Frente a un crecimiento del fenómeno del “segundo empleo” o pluriempleo, en un contexto económico desafiante, cada vez más trabajadores recurren a tener dos o más ocupaciones simultáneas para sostener sus ingresos. Sin embargo, esta tendencia plantea interrogantes sobre sus consecuencias en la salud y la calidad de vida.

LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el médico laboral Fernando Giacomino, quien advirtió que el pluriempleo “debería ser transitorio o controlado” y no una condición sostenida en el tiempo sin planificación.

“El pluriempleo (tener dos o más trabajos simultáneamente) impacta de manera significativa en la salud y la calidad de vida de los trabajadores, especialmente cuando se sostiene en el tiempo sin condiciones adecuadas de descanso y organización. No es un fenómeno neutro: tiene efectos acumulativos que pueden volverse clínicamente relevantes”, explicó.

En cuanto a las consecuencias físicas, el especialista señaló que “el principal problema es la sobrecarga fisiológica”. En ese sentido, detalló que las jornadas extendidas y fragmentadas reducen el tiempo de recuperación y favorecen “fatiga crónica y disminución del rendimiento físico, trastornos del sueño —como insomnio o descanso no reparador—, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y alteraciones metabólicas”.

Estas condiciones, agregó, están vinculadas a “un desbalance en ritmos circadianos y una activación sostenida del eje estrés–cortisol”, lo que agrava el desgaste del organismo a mediano y largo plazo.

El impacto no se limita al plano físico. “El pluriempleo incrementa la carga psíquica”, sostuvo Giacomino, al tiempo que enumeró consecuencias como “estrés crónico, sensación de falta de control del tiempo, ansiedad y mayor riesgo de depresión, además del síndrome de burnout, especialmente en profesiones asistenciales”.

A nivel cognitivo, también advirtió que “se observa menor capacidad de concentración y mayor tasa de errores”, lo que puede derivar en situaciones de riesgo en ámbitos laborales sensibles.

La calidad de vida, según el médico, se ve afectada en múltiples dimensiones. “Hay una reducción del tiempo para vínculos sociales y familiares, menor participación en actividades recreativas y un deterioro del autocuidado, tanto en alimentación como en ejercicio y controles de salud”, indicó. A esto se suma una “sensación persistente de ‘vivir trabajando’”, que impacta directamente en la percepción subjetiva de bienestar.

En el plano laboral, el cansancio acumulado incrementa los riesgos. “Aumentan los accidentes laborales y de tránsito, así como los errores en tareas críticas, algo muy relevante en sectores como salud, transporte o seguridad”, afirmó.

Giacomino también planteó una “paradoja económica”: “Aunque el pluriempleo suele buscar mejorar ingresos, puede generar costos indirectos como mayor gasto en salud, menor productividad por fatiga y ausentismo”.

Frente a este escenario, el médico fue claro: “El pluriempleo no es ideal desde el punto de vista sanitario, pero si es una realidad necesaria, la estrategia no es ‘aguantar más’, sino gestionar carga, recuperación y riesgos de forma deliberada”.

En ese sentido, subrayó la importancia de reconocer límites. “Hay límites cognitivos: cuando termina un turno, es importante cortar notificaciones del otro empleo si es viable”, indicó. Además, recomendó prestar atención a señales tempranas como “irritabilidad, cinismo, fallas de memoria o somatizaciones”, que pueden anticipar cuadros de agotamiento.

También hizo hincapié en la seguridad: “Evitar conducir o realizar tareas críticas con somnolencia es clave. En trabajos de riesgo, es necesario aplicar doble chequeo en momentos de fatiga”.

Giacomino insistió en la necesidad de proyectar una salida progresiva de esta situación: “El pluriempleo debería ser transitorio o controlado. Diseñar un horizonte con objetivos concretos permite reducir la carga y avanzar hacia un esquema laboral más sostenible”.

El médico brindó una serie de pautas para reducir el impacto del pluriempleo. Entre ellas, destacó priorizar el sueño —con entre 7 y 9 horas diarias, aunque sea en bloques—, mantener horarios regulares y aplicar siestas breves en caso de turnos rotativos.

También recomendó evitar encadenar jornadas extensas sin pausas, incorporar microdescansos cada dos o tres horas y organizar las tareas más exigentes en momentos de mayor alerta. En cuanto a la alimentación, sugirió planificar comidas y colaciones saludables para sostener la energía y evitar el consumo de ultraprocesados.

Asimismo, aconsejó realizar actividad física moderada de manera regular, sostener al menos un espacio semanal no laboral y realizar controles periódicos de salud.

