Este viernes, el Concejo Deliberante debatirá una actualización del marco regulatorio del Servicio de Transporte mediante Plataformas Digitales, con el objetivo de incorporar una nueva categoría de vehículos denominada Movilidad Eléctrica Liviana (MEL). “La iniciativa busca adecuar la normativa vigente a los cambios tecnológicos y a los nuevos modelos de movilidad urbana”, informaron desde el municipio.

El proyecto contempla la habilitación de vehículos carrozados de tres ruedas, impulsados por energía eléctrica, diseñados para el traslado de personas en entornos urbanos. Se trata de una alternativa que apunta a combinar eficiencia operativa, menor impacto ambiental y mayor adaptación a la dinámica de las ciudades.

Actualmente, el sistema de transporte regulado se basa en vehículos automotores tradicionales, lo que, según se plantea, resulta insuficiente frente a la aparición de nuevas soluciones de menor porte y base eléctrica. En ese sentido, la propuesta reconoce el avance de tecnologías más limpias y económicas, que están transformando la manera en que se concibe la movilidad.

Entre los beneficios señalados, se destaca la posibilidad de reducir costos operativos, mejorar la circulación en trayectos cortos y ampliar la oferta de transporte disponible para los usuarios. Además, la iniciativa promueve un modelo más sustentable y acorde a las tendencias actuales.

El proyecto también prevé la implementación de cupos, la delimitación de zonas específicas de operación y la realización de pruebas piloto para evaluar su funcionamiento. Asimismo, se contempla la incorporación progresiva de tecnologías de asistencia a la conducción.

Se aclaró además que la modificación no implica cambios en la regulación de los vehículos tradicionales, sino que suma una nueva categoría, con el objetivo de garantizar la convivencia de distintos modelos dentro del sistema de transporte urbano.

El Gobierno nacional aprobó la creación del Régimen de Identificación y Trazabilidad de Equipajes y Encomiendas en los micros de larga distancia, dejando en manos de las empresas el modo de individualizar las valijas o paquetes con el pasajero propietario.

La medida dispuesta por Resolución 4/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, elimina la obligación de las empresas de transporte de larga distancia de utilizar etiquetas y fajas físicas con diseños predeterminados por el Estado, permitiéndoles elegir libremente los dispositivos documentales y/o tecnológicos para identificar valijas y bultos.

Desde la Secretaría de Transporte aclararon que estos sistemas deben garantizar la seguridad, la inviolabilidad y la vinculación inequívoca entre el equipaje y el pasajero. Además, los sistemas elegidos deben ser compatibles y armonizados con los dispositivos utilizados en la región y en servicios internacionales de países limítrofes.

Los transportistas están obligados a mantener un sistema de conservación y rendición de datos para facilitar los reclamos de los usuarios y la entrega de comprobantes de despacho. En caso de pérdida o deterioro, se mantienen vigentes las indemnizaciones fijadas por la Resolución 47/1995.

Por otro lado, el nuevo régimen establece que aquel equipaje que no cuente con un dispositivo de seguridad identificado no podrá ser ingresado a la unidad de transporte. En estos casos, el pasajero perderá el derecho a cualquier tipo de compensación.

En este marco, el texto oficial derogó el sistema anterior que regía desde 2026 al sostener que "se entiende conveniente dejar sin efecto el régimen anterior y permitir a los transportistas la libre elección de mecanismos que garanticen la trazabilidad".

La normativa se encuadra en los lineamientos del Decreto 70/2023, que busca eliminar restricciones normativas que "distorsionen los precios de mercado" e impidan la "libre iniciativa privada".

A pesar de la desregulación en la manera de identificar el equipaje, el Estado mantendrá la vigilancia sobre el procedimiento. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) seguirá siendo el órgano encargado de fiscalizar.

De esta manera, la CNRT priorizará el control sobre la efectividad de la trazabilidad y la seguridad del dispositivo elegido, dejando de lado la verificación de si el instrumento físico cumple con especificaciones de diseño estatales antiguas.

La medida aplica a servicios públicos de transporte interjurisdiccional, tráfico libre, servicios ejecutivos, turismo nacional e internacional y entrará en vigor dentro de 60 días, otorgando a las empresas un plazo de transición para adaptar sus sistemas.

Las empresas de transporte deberán informar oficialmente a la CNRT y a la Subsecretaría de Transporte Automotor los mecanismos de identificación adoptados, con una antelación de 30 días previos a la entrada en vigencia de la medida. De lo contrario podrán ser sancionadas.

El cambio normativo se suma a la reciente creación del Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, que unificó los registros de servicios urbanos, suburbanos e interjurisdiccionales bajo una misma órbita, simplificando la gestión administrativa del sector.

El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) oficializó este martes a través del Boletín Oficial una suba del 9,5% en las tarifas del transporte interurbano.

Este incremento representa el cuarto ajuste en los boletos de colectivos durante el transcurso de 2025, tras un periodo de estabilidad que se mantenía desde el pasado mes de mayo.

Con esta nueva actualización, los colectivos en todo el territorio provincial habrán acumulado una suba del 23,5% anual.

De manera complementaria a este ajuste tarifario, el Gobierno de la Provincia anunció una medida para facilitar la transición de los usuarios hacia nuevas plataformas de pago.

Se decidió extender el plazo para utilizar los boletos sociales (como el Boleto Social y del Adulto Mayor) con la tarjeta Red Bus hasta el 30 de enero.

Esta prórroga busca otorgar más tiempo a los ciudadanos para completar la migración al sistema Micronauta.

La Secretaría de Transporte de la Provincia informó que, tras la decisión de la Municipalidad de Córdoba de discontinuar el sistema Red Bus, comenzará un proceso de transición para los usuarios de los beneficios Boleto Obrero Social (BOS), Boleto Educativo Cordobés (BEC), Boleto Adulto Mayor (BAM) y Boleto Social Cordobés (BSC) en el transporte urbano.

La tarjeta Red Bus continuará funcionando hasta el 31 de diciembre de 2025. Durante ese período, los usuarios deberán realizar el traspaso de sus beneficios hacia las nuevas tarjetas habilitadas.

