El juicio contra el pastor e influencer de San Francisco Elías Argüello continuará el próximo 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que también tiene como imputados como coautores a su pareja, Daiana Herrera, además de Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, como partícipe necesario.

El proceso judicial comenzó esta semana y, según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, podría extenderse más allá del 13 de mayo, fecha inicialmente prevista para la finalización de las audiencias, debido a la amplitud de la prueba testimonial incorporada al expediente. En la causa figuran siete presuntas víctimas, aunque cinco de ellas no se consideran víctimas de los hechos investigados.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Durante la primera audiencia, Argüello declaró ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. El pastor sostuvo que es inocente y negó haber ejercido sometimientos o restricciones sobre integrantes de la organización religiosa Dimensión Cielo. Además, afirmó que no se consideraba “ningún líder religioso”.

También señaló que el dinero que ingresaba a la organización formaba parte de “un fondo común” al que todos los integrantes tenían acceso y cuyo uso, según dijo, era consensuado.

La investigación, impulsada por la fiscal federal que subroga en San Francisc, María Marta Schianni, sostiene que las presuntas víctimas habrían sido captadas mediante mecanismos coercitivos, alejadas de sus familias y despojadas de bienes materiales para beneficiar económicamente a la organización.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es el de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por “engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas” y por haberse concretado la explotación. En el caso de Argüello, además, se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, acompañado por la letrada Alejandra Sosa Cerrolaza. El defensor cuestionó la investigación y aseguró que “no existe delito” en el accionar de los acusados.

La causa se originó a fines de 2020 tras una serie de allanamientos realizados en la vivienda de Argüello y en dos emprendimientos vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario. En marzo de 2021, el pastor fue detenido y meses después recuperó la libertad, situación que mantuvo hasta el inicio del juicio oral.

De qué se lo acusa

En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió este diario, la fiscal Schianni sostuvo que Elías Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante “engaños”, mensajes por Whatsapp y Facebook y videos difundidos en su canal de Youtube. Según la acusación, las víctimas fueron atraídas con “promesas de salvación eterna” y bajo la supuesta condición de que Argüello, su pareja Daiana Herrera y su hija eran “elegidos o enviados de Dios”.

La fiscalía indicó además que los imputados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y familiar de las presuntas víctimas, muchas de las cuales atravesaban crisis personales. La acusación sostiene que, una vez incorporadas a la organización Dimensión Cielo, eran persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor del grupo.

Según el requerimiento, la promesa de una vida “en comunidad” derivó en condiciones de “hacinamiento”, alimentación deficiente, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas laborales en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias administradas por Argüello y otros acusados.

La fiscal Schianni también sostuvo que las presuntas víctimas realizaban tareas durante aproximadamente 14 horas diarias, muchas veces sin descanso y con salarios “ínfimos o inexistentes”. La acusación describe además situaciones de “humillaciones y maltratos”, vigilancia permanente y mecanismos de control psicológico y religioso dentro de la organización.

Milagros Bogado, la joven misionera de 21 años que denunció haber sido víctima de trata de personas, fue dada de alta en las últimas horas tras permanecer internada en el Hospital “J. B. Iturraspe”. No obstante, todavía no pudo regresar a su provincia de origen y continuará bajo resguardo en un refugio de San Francisco hasta que declare en el marco de la causa judicial.

El caso salió a la luz a partir de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar. En esa comunicación, Milagros aseguró que se encontraba retenida, que no le daban de comer y que incluso le habían arrojado su bolso con pertenencias.

Según la investigación, Milagros estaba junto a su expareja, Patricio R. Rodríguez, también de 21 años, ambos oriundos de Misiones. La pareja se encontraba oculta en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, luego de haber llegado a la provincia de Córdoba desde Entre Ríos. De acuerdo a los testimonios recabados, la joven no sabía con exactitud dónde se encontraba.