Río Tercero se encuentra en una situación crítica tras el despliegue de fuerzas policiales en la petroquímica local. Lucas Felici, secretario gremial del Sindicato Químico y Petroquímicos, confirmó que desde las 4 de la mañana, la fábrica fue militarizada y se están ejecutando despidos masivos.

Informó que se prevén alrededor de 124 despidos, afectando tanto a afiliados como a trabajadores jerárquicos. "Es devastadora la situación. Esta fábrica ya había ejecutado 140 despidos en octubre del año pasado, lo que hace un total de más de 250 despidos en los últimos meses. Un desastre para Río Tercero", expresó al medio Cadena 3.

Los trabajadores se encuentran en huelga y algunos están encerrados dentro de la planta, mientras que otros no pueden ingresar. Felici agregó: "Estamos bajo el derecho de huelga, sin entender por qué se están realizando despidos sin previa comunicación".

La situación se agrava debido a que la empresa no ha cumplido con acuerdos previos y ha roto procedimientos preventivos de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba. "No nos han pagado el salario de junio, por lo cual estamos en huelga", afirmó Felici.

El sindicato declaró un paro total de actividades, afectando no solo a la petroquímica, sino también a otras empresas del polo químico. "Estamos hablando de una masacre laboral en Río Tercero", enfatizó Felici, quien solicitó la intervención del municipio y del gobierno provincial ante esta crisis.

En una población de 45.000 habitantes, se han registrado unos 300 despidos directos desde octubre. Felici concluyó: "Esto es un problema social y de la economía regional".

Al final hubo fumata blanca en el conflicto en Tierra del Fuego, luego de que las empresas que conforman la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegaron a un acuerdo en el que los trabajadores se comprometen a regresar al trabajo y las compañías no despedirán gente al menos hasta hasta el 31 de diciembre de 2025.

El acuerdo llegó luego de una intensa negociación entre las partes en el marco del conflicto que se generó a partir de la decisión del Gobierno Nacional de reducir los aranceles externos a la importación de productos electrónicos que provocó preocupación en el sector y motivó un paro por tiempo indeterminado de los trabajadores.

A partir de este acuerdo, las empresas se comprometen a no generar despidos hasta el 31 de diciembre y los trabajadores a retomar la actividad con normalidad.

Durante ese período, funcionará una mesa de trabajo entre las partes involucradas, empresarios y trabajadores; y se invitará a participar al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial. 

El objetivo de la mesa de trabajo es encontrar herramientas que mejoren la competitividad del sector de cara a la baja a 0% del arancel para celulares importados a partir de enero de 2026.

“Asumimos este compromiso para no realizar despidos y, al mismo tiempo, redoblamos los esfuerzos para encontrar caminos que nos permitan encontrar medidas paliativas que permitan mantener la sustentabilidad de la industria y ganar competitividad en conjunto con todos los actores involucrados”, sostuvo la directora ejecutiva de AFARTE, Ana Vainman.  

La industria electrónica de Tierra del Fuego representa entre 30 % y 35 % del PBI provincial, aporta la mayor parte de la recaudación fiscal y sostiene más de 18.000 empleos directos e indirectos. 

Es la principal empleadora privada de la provincia y el mayor aportante al fisco provincial.

Por otro lado, ocho de cada diez componentes electrónicos de la industria automotriz nacional provienen de Tierra del Fuego, 7 de las 11 terminales automotrices trabajan con componentes fueguinos y la mayoría de los autos que se exportan tienen insumos industriales que fueron fabricados en las plantas del sur.

“El consumidor merece precios más bajos pero hay muchos caminos para hacerlo sin destruir la industria nacional”, señaló Vainman. 

AFARTE propuso “seguir trabajando en la reducción del costo argentino, que es el que causa que hoy paguemos más caros todos los productos que consumimos -y no solo los celulares- en comparación con otros países”. 

“Las empresas que integran AFARTE están comprometidas con la inversión en investigación y desarrollo y la reconversión productiva de la isla de Tierra del Fuego”, sostuvo la ejecutiva.

La CGT denunció hoy que el Gobierno nacional “utiliza el salario de los trabajadores como herramienta de ajuste, poniéndole techo a las paritarias”, y aseguró que la consecuencia es que ya se cumplieron “17 meses de deterioro del sueldo y las jubilaciones” desde la asunción del presidente Javier Milei.

En un comunicado difundido en redes sociales, bajo el título “17 meses perdiendo derechos”, la central sindical dijo que desde el 10 de diciembre de 2023 “el Gobierno Nacional utiliza los salarios como ancla y se niega a homologar paritarias por encima de la inflación proyectada”.

La CGT advirtió que “se perdieron 185.000 puestos de trabajo formales” durante el actual Gobierno, y que además el mercado laboral argentino ya tiene “más de 404.000 puestos de trabajo informales, sin aportes, sin obra social, sin aguinaldo, sin vacaciones pagas y sin derechos”.