En el caso del BOS —que cubre el 50% del valor del pasaje y requiere recarga—, el beneficio pasará a utilizarse con la tarjeta SUBE en el transporte urbano de Córdoba Capital. Para efectuar el cambio, los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus. Se entregará una SUBE gratuita, con un saldo negativo de $1.500 (equivalente al valor del plástico), que se descontará con la primera recarga. El saldo de Red Bus no es transferible, pero podrá utilizarse hasta finales de 2025. Quienes ya tengan una SUBE registrada podrán vincular allí el beneficio sin necesidad de recibir un nuevo plástico.

En cuanto a los beneficios BEC, BAM y BSC, todos migrarán a la tarjeta Micronauta, actualmente utilizada en el sistema provincial y en distintas localidades del interior. Los beneficiarios deberán presentar DNI y tarjeta Red Bus, y en el mismo trámite recibirán la nueva tarjeta con el beneficio incorporado.

Terminal de Ómnibus de Córdoba – T1Boleterías 40 y 41 (FAM): lun. a vie., 8 a 18.Boletería 45 (Coniferal): lun. a vie., 9 a 16.

 Terminal T2Boletería 85 (Tamse): lun. a vie., 9 a 16.Boletería 86 (SiBus): lun. a jue., 9 a 16:30; vie., 9 a 15:30.

Palacio 6 de Julio (Marcelo T. de Alvear 120)Lun. a vie., 8 a 18; sábados, 8 a 16.

El proceso de recambio está disponible únicamente para beneficiarios vigentes del BOS, BEC, BAM o BSC.Quienes deseen postularse por primera vez a los boletos sociales deberán ingresar a Ciudadano Digital (CiDi) nivel 2 y completar el Formulario Único de Postulantes (FUP).

El gobierno avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo:

a) Ejercer la representación legal del Organismo.

b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y

contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.

c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.

d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.

e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.

f) Aceptar herencias, legados y donaciones.

g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

El municipio recordó, días atrás, la vigencia de la Ordenanza Nº 7891 que establece la regulación del transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas, como Uber, DiDi o Cabify. Se ha afirmado que este marco legal ubica a San Francisco entre las primeras del país en legislar sobre un fenómeno que, allí donde se ha instalado, ha generado debates intensos, tensiones con el transporte tradicional y cambios profundos en los hábitos de movilidad urbana.

El texto de la norma establece requisitos claros para las Empresas de Redes de Transporte, así como para los vehículos y conductores que pretendan operar: inscripción en un registro municipal, licencia profesional, seguros, revisión técnica, antecedentes penales limpios y condiciones técnicas de los automóviles. También impone a las plataformas la obligación de informar al pasajero datos esenciales sobre el viaje, desde el conductor y el vehículo hasta el costo y el tiempo estimado de arribo. 

Como toda normativa diseñada antes de que el servicio esté efectivamente en funcionamiento, se trata de un punto de partida que inevitablemente tendrá que ponerse a prueba. La experiencia de otras ciudades muestra que, una vez operativas, estas aplicaciones pueden evidenciar vacíos regulatorios, dificultades de control, conflictos tarifarios o disputas por el territorio con taxis y remises. También es posible que ciertas disposiciones deban revisarse y otras mantenerse si la práctica así lo determina.

La innovación tecnológica que suponen estas plataformas se va imponiendo con fuerza en el mundo entero. Y ha disparado innumerables polémicas y discusiones. Por ello, su regulación en una ciudad debería garantizar que las apps de transporte de personas desarrollen su actividad bajo el paraguas de la protección de los derechos básicos y sin grietas legales que faciliten prácticas irregulares o inconvenientes. Ante ello, será fundamental que el interés del usuario se mantenga por encima de cualquier otro. Como en cualquier sistema de transporte ciudadano, el objetivo principal debe contemplar que los vecinos dispongan de un servicio seguro, eficiente y a un precio justo. 

En este sentido, la Ordenanza N.º 7891 es un avance y una señal de que se comprende que, más temprano que tarde, será inevitable la irrupción de estas plataformas. No obstante, su vigencia se enmarca en una realidad de modificaciones vertiginosas que no siempre son debidamente comprendidos. Pero que se imponen e impactan en la vida cotidiana de las personas mucho antes de que la legislación pueda contemplarlas o regularlas. La norma que está en vigencia desde abril en la ciudad es un paso adelante, sin dudas. Aunque, frente a lo cambiante de la realidad, tendría que estar sujeta a revisiones si la dinámica de los acontecimientos así lo exigen. 

La verdadera prueba será cuando las aplicaciones de transporte comiencen a operar en San Francisco. Será entonces cuando se tendrá que evaluar el marco en el que se desenvuelva esta actividad, siempre con el objetivo de que la movilidad urbana avance de la mano de la seguridad, la transparencia y el respeto por el usuario.

En la jornada de este jueves, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la regulación de aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify, eliminando el cupo de licencias que limitaba el número de conductores, una medida que había generado fuertes críticas. 

La votación, que tuvo lugar tras intensos debates, resultó en 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención, marcando un hito en la modernización del transporte en la ciudad capital, pero desatando una ola de protestas entre los taxistas que se manifestaron frente al edificio legislativo.

La sesión, que comenzó en un clima de alta conflictividad, estuvo precedida por una masiva movilización de taxistas y remiseros, quienes desde temprano se congregaron bajo la consigna “Taxis y remis, todos unidos” para exigir que no se aprobara la ordenanza. 

La situación escaló con incidentes entre los manifestantes y la Policía, generando cortes parciales de tránsito entre los puentes Alvear y Maipú.

Jorge Montes, titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis de la ciudad, fue una de las voces más contundentes en la previa al debate. En declaraciones a la señal Cadena 3, Montes expresó su rechazo visceral a la regulación, acusando al gobierno provincial de imponer una “bajada de línea” para favorecer a las plataformas digitales. 