El lunes pasado, la persona que recibió el pedido de auxilio se comunicó con la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, y aportó datos que permitieron iniciar de inmediato un operativo de búsqueda. En ese contacto, indicó que Milagros le había dicho que su ex la había trasladado hasta un campo cercano a Villa María.

A partir de un trabajo coordinado entre fuerzas policiales federales y provinciales, con la participación de la Guardia Local de San Francisco, se logró dar con la pareja. Rodríguez fue detenido y trasladado a la cárcel de Villa María, mientras que la joven fue rescatada y derivada al hospital con signos de haber sido golpeada.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

El hombre quedó imputado por el delito de trata de personas con fines de forzar una unión de hecho o matrimonio, una figura poco habitual en el país.

Durante la investigación, se pudo determinar que la pareja había arribado en colectivo a la terminal de ómnibus de San Francisco el pasado 7 de enero. Con apoyo de tecnología, informes de la Comisión Nacional de Transporte y el análisis de antenas de telefonía celular, se logró reducir el área de búsqueda. En menos de 48 horas, los investigadores establecieron los movimientos de ambos.

Además, fuentes judiciales confirmaron que Rodríguez tenía una orden de restricción vigente dictada por un Juzgado de Colón, en Entre Ríos, desde noviembre del año pasado, un dato que también forma parte de la causa que continúa en investigación.

La investigación por el presunto secuestro y sometimiento de Milagros Bogado continúa avanzando en el ámbito de la Justicia federal, tras el operativo que permitió el pasado miércoles rescatar a la joven y detener a Patricio R. Rodríguez, ambos de 21 años y oriundos de Misiones. El caso es seguido por la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, que ahora concentra su trabajo en el análisis de pruebas y testimonios para reconstruir cómo fueron los días previos al hallazgo.

Milagros fue encontrada en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, donde permanecía oculta junto al acusado. Según trascendió, la joven presentaba golpes y signos compatibles con violencia, lo que refuerza la hipótesis de que se encontraba privada de su libertad. El rescate se produjo luego de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar, en el que pedía ayuda y advertía que estaba en un campo de Córdoba y quería regresar con su familia.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la reconstrucción del recorrido que realizó la pareja desde Entre Ríos hasta Córdoba. A partir de información aportada por organismos nacionales, se estableció que ambos arribaron en colectivo a la Terminal de Ómnibus de San Francisco a comienzos de enero. Desde allí, los investigadores buscan determinar cómo se trasladaron hasta la zona rural donde fueron hallados.

En ese marco, la triangulación de datos de antenas telefónicas fue una herramienta clave para delimitar el área de búsqueda y continúa siendo analizada para precisar movimientos, comunicaciones y tiempos. También se evalúan audios y mensajes enviados por la joven, algunos de los cuales fueron difundidos públicamente por familiares y forman parte del expediente.La Fiscalía trabaja además en la toma de declaraciones testimoniales y pericias complementarias, mientras Milagros recibe contención y asistencia conforme a los protocolos vigentes para víctimas de este tipo de delitos.

Patricio R. Rodríguez permanece imputado, en una primera instancia, por el delito de trata de personas con fines de forzar a una persona a mantener una unión de hecho. Según se informó, sobre el acusado pesaba además una orden judicial de restricción dictada en noviembre del año pasado por un juzgado de la localidad de Colón, en Entre Ríos.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

Mientras se define su situación procesal, la Justicia federal continúa recabando elementos para determinar si existieron otras vulneraciones de derechos y si hubo participación de terceros. En paralelo, se destacó el trabajo coordinado entre fuerzas federales, provinciales y la Guardia Local de San Francisco, cuyo aporte tecnológico y operativo fue determinante para dar con el paradero de la joven en un plazo reducido.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones o medidas judiciales a partir del avance de las actuaciones.

La joven Milagros Bogado, de 21 años y oriunda de la provincia de Misiones, fue hallada en las últimas horas en la localidad de Saturnino María Laspiur, en el marco de un operativo conjunto desplegado por la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina. La joven era intensamente buscada en la provincia desde hacía aproximadamente un mes.