Tras resaltar que el Salario Mínimo Vital y Móvil es 308.200 pesos, y que la jubilación mínima es de 296.481,74 pesos el escrito indica que “con Milei los trabajadores seguimos perdiendo: menos poder de compra y menos empleo registrado”.

Asimismo, subrayó que hay “un 8% de caída del consumo en supermercados” y destacó que “más del 65% de los trabajadores argentinos destina la mayor parte de su sueldo en compras de supermercado”.

“El bienestar de las familias trabajadoras no es variable de ajuste, es condición para hacer crecer la Argentina”, recalcó el escrito cegetista, y señaló que “Milei utiliza el salario de los trabajadores como herramienta de ajuste, poniéndole techo a las paritarias”.

Pasó la Semana Santa, con el finde de semana largo de abril, y muchos argentinos ya se preguntan cuánto falta para el próximo feriado y si será un descanso extendido.

El próximo feriado es el 1 de mayo, Día del Trabajador; mientras que el viernes 2 de mayo es “día no laborable con fines turísticos”, por lo que para algunos será un fin de semana largo.

Según el calendario oficial, no se trata de un feriado nacional, pero sí de un día no laborable con fines turísticos, lo que implica que cada empleador podrá decidir si su personal trabaja o no.

La diferencia principal entre feriado y día no laborable radica en la remuneración y obligatoriedad. Mientras que en los feriados nacionales los trabajadores que prestan servicios deben cobrar el doble, los días no laborables no implican pago extra, salvo que el empleador lo disponga. Además, los feriados son de aplicación obligatoria en todos los sectores, mientras que los días no laborables son optativos en el ámbito privado.

Casi cuatro de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no están registrados en la seguridad social, y habita un hogar pobre. Así lo consigna el informe Empleo Asalariado Informal y Pobreza Laboral, realizado por la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires.

El estudio registró una tasa de informalidad entre los asalariados del país del 36,7% durante el tercer trimestre de 2024. La tasa de informalidad asalariada fue de 34,2% entre los hombres y de 38,9% entre las mujeres. 

En promedio, la tasa de informalidad femenina a mediados de 2024 fue de aproximadamente cinco puntos porcentuales más alta que la tasa masculina. Sin embargo, dada la mayor proporción de hombres en el total del empleo asalariado -54%-, éstos dan cuenta del 51% de la informalidad asalariada total.

Representa una suba de un punto porcentual respecto de la registrada durante el tercer trimestre de 2023.

El valor -similar al registrado en 2008- se mantiene relativamente constante desde hace 16 años -en torno al 35%- según el informe, que tiene en cuenta los datos actualizados de la Encuesta Permanente de Hogares -EPH- y releva el dato desde 2003. 

Además, que el mes pasado se informó también, por primera vez en un año, un aumento de la cantidad de empleo formal, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa). 

Fue un aumento marginal, de un 0,1%, pero marcó el quiebre de una tendencia negativa que duró 11 meses.

El estudio de la UBA registró que el 40% de los asalariados viven en un hogar pobre. El valor asciende a 63% si se tiene en cuenta a los trabajadores informales.

Cuando se hace la comparación entre el salario mensual y el valor de la canasta de bienes y servicios básicos -línea de pobreza individual- se observa la misma discrepancia, pero más mucho acentuada: el 59% de los asalariados informales recibe un salario mensual inferior al valor de la canasta, contra solo el 8% de los asalariados formales.

Los jóvenes son el grupo etario que experimenta una tasa de informalidad más elevada. Durante el segundo trimestre de 2024, ésta fue de casi 64%, 28 puntos porcentuales más alta que la tasa global. 

Los trabajadores asalariados de entre 45 y 64 años -60 años en el caso de las mujeres- son quienes experimentan la tasa de informalidad más baja -27,5%-; les sigue el grupo de entre 25 a 44 años -34,4%-; y el de 65 años -60 años en las mujeres- y más -47,9%.

Solo dos áreas registraron tasas de informalidad más bajas que el promedio: Gran Buenos Aires -que incluye a la ciudad de Buenos Aires y partidos de la provincia de Buenos Aires- y la región patagónica -35% de informalidad y 20%, respectivamente-. Las regiones Noroeste, Cuyo y Nordeste registraron tasas superiores al 40%.

En tanto, en comparación con otros países de Latinoamérica -considerando áreas urbanas de 10 países de la región-, el valor de 36,7% registrado en la Argentina es muy superior a los registrados en Uruguay, Chile, Costa Rica y Brasil, que tienen tasas de informalidad entre asalariados de entre el 9% y 21%; pero también se diferencia de los registrados en Perú y Paraguay, con tasas de informalidad superiores al 50%.

