CORDOBA (Corresponsalía)-. La sentencia por el caso Dimensión Cielo dejó mucho más que una resolución judicial. Después de semanas de testimonios, acusaciones cruzadas y relatos contrapuestos, el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba concluyó que existió una estructura de explotación laboral encabezada por el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello, quien deberá cumplir una condena de nueve años de prisión efectiva tras ser hallado culpable del delito de trata de personas agravada.

El fallo también condenó como partícipes secundarios a Daiana Herrera, pareja de Argüello, a cuatro años de prisión; a Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”, a cuatro años y a Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, a cuatro años de prisión. En tanto, Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, fue absuelto.

Los condenados continuarán en libertad hasta que la sentencia quede firme en la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de las condenas, el tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís ordenó reparaciones económicas millonarias para las víctimas. Norma Gladis Rodríguez y Héctor Adolfo Kopp recibirán 3,5 millones de pesos; L.C., 48.034.445 pesos; y E.M.A., 28,8 millones de pesos.

La causa había sido instruida por la fiscal federal que subroga en San Francisco, María Marta Schianni, y tuvo como eje las denuncias sobre presuntas situaciones de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

Alegatos

Los alegatos mostraron dos interpretaciones completamente distintas sobre lo ocurrido dentro de la comunidad religiosa. Para la fiscalía y las querellas, Dimensión Cielo funcionó como una organización coercitiva que captaba personas vulnerables mediante promesas espirituales y laborales. Para las defensas, en cambio, todo se reducía a un modo de vida comunitario y consensuado.

El fiscal oral Carlos Gonella sostuvo que “lo de Dimensión Cielo fue un engaño para persuadir a las víctimas y someterla a explotación laboral”. También afirmó que “la prueba habla por sí misma” y describió a la organización como “una organización coercitiva como nueva modalidad de trata de personas que usa a las redes digitales para captarlas”.

Durante su exposición, Gonella aseguró que las víctimas “trabajaban largas jornadas sin salario ni obra social” y dijo que “el fondo común era una pantalla”. Además, apuntó directamente contra Argüello al señalar que “disfrutaba la obediencia” y que era “el líder y ejercía el control”.

La fiscalía había solicitado 10 años de prisión para Argüello; ocho años para Ricardo Mercado; cuatro años para Burini; cuatro años para Herrera y la absolución de Maximiliano Mercado por considerar que “no se pudo comprobar que captó”.

La querella fue incluso más allá. Habló de “implantación del terror”, “manipulación” y “violencia psicológica”. “No cuestionamos la fe ni las creencias, pero sí el aprovechamiento de las vulnerabilidades”, expresó el abogado querellante.

Según la acusación particular, las víctimas debían pedir permiso para todo, sufrían aislamiento de sus familias y atravesaban un “proceso de despersonalización” que incluía cambios de nombre y control permanente. “La trata de personas opera sin cadenas sino con pérdida progresiva de autonomía”, planteó la querella.

Las defensas, por su parte, pidieron la absolución de todos los acusados. El abogado Eduardo Gómez Caminos insistió en que “no hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie” y en entrevista con este diario había manifestado que Dimensión Cielo podría verse como “una sociedad de hecho” integrada por personas adultas que decidieron convivir bajo reglas comunes.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, sostuvo.

La última palabra

Antes de que se conociera la sentencia, los imputados hicieron uso de su derecho a pronunciar sus últimas palabras ante el tribunal.

“Me siento muy sorprendido”, expresó Argüello. Daiana Herrera señaló: “No es justo que se digan tantas mentiras”. Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, manifestó: “Ninguno hizo esta locura que se dice. Somos un grupo de amigos que solo vivimos de una manera diferente”. Maximiliano Mercado afirmó: “Siempre fuimos felices y vivimos juntos”, mientras que Burini declaró: “Todo lo que se dice es mentira. Somos un grupo de amigos, no nos aprovechamos del otro”.

Sin embargo, el tribunal terminó respaldando la hipótesis acusatoria y ordenó mantener las restricciones de acercamiento hacia las denunciantes hasta el cumplimiento efectivo de las condenas, sostener los embargos y decomisar bienes y dinero secuestrado durante la investigación.

Lo que dejaron los testimonios

El juicio estuvo marcado por relatos opuestos. El testimonio más comprometedor fue el de L.C., quien declaró sin la presencia de los imputados y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica y miedo constante.

“Me sentía captada”, aseguró. También sostuvo que trabajaba para los emprendimientos ligados a la organización sin cobrar un sueldo personal. Según describió, realizaban tareas en emprendimientos de panificación e inmobiliarios vinculados a Dimensión Cielo, entre ellos “Barritas y Más” y “Costumbres Light”. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

La mujer aseguró que Argüello era “el enviado de Dios en la tierra” y que dentro del grupo no podían tener amistades fuera de la comunidad. También relató que en 2019 llegó junto a su hija de 10 años desde Córdoba a San Francisco para integrarse a Dimensión Cielo y convivió junto a otros integrantes de la organización, aunque no en el country Ayres del Golf donde, según expuso, sí vivían otras jóvenes vinculadas a la comunidad que “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”. También describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera: “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”.

Otros testimonios reforzaron la acusación sobre extensas jornadas laborales, control religioso y aislamiento familiar. Durante el juicio también declararon otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación: M.K., alias “Samara”; LP, alias “Ari”; MB, alias “María” y DSF, alias “Anita”. Además, se incorporó por lectura el testimonio de GF, alias “Josué”.

La fiscalía sostuvo que las víctimas fueron persuadidas para cortar vínculos personales, cambiar sus nombres y someterse a una lógica de obediencia. Gonella incluso afirmó durante los alegatos que “las víctimas son víctimas a pesar de que no se perciban como tales” y sostuvo que varias denunciantes mantenían “un relato aleccionado”. Para el fiscal, el funcionamiento de Dimensión Cielo generaba mecanismos de dependencia y manipulación psicológica que impedían a algunas integrantes reconocer la situación de explotación que atravesaban.

Pero también hubo declaraciones que respaldaron la postura defensiva. M.K., quien negó haber sido manipulada y aseguró que el funcionamiento comunitario era voluntario. “Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, dijo ante los jueces.

Esa tensión entre relatos irreconciliables atravesó todo el debate oral. Finalmente, el tribunal entendió que las pruebas reunidas durante la investigación y las audiencias permitían acreditar la existencia de explotación laboral agravada dentro de Dimensión Cielo.

CORDOBA (Corresponsalía)-. El juicio oral por el caso Dimensión Cielo continúa este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, en la causa que investigó presuntas situaciones de explotación laboral y trata de personas dentro de la organización encabezada por el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello.

Durante la jornada se desarrollaron los alegatos de las partes antes de la sentencia que deberá resolver la situación de Argüello, Daiana Herrera, Ricardo Matías Mercado, Maximiliano Mercado y Marcos Matías Burini.

