidor final solo veía un precio total, sin saber cuánto de ese monto correspondía a impuestos. Ahora, con esta nueva norma, se detallará cuánto corresponde a tributos, lo que permitirá una mayor transparencia", agregó.

"Ya la semana pasada, en algunos supermercados, he visto que los tickets comenzaban a cumplir con la normativa", destacó el contador.

Una de las principales características de esta normativa es que no solo especifica qué impuestos se deben discriminar en los tickets, sino también cómo y dónde deben aparecer. Según la reglamentación, la información sobre los impuestos debe aparecer en una línea específica debajo del total del precio, bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”. De esta manera, los consumidores podrán ver claramente cuánto de lo que pagan corresponde a impuestos.

Si bien esta normativa comenzó a ser obligatoria para los grandes comercios desde el 1 de enero de 2025, la obligación de cumplir con esta medida se extenderá a todas las empresas en el país desde abril de 2025. En ese mes, todos los contribuyentes deberán comenzar a discriminar los impuestos de sus productos. A su vez, aquellos que utilicen sistemas de facturación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como el facturador móvil o los comprobantes electrónicos, no necesitarán realizar modificaciones, ya que estos sistemas ya emiten los tickets con los impuestos discriminados de manera automática.

El Régimen de Transparencia Fiscal surge como una iniciativa de la ONG Lógica, una asociación apartidaria que impulsa la concientización fiscal en la sociedad. La ONG lideró una campaña en la que solicitaba a los candidatos presidenciales que se comprometieran a promover la transparencia fiscal. Entre los políticos que apoyaron la propuesta se encontraban Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Posteriormente, la medida fue incluida en la Ley Bases, que fue aprobada en 2024.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, explicó en su momento que esta normativa tiene como objetivo promover la transparencia en el sistema fiscal y empoderar a los ciudadanos. "La falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que afectan la vida cotidiana", sostuvo Olivero Vila. "Este proceso ha sido funcional para que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo", añadió.

Desde la Cámara de Distribuidores Mayoristas (CADAM), la medida fue recibida con buenos ojos. La entidad consideró que este paso significaba un avance hacia un sistema fiscal más claro y equitativo. Además, desde CADAM instaron a las provincias y municipios a adherir a la iniciativa, incluyendo los impuestos provinciales y municipales en los tickets de compra. Esto, según la Cámara, permitiría comparar la carga tributaria entre diferentes jurisdicciones y promover una mayor transparencia en el sistema fiscal a nivel nacional y local.

El régimen, que se implementará en etapas, también tendrá un impacto en los consumidores, quienes podrán conocer de manera más detallada cómo se desglosa el precio final de los productos que adquieren. Esta medida tiene como objetivo reformar la relación entre el Estado, los contribuyentes y los consumidores, promoviendo una mayor transparencia en el sistema fiscal y empoderando a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones de consumo.

En cuanto a las repercusiones de esta medida, Cravero consideró que la obligatoriedad de discriminar los impuestos en los tickets de compra contribuirá a una mayor transparencia, permitiendo que los ciudadanos comprendan mejor los costos que implican los productos que adquieren. "La gente podrá ver de manera clara lo que está pagando por impuestos, lo que es una gran mejora", afirmó.

Finalmente, Cravero comentó sobre los cambios administrativos en la AFIP, que ahora se llama ARCA. Aunque la denominación del organismo cambió, el contador consideró que esto no representará diferencias significativas para los contribuyentes. "El cambio de nombre es más bien formal. En esencia, el organismo sigue siendo el mismo", señaló.

En conclusión, la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal es un avance hacia una mayor claridad sobre el sistema impositivo en Argentina. Con la posibilidad de conocer los impuestos que componen el precio de los productos, los consumidores tendrán más herramientas para entender lo que están pagando. Esta medida, si bien comenzará con las grandes empresas, se extenderá progresivamente a todo el comercio del país, y permitirá un paso hacia un sistema fiscal más transparente y equitativo para todos los ciudadanos.