“Señor gobernador, yo, Jorge Montes, le digo que usted ha bajado la línea para que el taxi se vaya a la mierda. Nosotros vamos a resistir hasta la última gota de sangre. No vamos a permitir que se apruebe”, afirmó, advirtiendo que controlar a “4.000 tipos que se están cagando de hambre” sería una tarea difícil si la ordenanza se concretaba. 

La Municipalidad de San Francisco informó que, a partir de este viernes 1º de agosto, finalizó el período de gracia para la obtención gratuita del BUD (Boleto Urbano Digital) para el uso del Transporte Urbano de Pasajeros.Desde ahora, quienes aún no cuenten con su tarjeta y deseen obtenerla deberán abonar un costo inicial de $2.000.El trámite puede realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13, en dos puntos habilitados: la Secretaría de Economía (Libertad 1149) y la Dirección de Movilidad Urbana (Cervantes 4027). 

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía inició la etapa de reorganización del modelo transitorio hacia la plena implementación del acceso abierto del sistema ferroviario de cargas, informaron oficialmente.

Señalaron que, la empresa Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) continuará operando el servicio ferroviario de carga manteniendo las obligaciones contractuales, asumiendo nuevos compromisos y cumpliendo con el marco de previsibilidad jurídica correspondiente.

Asimismo, explicaron que el objetivo es extender esta medida a todo el sistema ferroviario de cargas, por lo que la Secretaría de Transporte invitó a las empresas Ferrosur Roca S.A. y Ferroexpreso Pampeano S.A. a presentar propuestas de adecuación contractual en los mismos términos, mientras se avanza paralelamente con la privatización de la operadora estatal Belgrano Cargas y Logística S.A.

Y detallaron en un comunicado, que con la resolución se puso fin al esquema transitorio adoptado en 2021, cuyo fracaso derivó en la consolidación de un régimen de prestación precario de los servicios ferroviarios de cargas.

“Esta decisión de la gestión anterior generó enormes dificultades al sistema ya que resultó inviable que la empresa estatal Trenes Argentinos Cargas se haga cargo de los servicios, lo que terminó debilitando al sistema y generando incertidumbre operativa”, indicaron.

Apuntaron, además, que para solucionar esto, en esta primera instancia se adecuó el contrato de concesión con la empresa Nuevo Central Argentino S.A, incorporando la ejecución de inversiones y trabajos orientados al fortalecimiento de la accesibilidad y la capacidad operativa en puntos críticos de la red, tendiente a la apertura para terceros operadores e introducción gradual de la competencia.

La empresa Nuevo Central Argentino S.A. continuará prestando el servicio hasta diciembre de 2032 conforme al plazo legalmente previsto y en línea con las normativas existentes. Dentro de las mejoras al sistema, se destaca particularmente las obras proyectadas en los accesos a puertos a la zona gran Rosario que son vitales para el flujo de la operación ferroviaria y logística del sistema.

Remarcaron que “este primer hito dentro de la etapa de regularización y mejoramiento de las concesiones ferroviarias se desarrolla en el marco de la declaración de Emergencia Ferroviaria, estableciendo un nuevo esquema hacia el modelo de acceso abierto, sustentado en la adecuación de los contratos de concesión, y alcanzando un sistema ferroviario más competitivo, transparente y orientado a las necesidades del mercado”.

“Este esquema, que próximamente se buscará implementar en los servicios de las demás empresas privadas del transporte ferroviario de cargas, como Ferrosur Roca S.A. y Ferroexpreso Pampeano S.A., permite avanzar hacia el modelo de acceso abierto previsto por la Ley 27.132, en un marco de previsibilidad jurídica, coordinación institucional y compromiso del sector privado, condición indispensable para encarar la transformación del sistema ferroviario nacional”, concluye el comunicado..

El Gobierno nacional resolvió disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y la reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), ambos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de transporte del Ministerio de Economía.

La medida se venía anunciando desde hace tiempo, y finalmente comenzó a concretarse con un proyecto de decreto que será publicado en breve en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación a que refieren todas las normas y actos administrativos que se relacionen con la fiscalización de las concesiones viales.

Entre las funciones previstas para el nuevo esquema, se cuentan: fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

También fiscalizar los contratos de concesión vial, controlando su ejecución, en coordinación con el organismo competente en materia de procesos licitatorios, con el fin de asegurar la separación de funciones entre la fiscalización de los contratos y la administración de procesos licitatorios.

A su vez fiscalizar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, y sus permisos de explotación, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de las personas transportadas.

De la misma manera estará entre sus facultades fiscalizar la adopción por parte de las empresas o concesionarios de las medidas conducentes a la seguridad de los bienes afectados a los servicios ferroviarios, a fin de garantizar su normal prestación y la protección de las personas y cosas transportadas.

Aplicar las sanciones previstas en las normas legales relacionadas con los servicios públicos de transporte automotor urbano y suburbano, las concesiones ferroviarias y viales, así como las penalidades fijadas en los contratos de concesión, en caso de incumplimiento de las condiciones allí establecidas.

Promover, ante los tribunales competentes, las acciones civiles o penales relativas al ámbito de su competencia y asistir a la Secretaría de Transporte, a su requerimiento, en todas las materias de su competencia.

Velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de cargas y pasajeros que se desarrollen en jurisdicción nacional, mediante la recepción, gestión y seguimiento de quejas, reclamos y denuncias.

Conducir o encomendar investigaciones técnicas, emitir los informes correspondientes e impulsar acciones o instrucciones de mejora en materia de calidad, eficiencia y seguridad operacional de los servicios de transporte de su ámbito de competencia, en coordinación con los entes públicos intervinientes.

Percibir y fiscalizar el cobro de las tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias. La determinación de las tasas deberá realizarse previa intervención de la Secretaría de Hacienda.

Propiciar, cuando corresponda, la suspensión y caducidad de los permisos y licencias otorgados, para su posterior resolución por parte de la Secretaría de Transporte.

Entender en la investigación de los accidentes ferroviarios que por su significación, gravedad o particularidades requieran su directa participación en el análisis y determinación de hechos, causas y consecuencias, e intervenir en los sucesos ocurridos en los cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.

Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el ejercicio de sus funciones. Resolver los conflictos que se susciten por la implementación de la modalidad de acceso abierto, en el marco de las concesiones ferroviarias. n. Fiscalizar la ejecución de los programas de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y del material rodante en el ámbito de su competencia.

Entre los fundamentos de la medida se menciona que el Poder Ejecutivo Nacional, puede adoptar medidas como la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

Todo esto con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal.

Organizaciones de jubilados nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Seguridad Social, entre otros espacios, llevaron a cabo este miércoles una nueva protesta frente al Congreso contra el gobierno de Javier Milei y recibieron el respaldo de gremios de transporte que se habían movilizado al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Como consecuencia de la protesta, las fuerzas de seguridad vallaron las inmediaciones de la Plaza Congreso y el tránsito quedó interrumpido en la Avenida Rivadavia durante la tarde.

La movilización tuvo lugar desde las 15, como todos los miércoles, ocasión en que los jubilados protestan en reclamo de un aumento en los haberes, por la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto de Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector previsional.

La movilización contó con la participación de los gremios y organizaciones que pertenecen al frente multisectorial “Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos”, integrado por sindicatos del transporte, industriales, organizaciones sociales y gremios estatales.

El sector, que había concretado una movilización hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, contra las medidas desregulatorias del Gobierno en el sistema productivo y el transporte, se sumó posteriormente a la marcha de los jubilados.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no aceptó este lunes la última oferta salarial de las cámaras empresarias y ratificó el paro de colectivos de 24 horas para este martes 6 de mayo en todo el país, lo que afectará a más de 300 líneas de corta y media distancia.

Según supo Noticias Argentinas, la última propuesta contemplaba para mayo un salario remunerativo de $1.240.000 más $50.000 no remunerativos, para junio $1.270.000 y $50.000 no remunerativos, y para julio $1.310.000 remunerativos. El gremio, sin embargo, mantiene su reclamo de un sueldo básico de $1.700.000, por lo que las tratativas terminaron en fracaso.

La negociación, que se realizó de manera virtual durante toda la tarde con participación de las cámaras Fatap, Aaeta, Ceap, Cetuba, Ctpba y Ceutupba, finalizó sin acuerdo. La Secretaría de Trabajo se retiró formalmente de la discusión advirtiendo que “no hay voluntad de acuerdo”.

Desde el Gobierno, en un duro comunicado, calificaron el paro como “extorsivo” y advirtieron que se está “tomando de rehenes a los pasajeros”. Además, recordaron que el reclamo salarial supera el 40%, muy por encima de las pautas oficiales.

El Gobierno también anunció que se fiscalizará el cumplimiento de las prestaciones mínimas, y se intimará a las líneas que incumplan. Además, anticiparon que se aplicará la Resolución 212, que permite descontar el subsidio diario y evaluar la continuidad del permiso de operación.

Por su parte, el Grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor) informó que no se adherirá al paro de la UTA, por lo que las líneas que integran esta empresa prestarán servicio con normalidad.

En paralelo, la línea 148 se movilizó por la tarde frente a la sede de la UTA en Balvanera y arrojó huevos contra el edificio en rechazo a la conducción del gremio, a la que cuestionan por no haber adherido al paro general de la CGT del pasado 10 de abril.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) definió un paro de colectivos por 24 horas en todo el país para el próximo martes 6 de mayo debido al fracaso de la negociación paritaria con las empresas del sector y el vencimiento del período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno nacional.

“Los empresarios han ofrecido por los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6% a pagarse a partir del mes de junio. Con ello se ofrecen sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo; $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio. Una falta de respeto", expresó la UTA a través de un comunicado.

La audiencia de este miércoles entre las partes concluyó sin una definición que permita desactivar la medida de fuerza.

“Pese a las gestiones realizadas por este Consejo Directivo Nacional, hasta el momento no se ha podido mejorar el ofrecimiento empresarial y se ha agotado el periodo de Conciliación Laboral Obligatoria. Conforme ello, como primera medida, se ha resuelto un paro de actividades por 24 horas para el día martes 06 de mayo del corriente, a partir de las 00:00 hs. a nivel nacional, en empresas de transporte de pasajeros de corta y media distancia", anunció la UTA.

En representación de los trabajadores estuvieron en la reunión Roberto Fernández, Jorge Kiener, Luis Arcando y Francisco Valdez, quienes remarcaron que el gremio reclama llevar el salario básico de los choferes desde los 1.200.000 pesos actuales a 1.700.000 pesos.

La discusión salarial quedó estancada desde el 7 de marzo, cuando el Estado activó la conciliación obligatoria ante la falta de avances. Desde entonces, la UTA participó de diversas reuniones sin lograr compromisos formales por parte de las empresas. En la última audiencia, los empresarios no presentaron ninguna oferta concreta ante el Ministerio de Capital Humano, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicalistas.

Las cámaras empresariales argumentaron que el esquema vigente de tarifas y subsidios los deja en una posición de desfinanciamiento estructural. El secretario de FATAP, Gustavo Larrea, afirmó durante la audiencia que el sector “no puede formular ninguna propuesta” por carecer de los fondos necesarios. Además, señaló que el déficit operativo alcanza el 40%, teniendo en cuenta la diferencia entre los costos reales y los ingresos provenientes de tarifas y subsidios estatales.

La UTA ya había rechazado una propuesta de bonos no remunerativos presentada por las empresas en reuniones anteriores. Esa oferta contemplaba pagos de $40.000 el 26 de mayo, $50.000 el 16 de junio y $70.000 el 15 de julio, además de establecer un salario básico de $1.270.000. Para el gremio, ese esquema equivale a menos del 1% de aumento mensual frente a una inflación que ronda el 3% o 4%, y calificó la propuesta como un “avasallamiento a la dignidad” de los trabajadores.

El conflicto se inscribe en un contexto de deterioro del sistema de transporte urbano. Según el Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el precio real del boleto sin subsidios fue de $1.596,40 en marzo, pero los usuarios pagaron un mínimo de $371,13, con un promedio aún menor por efecto de los descuentos aplicados al acumular viajes. En ese escenario, las empresas recibieron $973,76 por boleto, muy por debajo del valor técnico que reclaman.