En su alegato, el fiscal federal Carlos Gonella afirmó que “lo de Dimensión Cielo fue un engaño para persuadir a las víctimas y someterla a explotación laboral”.

Además, sostuvo que “la prueba habla por sí misma. Las víctimas fueron captadas y sometidas a procesos de disociación (que lo de adentro es bueno y lo de afuera, malo) y despersonalización”.

El fiscal describió a la organización como “una organización coercitiva como nueva modalidad de trata de personas” que usa a las redes digitales para captar víctimas y señaló que las presuntas damnificadas “trabajaban largas jornadas sin salario ni obra social y el fondo común era una pantalla”.

También apuntó directamente contra Argüello al señalar que “disfrutaba la obediencia” y que era “el líder y ejercía el control” dentro de la estructura investigada.

“Las víctimas son víctimas a pesar de que no se perciban como tales”, sostuvo Gonella, quien además aseguró que las cinco denunciantes “tenían un relato aleccionado”.

La Fiscalía pidió una pena de 10 años de prisión para Argüello; 8 años para Ricardo Mercado; 4 años para Marcos Burini; 4 años para Daiana Herrera y la absolución de Maximiliano Mercado, ex policía, al considerar que “no se pudo comprobar que captó”. Además, solicitó el decomiso de vehículos registrados a nombre de los imputados.

Por su parte, la querella sostuvo que existió “un plan a la perfección” para explotar laboralmente a las víctimas y “evitar que algunas víctimas y familiares de estas denunciaran”.

En ese marco, definió a Dimensión Cielo como “una estructura coercitiva y de control” y aseguró que Argüello ejerció “violencia psicológica, simbólica, verbal y de género”.

Según el alegato, la organización “alejó a las víctimas de sus familiares” y estas “tenían que pedirle permiso a Argüello para todo”.

La parte querellante habló además de “manipulación, falta de sueldo y mala alimentación” y señaló que los acusados “se aprovecharon” de vulnerabilidades personales.

“No cuestionamos la fe ni las creencias, pero sí el aprovechamiento de las vulnerabilidades”, expresó el abogado querellante.

También afirmó que “Argüello hacía promesas laborales” y que el grupo captaba personas “a través de las redes sociales con promesas laborales e ilusiones emocionales y espirituales”.

La querella mencionó el testimonio de una de las denunciantes al indicar que “LC fue una testigo clave” en esta causa y quien dijo que Argüello se presentaba como “el elegido”, líder espiritual y quien daba las órdenes.

Además, calificó a la organización como “una red de trata de personas” y habló de un “proceso de despersonalización” que incluía “cambiar nombres” y “cortar el cabello” como condiciones para permanecer dentro del grupo.

“Hablar de sueldo era tabú”, sostuvo el querellante al citar declaraciones de familiares de las presuntas víctimas. También denunció una “implantación del terror” porque, según afirmó, Argüello les decía que si abandonaban la organización “se volverían locas”.

“Las manipulaba psicológicamente para explotarlas laboralmente”, agregó.

La querella sostuvo además que Argüello “vigilaba a las víctimas mediante cámaras que solo Elías manejaba” y aseguró que “las víctimas que no se perciben como tales están condicionadas”.

En otro tramo del alegato, se citaron testimonios de profesionales y familiares. “Psicólogos expresaron que las víctimas que no se perciben como tales hicieron un relato aleccionado”, indicó el abogado.

También recordó una frase atribuida a una de las denunciantes: “Nos despojaron de todos los derechos como seres humanos”, dijo LC.

“La trata de personas opera sin cadenas sino con pérdida progresiva de autonomía”, expresó la querella, que además habló de “secuelas psicológicas terribles”.

Finalmente, solicitó penas de 11 años de prisión efectiva para Argüello; 9 años y 6 meses para Daiana Herrera; 9 años y 6 meses para Ricardo Mercado; 9 años para Maximiliano Mercado y 8 años y 6 meses para Marcos Burini. También pidió una reparación económica para las víctimas.

Durante los alegatos también expuso la abogada de otra de las denunciantes que no se constituyó como querellante en la causa.

La letrada afirmó que “este era un grupo sectario” y habló de “sometimiento a explotación laboral”.

Asimismo, sostuvo que existía “una evidente asimetría entre los pastores y las víctimas” y describió “el alto nivel de vida” que tenían Elías Argüello y Daiana Herrera.

También hizo referencia a un “crecimiento patrimonial” y a una “obediencia ciega” hacia los acusados.

Según relató, Argüello “les hacía ver la serie El Sultán, porque esta era su vida”.

La abogada aseguró que “se ha acreditado la captación de la vulnerabilidad” de su defendida y negó que Dimensión Cielo fuera “un grupo religioso evangélico”, al afirmar que “el fin era la explotación laboral”.

Finalmente, pidió una reparación económica cercana a los 48 millones de pesos por daños psicológicos, trabajo realizado y daño moral.

Tras los alegatos de la Fiscalía y la querella, se aguardaban las exposiciones de las defensas de los acusados, en las que se anticipaba un pedido de absolución.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La tercera semana del juicio oral que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba ingresó este martes en una etapa decisiva. Aunque se esperaba el inicio de los alegatos, la audiencia derivó en un cuarto intermedio hasta este miércoles, jornada en la que se prevé que las partes expongan sus conclusiones y luego se conozca el veredicto.

En esta nueva audiencia solo declaró Daiana Herrera, pareja de Elías Argüello y una de las cinco imputadas en la causa. En cambio, Argüello, Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, decidieron no acceder a la declaración indagatoria.

Durante su exposición ante el tribunal, Herrera negó las acusaciones formuladas por la fiscalía y sostuvo una postura opuesta a la reconstrucción planteada por algunas de las presuntas víctimas sobre el funcionamiento de la organización evangélica Dimensión Cielo.

La acusación sostiene que Herrera y Argüello “transmitieron a las víctimas promesas de salvación eterna con fundamentos de índole religioso”, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y afectiva.

El debate oral dejó hasta ahora testimonios contrapuestos sobre la dinámica interna de la comunidad religiosa investigada por presunta trata de personas con fines de explotación laboral agravada.

Uno de los relatos más comprometedores para los acusados fue el de LC, considerada por la fiscalía una de las presuntas víctimas. La mujer declaró sin la presencia de los imputados y describió un escenario marcado, según afirmó, por el control psicológico, el aislamiento y la dependencia económica.

“Me sentía captada”, expresó durante su testimonio.

LC involucró directamente a todos los imputados y aseguró que trabajaba en emprendimientos vinculados a la organización, entre ellos “Barritas y Más”, además de otros relacionados con panificación e inmobiliarias.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, declaró ante los jueces. También afirmó: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

Según su relato, nunca recibió una remuneración personal y debía pedir autorización incluso para gastos cotidianos. “No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, sostuvo.

La mujer aseguró además que permanecía en la organización por temor y falta de recursos económicos. “Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, dijo.

