La vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jessica Valentini, oriunda de San Francisco, juró como integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba durante un acto realizado el lunes 6 de octubre en la sala de audiencias del organismo.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Marta Cáceres de Bollati, quien tomó juramento a Valentini y al también vocal del TSJ, Luis Enrique Rubio, quienes integrarán el órgano de selección como primer y segundo suplente, respectivamente.

Las designaciones se formalizaron en cumplimiento de lo establecido en los artículos 164 y 165 de la Constitución Provincial y el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Córdoba. Ambos magistrados formarán parte del Consejo de la Magistratura durante el año 2025 y hasta tanto el TSJ disponga lo contrario.

Cabe recordar que Valentini asumió en febrero pasado como vocal del Tribunal Superior de Justicia, tras haber sido propuesta en diciembre de 2024 por el gobernador Martín Llaryora. En el máximo órgano judicial provincial se desempeña en la Sala Civil y Comercial.

El viernes 9 de mayo, el Poder Judicial de Córdoba supervisó la destrucción de armas secuestradas en el marco de investigaciones judiciales del año 2019 o anteriores, en Capital e interior. Estaban almacenadas en el Depósito de Armas y Efectos Secuestrados del Palacio de Justicia II, de la ciudad de Córdoba. Se devastaron, en total, 7700 armas: 4200 armas cortas y 3500 armas largas (carabinas, escopetas y rifles).

Por medio del Acuerdo 478, Serie “A”, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) autorizó la destrucción total de las armas de puño y largas, con excepción de aquellas de calibre 9 milímetros; 12.70 y 38 SP, por su eventual afectación a fuerzas de seguridad. Tampoco será destruidas aquellas que, por sus características especiales, justifican continuar con su custodia.

En dicha acordada, la Secretaría Penal del TSJ estableció la metodología a seguir en cuanto al inventario, clasificación, carga, traslado del armamento y forma de destrucción definitiva.

Unos 160 uniformados de distintas dependencias policiales participaron en el traslado de las armas realizado el viernes por la tarde. Incluso, se contó con personal táctico en altura.

El dispositivo de traslado y seguridad contó con la participación de personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales, Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (Eter), Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas (Seom), Patrulla Aérea, unidades de motocicletas, el Cuerpo de Acción Preventiva (CAP), Policía Caminera y efectivos del Ejército Argentino, entre otras dependencias.

Tal como se había planificado, a las 17.15 horas comenzaron a colocarse en pallets las cajas cerradas y lacradas que contenían en armas cortas de diversos calibres. A las 17.30, llegó al lugar el camión con un semirremolque que pertenece de la IV Brigada Aerotransportada. Seguidamente, personal policial procedió a cargar en el camión, los pallets con las cajas llenas de armas cortas. Una vez finalizada, se empezó a llenar el semirremolque con las armas largas. En esta labor intervinieron más de 40 agentes policiales.

A las 21, se terminó el proceso de carga del camión; a las 21.45 partió la comitiva policial en custodia al transporte que llevaba las armas a destino; a las 22.30, se llegó a la empresa Adalmi, ubicada en la localidad de Toledo, donde tendría lugar la destrucción; inmediatamente, comenzó el proceso de descarga. La fábrica involucrada en la operación prestó el servicio de fundición en forma desinteresada. A las 23, empezó la devastación de las armas, proceso que culminó el sábado 10 de mayo aproximadamente a las 9.45 horas.

La sanfracisqueña Jésica Valentini fue nominada por el gobernador Martín Llaryora para ser vocal superior del Tribunal Superior de Justicia, según informó anoche el  gobierno de la provincia.

Llaryora envió este domingo a la Legislatura provincial los pliegos para la designación de tres importantes figuras en el ámbito judicial y de defensa: Jessica Raquel Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Alfredo Bustos Fierro como Defensor General del Ministerio Público de la Defensa y Pablo Damián Pupich como Defensor Adjunto. Este trámite, ingresado el domingo, busca fortalecer la independencia y calidad en la administración de justicia en la provincia.

Valentini, nacida en San Francisco y con 62 años, es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su carrera se ha caracterizado por una amplia experiencia en la administración pública, habiendo desempeñado funciones en los gobiernos de Eduardo César Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Su currículum refleja un fuerte compromiso con los derechos sociales, especialmente en la defensa del consumidor y los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Además, Valentini es cofundadora del Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), una organización pionera en el país que promueve el diálogo interreligioso. Su labor en Cáritas también resalta su dedicación a causas sociales. A

Jessica Valentini asumió responsabilidades en la Defensoría del Pueblo de Córdoba, organismo en el que estuvo muchos años. Luego pasó por la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Córdoba. Actualemente se desempeña como Oficial Mayor del Departamento Ejecutivo, en la Municipalidad de Córdoba, y es directora ejecutiva del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.

Con esta designación, Llaryora asegura la paridad de género en el TSJ, ocupando una vacante dejada por la Doctora Blanc de Arabel quien renuncia a su cargo el 1 de febrero de 2024.

Por su parte, Pablo Alfredo Bustos Fierro es abogado egresado también de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente se desempeña como Fiscal General Adjunto y cuenta con un extenso currículum que incluye docencia universitaria y numerosas distinciones académicas. Ha sido disertante en diversos congresos y ha trabajado en el Tribunal Oral Federal como Secretario de Cámara. 

Previo al cargo actual, Bustos Fierro trabajó en el Tribunal Oral Federal donde fue Secretario de Cámara de Derechos Humanos y Secretario de Cámara; se desempeñó en la Cámara Federal de Apelaciones, donde ocupó los cargos de Secretario Penal Interino, Secretario de Juzgado, Secretario Relator, Prosecretario Administrativo.

El tercer designado, Pablo Damián Pupich, es abogado especializado en derecho penal económico. Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente se desempeña como Defensor Público Penal y Director General de las Unidades de Defensa. Su carrera profesional se inició en el Poder Judicial en 1997, donde ha ocupado diversos cargos relevantes, incluyendo Prosecretario letrado por concurso. Pupich también posee una formación académica destacada con diplomados internacionales que refuerzan su perfil profesional.

Con estas nominaciones, Llaryora no solo busca fortalecer las instituciones judiciales sino también promover una administración más inclusiva y representativa. Segùn el comunicado del gobierno la elección de Valentini destaca un compromiso con la equidad de género dentro del TSJ, mientras que las designaciones de Bustos Fierro y Pupich reflejan un enfoque hacia profesionales con experiencia y formación sólida.