Según informó el Ministerio de Seguridad y la Unidad Regional Departamental San Justo, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles en zona rural de Laspiur y permitió dar con el paradero de la joven, junto a su presunto captor, Patricio R. Rodriguez, un hombre de 21 años, también oriundo de Misiones.

Tras el hallazgo, Milagros fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde quedó bajo contención y evaluación médica. En tanto, el hombre fue detenido e imputado por el delito de trata de personas, conforme a la Ley 26.842, artículo 145 bis del Código Penal. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Villa María y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

Del operativo participaron efectivos de la Departamental San Justo a cargo del comisario Pablo Nieto, DUAR y Patrulla Rural, junto a personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el procedimiento se concretó a partir de una solicitud de colaboración de la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona. Indicó que, con la movilización del personal de la Departamental San Justo y el apoyo de unidades especiales, se logró encontrar con vida a la joven y detener a la persona que, según la investigación, la mantenía cautiva.

En los días previos al hallazgo, la familia de Milagros había denunciado que la joven se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja. Incluso, una hermana de la víctima difundió audios en una comunicación con el canal Crónica TV, en los que la joven manifestaba de manera desesperada que estaba privada de su libertad en la región.La causa continúa en investigación en el fuero federal.

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo un operativo en una vivienda de calle José Iriarte al 1800, en barrio Villa Richardson. Allí fueron rescatadas dos mujeres de 23 y 38 años que permanecían privadas de su libertad y presentaban lesiones visibles.

El procedimiento se originó cuando una de las víctimas se presentó en un hospital y denunció haber sido agredida por su pareja. La denuncia permitió dar con el domicilio donde se encontraba la otra mujer retenida.

Según las primeras investigaciones, ambas mujeres habrían sido sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y distintos tipos de maltratos.

Un hombre de 28 años fue detenido en el lugar y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Justicia. En tanto, las mujeres recibieron asistencia, contención y fueron trasladadas a sede judicial para resguardo.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer el balance y las acciones desde la entrada en vigor la Ley 26.364, la que permitió condenar desde 2008 a 1.043 personas.

Hace 17 años se promulgó dicha ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Desde aquel momento y tras la declaración en 2013 de dicha fecha por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el organismo renueva el imperativo de proteger a las personas víctimas y sancionar a quienes lucran con su explotación”.

De acuerdo a los datos que relevó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, desde 2008 se registraron 542 sentencias en el fuero federal y ocho acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 1.043 personas por hechos que perjudicaron a 2.560 víctimas.

Se estableció que, del total de los condenados, el 77,8% son argentinos y en su mayoría, varones: 64,2%. En cuanto a las víctimas, el 79% son mujeres, un 20,5% varones y un 0,5% personas trans.

De las 542 condenas, el 66% fue por el delito de explotación sexual y el 33,6% por explotación laboral, mientras que el 0,4% restante fue por otras finalidades.

Un dato que se sumó a este balance es que, en el último año, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025, se registraron 10 sentencias condenatorias y tres acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 22 personas por crímenes contra 82 víctimas.

“La detección temprana y la investigación son pilares fundamentales. Así, se iniciaron en PROTEX más de 3.700 investigaciones preliminares y, en el marco de la co- administración de la línea 145, se recibieron más de 19.208 denuncias, 2.415 solo durante el último año”, informaron.

Las autoridades de la PROTEX destacan que esos números “reflejan tanto el compromiso como los desafíos persistentes para profundizar en la investigación de este delito, y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas damnificadas”.

Acerca de las acciones llevadas a cabo, explicaron que se participa activamente de las iniciativas, proyectos y planes bienales llevados adelante por el Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, que “coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas”.

A nivel nacional, las autoridades señalan la “relevancia de una correcta identificación de víctimas vulnerables por su condición de discapacidad y la adecuada calificación legal de esos casos”.

