Tras la jubilación de Mario Vignolo, el médico Darío Germán Gilardi (42) asumió como forense en los Tribunales de San Francisco, en una función atravesada por autopsias, análisis de escenas del crimen y decisiones técnicas que muchas veces inciden de manera directa en investigaciones judiciales de relevancia.

Oriundo de Caleufú, en el norte de La Pampa, Gilardi estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y desarrolló buena parte de su carrera en la capital provincial. Su llegada al cargo no fue casual ni inmediata. “Concursé varias veces para estar acá”, señaló. “Estoy contento de estar en esta zona hoy, tratando de día a día poder entregar lo mejor de mí para tratar de ayudar a toda la población en sí”.

Su vínculo con la medicina forense se fue construyendo con el tiempo. “Como el trajín de todo médico, cuando uno recién se recibe empieza a hacer guardias y demás. Luego de eso empecé a hacer la especialidad de medicina legal y forense. Una vez que me recibí, empecé a meterme en este mundo, a averiguar concursos, hasta que un día estuve en el Instituto de Medicina Forense y de a poquito me fui enamorando de esta especialidad”, relató en entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO.

Al explicar qué lo motivó, apeló a una idea que atraviesa toda su práctica: “Es esa cosa que uno tiene de detective adentro, de tratar de auxiliar al sistema judicial para acercarnos a lo que es básicamente la verdad real de los hechos”. En ese camino, también buscó desarmar ciertos prejuicios sociales: “La gente piensa que los forenses somos de corazón frío, en donde no trabajamos con otra cosa que no sea la muerte”.

Sin embargo, su descripción del trabajo cotidiano es distinta. “Un forense, de diez seres con los que trabaja, uno es una autopsia; el resto son seres vivos. Nosotros trabajamos con el sufrimiento”, explicó, dejando en claro que la tarea implica un contacto permanente con el dolor de las personas y sus entornos.

Antes de desembarcar en San Francisco, Gilardi trabajó durante años en el Ministerio Público Fiscal, donde amplió su formación más allá de la morgue. “Siempre digo que un cuerpo habla de lo que pasó, pero el lugar del hecho muchas veces grita lo que pasó”, afirmó. Esa experiencia lo llevó a involucrarse directamente en escenas, comprender contextos y sumar herramientas para el análisis integral de cada caso.

También incursionó en delitos de instancia privada, un campo que describió como frecuente y complejo. “Empecé a hacer lugar del hecho y luego me formé bastante en delitos de instancia privada, que lamentablemente son muy frecuentes”, indicó. Ya en su actual función, reconoció que continúa en proceso de adaptación: “Todavía estoy tratando de adaptarme, porque esto es un proceso”.

El cambio implicó además un impacto personal significativo. “Con un dolor en el alma muy grande, porque esto es mucho sufrimiento para las personas que más amo. Mi familia no se trasladó. Mi mujer y mi hijo no están aquí hoy, pero siempre con el deseo intacto de que volvamos a ser uno”, expresó.

En cuanto al ámbito laboral, destacó la dinámica colectiva. “Es un trabajo que requiere mucho conjunto. Hay una interconexión constante con fiscales, Policía, especialistas. Cada uno, desde su lugar, aporta un granito de arena para lograr el objetivo final, que es la búsqueda real de lo que pudo haber pasado”, sostuvo.

 Sobre el desafío profesional, fue claro: “Es un gran desafío. La circunscripción es muy grande, abarca San Francisco, Morteros, Arroyito y Las Varillas”. Aun así, remarcó que sus expectativas son positivas: “Son buenas las expectativas. Me estoy sintiendo cómodo”.

 En su recorrido, la figura de su antecesor ocupa un lugar central. “Vignolo es referente. Es un gran maestro, yo una vez le dije a él en un congreso, ‘para mí usted es Messi’, para hacer una analogía, creo que mucho tiene que ver con él, que yo esté hoy aquí”, recordó. Y agregó: “Fue una inspiración para mí”.

A la hora de definir su rol frente a la sociedad, eligió la humildad y el compromiso: “Nuestro trabajo puede cambiar la historia de un caso. Yo no vengo a reemplazar a nadie, jamás le podría llegar ni a los talones al doctor Vignolo. Pero sí puedo decir que voy a dar siempre lo mejor de mí”. En ese sentido, Gilardi consideró que la medicina tiene un componente vocacional profundo: “Ser médico es una suerte de sacerdocio”.

También subrayó la dimensión humana de su tarea. “En mí siempre van a encontrar una mano, un abrazo, un hombro donde llorar o donde contar historias desde la comprensión”, expresó, en relación con el vínculo que establece con las personas atravesadas por situaciones límite.

El impacto emocional de los casos es una realidad que no esquiva. “Decir que a un médico forense no lo marcan los casos, sería mentir”, aseguró. Y profundizó: “Hay casos que me han marcado a fuego, especialmente cuando hay niños involucrados. Me han costado lágrimas enormes”.

Frente a ese escenario, identifica a la pasión como el motor indispensable. “Si no hay pasión, si a un forense no lo mueve la pasión, no creo que otra cosa lo pueda mover”, afirmó. Para él, esa pasión es también una forma de sostén frente a lo más difícil: “Ese fuego sagrado es lo que te protege ante las cosas más tremendas”.

En esa misma línea, destacó que su trabajo no termina en el análisis técnico, sino que también busca aportar respuestas. “La humanidad también tiene que ver con los que quedan, con poder dar una probable respuesta ante semejante desolación”, señaló.

Entre las habilidades esenciales para la medicina forense, hay una que considera fundamental por encima de todas: la observación. “La observación es la madre de la investigación”, aseveró con énfasis. Y desarrolló su idea con una frase que resume su método de trabajo: “Yo soy un forense que observo, observo, observo, callo, observo, y tal vez hablo. Pero siempre, siempre, siempre la observación. Porque es la madre de la ciencia forense, es la madre de la investigación”.