En otro tramo de la audiencia, señaló que dentro del grupo “no podía haber secretos” y que no podían mantener amistades fuera del entorno de la comunidad.

LC también identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo y señaló a Herrera como una figura de liderazgo espiritual. “Elías era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta”, afirmó.

Otro de los puntos sensibles de su declaración estuvo relacionado con su hija de 10 años. Según expresó, desde la organización pretendían incorporarla a tareas vinculadas con la producción laboral del grupo.

La defensa, en tanto, insiste en que nunca existió coerción y sostiene que todos los integrantes convivían voluntariamente dentro de una comunidad religiosa organizada bajo un esquema de fondo común.

Esa postura también fue respaldada durante el juicio por MK, alias “Samara”, otra de las jóvenes señaladas por la fiscalía como presunta víctima, aunque con un relato favorable al funcionamiento de Dimensión Cielo.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, declaró.

El abogado defensor Eduardo Gómez Caminos sostuvo además que “no hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie” y afirmó que la organización funcionaba como “una sociedad de hecho” integrada por personas que compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La causa se inició tras allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a Dimensión Cielo. En marzo de 2021, Elías Argüello fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Este miércoles, con los alegatos y la sentencia previstos para la misma jornada, el proceso judicial ingresará en su definición.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda semana del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó una sucesión de testimonios enfrentados y versiones distintas sobre el funcionamiento interno de la organización Dimensión Cielo, en el marco del proceso por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

El juicio continuará este martes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con nuevas declaraciones testimoniales. En tanto que mañana será el turno de los alegatos finales y posteriormente conocerse la sentencia.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Argüello y el resto de los imputados llegaron a juicio acusados de trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas. En el caso del pastor, también se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”; y de Burini, como partícipe necesario.

La causa se inició tras los allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y luego recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

El testimonio más comprometedor para los acusados fue el de LC, considerada por la fiscalía una de las presuntas víctimas de trata. La mujer declaró sin la presencia de los imputados en la sala y describió un escenario de control psicológico, dependencia económica, aislamiento social y temor permanente.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más delicados de la audiencia.

LC involucró directamente no solo a Argüello sino también al resto de lis imputados Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”.

Según declaró, en 2019 llegó desde Córdoba a San Francisco para integrarse a la comunidad y trabajó en emprendimientos comerciales como “Barritas y Más”. La organización además tenía otros como “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, sostuvo ante los jueces. También aseguró: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

La mujer sostuvo que nunca recibió una remuneración personal y que no podía decidir libremente sobre gastos cotidianos. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, declaró.

Uno de los ejes más fuertes de su relato estuvo vinculado al miedo que, según afirmó, condicionaba todos los aspectos de la convivencia dentro del grupo. “Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, reiteró.

En otro tramo aseguró que dentro de la organización existían reglas estrictas: “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”.

LC identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, afirmó.

La mujer también habló sobre mecanismos de vigilancia dentro de la vivienda y declaró que no acudían a profesionales médicos. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos ‘medicaba’ era Daiana por WhatsApp”, sostuvo.

Otro de los momentos más sensibles ocurrió cuando habló de la situación de su hija de 10 años. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, afirmó.

También describió las condiciones de convivencia dentro de la casa. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó.

Según declaró, otras jóvenes vinculadas a la comunidad residían en la vivienda del country Ayres del Golf, donde cuidaban a los hijos de Argüello y Herrera y realizaban tareas domésticas.

LC relató que decidió abandonar la comunidad cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, dijo.

Según contó, se marchó de madrugada junto a la niña y consiguió ayuda para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires.

Durante esta segunda semana también hubo testimonios y planteos que se acercaron más a la postura defensiva.

Días antes había declarado MK, alias “Samara”, considerada también por la fiscalía como una presunta víctima, aunque con un relato completamente diferente.

La joven defendió el funcionamiento de Dimensión Cielo y negó haber sido manipulada o privada de su libertad.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo ante los jueces.

MK explicó que participaba de emprendimientos vinculados a la organización y reconoció la existencia de un “fondo común”, aunque aseguró que todos podían disponer de dinero para gastos personales.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

Esa postura fue reforzada por el abogado defensor Eduardo Gómez Caminos, quien sostuvo que las primeras audiencias resultaron “altamente favorables” para los imputados.

“No hay delito de trata, nadie coaccionó a nadie”, expresó en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El letrado insistió en que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad consensuada y no como una estructura coercitiva. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, expresó.

Además sostuvo que todos los integrantes compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión”, señaló.

Gómez Caminos también rechazó las acusaciones de hacinamiento. “Vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Un country no es el perfil de trata”, indicó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

También adelantó que Argüello volverá a declarar durante el juicio oral para demostrar su inocencia. También lo harán los otros cuatro imputados.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La tercera audiencia del juicio oral contra el pastor evangélico y youtuber sanfrancisqueño Elías Argüello dejó este miércoles uno de los testimonios más comprometedoras para la situación procesal de los acusados. Ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba declaró LC, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral dentro de la organización Dimensión Cielo.

A diferencia de otros testimonios escuchados en las audiencias previas, la mujer describió un escenario de sometimiento psicológico, control cotidiano, aislamiento social y dependencia económica que, según relató, le impedían abandonar la comunidad. Su declaración involucró directamente no solo a Argüello sino también a Daiana Herrera (pareja de Argüello), Ricardo Matías Mercado, Maximiliano Mercado y Marcos Matías Burini, también juzgados en el proceso.

LC declaró sin la presencia de los imputados en la sala y en distintos momentos se mostró quebrada, especialmente al hablar de su hija de 10 años, con quien convivió dentro de la organización en una vivienda de San Francisco entre mayo y diciembre de 2019.

“Me sentía captada”, afirmó durante uno de los pasajes más fuertes de la audiencia.

La mujer explicó que llegó desde Córdoba para integrarse a la comunidad y que trabajó en “Barritas y Más”, uno de los emprendimientos vinculados a Dimensión Cielo junto a “Visiter 7”, “Costumbres Light” e “Inmobiliaria Ciudad”. Según declaró, vendía alrededor de “10 mil pesos por día” y todo el dinero era destinado al denominado “fondo común”.

“Hacía unos 10 mil pesos por día. Todas las noches se contaba la plata”, relató.

También sostuvo: “Era consciente que trabajaba para Elías. Teníamos que decir que éramos una comunidad con un fondo común”.

Según describió, nunca recibió una remuneración personal por ese trabajo y tampoco podía decidir libremente sobre gastos o compras. “A mí nunca me dieron paga de ese dinero. No podíamos comprar nada, no nos dejaban. Teníamos que consultar todo antes”, aseguró.

Uno de los ejes centrales de su declaración fue el miedo que, según dijo, condicionaba cada aspecto de la vida dentro del grupo.

“Yo tenía miedo, pero económicamente no tenía recursos para irme”, expresó ante los jueces.

