La provincia de Córdoba obtuvo 100 puntos en el Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), al alcanzar el nivel de cumplimiento estricto de las normas de transparencia vigentes.

Según el informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la gestión de Martín Llaryora presentó la totalidad de la información requerida por la normativa nacional, entre ella el Presupuesto 2026 y los datos de ejecución de gastos, stock de deuda y planta de personal correspondientes al cierre del ejercicio 2025.

Con ese desempeño, Córdoba integró el Grupo I de la clasificación junto con Entre Ríos y Santa Fe, las únicas provincias que alcanzaron la puntuación máxima del relevamiento.

ASAP consignó que Córdoba cumplió con la presentación del Presupuesto del ejercicio, el esquema de Ahorro-Inversión-Financiamiento, el detalle de gastos por finalidad y función, el stock de deuda pública y los niveles de ocupación del sector público con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025.

El estudio se elaboró a partir de un relevamiento realizado durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El informe advirtió, además, un descenso en el promedio nacional del índice de transparencia fiscal: “Se identificó, por un lado, un deterioro en el promedio respecto al último informe publicado en septiembre 2025 (pasó de 74,3 a 70,9 puntos)”, señaló ASAP. En comparación con marzo de 2025, la caída fue de 6,8 puntos.

A nivel nacional, siete jurisdicciones mejoraron su puntaje respecto del semestre anterior, otras siete retrocedieron y ocho no registraron cambios. Entre los avances más importantes se destacaron Tucumán, con un incremento de 55 puntos, y Santa Cruz, con una mejora de 45 puntos.

En contraste, las mayores caídas correspondieron a Tierra del Fuego, que perdió 60 puntos, seguida por Jujuy y Río Negro, ambas con un descenso de 55 puntos.

El monitoreo de ASAP clasifica a las provincias en cinco grupos de cumplimiento: estricto, alto, intermedio, bajo y nulo. En el Grupo II, con cumplimiento alto y puntajes entre 80 y 90, quedaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, jurisdicciones que publicaron la mayor parte de la información, aunque omitieron los datos sobre la planta de personal.

El Grupo III, de cumplimiento intermedio, reúne a Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones, mientras que el Grupo IV, de cumplimiento bajo, incluye a ocho provincias, entre ellas Buenos Aires y Mendoza, con puntajes de entre 30 y 55 unidades.

El informe no registró provincias en el Grupo V, correspondiente a las jurisdicciones que no cumplen ninguno de los requisitos establecidos. Además, excluyó del análisis a La Pampa y San Luis por no estar adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

En sus conclusiones, ASAP destacó que Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe “repiten la puntuación máxima, lo que da cuenta de un cumplimiento estricto de los requerimientos relevados”, en un monitoreo semestral cuyo objetivo es contribuir a la transparencia y difusión de las cuentas públicas provinciales.

A partir del 1 de enero, los grandes comercios en Argentina deben cumplir con una nueva normativa que obliga a discriminar los impuestos que componen el precio de los productos adquiridos. De esta manera, los consumidores podrán conocer qué parte de lo que pagan corresponde a tributos como el IVA y otros impuestos internos. Esta medida fue reglamentada en diciembre de 2024 a través de la Resolución General 5614 de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), y busca promover una mayor transparencia fiscal.

La medida, que forma parte del Régimen de Transparencia Fiscal, busca reestructurar la relación entre los contribuyentes, los consumidores y el Estado, brindando a la sociedad un conocimiento más claro sobre la composición de los precios. Sin embargo, como explicó el contador Carlos Cravero, aún es solo un “primer paso”. En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, Cravero detalló que esta resolución solo afecta a los impuestos nacionales, tales como el IVA y los impuestos internos, y que su implementación será gradual.

"La Resolución General 5614 establece que, a partir de ahora, los grandes comercios deberán discriminar en sus tickets el monto correspondiente a los impuestos que forman parte del precio de venta", explicó Cravero. "Hasta ahora, el consumidor final solo veía un precio total, sin saber cuánto de ese monto correspondía a impuestos. Ahora, con esta nueva norma, se detallará cuánto corresponde a tributos, lo que permitirá una mayor transparencia", agregó.