Lejos de una mirada apresurada, insiste en la necesidad de revisar cada detalle. “A veces es necesario re-observar, re-observar de lo general a lo particular... volver, caminar sobre lo caminado”, contó, subrayando la importancia de la paciencia, la rigurosidad y la profundidad en cada intervención.

 Así, entre la técnica, la sensibilidad y el compromiso, Gilardi construye su identidad profesional en un campo donde cada conclusión puede ser determinante. En su visión, ser médico forense implica mucho más que analizar cuerpos: significa escuchar lo que no siempre es evidente y sostener la búsqueda de la verdad.

La inauguración del nuevo espacio adaptado para niñas, niños y adolescentes (NNA) en los Tribunales de San Francisco marcó un punto de inflexión en el modo en que la justicia local aborda las audiencias con menores de edad. No se trata solo de un ambiente colorido, con juegos, libros, pizarra y elementos pensados para la infancia: es, ante todo, una declaración de principios. “Nuestro trabajo es adaptarnos a ellos”, aseguró a LA VOZ DE SAN JUSTO el juez Andrés Peretti, al explicar por qué este ámbito era una necesidad impostergable.

 Hasta ahora, las audiencias con NNA se realizaban en despachos judiciales comunes. Lugares pensados para el trabajo técnico de magistrados y funcionarios, no para recibir a una persona menor de 18 años atravesada por situaciones dolorosas o complejas. “Los despachos tienen mesas con puntas de vidrio, enchufes, cables. No es un espacio adaptado, representa un riesgo de una manera u otra”, señaló Peretti, quien trabaja con casos de niñez, adolescencia, violencia familiar y penal juvenil.

 Ese escenario generaba incomodidad, tensión y más vulnerabilidad. Por eso, la creación de una sala especialmente diseñada —segura, amable, y con la posibilidad de moverse, jugar o expresarse sin rigidez— busca que los chicos lleguen a la audiencia con menos miedo y más libertad para hablar. “La idea es brindarles un entorno amigable, seguro, de contención, con colores diferentes”, expresó el magistrado. Un entorno que también permite otro tipo de abordaje: “Una mesa redonda, por ejemplo, cambia la dinámica. Quita esa distancia de autoridad del escritorio tradicional y nos ayuda a trabajar desde una perspectiva diferente, adaptándonos a lo que ellos necesitan”.

 Peretti remarca que la justicia que atiende a la infancia debe modificar gestos, ritmos y formas. No basta con buenas intenciones: se requiere sensibilidad y preparación. “Cuando tenemos chicos que transitan la condición del espectro autista, sabemos que debemos bajar la luz, evitar perfumes, modificar la forma de hablar. Nosotros nos adaptamos a ellos. Este espacio es un complemento de todo lo que venimos haciendo”.

 El juez también contextualizó la urgencia. “La situación que están transitando fundamentalmente los menores es la violencia: directa o indirecta. A veces porque son víctimas y otras porque presencian violencia entre los adultos que los cuidan”. Llegan a tribunales ya golpeados por un entorno hostil; por eso, recalca, el Poder Judicial no debe sumar más trauma. “Sabemos que venir al tribunal es una situación traumática. No queremos traumatizar más con espacios que no están preparados”.

 La creación de esta sala responde además a compromisos internacionales asumidos por Argentina, como las Reglas de Brasilia y las observaciones del Comité de Derechos del Niño, que exigen adecuar los procesos judiciales a las necesidades específicas de la infancia. Pero Peretti subraya que no se trata solo de cumplir normas: es una convicción. “Estos compromisos trascienden cualquier gobierno. El resultado de políticas adaptadas y no punitivas es completamente diferente”.

El nuevo espacio fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas del Poder Judicial y múltiples colaboraciones, incluidas intervenciones artísticas que buscan que el ambiente sea cálido y reparador. Se recibieron donaciones de integrantes de la sede local, así como también de otras ciudades. Entre ellas se destacan la labor de Eliana "Nani" Rondano quien, además de diseñar los vinilos que decoran las paredes del lugar, intervino activamente en la proyección de la sala, aportando su visión artística; y el aporte realizado por la delegada de Administración, Roxana Peredo, quien ha donado una obra legítima del reconocido pintor Milo Lockett que enaltece el espacio. Para Peretti, esto representa una puerta hacia algo más profundo: una justicia más cercana. “Todo esto forma parte del desafío de mejorar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables”, concluyó.

Un fallo del Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación de San Francisco ordenó a FCA S.A. – Jeep a indemnizar con más de $53 millones a un consumidor por la demora en la entrega de una camioneta adquirida a través de un plan de ahorro. La sentencia, dictada por la jueza Gabriela Castellani, representa un precedente relevante para la defensa de los derechos de los consumidores.

“El consumidor suscribió un plan de ahorro en julio de 2022. La fecha de entrega era el 17 de enero de 2023, pero el vehículo fue entregado recién el 20 de octubre de ese año, con más de 9 meses de demora”, explicó la abogada María Celeste Peretti, especialista en derecho del consumidor, quien lideró la estrategia legal junto a la letrada Nadia Izquierdo.

El contrato establecía una multa en caso de incumplimiento del plazo. El demandante reclamó judicialmente $20.364.387,94 por esa penalización y $500.000 por daño moral, más intereses. Finalmente, la sentencia fijó un monto que con sus intereses a la fecha de pago arrojó la suma de 53 millones de pesos  a favor del consumidor.

Durante el proceso, la empresa reconoció la demora pero argumentó que se debió a “restricciones aduaneras a la importación”. Sin embargo, la jueza desestimó esa defensa, apoyándose en un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo nacional que regula los planes de ahorro.