LC sostuvo que progresivamente se fue alejando de su familia y de sus amistades. “Me alejé de mi familia, de mis amigos. Psicológicamente y físicamente tenía miedo”, señaló.

En otro tramo de su testimonio aseguró que dentro de la comunidad existían reglas estrictas de convivencia y obediencia. “No podía haber secretos entre nosotros. No podíamos hacer amistades fuera de nuestro entorno”, dijo.

Además identificó a Argüello como la máxima autoridad del grupo. “Elías era el único que daba instrucciones. Él era el enviado de Dios en la tierra y Daiana, la profeta. Ella también daba instrucciones”, manifestó.

La mujer también describió mecanismos permanentes de control. Indicó que en la vivienda había cámaras manejadas por Argüello y sostuvo que existía vigilancia sobre los integrantes de la comunidad.

En relación con la atención médica, declaró que no acudían a profesionales de la salud. “Si teníamos algún problema de salud, no íbamos al médico. La única que nos medicaba era Daiana por WhatsApp”, afirmó sobre Herrera, quien no es médica.

Otro de los momentos más delicados de la jornada se produjo cuando LC habló de la situación de su hija. Allí se quebró frente al tribunal. “Elías dijo que ella debía trabajar en la producción, pero ella tenía que ir a la escuela. La querían hacer trabajar”, sostuvo.

También relató las condiciones de vida dentro de la vivienda. “Éramos seis personas durmiendo en una habitación”, recordó. Agregó que la niña “estaba encerrada casi todos los días, sin amigos” y que “solo podía escuchar música cristiana” y no usar celular.

Además, declaró que otras jóvenes vinculadas a la comunidad vivían en la casa del country Ayres del Golf, donde, según afirmó, “cuidaban a los hijos de Argüello y Daiana y hacían tareas de limpieza”.

Según indicó, tras salir de la comunidad la menor continúa con secuelas psicológicas. “Tiene ataques de pánico y está con tratamiento psicológico”, afirmó.

LC también describió episodios de maltrato verbal dentro del grupo y apuntó especialmente contra Herrera. “Daiana trataba muy mal a las chicas. Si bien el daño psicológico de Elías era grave, el maltrato verbal de Daiana también”, declaró.

Además aseguró que todavía hoy siente temor por algunas personas vinculadas a la organización. “Tengo miedo por algunas personas que decían que darían la vida por Elías, decían que venían del cielo”, manifestó.

En otro tramo recordó que Argüello consumía drogas. “Elías fumaba mucha marihuana y tomaba muchas pastillas”, dijo.

La mujer relató además cómo fue la salida definitiva de la comunidad. Según contó, tomó la decisión cuando advirtió que su hija estaba siendo influenciada por el grupo. “Me di cuenta que mi hija estaba siendo más captada que yo”, expresó.

Contó que abandonó la vivienda durante la madrugada junto a la niña y con ayuda externa consiguió dinero para viajar primero a Unquillo y luego a Buenos Aires, donde residía el padre de la menor.

“El día que me fui, Elías me dijo que si me iba tendría consecuencias. Él decía que ahora la comunidad era mi familia”, recordó.

También señaló que antes de abandonar la casa revisaron sus pertenencias. “Antes de salir de la casa me revisaron el bolso para asegurarse que no me llevaba nada”, declaró.

Según relató, existía además una regla de aislamiento respecto de quienes abandonaban el grupo. “Una vez que alguien dejaba la casa no podía hablar más con el resto de la comunidad. Teníamos que bloquear de todos lados al que salía”, indicó.

LC aseguró que desde un primer momento sintió situaciones extrañas dentro de la organización: “Desde que llegué a San Francisco todo me parecía raro, pero ya no tenía dónde regresar”.

También sostuvo que su familia intentó intervenir. “Mi familia sabía que estaba en un lugar raro, querían ir a buscarme, sacarme de ahí, pero yo no reaccionaba”, dijo.

Respecto del rol de los otros acusados, indicó que “los Mercado y Burini” manejaban el emprendimiento inmobiliario vinculado a la organización.

Durante la jornada también brindaron su testimonio Agostina Nazer, Miriam Munne, Mariano González, Carlos Fabián Pérez, Mariano Raúl Reano y Alejandra del Carmen Martínez.

Durante la audiencia anterior había declarado otra testigo identificada como MK, alias “Samara”, quien ofreció una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. La mujer relató que se mudó desde Córdoba a San Francisco en 2019 luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Herrera y aseguró que la convivencia comunitaria era voluntaria.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo. En esa jornada además declararon otras supuestas víctimas LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”).

M.K. afirmó además que participaba de distintos emprendimientos comerciales y que existía un fondo común administrado entre varias personas. “Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, dijo.

También negó haber sido captada para integrar la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, señaló.

La fiscalía, sin embargo, sostiene una hipótesis distinta. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni acusó a Argüello de haber “captado, trasladado y acogido con fines de explotación” a distintas personas mediante engaños y manipulación vinculada a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas eran persuadidas para romper vínculos familiares, cambiar sus nombres y trabajar en emprendimientos ligados a la organización bajo extensas jornadas laborales, sin salario o con pagos mínimos y bajo control psicológico y religioso.

El juicio continuará el próximo martes 19 a las 9, con los últimos testimonios, y el miércoles 20 comenzarán los alegatos. 

Elías Argüello, Daiana Herrera, Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”. enfrentan una acusación como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en tanto que Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, está acusado como partícipe necesario.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

La defensa de Elías Argüello aseguró que las primeras audiencias del juicio oral por presunta trata de personas resultaron “altamente favorables” para los imputados y ratificó su estrategia de demostrar que Dimensión Cielo funcionaba como una comunidad religiosa consensuada y no como una estructura coercitiva.

El abogado Eduardo Gómez Caminos, quien encabeza la defensa de Argüello y de los demás acusados junto a integrantes de su estudio jurídico, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO antes de la continuidad del debate prevista para este miércoles 13 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario. El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Debido a la amplitud de la prueba y la cantidad de testimonios previstos, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de los alegatos y la sentencia.

“Hasta ahora lo que se viene ventilando en las dos audiencias que hubo es altamente favorable para la posición de los imputados”, afirmó Gómez Caminos. Según sostuvo, durante el debate “no han quedado dudas de que ellos no han coaccionado, no han manipulado, no han engañado absolutamente a nadie”.

En esa línea, el defensor insistió en que las personas que integraban Dimensión Cielo convivían voluntariamente. “Si lo querés mirar jurídicamente, es una sociedad de hecho. Eran varias personas que vivían juntas”, explicó.

Insistió en que compartían voluntariamente una misma práctica religiosa y un estilo de vida comunitario. “Son todos evangélicos. No es que una persona de otra religión se unió a esta religión, que ahí sería más llamativo”, agregó.