"Ya la semana pasada, en algunos supermercados, he visto que los tickets comenzaban a cumplir con la normativa", destacó el contador.

Una de las principales características de esta normativa es que no solo especifica qué impuestos se deben discriminar en los tickets, sino también cómo y dónde deben aparecer. Según la reglamentación, la información sobre los impuestos debe aparecer en una línea específica debajo del total del precio, bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”. De esta manera, los consumidores podrán ver claramente cuánto de lo que pagan corresponde a impuestos.

Si bien esta normativa comenzó a ser obligatoria para los grandes comercios desde el 1 de enero de 2025, la obligación de cumplir con esta medida se extenderá a todas las empresas en el país desde abril de 2025. En ese mes, todos los contribuyentes deberán comenzar a discriminar los impuestos de sus productos. A su vez, aquellos que utilicen sistemas de facturación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), como el facturador móvil o los comprobantes electrónicos, no necesitarán realizar modificaciones, ya que estos sistemas ya emiten los tickets con los impuestos discriminados de manera automática.

El Régimen de Transparencia Fiscal surge como una iniciativa de la ONG Lógica, una asociación apartidaria que impulsa la concientización fiscal en la sociedad. La ONG lideró una campaña en la que solicitaba a los candidatos presidenciales que se comprometieran a promover la transparencia fiscal. Entre los políticos que apoyaron la propuesta se encontraban Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Posteriormente, la medida fue incluida en la Ley Bases, que fue aprobada en 2024.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, explicó en su momento que esta normativa tiene como objetivo promover la transparencia en el sistema fiscal y empoderar a los ciudadanos. "La falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que afectan la vida cotidiana", sostuvo Olivero Vila. "Este proceso ha sido funcional para que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo", añadió.

Desde la Cámara de Distribuidores Mayoristas (CADAM), la medida fue recibida con buenos ojos. La entidad consideró que este paso significaba un avance hacia un sistema fiscal más claro y equitativo. Además, desde CADAM instaron a las provincias y municipios a adherir a la iniciativa, incluyendo los impuestos provinciales y municipales en los tickets de compra. Esto, según la Cámara, permitiría comparar la carga tributaria entre diferentes jurisdicciones y promover una mayor transparencia en el sistema fiscal a nivel nacional y local.

El régimen, que se implementará en etapas, también tendrá un impacto en los consumidores, quienes podrán conocer de manera más detallada cómo se desglosa el precio final de los productos que adquieren. Esta medida tiene como objetivo reformar la relación entre el Estado, los contribuyentes y los consumidores, promoviendo una mayor transparencia en el sistema fiscal y empoderando a los ciudadanos a la hora de tomar decisiones de consumo.

En cuanto a las repercusiones de esta medida, Cravero consideró que la obligatoriedad de discriminar los impuestos en los tickets de compra contribuirá a una mayor transparencia, permitiendo que los ciudadanos comprendan mejor los costos que implican los productos que adquieren. "La gente podrá ver de manera clara lo que está pagando por impuestos, lo que es una gran mejora", afirmó.

Finalmente, Cravero comentó sobre los cambios administrativos en la AFIP, que ahora se llama ARCA. Aunque la denominación del organismo cambió, el contador consideró que esto no representará diferencias significativas para los contribuyentes. "El cambio de nombre es más bien formal. En esencia, el organismo sigue siendo el mismo", señaló.

En conclusión, la implementación del Régimen de Transparencia Fiscal es un avance hacia una mayor claridad sobre el sistema impositivo en Argentina. Con la posibilidad de conocer los impuestos que componen el precio de los productos, los consumidores tendrán más herramientas para entender lo que están pagando. Esta medida, si bien comenzará con las grandes empresas, se extenderá progresivamente a todo el comercio del país, y permitirá un paso hacia un sistema fiscal más transparente y equitativo para todos los ciudadanos.