“Este organismo no ha dictado ninguna medida de carácter general que exima de responsabilidad a las entidades administradoras respecto al cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, se lee en la resolución judicial.

Además, la sentencia remarcó que la empresa incumplió el deber de brindar información clara y completa durante todas las etapas del contrato: precontractual, de ejecución y postcontractual.

La sentencia se encuentra firme y es considerada una señal alentadora para quienes enfrentan demoras injustificadas en la entrega de vehículos adquiridos por planes de ahorro.

El pasado jueves, el edificio de los Tribunales de la Quinta Circunscripción Judicial, en San Francisco, fue escenario de un simulacro de juicio con jurados populares, del que participaron 40 alumnos de sexto año del Instituto San Francisco de Asís (Isfa). La actividad, impulsada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) a través de su Oficina de Jurados Populares, tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento ciudadano sobre el funcionamiento del sistema judicial y fomentar la participación cívica desde las aulas.

El simulacro se llevó a cabo en la misma sede donde, hace 20 años, tuvo lugar el primer juicio con participación mayoritaria de jurados populares, en el que Víctor Fernando Luna fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía.

Durante la jornada intervinieron el juez Andrés Peretti, el defensor público Lucio Sarnago y el funcionario de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Sebastián Sánchez. También estuvieron presentes el secretario de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero, junto a personal de dicha dependencia. Los alumnos estuvieron acompañados por el docente Fernando Brochero y directivos del Isfa.

“La experiencia fue maravillosa, el trabajo, la preparación, la coordinación por parte de la Oficina de Jurados Populares fue brillante, y por supuesto, destacar la participación de los alumnos del Isfa, que fue realmente notable”, destacó Peretti en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

E magistrado explicó que el caso simulado estaba basado en hechos reales, con datos modificados por cuestiones de confidencialidad. La causa giró en torno a una tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por contexto de género, investigada por la fiscalía. En el desarrollo del juicio se representó la situación de una mujer agredida por su pareja.“Cada estudiante recibió su guion, lo estudiaron a la perfección. Aunque fue un simulacro, lo tomaron con mucho criterio. Todo el proceso avanzó hasta llegar al momento de la deliberación”, remarcó el juez. 

Durante la experiencia, los jurados populares analizaron dos cuestiones clave: si el hecho había existido tal como lo relató la fiscalía y, en ese caso, si el acusado era culpable o no. “Fue un debate muy rico y profundo, con muchísimo respeto. Se deliberó, se discutió y se arribó a un veredicto que fue leído en la sala, tal como ocurre en los juicios reales”, destacó Peretti.

Además, subrayó que este tipo de actividades permiten democratizar el acceso a la Justicia y desmitificar su funcionamiento ante la sociedad. “Estamos en un momento donde es necesario transparentar las decisiones judiciales, democratizar la justicia, hacer que la sociedad participe de las decisiones importantes. El juicio por jurados es una herramienta fundamental porque permite la participación directa de la ciudadanía en el Poder Judicial”, sostuvo.

Finalmente, Peretti expresó su deseo de que estas iniciativas se repitan con otras instituciones. “Nos enorgullece que la Oficina de Jurados Populares del TSJ haya elegido a San Francisco como sede para este simulacro. Ojalá se sumen más colegios, porque realmente es muy enriquecedor”, concluyó.

Mañana jueves, un grupo de 40 alumnos del Instituto San Francisco de Asís, de San Francisco, participarán en un simulacro de juicio con jurados populares en los tribunales locales. La actividad se desarrollará en la misma sede donde, hace 20 años, tuvo lugar el primer juicio con participación mayoritaria de jurados populares. Luego de aquel histórico debate, el acusado Víctor Fernando Luna fue condenado a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de la Oficina de Jurados Populares, viene desarrollando una serie de actividades de difusión y capacitación ciudadana con diferentes establecimientos educativos en distintos puntos de la provincia. 

Del simulacro participarán el juez Andrés Peretti, el defensor público Lucio Sarnago y el funcionario de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial, Sebastián Sánchez. También asistirán al encuentro el secretario de la Oficina de Jurados Populares, Gonzalo Romero, junto con personal de dicha dependencia. 

Por su parte, los alumnos del Isfa serán acompañados por el docente Fernando Brochero y directivos de la institución. “Este tipo de actividades demuestran el compromiso de los alumnos en aquellas iniciativas relacionadas con la participación ciudadana en la resolución de conflictos judiciales. Además, los ayuda a prepararse para cumplir la función de jurado popular cuando sean efectivamente convocados”, informaron desde el TSJ. 

Los alumnos que participarán en la experiencia ya recibieron una capacitación previa de la Oficina de jurados. Se distribuyeron los roles que desempeñarán durante el juicio. Habrá quienes interpreten el rol de fiscales, abogados, testigos, imputados, víctimas, peritos y, por supuesto, jurados populares.

La Justicia de San Francisco resolvió liberar y sobreseer a los dos hombres detenidos la semana pasada por un presunto intento de secuestro de tres niñas en barrio Jardín. La medida fue tomada el sábado 14 de junio por el fiscal Emilio Drazile, tras una investigación que avanzó rápidamente debido a la alarma social que generó el hecho.

El episodio se había denunciado el miércoles anterior, cuando tres niñas de entre 8 y 9 años alertaron que una camioneta se detuvo cerca de ellas y que dos hombres les habrían pedido que subieran. Asustadas, corrieron hasta una vivienda cercana y contaron lo ocurrido a sus familiares, quienes radicaron la denuncia y aportaron registros fílmicos.Esa misma tarde, personal policial localizó y detuvo a dos hombres oriundos de Rosario y Carcarañá (Santa Fe), en inmediaciones de la estación de servicio del ACA, sobre avenida Rosario de Santa Fe. También se secuestró la camioneta involucrada.