El congelamiento tarifario impuesto desde agosto para las líneas nacionales también constituye un factor central en el desequilibrio del sector. Las cámaras empresariales actúan como intermediarias entre los usuarios y el Estado, pero aseguran que no tienen margen para solventar mejoras salariales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte deben definir si autorizan un aumento del boleto o una suba en los subsidios para destrabar el conflicto.

Durante las negociaciones, las autoridades de la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, intentaron mediar sin éxito. El secretario de conciliación, Guido Arocco, fue quien encabezó las audiencias y certificó que las partes no lograron acercar posiciones. Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se mantiene una postura de no intervención directa, al considerar que se trata de una paritaria entre privados, a pesar de que el Estado define tanto los valores tarifarios como el esquema de subsidios.

 El Concejo Deliberante trata por estos días el proyecto de ordenanza que reglamenta el Servicio de Transporte Privado de Personas (STPP) concertado a través de Plataformas Electrónicas. “De esta manera, nuestra ciudad sienta las bases para sumar una nueva alternativa de transporte, moderna e innovadora, que complementa los tradicionales servicios de colectivos urbanos, taxis y remises”, según reza el comunicado emanado de la oficina de prensa del Ejecutivo.

De esta manera, ingresa San Francisco a un fenómeno que no distingue fronteras en el área del transporte público. En línea con el fallo del Superior Tribunal de Justicia que autoriza el uso de la plataforma Uber en la ciudad capital de la provincia y atendiendo que ya son varias las poblaciones del interior cordobés que han aprobado normativas similares, en nuestra ciudad ahora podrán actuar estas grandes corporaciones internacionales si cumplen con las regulaciones establecidas en la ordenanza. 

Entre ellas, “se establecen exigencias a los conductores que procuran darse de alta en las plataformas que ofrecen la intermediación entre la oferta y la demanda del transporte privado, como ser la licencia de conducir profesional, un seguro hacia terceros y terceros transportados, acreditar buena conducta mediante la presentación del Certificado de Antecedentes Penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia”, entre otros requisitos. Así también, los conductores deberán inscribirse en un Registro Municipal que digital. Además, la norma establece exigencias relativas a los vehículos que serán afectados al servicio, los que no pueden tener una antigüedad mayor a los 10 años y deben contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada.

Del mismo modo, las plataformas digitales que prestan servicio de transporte público deberán empadronarse para ser autorizadas a operar en la ciudad y tendrán que cumplir con varios requisitos, especialmente los relacionados con la información que debe darse a los usuarios del sistema. Al respecto, en ciudades pequeñas y medianas de varios países, donde las grandes compañías no muestran interés en prestar el servicio, existen experiencias que registran la aparición de plataformas locales o regionales similares, lo que puede constituirse en una oportunidad para la reconversión de las empresas de remises o taxis que hoy funcionan. Incluso hay iniciativas que satisfacen la demanda de envío de encomiendas y regalos, así como las que agrupan digitalmente a quienes hacen fletes o mudanzas. 

Es posible que, como ha ocurrido en otras geografías, el debate público muestre posiciones diversas. Sin embargo, estas modalidades de transporte han llegado para quedarse. Con la nueva normativa, San Francisco se sumará a una tendencia global imposible de ignorar en tiempos en los que lo digital prevalece y los algoritmos modifican hábitos y transforman la cultura de la humanidad. 

La reciente aprobación por el Concejo Deliberante de San Francisco de una ordenanza que regula el Servicio de Transporte Privado de Personas, llevado adelante por plataformas electrónicas como Uber y Cabify, abre un nuevo escenario con implicaciones sociales, económicas y políticas significativas. 

Tomando prestado el concepto de Umberto Eco, las discusiones que se dan en torno a este fenómeno impulsado por el impresionante desarrollo tecno digital de este tiempo, divide las aguas. Estamos asistiendo a otra versión de “Apocalípticos e Integrados”. 

Entre otras cuestiones, los primeros plantean dudas sobre la protección de los derechos laborales y los desafíos que supone la integración de estas nuevas modalidades sin perjudicar al sector de taxis y remises existente. Los segundos ponen el énfasis los potenciales beneficios sociales en términos de creación de empleo, mejora del acceso al transporte, abaratamiento de tarifas y mayores opciones y comodidades para los usuarios. 

En ambos casos, salvo posiciones extremas, parece haber coincidencia en torno a la necesidad de una regulación cuidados para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos. Se apela así a las experiencias de otras ciudades que ya han atravesado este proceso. 

En San Francisco, los “integrados” razonan que la instalación de las plataformas electrónicas es democratizadora, porque permitirá la apertura de nuevas oportunidades de empleo. Afirman que se abre un escenario que garantizaría tanto la innovación como la equidad. Asimismo, señalan que estas plataformas representan una oportunidad laboral flexible para los conductores locales y que serán artífices de la mejora en el servicio de transporte para los vecinos. 

Quienes manifiestan dudas y temores reclaman por la posible competencia desleal, por la falta de consultas a los sectores involucrados, por el peligro de que se pierda seguridad en los traslados, por la falta de contención que tendrían los trabajadores del volante al precarizarse su labora y por el riesgo de perder fuentes laborales.

Desde una perspectiva más amplia, la llegada de estas plataformas se enmarca en un fenómeno de "uberización" de la economía donde las plataformas digitales se han convertido en representativas de una transformación general en las actividades sociales y de consumo.

El aspecto más visible de este fenómeno es la relación laboral atípica que establecen las plataformas de transporte, puesto que los conductores no son empleados formales, sino "socios o colaboradores". El dilema es notorio: son una apetecible nueva oportunidad de trabajo -factor clave para una realidad socioeconómica compleja-, pero también podrían significar mayor precarización laboral. El reto parta todas las poblaciones que deciden avanzar en la autorización de las plataformas consiste en integrar estas nuevas tecnologías de transporte sin destruir el entramado laboral existente.