Además, rechazó uno de los principales puntos de la acusación vinculados a las condiciones habitacionales. “No había condiciones de hacinamiento porque vivían en barrios como Tejas del Sur, en Córdoba, y Ayres del Golf, en San Francisco. Y justamente un county no es el perfil de trata”, sostuvo.

No obstante, aclaró que aguardará el avance del debate antes de realizar conclusiones definitivas. “Vamos a esperar sentir toda la prueba, pero no nos cabe duda de que ha sido altísimamente favorable en lo que tiene que ver con mi posición desincriminatoria y mi teoría del caso”, añadió.

Consultado sobre si las primeras audiencias fortalecieron la situación procesal de Elías Argüello y del resto de los imputados, el defensor respondió de manera contundente: “Sí, la de Argüello y la de todos los imputados, porque nadie coaccionó a nadie”.

El abogado también cuestionó el encuadre jurídico de la causa y sostuvo que “no existe delito”. “La trata de personas es uno de los delitos más degradantes que existe en el Código Penal porque logra una pérdida de identidad respecto del sujeto. Y eso no lo hemos visto en esta audiencia”, afirmó.

“Para que haya este delito tiene que haber algún medio coactivo que pueda restringir la libertad de las personas. Y acá no ha habido ninguna obligación de hacer absolutamente nada”, agregó.

En otro tramo de la entrevista, el defensor señaló que algunas afirmaciones incorporadas durante la instrucción “carecen de valor probatorio”. “Si yo manifiesto que hay hacinamiento, tengo que decir las razones por las cuales hay hacinamiento”, indicó.

Respecto del funcionamiento interno de Dimensión Cielo, Gómez Caminos negó la existencia de una estructura jerárquica. “Eran todos iguales. Está quedando absolutamente acreditado en el debate”, expresó.

“Eran personas unidas por la música y la religión que vivían juntas. No hay más que eso”, dijo.

Sobre el rol de Argüello dentro de la organización, sostuvo que existe “una tendencia acusatoria que permanentemente trata de realzar la figura de Argüello y de Herrera, cuando en realidad eran exactamente iguales que los demás”.

El defensor también hizo referencia a las supuestas víctimas incluidas en la causa y destacó que cinco de las siete personas “no se consideran víctimas”.  En relación con las otras dos personas incluidas en la investigación, explicó que aún analizan si declararán. “Yo quiero que declaren porque si ellas se sintieron víctimas, el tribunal tiene que tener la evidencia integral de la prueba”, manifestó.

Gómez Caminos adelantó además que Argüello volverá a declarar durante el juicio. “Va a declarar para demostrar su inocencia. Van a declarar todos los imputados y van a contestar todas las preguntas de todas las partes”, aseguró.

Finalmente, el abogado sostuvo que la defensa tiene “buenas expectativas” respecto del fallo. “Estamos confiados en que se va a resolver conforme al derecho. Y eso es lo que a nosotros como juristas nos interesa”, concluyó.

Durante la segunda audiencia uno de los testimonios fue el de declaró M.K., identificada en la causa como “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

La joven relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades de Dimensión Cielo.

Según declaró ante el tribunal, convivió junto a Argüello, Herrera y otros integrantes del grupo en una vivienda ubicada en el country Ayres del Golf.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo al describir la dinámica cotidiana dentro de la comunidad.

M.K. aseguró que participaba de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”. También explicó que no percibía un salario fijo, aunque tenía acceso al dinero del denominado “fondo común”. “La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró.

La testigo afirmó además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente de la vivienda.

La fiscalía federal sostiene una versión diferente sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal María Marta Schianni afirmó que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

Según la acusación, las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

La investigación también sostiene que las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó tras allanamientos realizados a fines de 2020 en viviendas y emprendimientos vinculados a la organización. En marzo de 2021 Argüello fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

CORDOBA (Corresponsalía)-. La segunda audiencia del juicio oral contra el pastor e influencer sanfrancisqueño Elías Argüello comenzó este lunes en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba con la declaración de una de las principales testigos de la causa, identificada como MK, alias “Samara”, considerada por la fiscalía como una de las presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral.

El proceso judicial también tiene como imputados a Daiana Herrera, pareja de Argüello; Ricardo Matías Mercado, alias “Eliseo”; Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”; y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, este último acusado como partícipe necesario.

Durante la jornada también declararon  otras supuestas víctimas mencionadas en la investigación con las iniciales LP (alias “Ari”), MB (alias “María”), DSF (alias “Anita”) y EMA, en tanto que se acordó la incorporación por su lectura del testimonio de GF (alias “Josué”). 

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, y abogados de su estudio jurídico representan la totalidad de los acusados. 

M.K. fue la primera testigo en declarar. Ante los jueces relató que en 2019 se mudó desde Córdoba a San Francisco luego de entablar una relación de amistad con Argüello y Daiana Herrera. También explicó que fue pareja de Maximiliano Mercado y que comenzó a participar de las actividades vinculadas a la organización religiosa Dimensión Cielo.

Según declaró, vivió junto a Argüello, Herrera y los hijos de la pareja en una vivienda del country Ayres del Golf. Allí, dijo, se desarrollaba una convivencia comunitaria que incluía distintas actividades laborales relacionadas con emprendimientos inmobiliarios y comerciales.

“Me gustaba el ambiente familiar, la comunión entre todos”, sostuvo la testigo al describir la dinámica cotidiana dentro de la vivienda.

También afirmó que se bautizó en la iglesia evangélica y que participó de distintos emprendimientos comerciales vinculados a la organización, entre ellos “Visiter 7”, “Costumbres Light”, “Barritas y Más” e “Inmobiliaria Ciudad”, algunos relacionados con la panificación y otros con el rubro inmobiliario.

La joven explicó que no percibía un salario fijo por esas tareas, aunque aseguró que tenía acceso a dinero para gastos cotidianos. Según indicó, esos recursos eran administrados por otra mujer que cumplía funciones organizativas dentro del grupo.

“La parte socia éramos unas cinco personas. Todos teníamos una cuenta bancaria de la que podíamos disponer para gastos personales”, declaró ante el tribunal.

En otro tramo de su testimonio señaló que los gastos importantes “se debatían entre todos” los integrantes y remarcó que existía un “fondo común” para sostener el funcionamiento cotidiano de la comunidad.

La existencia de ese fondo común es uno de los puntos centrales de discusión dentro del juicio. Durante la primera audiencia, Argüello ya había mencionado ese esquema económico para rechazar las acusaciones y negar cualquier situación de explotación o sometimiento.

M.K. también hizo referencia a la investigación judicial y al impacto que tuvo el avance de la causa sobre los integrantes de la organización. “La causa nos perjudicó a todos”, afirmó.

En relación con la acusación de captación de personas, la testigo rechazó que hubiera sido llevada por Maximiliano Mercado hacia la organización. “Se hablaba de captación, que Mercado me había llevado con Elías, pero ambos conocimos casi al mismo tiempo a Elías”, expresó.