La Fiscalía activó medidas urgentes: se revisaron cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo Urbano y de casas particulares. Las imágenes confirmaron que los sospechosos no interactuaron con las niñas ni detuvieron el vehículo cerca de ellas. Solo pasaban por la zona.

Durante el proceso, se supo que un familiar de las menores les había dicho que “si no se portaban bien, las iban a entregar a los gitanos”, frase que habría influido en la interpretación del hecho por parte de las niñas.Los detenidos, vendedores ambulantes, colaboraron con la Justicia y entregaron sus celulares. No poseían antecedentes penales.

Antes de ordenar el sobreseimiento, se mostró a los padres de las niñas el material fílmico para descartar dudas. Confirmado que no hubo delito, los hombres fueron liberados. La causa sigue abierta, pero sin detenidos ni imputaciones vigentes.

Este martes, cerca de las 2 de la madrugada, personal de la Guardia Local y la Policía de Córdoba detuvo a un hombre mayor de edad que fue sorprendido intentando sustraer materiales de los Tribunales locales.

Durante un patrullaje preventivo por calle Las Malvinas, en la intersección con calle Esperanza, frente a los Tribunales, los efectivos observaron un carrito con dos ruedas de bicicleta y a un sujeto cargando una bolsa de cemento. 

Según informó el personal policial de guardia en la garita, el hombre había ingresado sin autorización al edificio.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de un móvil policial, que se hizo presente y procedió a trasladar al detenido a la sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Cámara del Crimen de San Francisco dictó sentencia contra Gustavo Bazán, quien en 2014 se desempeñaba como secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Morteros, en el marco de la causa por la muerte de Patricio Pedraza, un niño de 4 años que cayó a una boca de tormenta y falleció ahogado.

El trágico hecho ocurrió en abril de ese año, en la intersección de las calles Estrada y Pringles, donde una boca de tormenta carecía de una loza de cobertura. El menor, que vivía en las inmediaciones, fue intensamente buscado desde la tarde de esa jornada y, horas después, hallado sin vida por los Bomberos Voluntarios en el interior de la alcantarilla, que contenía aproximadamente un metro y medio de agua.

Durante el juicio abreviado, el imputado reconoció su responsabilidad a través de su defensa. El abogado penalista de la familia Pedraza, Dr. Luciano Fernández Cabanillas, informó que Bazán fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional y a siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde mediados hasta final de esta semana, la actividad en los Tribunales locales se verá gravemente resentida por el paro de 72 horas que llevarán adelante empleados del Poder Judicial de Córdoba con sede en San Francisco. 

La medida de fuerza que se suma a las asambleas y paros que se vienen realizando hace más de un mes tanto en San Francisco como en otras dependencias de toda la provincia se debe al pedido que realizan judiciales autoconvocados y empleados nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) por a la equiparación de su escala salarial con la que gozan los judiciales que trabajan en la Justicia Federal. 

Según pudo saber LA VOZ DE SAN JUSTO, se espera que el acatamiento en nuestra ciudad sea del 90% y si no hay respuestas afirmativas al reclamo por parte del Tribunal Superior de Justicia provincial, se propondría un paro por tiempo indeterminado. 

El viernes se les depositó a los trabajadores judiciales la diferencia de sueldos por la nueva recategorización por la reestructuración del escalafón provincial. Además, los empleados judiciales percibieron el 2% de aumento que la Corte Suprema de Justicia otorgó en el salario de febrero, más el retroactivo de ese incremento de los meses de marzo y abril.

El máximo tribunal nacional aún no oficializó los aumentos para los meses de marzo y abril, suba salarial a la cual están alcanzados los empleados del Poder Judicial de Córdoba.

Desde el TSJ, remarcaron que la reestructuración del escalafón (ahora quedó en seis categorías, como en la Justicia federal), significó un incremento en los salarios de los judiciales provinciales –en promedio- de entre el 10% y el 12%.

La información oficial indica que el sueldo del cargo inicial aumentará un 16,73 % para los agentes que no tengan título universitario, y un 12,68 % para aquellos que sí lo tengan; como es el caso de las abogadas y abogados. Este aumento alcanza a 1.760 agentes del Poder Judicial Provincial,

A pesar de esto, desde el colectivo de trabajadores mostraron intransigencia con respecto a su postura y la medida de fuerza por tres días fue confirmada. El titular del Agepj, Fderico Corletti indicó al respecto que “La reestructuración del escalafón es un paso importante, pero insuficiente para levantar el plan de lucha. Nuestro reclamo es por la equiparación salarial con la Justicia Federal, algo que los jueces y funcionarios judiciales provinciales cobran desde el año 2012”.

“La equiparación es un acto de justicia que se tiene producir. Desde el año 2012, los jueces y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba cobran el 90% de lo que perciben sus paredes federales. Esto debe ocurrir también con los empleados provinciales. Por eso decimos que la reestructuración de escalafón, que quedó con seis categorías como los federales, es un paso importante, indispensable, pero no suficiente. Ahora falta la equiparación”, aseguró.

Según el reclamo de los judiciales, un empleado que recién ingresa al poder judicial cordobés cobra $750.000, mientras que uno del fuero federal recibe $1.700.000. Situación que, por ejemplo, genera que un empleado de la justicia cordobesa con 10 años de antigüedad en su puesto de trabajo este percibiendo de salario $1.300.000.

Luego del paro de 48 horas concretado durante hace dos semanas, la concentración realizada en las escalinatas de Tribunales en la ciudad de Córdoba, esta emana los judiciales provinciales vuelven a parar, esta vez durante tres días y con la decisión de agudizar el reclamo si no hay instancias de diálogo superadoras. 

Serán tres días de unos Tribunales desiertos, con mínima actividad, a la espera que la mesa de negociación entre los actores involucrados garantice la normalidad, algo que por ahora parece estar lejos de que suceda. 