La “uberización” de las ciudades

Ampliando la perspectiva, la aprobación de la ordenanza que autoriza el funcionamiento del servicio de las compañías digitales de transporte se transforma, quizás, en el hecho más sobresaliente de un fenómeno global: la aparición de las “teleciudades”, acelerado luego de la pandemia del Covid 19. 

En un artículo titulado, precisamente, “La uberización de las ciudades”, el arquitecto colombiano Fernando Carrión y la investigadora de Flacso, Paulina Cepeda describen el impacto de la tecnología en la vida ciudadana a través de la historia. Frente al avance vertiginoso y disruptivo de la tecnología digital en este tiempo, se preguntan: “¿cómo hacer política urbana desde un gobierno local cuando las actividades más significativas se ubican en el ciberespacio, son globales y de carácter privado? ¿De qué forma se pueden regular los mercados poco transparentes de algoritmos e información, así como las relaciones laborales tipo socio/colaborador que se instrumentan desde una plataforma líquida? ¿Cómo definir políticas urbanas integrales a partir de los fragmentos provenientes de una inteligencia artificial adscrita a un sistema global de interconexión?”.

Este es el gran cambio que se está produciendo. Se abre el horizonte para la irrupción del desafío que implica la enorme transformación tecnológica. La “plataformización” como fenómeno urbano es una realidad en la que la acción de los gobiernos locales en conjunto con las estructuras intermedias de una ciudad se torna determinante. 

Del modo cómo se descubran las tensiones y se gestionen los conflictos que se desprenden de la evolución tecnológica dependerá el logro de una implementación equitativa y sostenible de estas nuevas tecnologías.

Este miércoles, el Concejo Deliberante de San Francisco aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo que busca regular el Servicio de Transporte Privado de Personas (STPP) concertado mediante plataformas electrónicas, una decisión que alimenta tensiones con los choferes de taxis y remises.

En los últimos años, el funcionamiento de las apps fue un tema tabú en el ámbito político local. Ahora, con el aval del Concejo, se abre un nuevo escenario  que, según el oficialismo y la oposición, garantiza tanto la innovación como la equidad. En tanto,  enfrenta un desafío que ya ha sido transitado por otras grandes urbes del país y del mundo: cómo integrar a las nuevas tecnologías de transporte sin destruir el entramado laboral existente.

La iniciativa sienta un marco normativo local para una modalidad de transporte que se encuentra regulada principalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que ahora será alcanzada por estándares municipales mínimos de seguridad y calidad, con el objetivo de proteger tanto a usuarios como a conductores y al tránsito en general.

Al momento de defender el proyecto, el concejal oficialista Matías Beccaría, sostuvo que esta regulación de las aplicaciones de transporte “permitirá la creación de otras oportunidades de empleo” y “dará la posibilidad de que taxis y remises también puedan operar a través de plataformas digitales”. Además, argumentó que “ayudará a cubrir deficiencias en el actual sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad, como en horarios pico o cuando llueve o hay algún evento masivo”. 

El edil destacó la puesta en marcha de un Registro Municipal de Transporte Privado y dijo que las tarifas serán acordadas entre las plataformas que operen en la ciudad. También informó que solo podrán ser conductores de los vehículos personas que residan en la ciudad.     

Por la oposición, los bloques Juntos por el Cambio y San Francisco Cambia, acompañaron con su voto. “Felicito a este Concejo por adelantarse a una problemática y una realidad que en otras ciudades terminó en la Justicia”, como es el caso de la ciudad de Córdoba, donde recientemente el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) habilitó el funcionamiento de Uber tras una disputa de cuatro años.

“Que la municipalidad asuma la regulación de este tipo de servicios  es un gran avance”, dijo Marco Puricelli, desde JxC. Y resaltó el efecto “democratizador” de la medida, que viene a traer “más equidad para quienes están adentro del sistema”.  

La propuesta establece exigencias específicas para los conductores que deseen ofrecer sus servicios a través de aplicaciones digitales: licencia de conducir profesional (categoría D), seguro para terceros y terceros transportados, certificado de antecedentes penales y otros requisitos que garanticen su idoneidad. Asimismo, deberán inscribirse en un Registro Municipal digital, que estará a cargo de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana.

En cuanto a los vehículos, no podrán superar los diez años de antigüedad y deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada. Las empresas proveedoras de estas plataformas también deberán registrarse en el municipio y cumplir con una serie de requisitos, como brindar al pasajero datos clave sobre el viaje: foto e información del conductor, vehículo asignado, tiempo estimado de llegada y precio acordado, el cual podrá abonarse en efectivo o mediante pago electrónico.

Nelson Carrizo, secretario de Prevención y Movilidad Urbana, señaló que se trata de "una oferta complementaria a las ya existentes y que conforman el servicio de transporte de pasajeros en San Francisco". Carrizo destacó que este tipo de soluciones ya funcionan en distintos puntos del país y el mundo, y que "bajo el criterio de innovación que lleva adelante la gestión del intendente Damián Bernarte, procuramos ir ofreciendo a los vecinos y vecinas distintas alternativas de transporte utilizando la tecnología y recursos disponibles".

Una de las particularidades que establece la ordenanza es que los conductores habilitados solo podrán prestar servicio cuando medie una solicitud procesada a través de la plataforma autorizada. A su vez, los usuarios deberán estar registrados y solicitar el servicio únicamente por medio de la aplicación. No se permitirá la captación de pasajeros por fuera de la plataforma (por ejemplo, en la vía pública o mediante llamadas telefónicas), diferenciándose así del funcionamiento de taxis y remises.

Sin embargo, estos últimos también podrán adaptarse a esta nueva modalidad. La normativa permitirá que taxis y remises se registren en plataformas digitales, sin necesidad de trámites adicionales, y ofrezcan el servicio bajo las condiciones previstas por la norma.

El presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega, remarcó que “la regulación de esta moderna modalidad de transporte fue una iniciativa del intendente Bernarte”, y explicó que el trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio permitió elaborar un marco jurídico que busca proteger tanto a usuarios como a conductores.

“Estas tecnologías llegaron para quedarse —sostuvo Ortega— y desde el Estado Municipal no podemos mirar para otro lado, dejando que el servicio se preste en un vacío normativo, o no se preste justamente por ese vacío”. Citó además un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que respaldó la necesidad de regulación municipal en estos casos.