La joven declaró además que trabajaba de 9 a 17 y los sábados hasta el mediodía, y aseguró que podía salir libremente. También reconoció que en la vivienda había cámaras de seguridad, aunque sostuvo que se utilizaban “para controlar el descanso de cada uno” y también como medida de prevención, ya que anteriormente se habían registrado episodios de robo en la casa.

“La computadora siempre estaba abierta en la casa, Elías trabajaba desde allí”, agregó al describir la dinámica diaria en la vivienda del country.

M.K. además relató el impacto de los allanamientos realizados en 2020. “En el allanamiento se llevaron toda la plata del fondo común”, afirmó.

Además indicó que, tras el operativo judicial, dejó de tener vínculo con Argüello y con los otros imputados.

La declaración de M.K. se produjo en un contexto en el que la fiscalía sostiene una versión distinta sobre el funcionamiento de Dimensión Cielo. En el requerimiento de elevación a juicio, la fiscal federal María Marta Schianni sostuvo que Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante engaños y promesas vinculadas a la salvación espiritual.

La acusación afirma que las presuntas víctimas fueron persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor de la organización.

Según la instrucción de la causa, las personas captadas habrían trabajado en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias bajo extensas jornadas laborales, salarios “ínfimos o inexistentes” y mecanismos permanentes de control psicológico y religioso.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es trata de personas con fines de explotación laboral agravada por engaño, abuso de vulnerabilidad, pluralidad de autores y pluralidad de víctimas. En el caso de Argüello, además, se incorporó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La causa se originó a fines de 2020 tras allanamientos realizados tanto en la vivienda de Argüello como en distintos emprendimientos ligados a la organización. En marzo de 2021 el pastor fue detenido y posteriormente recuperó la libertad hasta el inicio del juicio oral.

Durante la primera audiencia, realizada la semana pasada, Argüello negó todas las acusaciones y aseguró que nunca existieron restricciones sobre las personas que integraban la comunidad religiosa.

El debate continuará el próximo miércoles 13 de mayo con nuevas declaraciones testimoniales. Sin embargo, debido a la amplitud de la prueba incorporada al expediente y a la cantidad de personas citadas, no se descarta que el juicio se extienda durante la próxima semana antes de llegar a los alegatos y a la sentencia.

El juicio contra el pastor e influencer de San Francisco Elías Argüello continuará el próximo 11 de mayo en el Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral que también tiene como imputados como coautores a su pareja, Daiana Herrera, además de Ricardo Mercado, alias “Eliseo”, y Maximiliano Mercado, alias “Benjamín”, y Marcos Matías Burini, alias “Mateo”, como partícipe necesario.

El proceso judicial comenzó esta semana y, según informaron fuentes judiciales a LA VOZ DE SAN JUSTO, podría extenderse más allá del 13 de mayo, fecha inicialmente prevista para la finalización de las audiencias, debido a la amplitud de la prueba testimonial incorporada al expediente. En la causa figuran siete presuntas víctimas, aunque cinco de ellas no se consideran víctimas de los hechos investigados.

El tribunal está integrado por Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís, mientras que la acusación es sostenida por el fiscal oral Carlos Gonella.

Durante la primera audiencia, Argüello declaró ante el tribunal y rechazó las acusaciones en su contra. El pastor sostuvo que es inocente y negó haber ejercido sometimientos o restricciones sobre integrantes de la organización religiosa Dimensión Cielo. Además, afirmó que no se consideraba “ningún líder religioso”.

También señaló que el dinero que ingresaba a la organización formaba parte de “un fondo común” al que todos los integrantes tenían acceso y cuyo uso, según dijo, era consensuado.

La investigación, impulsada por la fiscal federal que subroga en San Francisc, María Marta Schianni, sostiene que las presuntas víctimas habrían sido captadas mediante mecanismos coercitivos, alejadas de sus familias y despojadas de bienes materiales para beneficiar económicamente a la organización.

De acuerdo con la resolución de procesamiento dictada en 2024, el delito atribuido es el de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por “engaño, abuso de la situación de vulnerabilidad, pluralidad de autores y de víctimas” y por haberse concretado la explotación. En el caso de Argüello, además, se agregó el agravante de haber actuado como “ministro de un culto no reconocido”.

La defensa del principal imputado está encabezada por el abogado Eduardo Gómez Caminos, acompañado por la letrada Alejandra Sosa Cerrolaza. El defensor cuestionó la investigación y aseguró que “no existe delito” en el accionar de los acusados.

La causa se originó a fines de 2020 tras una serie de allanamientos realizados en la vivienda de Argüello y en dos emprendimientos vinculados a la panificación y al mercado inmobiliario. En marzo de 2021, el pastor fue detenido y meses después recuperó la libertad, situación que mantuvo hasta el inicio del juicio oral.

De qué se lo acusa

En el requerimiento de elevación a juicio al que accedió este diario, la fiscal Schianni sostuvo que Elías Argüello “captó, trasladó y acogió con fines de explotación” a siete personas mediante “engaños”, mensajes por Whatsapp y Facebook y videos difundidos en su canal de Youtube. Según la acusación, las víctimas fueron atraídas con “promesas de salvación eterna” y bajo la supuesta condición de que Argüello, su pareja Daiana Herrera y su hija eran “elegidos o enviados de Dios”.

La fiscalía indicó además que los imputados se habrían aprovechado de situaciones de vulnerabilidad emocional, económica y familiar de las presuntas víctimas, muchas de las cuales atravesaban crisis personales. La acusación sostiene que, una vez incorporadas a la organización Dimensión Cielo, eran persuadidas para abandonar vínculos familiares, cambiar sus nombres y desprenderse de bienes materiales en favor del grupo.

Según el requerimiento, la promesa de una vida “en comunidad” derivó en condiciones de “hacinamiento”, alimentación deficiente, control de salidas y comunicaciones, además de extensas jornadas laborales en emprendimientos vinculados a la panificación, venta de comidas e inmobiliarias administradas por Argüello y otros acusados.

La fiscal Schianni también sostuvo que las presuntas víctimas realizaban tareas durante aproximadamente 14 horas diarias, muchas veces sin descanso y con salarios “ínfimos o inexistentes”. La acusación describe además situaciones de “humillaciones y maltratos”, vigilancia permanente y mecanismos de control psicológico y religioso dentro de la organización.

Milagros Bogado, la joven misionera de 21 años que denunció haber sido víctima de trata de personas, fue dada de alta en las últimas horas tras permanecer internada en el Hospital “J. B. Iturraspe”. No obstante, todavía no pudo regresar a su provincia de origen y continuará bajo resguardo en un refugio de San Francisco hasta que declare en el marco de la causa judicial.

El caso salió a la luz a partir de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar. En esa comunicación, Milagros aseguró que se encontraba retenida, que no le daban de comer y que incluso le habían arrojado su bolso con pertenencias.