El Colegio de Abogados de San Francisco, a través de un comunicado difundido el lunes por la tarde, se expresó sobre el conflicto gremial que atraviesa a los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y que desarrollan sus tareas en la sede local de Tribunales. 

La misiva, firmada por el directorio de la entidad que nuclea a los abogados matriculados de la ciudad, expresa su preocupación por las medidas de fuerza que realizan los judiciales que ”impacta directamente en el acceso a la justicia".  

Además, aseguran que están abierto al diálogo con el objetivo de  “encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión”.

COMUNICADO CONFLICTO GREMIAL - PODER JUDICIALCOLEGIO SAN DE ABOGADOS SAN FRANCISCO

El Colegio de Abogados de la ciudad de San Francisco expresa su preocupación ante el cese de actividades por parte de los empleados del Poder Judicial, situación que impacta directamente en el acceso a la justicia.Desde nuestra institución hacemos un llamado a la reflexión y al diálogo, e invitamos al gremio de los judiciales a mantener una reunión para plantear sus problemáticas. Nuestro objetivo es poder elevar conjuntamente sus reclamos ante la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, buscando promover instancias de acercamiento y encontrar soluciones efectivas que garanticen la continuidad de los servicios judiciales, en resguardo de nuestra comunidad y del ejercicio de la profesión.Quedamos a disposición para colaborar en todo lo que sea necesario.

EL DIRECTORIO

La Justicia de San Francisco investiga un presunto abuso sexual luego de que una mujer accediera a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en el Hospital Iturraspe, cuando cursaba 32 semanas de gestación. La causa, de reciente inicio, está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Silvana Quaglia.

La mujer que solicitó la interrupción del embarazo mencionó a una persona como presunto autor de un abuso. Esta persona fue notificada por la fiscalía y ya se presentó con defensa legal. Según fuentes extraoficiales, el acusado niega los hechos y habría solicitado una prueba de ADN para descartar un vínculo biológico con el feto.

Desde la fiscalía evitaron brindar declaraciones. No obstante, aclararon que la Justicia no autoriza abortos, sino que estos se realizan en el marco de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. En tanto, en este caso, de confirmarse e abuso, la práctica médica se encuadraría dentro de las excepciones previstas por la ley: riesgo para la salud integral de la mujer o embarazo producto de una violación. La legislación permite su realización incluso más allá de las 14 semanas previstas inicialmente, si se cumplen estos requisitos.

La normativa contempla que basta con una declaración jurada de la persona gestante ante el equipo de salud para proceder, sin necesidad de denuncia penal. 

Empleados judiciales autoconvocados de la provincia de Córdoba realizaron hoy un "abrazo simbólico" a los Tribunales como forma de protesta ante la insuficiencia salarial y las condiciones laborales que enfrentan. La manifestación fue motivada por la creciente preocupación sobre los bajos sueldos en comparación con otras ramas del sector público y privado, así como la falta de acción por parte del gremio en respuesta a sus demandas.

Según los datos presentados por los empleados, hasta febrero de 2025, un trabajador judicial sin título y con un año de antigüedad percibe un sueldo neto de $797.304,23, mientras que uno con 5 años de experiencia llega a $894.470,58. En contraste, un empleado administrativo de comercio con tareas similares recibe un salario que varía entre los $908.164 y $951.775. Además, un empleado judicial auxiliar con título de abogado y 7 años de antigüedad gana $1.238.400,84, mientras que un docente con 27 horas semanales percibe un básico de $1.302.000.

"Un empleado judicial con un año de antigüedad apenas se encuentra por encima de la línea de indigencia", señaló uno de los trabajadores durante la protesta, destacando que la situación es aún más crítica si se considera el alto costo de vida, especialmente el alquiler, que supera el 50% del salario.

Los empleados judiciales también expresaron su malestar por la falta de acción del gremio AGEPJ, que, según ellos, no ha realizado reclamos adecuados de recomposición salarial, ni ha defendido sus derechos a ascensos y mejores condiciones laborales. "El gremio no exige una actualización salarial acorde a la inflación ni la equiparación con los empleados de la justicia federal, que realizan tareas similares a las nuestras", apuntaron.

En el marco de la protesta, los empleados demandaron a sus representantes gremiales que soliciten a la patronal una recomposición salarial urgente y definitiva, conforme a lo estipulado por el acuerdo N° 245 y la Ley Provincial 9725. Además, pidieron transparencia en las negociaciones y medidas concretas en caso de que sus demandas no sean atendidas.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

Los empleados judiciales de Córdoba señalaron además una notable diferencia salarial entre el Poder Judicial provincial y el fuero federal. Según explicaron, un ingresante al Poder Judicial de la provincia percibe un salario de $750.000, mientras que uno del fuero federal gana $1.700.000. Argumentan que el salario de la Justicia Federal es justificado, ya que los empleados deben cumplir con requisitos como rendir concursos, estudiar abogacía, recibir formación continua y especializarse.

En contraste, un empleado judicial provincial con 10 años de antigüedad recibe un sueldo de $1.300.000, por debajo de la canasta básica alimentaria. Además, denuncian que al ingresar al Poder Judicial se les inhabilita el título profesional, lo que les impide trabajar fuera de este ámbito, a pesar de la percepción pública de que los judiciales tienen sueldos elevados.

Otros reclamos incluyen la falta de insumos adecuados en los lugares de trabajo, lo que obliga a los empleados a comprar desde útiles hasta agua e insumos para el baño. También cuestionan los altos descuentos de la obra social (Apross), que, según indican, no ofrece una cobertura adecuada.