Ortega también aclaró que se trata de una nueva opción pensada para complementar el sistema actual: “Es una modalidad más de transporte privado, que ayuda a cubrir demandas insatisfechas en horarios pico, días de lluvia o eventos masivos”.

Finalmente, subrayó que “los mayores beneficiarios de esta norma serán los sanfrancisqueños”, al contar con un servicio que les permitirá conocer de antemano quién los transportará, el tiempo estimado de arribo, el costo del viaje y compartir su ubicación en tiempo real, todo desde su celular. A su vez, agregó que estas plataformas también representan una oportunidad laboral flexible para los conductores locales.

¿QUÉ SE LES EXIGE A LAS EMPRESAS?Dar al pasajero la información y foto del conductor; datos del vehículo, tiempo de llegada al lugar de origen y precio.

TARIFASSerán acordadas entre las plataformas.

PAGOSólo por medios electrónicos o en efectivo. Se deberá entregar el comprobante de pago.

 SÓLO A TRAVÉS DE LA APPLos usuarios podrán solicitar el servicio -individual o compartido- únicamente por la aplicación móvil. No por WhatsApp, ni por teléfono, ni en la calle.

MOTOS, NOLa nueva ordenanza contempla sólo vehículos de cuatro puertas o más, es decir, empresas como DiDi Moto no podrán funcionar en la ciudad.

CONDUCTORES LOCALESSólo podrán conducir los vehículos personas con residencia en la ciudad. Además, tener licencia de conducir profesional categoría D y certificado de antecedentes penales.

NO CUALQUIER AUTOLos vehículos no podrán tener  más de 10 años de antigüedad. Deberán tener la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada, seguro para terceros y terceros transportados.

VIAJES, SÍLas empresas inscriptas podrán operar en el ejido urbano y hacer viajes a otras localidades.

Este miércoles, el Concejo Deliberante de San Francisco tratará un proyecto de ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo que busca regular el Servicio de Transporte Privado de Personas (STPP) concertado mediante plataformas electrónicas.

La iniciativa sienta un marco normativo local para una modalidad de transporte que se encuentra regulada principalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero que ahora será alcanzada por estándares municipales mínimos de seguridad y calidad, con el objetivo de proteger tanto a usuarios como a conductores y al tránsito en general.

La propuesta establece exigencias específicas para los conductores que deseen ofrecer sus servicios a través de aplicaciones digitales: licencia de conducir profesional (categoría D), seguro para terceros y terceros transportados, certificado de antecedentes penales y otros requisitos que garanticen su idoneidad. Asimismo, deberán inscribirse en un Registro Municipal digital, que estará a cargo de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana.

En cuanto a los vehículos, no podrán superar los diez años de antigüedad y deberán contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada. Las empresas proveedoras de estas plataformas también deberán registrarse en el municipio y cumplir con una serie de requisitos, como brindar al pasajero datos clave sobre el viaje: foto e información del conductor, vehículo asignado, tiempo estimado de llegada y precio acordado, el cual podrá abonarse en efectivo o mediante pago electrónico.

Nelson Carrizo, secretario de Prevención y Movilidad Urbana, señaló que se trata de "una oferta complementaria a las ya existentes y que conforman el servicio de transporte de pasajeros en San Francisco". Carrizo destacó que este tipo de soluciones ya funcionan en distintos puntos del país y el mundo, y que "bajo el criterio de innovación que lleva adelante la gestión del intendente Damián Bernarte, procuramos ir ofreciendo a los vecinos y vecinas distintas alternativas de transporte utilizando la tecnología y recursos disponibles".

Una de las particularidades que establece la ordenanza es que los conductores habilitados solo podrán prestar servicio cuando medie una solicitud procesada a través de la plataforma autorizada. A su vez, los usuarios deberán estar registrados y solicitar el servicio únicamente por medio de la aplicación. No se permitirá la captación de pasajeros por fuera de la plataforma (por ejemplo, en la vía pública o mediante llamadas telefónicas), diferenciándose así del funcionamiento de taxis y remises.

Sin embargo, estos últimos también podrán adaptarse a esta nueva modalidad. La normativa permitirá que taxis y remises se registren en plataformas digitales, sin necesidad de trámites adicionales, y ofrezcan el servicio bajo las condiciones previstas por la norma.

El presidente del Concejo Deliberante, Mario Ortega, remarcó que “la regulación de esta moderna modalidad de transporte fue una iniciativa del intendente Bernarte”, y explicó que el trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio permitió elaborar un marco jurídico que busca proteger tanto a usuarios como a conductores.

“Estas tecnologías llegaron para quedarse —sostuvo Ortega— y desde el Estado Municipal no podemos mirar para otro lado, dejando que el servicio se preste en un vacío normativo, o no se preste justamente por ese vacío”. Citó además un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que respaldó la necesidad de regulación municipal en estos casos.

Ortega también aclaró que se trata de una nueva opción pensada para complementar el sistema actual: “Es una modalidad más de transporte privado, que ayuda a cubrir demandas insatisfechas en horarios pico, días de lluvia o eventos masivos”.

Finalmente, subrayó que “los mayores beneficiarios de esta norma serán los sanfrancisqueños”, al contar con un servicio que les permitirá conocer de antemano quién los transportará, el tiempo estimado de arribo, el costo del viaje y compartir su ubicación en tiempo real, todo desde su celular. A su vez, agregó que estas plataformas también representan una oportunidad laboral flexible para los conductores locales.

La Secretaría de Transporte de Córdoba y su par de San Luis firmaron un acuerdo para implementar el nuevo sistema de transporte interprovincial que une ambas regiones, algo que no se había podido concretar desde 2014.

Esta iniciativa busca mejorar la conectividad y la movilidad en la región, beneficiando a miles de ciudadanos.

Con el objetivo de fortalecer la conectividad entre las provincias, este mediodía se llevó a cabo la firma del acta de conformación de la Comisión de Coordinación de Transporte Urbano y Suburbano de la Unidad Administrativa N° 8.