La quiebra de la empresa láctea San Lucio de Morteros, en 2020, dejó a más de 40 familias sin empleo ni indemnización. Cuatro años después, los trabajadores siguen en lucha para recibir lo que consideran les corresponde por ley: su indemnización y la posibilidad de recuperar sus puestos de trabajo.

Este martes, 14 de los afectados estuvieron presentes en los tribunales de San Francisco, acompañados por su abogado Enrique Pistone, en el marco de un juicio laboral contra los responsables de vaciar la empresa. “Los empresarios se enriquecieron a costa de nuestro trabajo. Los 55 trabajadores que quedamos en la calle seguimos reclamando justicia”, expresaron los damnificados. 

Según Pistone, en los últimos años de funcionamiento, la empresa procesaba 100.000 litros de leche por día, lo que desmentiría la versión de una empresa al borde de la quiebra. “La empresa estaba lejos de estar en quiebra, era muy pujante, con 55 trabajadores especializados, que no eran robots sino gente que tenía un conocimiento profundo del proceso químico de la fabricación de productos lácteos”, aseguró quien representa a los trabajadores en el litigio.

Sin embargo, en 2020, San Lucio inició un concurso preventivo y, en 2021, cerró sus puertas sin dar noticias a los empleados, quienes quedaron desamparados. “No solo los dejaron sin trabajo, sino que tampoco nos pagaron lo que nos correspondía. Además, no se pagaron los aportes a la obra social ni a la AFIP, lo que nos impidió acceder a beneficios como el seguro de desempleo”, explicó Pistone a LA VOZ DE SAN JUSTO.

Este martes, los trabajadores presentaron su reclamo en los tribunales locales, donde se espera que la Cámara del Trabajo se pronuncie sobre el caso. Pistone subrayó la importancia de visibilizar la lucha, mencionando que en muchos casos similares la justicia ha logrado recuperar lo adeudado. “Esperamos que la Cámara haga justicia, ya que este tipo de casos tienen un impacto en toda la comunidad laboral”, dijo el abogado.

Por su parte, algunos de los trabajadores afectados, como José Luis, subrayaron las dificultades emocionales y económicas que enfrentaron tras el cierre de la fábrica. “No fue fácil. La mayoría de nosotros ya estábamos en una edad avanzada para conseguir otro trabajo. Muchos vivimos de changas, sin estabilidad. ¿Qué íbamos a hacer si la empresa que nos dio empleo durante tantos años cerró de golpe?”, lamentó, quien recordó que en su caso, había estado en la empresa durante más de 20 años.

Los testimonios de los trabajadores coinciden en que las condiciones laborales no eran fáciles. Algunos relataron un clima de incertidumbre constante debido a las amenazas de cierre que la empresa repetía cada año. “Siempre nos decían que la empresa iba a cerrar, que no vendía lo suficiente. Esas amenazas nos mantenían en vilo, sin saber si tendríamos trabajo al mes siguiente”, contó Clemar, quien estuvo en la firma durante 16 años.

Además, los trabajadores también denunciaron tratos poco respetuosos por parte de los dueños, quienes, según dijeron, utilizaban tácticas de manipulación y maltrato psicológico. “Siempre te decían que no ibas a conseguir trabajo en otro lado. La amenaza constante era parte de la estrategia para que no te quedaras a reclamar lo que te correspondía”, recordó otro trabajador.

Aunque algunos trabajadores han conseguido empleos temporales o en otras industrias, la mayoría sigue buscando una solución a su situación. "Con 44 años, conseguir trabajo fijo es casi imposible", reconoció Sergio, uno de los trabajadores afectados. "Solo quiero lo que me corresponde", afirmó con determinación.

La quiebra de San Lucio no solo dejó a las familias sin su sustento, sino que también generó acciones judiciales que buscan una reparación por los daños sufridos. Los trabajadores esperan que la justicia actúe con rapidez y les permita, al menos, cerrar esta etapa tan dolorosa de sus vidas laborales.

A pesar de los obstáculos, los ex empleados de la empresa siguen luchando por una respuesta que aún no llega. “La empresa ha sido finalmente declarada en quiebra, pero los dueños nunca dieron la cara”, comentó Pistone, quien resaltó que la situación se agrava por las estrategias dilatorias utilizadas por los responsables de la firma. “Ahora, después de años de litigios, no se sabe dónde están los bienes de la empresa. Las herramientas de trabajo fueron abandonadas a la intemperie y la empresa sigue siendo una incógnita”, concluyó el abogado.

Con la esperanza de que la Cámara del Trabajo resuelva a favor de los trabajadores, el futuro sigue siendo incierto para más de 40 familias que, tras la quiebra de la láctea, continúan luchando por obtener justicia.