La Oficina de Concursos y Junta de Calificaciones del Poder Judicial de Córdoba convoca a concurso de antecedentes y oposición, para cargos de meritorios en el Área Jurisdiccional, para el Ministerio Público de la Defensa y sumariantes en las Unidades Judiciales del Ministerio Público Fiscal en Capital e interior, mediante Acuerdo 303 Serie “A” del 20/03/2025. Podrán consultar bases y condiciones en http://bit.ly/ConcursosPoderJudicial. 

Los estudiantes de Abogacía interesados en ingresar a la Justicia de Córdoba, podrán conocer las bases y condiciones accediendo al Acuerdo de Convocatoria y sus anexos, publicados en el botón “Archivos” en el sitio del concurso.

Para participar, deberán completar la solicitud de inscripción publicada en el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia (www.justiciacordoba.gob.ar ), en la sección “Concursos” hasta el día 07 de abril del corriente año, y adjuntar la documentación requerida para la admisión hasta el día 16 de abril del 2025 a la hora 23:59. 

La convocatoria responde a que el vencimiento de los órdenes de mérito del concurso anterior será en septiembre del 2025 (AR N°1456 Serie “A” del 28/11/2017), la nómina de aspirantes actual continuará vigente hasta esa fecha o hasta que se apruebe un nuevo listado, luego del cual caducará automáticamente. 

Los requisitos para presentarse a la convocatoria son los siguientes: 

a) Ser estudiante regular o libre de la carrera de Abogacía de nivel universitario con título oficial, habiendo alcanzado un nivel de avance académico entre el 10% y el 40% de exámenes finales aprobados con promedio general no inferior a seis (6) puntos, computando los aplazos, considerando el total de las materias promediables que integran el plan de estudios; 

b) Registrar actividad académica con examen final rendido en los últimos dos (2) años contados desde la fecha del presente acuerdo de convocatoria.

c) Tener aprobado al 16/05/2025 el examen de dactilografía y operador de PC en las instituciones que se indican en el Anexo “A” y conforme las temáticas y condiciones de aprobación detalladas en el citado anexo. Aquellos aspirantes que obtuvieron la aprobación de dicho examen en el marco de la convocatoria anterior. (Ac. 197 “A” del 16/03/2023), no deberán realizarlo nuevamente. 

d) No podrán participar egresados de la carrera de abogacía, considerando como fecha de finalización de estudios aquella en la que rindió la última materia. Tampoco podrán presentarse a concursar los agentes que, al cierre de la inscripción, hubiesen sido designados en calidad de interinos o efectivos en planta permanente de los Programas 920 o 921 de este Poder Judicial.

Durante el 2025, los aspirantes deberán rendir y aprobar un examen sobre conocimiento jurídico cuya característica principal es que la identidad del aspirante se mantiene en el anonimato a través del uso de un número de control.

 Los nombramientos serán oportunamente efectuados en función de las necesidades del servicio, conforme el orden de mérito que resulte. La participación o resultado del concurso no obliga a la designación del aspirante, más allá del número de vacantes que deban cubrirse.

Las consultas deberán canalizar exclusivamente por correo electrónico a:

 concursoingresantes@justiciacordoba.gob.ar

En un contexto judicial cada vez más complejo, Alberto Arrieta, presidente del Colegio de Abogados de San Francisco, expresó su preocupación por las vacantes en diversas fiscalías de la ciudad y la región, lo que impacta negativamente en el servicio de justicia. El titular del Colegio advirtió que la falta de cobertura en puestos clave, como fiscales y asesores letrados, podría generar un retraso significativo en la tramitación de causas y una posible afectación en la calidad de las investigaciones.

Al comenzar el año 2025, San Francisco enfrenta una escasez crítica de fiscales. Entre las vacantes más destacadas, se encuentran la Fiscalía de Delitos Complejos, que quedó vacante tras la salida de Bernardo Alberione, y la Fiscalía de la 4ª nominación, luego de la jubilación de la fiscal Leonor Failla. Además, sigue pendiente la designación de un fiscal para el Fuero Antinarcotráfico, función que hasta su salida también desempeñaba Alberione y que hoy está bajo la responsabilidad temporal del fiscal Oscar Gieco, quien también está a cargo de la fiscalía 1ª.

“Estamos en una situación muy complicada porque San Francisco, con dos fiscales (Oscar Gieco y Silvana Quaglia), tiene que cubrir cinco fiscalías. Eso marca una urgencia por la designación de estos cargos”, señaló Arrieta en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Según el abogado, las vacantes son un problema crítico no solo para los abogados, sino también para la sociedad en general, que se ve afectada por la demora en la resolución de casos.

Además de las vacantes en las fiscalías, también se suman otras el ámbito de la asesoría letrada. Arrieta explicó que la ciudad tiene vacantes en este sector debido a que funcionarios como Lucio Sarnado, quien aprobó el concurso para trasladarse a Córdoba, dejarán su puesto, mientras que la asesora letrada de Las Varillas, Virginia de la Vega, también dejará su cargo tras obtener su traslado. “La situación es preocupante, especialmente en áreas como violencia de género, menores y causas relacionadas con víctimas que no tienen recursos económicos para contratar abogados privados. Esto genera un verdadero conflicto porque ni siquiera hay suficientes abogados para cubrir esos cargos”, afirmó Arrieta.

El presidente del Colegio de Abogados destacó el impacto negativo que estas vacantes tienen en la calidad y eficiencia del servicio judicial. “Uno de los principales problemas es la demora. Un solo fiscal para dos fiscalías no puede hacerse cargo de todas las causas con la misma eficacia que si tuviera otro funcionario a su lado. Esto, además, afecta la calidad de la investigación”, explicó. 