Según la investigación, Milagros estaba junto a su expareja, Patricio R. Rodríguez, también de 21 años, ambos oriundos de Misiones. La pareja se encontraba oculta en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, luego de haber llegado a la provincia de Córdoba desde Entre Ríos. De acuerdo a los testimonios recabados, la joven no sabía con exactitud dónde se encontraba.

El lunes pasado, la persona que recibió el pedido de auxilio se comunicó con la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, y aportó datos que permitieron iniciar de inmediato un operativo de búsqueda. En ese contacto, indicó que Milagros le había dicho que su ex la había trasladado hasta un campo cercano a Villa María.

A partir de un trabajo coordinado entre fuerzas policiales federales y provinciales, con la participación de la Guardia Local de San Francisco, se logró dar con la pareja. Rodríguez fue detenido y trasladado a la cárcel de Villa María, mientras que la joven fue rescatada y derivada al hospital con signos de haber sido golpeada.

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El hombre quedó imputado por el delito de trata de personas con fines de forzar una unión de hecho o matrimonio, una figura poco habitual en el país.

Durante la investigación, se pudo determinar que la pareja había arribado en colectivo a la terminal de ómnibus de San Francisco el pasado 7 de enero. Con apoyo de tecnología, informes de la Comisión Nacional de Transporte y el análisis de antenas de telefonía celular, se logró reducir el área de búsqueda. En menos de 48 horas, los investigadores establecieron los movimientos de ambos.

Además, fuentes judiciales confirmaron que Rodríguez tenía una orden de restricción vigente dictada por un Juzgado de Colón, en Entre Ríos, desde noviembre del año pasado, un dato que también forma parte de la causa que continúa en investigación.

La investigación por el presunto secuestro y sometimiento de Milagros Bogado continúa avanzando en el ámbito de la Justicia federal, tras el operativo que permitió el pasado miércoles rescatar a la joven y detener a Patricio R. Rodríguez, ambos de 21 años y oriundos de Misiones. El caso es seguido por la Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de María Marta Schianni, que ahora concentra su trabajo en el análisis de pruebas y testimonios para reconstruir cómo fueron los días previos al hallazgo.

Milagros fue encontrada en un campo de la zona rural de Saturnino María Laspiur, donde permanecía oculta junto al acusado. Según trascendió, la joven presentaba golpes y signos compatibles con violencia, lo que refuerza la hipótesis de que se encontraba privada de su libertad. El rescate se produjo luego de un llamado desesperado que la joven logró realizar a una familiar, en el que pedía ayuda y advertía que estaba en un campo de Córdoba y quería regresar con su familia.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la reconstrucción del recorrido que realizó la pareja desde Entre Ríos hasta Córdoba. A partir de información aportada por organismos nacionales, se estableció que ambos arribaron en colectivo a la Terminal de Ómnibus de San Francisco a comienzos de enero. Desde allí, los investigadores buscan determinar cómo se trasladaron hasta la zona rural donde fueron hallados.

En ese marco, la triangulación de datos de antenas telefónicas fue una herramienta clave para delimitar el área de búsqueda y continúa siendo analizada para precisar movimientos, comunicaciones y tiempos. También se evalúan audios y mensajes enviados por la joven, algunos de los cuales fueron difundidos públicamente por familiares y forman parte del expediente.La Fiscalía trabaja además en la toma de declaraciones testimoniales y pericias complementarias, mientras Milagros recibe contención y asistencia conforme a los protocolos vigentes para víctimas de este tipo de delitos.

Patricio R. Rodríguez permanece imputado, en una primera instancia, por el delito de trata de personas con fines de forzar a una persona a mantener una unión de hecho. Según se informó, sobre el acusado pesaba además una orden judicial de restricción dictada en noviembre del año pasado por un juzgado de la localidad de Colón, en Entre Ríos.

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Mientras se define su situación procesal, la Justicia federal continúa recabando elementos para determinar si existieron otras vulneraciones de derechos y si hubo participación de terceros. En paralelo, se destacó el trabajo coordinado entre fuerzas federales, provinciales y la Guardia Local de San Francisco, cuyo aporte tecnológico y operativo fue determinante para dar con el paradero de la joven en un plazo reducido.

La causa sigue en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones o medidas judiciales a partir del avance de las actuaciones.

La joven Milagros Bogado, de 21 años y oriunda de la provincia de Misiones, fue hallada en las últimas horas en la localidad de Saturnino María Laspiur, en el marco de un operativo conjunto desplegado por la Policía de Córdoba y la Policía Federal Argentina. La joven era intensamente buscada en la provincia desde hacía aproximadamente un mes.

Según informó el Ministerio de Seguridad y la Unidad Regional Departamental San Justo, el procedimiento se llevó a cabo este miércoles en zona rural de Laspiur y permitió dar con el paradero de la joven, junto a su presunto captor, Patricio R. Rodriguez, un hombre de 21 años, también oriundo de Misiones.

Tras el hallazgo, Milagros fue trasladada al Hospital Iturraspe de San Francisco, donde quedó bajo contención y evaluación médica. En tanto, el hombre fue detenido e imputado por el delito de trata de personas, conforme a la Ley 26.842, artículo 145 bis del Código Penal. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de Villa María y quedó a disposición de la Fiscalía Federal de esa ciudad, a cargo de la fiscal Guadalupe Riera.

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Del operativo participaron efectivos de la Departamental San Justo a cargo del comisario Pablo Nieto, DUAR y Patrulla Rural, junto a personal de la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló que el procedimiento se concretó a partir de una solicitud de colaboración de la Fiscalía Federal de Villa María para reforzar los rastrillajes en la zona. Indicó que, con la movilización del personal de la Departamental San Justo y el apoyo de unidades especiales, se logró encontrar con vida a la joven y detener a la persona que, según la investigación, la mantenía cautiva.

En los días previos al hallazgo, la familia de Milagros había denunciado que la joven se encontraba retenida contra su voluntad por su pareja. Incluso, una hermana de la víctima difundió audios en una comunicación con el canal Crónica TV, en los que la joven manifestaba de manera desesperada que estaba privada de su libertad en la región.La causa continúa en investigación en el fuero federal.

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo un operativo en una vivienda de calle José Iriarte al 1800, en barrio Villa Richardson. Allí fueron rescatadas dos mujeres de 23 y 38 años que permanecían privadas de su libertad y presentaban lesiones visibles.

El procedimiento se originó cuando una de las víctimas se presentó en un hospital y denunció haber sido agredida por su pareja. La denuncia permitió dar con el domicilio donde se encontraba la otra mujer retenida.

Según las primeras investigaciones, ambas mujeres habrían sido sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y distintos tipos de maltratos.

Un hombre de 28 años fue detenido en el lugar y trasladado a sede policial. Quedó a disposición de la Justicia. En tanto, las mujeres recibieron asistencia, contención y fueron trasladadas a sede judicial para resguardo.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer el balance y las acciones desde la entrada en vigor la Ley 26.364, la que permitió condenar desde 2008 a 1.043 personas.