En los últimos años, se intensificaron los esfuerzos para “identificar y procesar casos con especiales modalidades de explotación tales como organizaciones coercitivas, agencias dedicadas a la subrogación de vientres, y explotación de personas a través de medios virtuales, entre otras”.

En las primeras horas de la mañana de este sábado, San Francisco fue escenario de un importante despliegue policial por parte de la D.U.O.F. de la Policía Federal Argentina. Los operativos incluyeron múltiples allanamientos en la ciudad, en la vecina localidad de Freyre y simultáneamente en General Pinedo, en la provincia del Chaco, todos ordenados por el Juzgado Federal de San Francisco. Esta acción forma parte de una investigación en curso relacionada con el delito de trata de personas, en infracción a la Ley 26.364.

De acuerdo con información obtenida por LA VOZ DE SAN JUSTO, los lugares allanados incluyeron un campo cercano al hipódromo de San Francisco, una casa de un conocido empresario en el country Ayres del Golf, y una vivienda en el centro de la ciudad, así como propiedades en Freyre y el Chaco.

El operativo, que involucró a organismos nacionales y provinciales dedicados a combatir la trata de personas y la explotación laboral, permitió detectar infracciones a la ley laboral y otras irregularidades. Durante los allanamientos, se rescataron víctimas que vivían en condiciones inhumanas e insalubres, siendo explotadas laboralmente, con escasas herramientas y sin medidas de seguridad, durmiendo en el suelo en condiciones de hacinamiento en un recinto precario.

Por el momento, no se informaron detenciones.

La Conferencia Episcopal Argentina mostró su preocupación por el caso Loan en el marco por el Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio.

A través de un escrito, la comisión ejecutiva Episcopal, expresaron su “preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”.

En este sentido, hicieron hincapié en el caso del menor desaparecido en Corrientes y su relación con la trata de personas: “Con todo el pueblo argentino, manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos”.

 “Cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito”, señalaron.

En el mensaje del pasado 8 de febrero, el Papa expresó: “Abrir los ojos y los oídos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación”.

“Junto al Equipo No a la Trata, perteneciente a la Conferencia Episcopal, queremos reiterar en este día nuestra mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención. Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia. Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas”, manifestaron.

A su vez, pusieron en importancia que la política se entrometa en estos casos: “Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

“El desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas. El trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona”, sostuvieron.

Por último, piden que este día sea “una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha contra la Trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas. Si cerramos nuestros ojos y oídos, si permanecemos inertes, seremos cómplices”.

Más de 30 allanamientos se realizaron esta semana por una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral en un centro de rehabilitación por adicciones. Los procedimientos incluyeron a la provincia de Córdoba.

En los procedimientos rescataron a 403 víctimas, entre ellos menores de edad, según anticipó Gendarmería Nacional sobre la investigación a cargo de la Justicia Federal de San Luis. La causa apunta a la ONG Remar.

Uno de los operativos tuvo lugar en Juan B. Justo al 2200, en la ciudad de Córdoba. Además allanaron sedes de la organización en Río Cuarto y Las Higueras, donde retiraron a 24 personas, confirmaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

Las intervenciones restantes fueron desarrolladas en la Capital Federal y en las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Durante los allanamientos los gendarmes secuestraron notebooks, documentación más de 1.900.000 pesos y 9.140 dólares.

Siete sospechosos están en investigación. Si bien el juzgado no ordenó detenciones, les prohibió a los involucrados la salida del país y el acercamiento a los domicilios requisados.

Los investigadores pretenden determinar cómo era el manejo de dinero que recaudaban los voluntarios de la ONG, señaló una fuente a El Diario de la República.

En la Justicia Federal de Córdoba hay una causa abierta desde 2016 por presunta trata de personas en la sede de Remar en Río Cuarto.

Por esa investigación habían sido absueltos Pedro Gómez Martín y María Maite Varela Lorenzo, responsables de la ONG en la ciudad del sur cordobés, sin embargo en mayo pasado la Cámara de Casación Penal anuló esa decisión y pidió una nueva resolución.