Por otro lado, Arrieta resaltó que la demora en la cobertura de vacantes no se debe a una falta de voluntad por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino a los largos tiempos que lleva el proceso de selección de nuevos fiscales. “El proceso de convocatoria, corrección de concursos y la posterior designación puede demorar casi un año. Es un proceso que, aunque se realiza de manera automática, es demasiado largo”, expresó. Según Arrieta, esto obliga a buscar soluciones temporales, como la designación de fiscales reemplazantes, para al menos cubrir provisionalmente los cargos vacantes.

Consultado sobre el estado de las vacantes en el fuero civil, Arrieta aclaró que, en este ámbito, la situación es más favorable. “Los cargos en el fuero civil están todos cubiertos. La única vacante que persiste es la de una camarista laboral en los tribunales sanfrancisqueños”, dijo.

La situación en el ámbito federal es aún más grave, ya que el Juzgado Federal de San Francisco se encuentra sin juez ni fiscal. El juez Pablo Montesi falleció en 2024, y su puesto está siendo subrogado por Sergio Pinto, juez federal de Bell Ville. Por su parte, la fiscalía quedó vacante tras la destitución de Luis María Viaut, quien fue condenado por corrupción. La fiscalía está siendo temporalmente ocupada por la fiscal María Marta Schianni de Villa María.

“El fuero federal es mucho más grave porque no tenemos ni juez ni fiscal. Ya se abrió la inscripción para la designación de un nuevo juez, pero este proceso también llevará tiempo. Se deben cubrir tres cargos en la provincia, uno de ellos en San Francisco”, explicó Arrieta. En cuanto a la fiscalía, el Consejo de la Magistratura aún no ha convocado a concurso para cubrir el puesto de manera definitiva. 

Arrieta también hizo hincapié en los problemas que enfrenta el sistema judicial para cubrir las vacantes en los tribunales locales y federales. “El Tribunal Superior de Justicia realiza las convocatorias cuando se producen vacantes, pero el proceso de selección es muy lento. En el caso de los jueces federales, por ejemplo, el proceso de convocatoria será más rápido, pero en el ámbito provincial las demoras son considerables”, indicó.

El presidente del Colegio de Abogados destacó que uno de los principales retos es lograr una designación más ágil para evitar que los cargos queden vacíos por tanto tiempo. “Estamos trabajando en encontrar soluciones para acelerar los procesos de selección, pero por ahora la única opción es buscar reemplazantes temporales que al menos cubran las vacantes hasta que se resuelva el concurso”, añadió.

El Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de San Francisco, a cargo de Carlos Viramonte, resolvió días atrás imputar civilmente a un menor de 13 años que en el año 2020 abusó sexualmente de dos niñas de 3 y 6 años, respectivamente. 

A partir de ese fallo, los padres del adolescente deberán indemnizar a las víctimas y a su madre con una cifra que luego de las actualizaciones, asciende a los $ 65.120.285.

Si bien el agresor no pudo ser imputado penalmente ya que cuando cometió el hecho tenía 13 años, Viramonte justificó que la ley civil establece la imputabilidad a partir de los 10 años de edad (arts. 260, 261, 1749 y concordantes del CCC) y con el agravante de que la conducta del agresor fue ilícita y dolosa, ya que “cometió intencionalmente el hecho con el ánimo de menoscabar la integridad sexual de las víctimas”, según consigna el medio UP, que tuvo acceso al fallo judicial. 

Además el juez consideró que la madre de las niñas tiene legitimación activa para reclamar, por derecho propio, una indemnización del daño moral, toda vez que el hecho produjo una gran discapacidad en las niñas, en los términos del art. 1741 del Código Civil y Comercial.

Ayer, lunes, comenzó el programa "Vivenciando la labor judicial", una iniciativa que permite a estudiantes de distintas escuelas de San Francisco conocer de primera mano el funcionamiento de los tribunales locales. Esta actividad se desarrollará hasta el viernes 25 y tiene como objetivo acercar a los alumnos al trabajo del Poder Judicial y ofrecerles una experiencia práctica sobre su rol en la sociedad.

Durante el primer día, los estudiantes pudieron observar a la jueza de Cámara, Rosana Peredo, realizar un simulacro de una jornada laboral, donde se mostraron tanto las tareas judiciales como las administrativas que lleva a cabo diariamente. "Fue una vivencia hermosa porque Roxana se prestó a mostrar la labor judicial y administrativa, ya que ella cumple una doble función. Esto permitió explicar a los alumnos desde una visión práctica en qué consisten las funciones ejecutivas dentro del Poder Judicial", comentó Miriam Iglesias, coordinadora del programa junto a Carolina Rossi.

Iglesias también destacó la importancia de este tipo de experiencias para los docentes, quienes a menudo enfrentan dificultades para ilustrar a los estudiantes la relación entre los distintos poderes del Estado. "Nos posibilitó que los chicos pudieran ver cómo, desde el Poder Judicial, se resuelven conflictos de distintas áreas, algo que también pudieron abordar en charlas con diversos funcionarios durante las jornadas", agregó.

Hasta el momento, han participado cuatro instituciones de la ciudad: la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales (Uces); la Escuela Bilingüe y Bicultural Dante Alighieri; el Instituto Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas y Fasta Inmaculada Concepción.

La recepción por parte de estudiantes y docentes ha sido muy positiva, superando ampliamente las expectativas. "Estamos muy contentos de haber recibido a los chicos, la verdad es que la recepción fue excelente. Los docentes y directivos se comunicaron con nosotros varias veces para manifestar sus expectativas, y logramos que los alumnos conozcan los tribunales y el trabajo en general. Sin duda, es algo que seguiremos perfeccionando en los próximos años", concluyó la coordinadora.

El programa "Vivenciando la labor judicial" continuará recibiendo visitas de diferentes instituciones educativas de la ciudad a lo largo de esta semana, con el fin de fortalecer el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad educativa.

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco ratificó el cese de la medida excepcional adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y permitió que el adolescente Á. K. O., que tiene 17 años, retorne a su centro de vida y permanezca en forma definitiva bajo el resguardo de su padre.