El acuerdo tuvo lugar en la histórica terminal de Villa de Merlo, contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales e intendentes de la región.

En el marco de este acuerdo, se anunció la puesta en marcha de un nuevo corredor de transporte público que conectará las localidades de Villa Dolores (Córdoba) y Villa de Merlo (San Luis), un servicio que será operado por la empresa Sarmiento, marcando su regreso a la región después de tres años.

Este proyecto se venía trabajando desde hacía 10 años y los gobernadores Llaryora y Poggi definieron concretarlo antes de fin de año.

Este corredor está diseñado para beneficiar a miles de trabajadores, estudiantes y habitantes de ambas provincias, promoviendo la integración y el desarrollo regional.

El secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, destacó la importancia de este avance: "Este acuerdo representa un paso fundamental en la visión de nuestro gobernador Martin Llaryora, de un transporte público más integrado y accesible. La reactivación de este corredor no solo conecta dos provincias, sino que también mejora la calidad de vida de las personas que dependen de este servicio para trabajar y estudiar"

Por su parte, el secretario de Transporte de San Luis, Víctor Cianchino, celebró la colaboración entre ambas provincias: “Trabajar en conjunto con Córdoba nos permite construir soluciones reales para nuestras comunidades. Este corredor es un símbolo de lo que podemos lograr cuando unimos esfuerzos en beneficio de los ciudadanos de nuestra región”.

El acto contó con la presencia de intendentes y funcionarios locales, quienes resaltaron la importancia de este nuevo servicio como motor de desarrollo para la región.

La implementación del nuevo corredor de transporte público entre Villa Dolores y Villa de Merlo es el primer paso de una serie de acciones destinadas a fortalecer la integración regional y fomentar la movilidad interprovincial.

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección de Movilidad Urbana, dependiente de la Secretaría de Prevención y Movilidad Urbana, anunció modificaciones en la frecuencia del transporte urbano de pasajeros que regirán a partir del próximo lunes 23 de diciembre. Estas medidas estarán vigentes hasta el 17 de febrero de 2025.

Según informaron desde el municipio, las líneas A, B y C realizarán sus recorridos entre las 5.40 y las 20.20 horas, con una frecuencia de 70 minutos de lunes a viernes. Por otro lado, la línea D, que conecta la Terminal de Ómnibus con Plaza San Francisco, operará de 6.45 a 18.35 horas.

Este ajuste en los horarios responde a la planificación de la Municipalidad para optimizar el servicio durante el verano.

En medio del paro del transporte, el presidente Javier Milei viajará hoy a la provincia de Córdoba para participar como orador principal del 47° aniversario de creación de la Fundación Mediterránea, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones local y convocará a empresarios, dirigentes y referentes sociales del interior del país.

El jefe de Estado llegará en torno de las 10 de la mañana al aeropuerto cordobés y será recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien lo acompañará por vía terrestre hasta el lugar donde está previsto que brinde un discurso sobre la economía y el futuro, pero que no estará exento de la actualidad política, en una jornada signada por la huelga de trenes, aviones y camiones, a excepción de los colectivos.

En la tercera vez que visita la provincia, Milei hablará después de una presentación de la presidenta de la Fundación Mediterránea, María Pía Astori, y del mandatario local, de acuerdo a lo que trascendió de los participantes del evento, convocado bajo la consigna “Construyendo futuro. Conversatorio sobre la realidad económica argentina”.

El discurso del jefe de Estado se espera que tenga una fuerte impronta económica -principalmente por el auditorio que estará frente a él- pero se descuenta que habrán referencias políticas, sobre todo en un día como el de hoy, donde los gremios más duros de la CGT -los moyanistas y de posiciones más de izquierda- volverán al paro, y marcharán piqueteros, universitarios y otros sindicatos.

Más allá de la ofensiva de los sindicatos, Milei atraviesa una etapa de fortaleza política que vienen reflejando las mismas encuestas que le dieron un bajón los últimos dos meses. Estimulado por datos económicos positivos, dólar estable, inflación controlada, baja de riesgo país y mejora en los precios de bonos y acciones, el primer mandatario tiene un octubre que lo ubica en niveles de imagen cercanos a los votos obtenidos en la segunda vuelta.

Lo cierto es que al encuentro de la Fundación Mediterránea, una de las entidades empresarias de mayor influencia, que nació hace 47 años y proyectó su prédica desde el interior a todo el país, fueron invitados cientos de personalidades, que van desde gobernadores, a ministros, legisladores y referentes sociales y académicos, del oficialismo y la oposición, sin grietas ni exclusiones.

Si bien el acto central será el discurso del presidente Milei, luego habrá un almuerzo exclusivo donde van a exponer Osvaldo Giordano, presidente del Ieral, el brazo de investigaciones económicas de la entidad que preside María Pía Astori. El economista llegó a la institución después de que el jefe de Estado lo despidiera de la dirección de la Anses, por el voto de su esposa y diputada nacional, Alejandra Torres, contra unos incisos de la primera Ley Bases.

Giordano ya compartió con Milei otro escenario común: fue hace un par de semanas cuando estuvieron en el Coloquio de Idea, en Mar del Plata. De todos modos, el titular del Ieral mantiene una muy buena relación y diálogo con integrantes del gabinete nacional. Una muestra de esa sintonía es que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, participaron recientemente en almuerzos de la Mediterránea.

“Lo que pasó en febrero es parte del pasado. Recibir a un presidente de la Nación siempre es un momento especial”, explicaron en su entorno. 

En el almuerzo con los socios de la Fundación Mediterránea, además de Giordano, estará el ministro de Economía, Guillermo Acosta, y brindará una charla sobre actualidad política el reconocido politólogo Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. En esta segunda parte, que se dará después del discurso y de la partida del presidente Milei -que ocurrirá pasadas las 13- los convocados brindarán un panorama sobre el presente de la economía y una mirada sobre el escenario político.

El evento en el Centro de Convenciones Córdoba está previsto que finalice pasadas las 16, según indicaron los organizadores.