Hace 17 años se promulgó dicha ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. Desde aquel momento y tras la declaración en 2013 de dicha fecha por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “el organismo renueva el imperativo de proteger a las personas víctimas y sancionar a quienes lucran con su explotación”.

De acuerdo a los datos que relevó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, desde 2008 se registraron 542 sentencias en el fuero federal y ocho acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 1.043 personas por hechos que perjudicaron a 2.560 víctimas.

Se estableció que, del total de los condenados, el 77,8% son argentinos y en su mayoría, varones: 64,2%. En cuanto a las víctimas, el 79% son mujeres, un 20,5% varones y un 0,5% personas trans.

De las 542 condenas, el 66% fue por el delito de explotación sexual y el 33,6% por explotación laboral, mientras que el 0,4% restante fue por otras finalidades.

Un dato que se sumó a este balance es que, en el último año, entre julio de 2024 y el mismo mes de 2025, se registraron 10 sentencias condenatorias y tres acuerdos conciliatorios, en las que fueron condenadas 22 personas por crímenes contra 82 víctimas.

“La detección temprana y la investigación son pilares fundamentales. Así, se iniciaron en PROTEX más de 3.700 investigaciones preliminares y, en el marco de la co- administración de la línea 145, se recibieron más de 19.208 denuncias, 2.415 solo durante el último año”, informaron.

Las autoridades de la PROTEX destacan que esos números “reflejan tanto el compromiso como los desafíos persistentes para profundizar en la investigación de este delito, y garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas damnificadas”.

Acerca de las acciones llevadas a cabo, explicaron que se participa activamente de las iniciativas, proyectos y planes bienales llevados adelante por el Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, que “coordina el diseño y la planificación de la política pública en materia de prevención, persecución y asistencia a las personas damnificadas”.

A nivel nacional, las autoridades señalan la “relevancia de una correcta identificación de víctimas vulnerables por su condición de discapacidad y la adecuada calificación legal de esos casos”.

En los últimos años, se intensificaron los esfuerzos para “identificar y procesar casos con especiales modalidades de explotación tales como organizaciones coercitivas, agencias dedicadas a la subrogación de vientres, y explotación de personas a través de medios virtuales, entre otras”.

En las primeras horas de la mañana de este sábado, San Francisco fue escenario de un importante despliegue policial por parte de la D.U.O.F. de la Policía Federal Argentina. Los operativos incluyeron múltiples allanamientos en la ciudad, en la vecina localidad de Freyre y simultáneamente en General Pinedo, en la provincia del Chaco, todos ordenados por el Juzgado Federal de San Francisco. Esta acción forma parte de una investigación en curso relacionada con el delito de trata de personas, en infracción a la Ley 26.364.

De acuerdo con información obtenida por LA VOZ DE SAN JUSTO, los lugares allanados incluyeron un campo cercano al hipódromo de San Francisco, una casa de un conocido empresario en el country Ayres del Golf, y una vivienda en el centro de la ciudad, así como propiedades en Freyre y el Chaco.

El operativo, que involucró a organismos nacionales y provinciales dedicados a combatir la trata de personas y la explotación laboral, permitió detectar infracciones a la ley laboral y otras irregularidades. Durante los allanamientos, se rescataron víctimas que vivían en condiciones inhumanas e insalubres, siendo explotadas laboralmente, con escasas herramientas y sin medidas de seguridad, durmiendo en el suelo en condiciones de hacinamiento en un recinto precario.

Por el momento, no se informaron detenciones.

La Conferencia Episcopal Argentina mostró su preocupación por el caso Loan en el marco por el Día Internacional de lucha contra la Trata de Personas que se conmemora el 30 de julio.

A través de un escrito, la comisión ejecutiva Episcopal, expresaron su “preocupación sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos”.

En este sentido, hicieron hincapié en el caso del menor desaparecido en Corrientes y su relación con la trata de personas: “Con todo el pueblo argentino, manifestamos nuestro dolor y preocupación por la desaparición de Loan y de otros niños, niñas y jóvenes, muchos de ellos sumidos en situaciones de empobrecimiento y vulneración de derechos”.

 “Cuando son niños y niñas quienes desaparecen ante nuestros ojos a causa de este flagelo la herida nos duele hasta el infinito”, señalaron.

En el mensaje del pasado 8 de febrero, el Papa expresó: “Abrir los ojos y los oídos, para ver a los que permanecen invisibles y escuchar a los que no tienen voz; para reconocer la dignidad de cada uno y para actuar contra la trata y contra toda forma de explotación”.

“Junto al Equipo No a la Trata, perteneciente a la Conferencia Episcopal, queremos reiterar en este día nuestra mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención. Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia. Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas”, manifestaron.

A su vez, pusieron en importancia que la política se entrometa en estos casos: “Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

“El desempleo y la informalidad en el mundo del trabajo constituyen un caldo de cultivo para la Trata y Explotación de Personas. El trabajo digno es la prevención más eficaz contra de este delito y en particular, permite superar la prostitución, uno de los hechos más degradantes de la persona”, sostuvieron.

Por último, piden que este día sea “una llamada a no quedarnos paralizados, a movilizar todos nuestros recursos en la lucha contra la Trata y por la restitución de la plena dignidad a quienes han sido sus víctimas. Si cerramos nuestros ojos y oídos, si permanecemos inertes, seremos cómplices”.

Más de 30 allanamientos se realizaron esta semana por una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral en un centro de rehabilitación por adicciones. Los procedimientos incluyeron a la provincia de Córdoba.

En los procedimientos rescataron a 403 víctimas, entre ellos menores de edad, según anticipó Gendarmería Nacional sobre la investigación a cargo de la Justicia Federal de San Luis. La causa apunta a la ONG Remar.

Uno de los operativos tuvo lugar en Juan B. Justo al 2200, en la ciudad de Córdoba. Además allanaron sedes de la organización en Río Cuarto y Las Higueras, donde retiraron a 24 personas, confirmaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

Las intervenciones restantes fueron desarrolladas en la Capital Federal y en las provincias de San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

Durante los allanamientos los gendarmes secuestraron notebooks, documentación más de 1.900.000 pesos y 9.140 dólares.

Siete sospechosos están en investigación. Si bien el juzgado no ordenó detenciones, les prohibió a los involucrados la salida del país y el acercamiento a los domicilios requisados.

Los investigadores pretenden determinar cómo era el manejo de dinero que recaudaban los voluntarios de la ONG, señaló una fuente a El Diario de la República.

En la Justicia Federal de Córdoba hay una causa abierta desde 2016 por presunta trata de personas en la sede de Remar en Río Cuarto.

Por esa investigación habían sido absueltos Pedro Gómez Martín y María Maite Varela Lorenzo, responsables de la ONG en la ciudad del sur cordobés, sin embargo en mayo pasado la Cámara de Casación Penal anuló esa decisión y pidió una nueva resolución.