Desde 2022, la Senaf venía interviniendo en la situación del adolescente debido a su exposición a conductas violentas en el ámbito barrial, el consumo problemático de sustancias y la deserción escolar. Estas situaciones ponían en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Como respuesta, la Delegación San Francisco de la Senaf adoptó medidas de protección, tales como disponer su resguardo en el Complejo Esperanza.

Al finalizar esta medida, en diciembre de 2023, Á. K. O. fue trasladado a la Residencia Casa Trejo, en la ciudad de Córdoba, en cumplimiento de una medida de protección excepcional por un período de 90 días. Esto, debido a que sus progenitores no podían garantizar la contención necesaria ni asegurar una crianza adecuada.

Durante ese tiempo, su progenitor recibió un tratamiento por ingesta de bebidas alcohólicas en un centro que pertenece a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. En junio de 2024, el juez Andrés E. Peretti dispuso el cese de la medida excepcional y autorizó la reintegración de Á. K. O. a su entorno familiar, ya que no había reincidido en conductas delictivas. Ante el tribunal, el joven expresó su deseo de vivir con su padre, quien podía garantizarle su bienestar y el respeto a sus derechos esenciales.

El tribunal destacó que la intervención conjunta de distintos actores sociales y judiciales permitió revertir la situación del adolescente. Asimismo, subrayó que, actualmente, el joven está realizando trabajos como vendedor en una panadería y ayudante de electricista. 

Asimismo, se instó a la Delegación San Francisco de la Senaf a continuar con su intervención mediante medidas enfocadas en el acompañamiento y la creación de herramientas que promuevan una mayor autonomía personal tanto para Á. K. O. como para su padre. Además, se sugirió al adolescente que retome sus estudios y la realización de un tratamiento de rehabilitación de adicciones.

En su resolución (que incluye una comunicación dedicada especialmente al adolescente), el juez Peretti afirmó: "La familia es el núcleo natural en el cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y desarrollarse". También remarcó la existencia de dos derechos básicos: "Primero, el derecho a ser oído y expresarse en todo asunto que le concierne; y segundo, la aplicación de esa regla en procesos judiciales donde el niño o niña se encuentre involucrado".

El juicio contra Leandro Sacco por abuso sexual pasó a cuarto intermedio y recién se reanudará el 7 de febrero de 2024, según informaron fuentes judiciales.

Las audiencias dieron comienzo el pasado jueves 14, con la declaración del acusado y de la víctima, que al momento del hecho –en 2021- tenía 17 años. 

Ese día, Sacco cambió su declaración original y aseguró que hubo una relación sexual consentida. Por su parte, la joven mantuvo los términos de su denuncia.

En la segunda audiencia, declararon tres testigos. Se trata de la propietaria y una empleada del local donde –según la denuncia- estuvieron Sacco y la víctima antes del hecho. También declaró una persona que estuvo en el mismo local gastronómico esa noche.

Tras solo dos audiencias y por una cuestión de calendario, el juicio ingresó en un cuarto intermedio hasta el 7 de febrero, cuando más testigos serán convocados a declarar.

El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2021, en tiempos de pandemia. En ese entonces, la víctima era menor de edad.

Según su relato, la joven había estado en un local céntrico junto a Sacco –que en ese momento tenía 24 años- a quien conocía. Luego ambos se subieron al auto del presunto abusador y compraron una cerveza, elemento clave para la investigación ya que la fiscalía considera que allí Sacco introdujo algún tipo de droga para llevar a cabo el abuso sexual.

Luego del acto, Sacco habría dejado en inmediaciones del Superdomo a la joven, quien al lunes siguiente radicó la denuncia. 

Este jueves, en los Tribunales de San Francisco dio inicio el juicio contra Leandro Sacco por abuso sexual sobre una joven que en el momento del hecho tenía 17 años. El acusado, según fuentes judiciales, cambió su declaración inicial en lo que fue la novedad más saliente de la primera jornada.

Según trascendió, Sacco –a diferencia de lo que había declarado anteriormente- habría reconocido que hubo un acceso carnal pero dijo que se trató de una relación consensuada. 

Por su parte, la joven mantuvo su versión de los hechos. Acusado y víctima habrían sido las únicas dos declaraciones de esta primera jornada de jueves. El juicio continuará hoy.

El hecho ocurrió el 14 de agosto de 2021, en tiempos de pandemia. En ese entonces, la víctima era menor de edad.

Según su relato, la joven había estado en un local céntrico junto a Sacco –que en ese momento tenía 24 años- a quien conocía. Luego ambos se subieron al auto del presunto abusador y compraron una cerveza, elemento clave para la investigación ya que la fiscalía considera que allí Sacco introdujo algún tipo de droga para llevar a cabo el abuso sexual.

Luego del acto, Sacco habría dejado en inmediaciones del Superdomo a la joven, quien al lunes siguiente radicó la denuncia.

Finalizó este viernes el juicio contra E.B y el joven de 23 años fue hallado autor de abuso sexual y condenado a 7 años de prisión.  

Luego de cuatro jornadas de audiencias que incluyeron los testimonios de varios testigos, hubo sentencia y el acusado seguirá preso. 

La causa investigó el abuso sexual de tres menores, dos de su círculo familiar y una tercera vecina del acusado en un barrio cerrado. En tanto, el juicio se centró en el caso de abuso intrafamiliar. 

La fiscalía había solicitado 11 años de prisión y la querella, 13. Finalmente, el juez condenó al imputado a 7 años.

Desde la defensa de E.B., a cargo de los abogados Felipe Trucco y Cristian Allán, informaron que aguardarán conocer los fundamentos del fallo –lo que sucederá el 22 de noviembre próximo- para analizar si presentarán un recurso de casación.