La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó a indagatoria al ex presidente Eduardo Duhalde, a su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, al periodista Horacio Verbitsky, a sindicalistas, legisladores y otras 30 personas por la causa conocida como "vacunatorio vip", que funcionó durante la pandemia bajo la órbita del Ministerio de Salud en el gobierno de Alberto Fernández.

Las audiencias arrancarán el 2 de octubre y se prolongarán hasta el 9 de diciembre.

Las citaciones fueron pedidas por el fiscal Eduardo Taiano, luego de que la Cámara Federal resolviera hace dos años ampliar la investigación y abarcar no solo a los funcionarios que autorizaron la vacunación VIP, al saltarse la fila, sino también sobre los que se aplicaron la vacuna durante la pandemia de covid.

Cómo está la causa

Solo tres personas fueron imputadas en la causa "vacunatorio vip" por los delitos de abuso de autoridad y peculado: Marcelo Ariel Guille, exsecretario del entonces ministro de Salud Ginés González García; el exsubsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Salvador Costa; y el exdirector ejecutivo del Hospital Posadas Alejandro Alberto Maceira.

En cuanto a Ginés González García, murió a los 79 años cuando su procesamiento estaba por ser confirmado. Al destaparse el escándalo, renunció a su cargo en febrero de 2021.

Ahora fueron llamados a indagatoria: Eduardo y Chiche Duhalde; el empresario Seza Manukian, de Mar del Plata;  el periodista Horacio Verbitsky; el empresario Florencio Aldrey del diario La Capital de Mar del Plata; sus familiares Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey y Félix Eulogio Guille, padre de Marcelo Ariel Guille, exsecretario del Ministerio de Salud.

También se indagará al diputado Jorge Taiana, excanciller; al diputado Eduardo Valdés; a María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, hijas del expresidente; a Lucía Antolini, Irene Ibón López, Néstor Eduardo Mandraccio, Adriana Mónica Avella, Rito Ramírez, Horacio Alejandro Cortez, María Felisa Mango y Marcelo Jorge Duhalde, hermano del fallecido Eduardo Luis Duhalde, quien fue secretario de Derechos Humanos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

La lista contínua con: Celina María Isabel Vega, Claudio Daniel Pardo, María Alejandra Cottini, el periodista Gabriel Michi, Camilo Martelletti, Inés del Carmen Páez Dalessandro, Graciela Margarita Miranda, María de los Ángeles Domínguez, Patricia Alsua (esposa del entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini), Esteban Collazo (fotógrafo presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández), el exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su mujer, Filomena Marta Burgos y Jorge Héctor “Topo” Devoto, publicista y dirigente kirchnerista.

Todos los citados recibieron la vacuna Sputnik V en un momento en el que las inmunizaciones eran pocas y no estaban disponibles para toda la población.

Control policial en la autopista Buenos Aires – La Plata. Se le pide a un conductor que haga la prueba de alcoholemia. La persona se niega a hacerlo. Aduce que alguien lo está filmando y de inmediato pide que le labren el acta de infracción, invocando para ello su supuesto derecho a negarse a cumplir la orden de los uniformados. Como se le retira la licencia, el conductor obliga a un empleado de la empresa Autopistas de Buenos Aires a que lo lleve a su casa. Y dispone que otro automóvil traslade de regreso al agente hacia el lugar donde se está llevando a cabo el operativo. 

La escena, que de por sí raya el escándalo, se volvió aún más grave cuando se supo que el protagonista del episodio —el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Blanco— acumula más de 20 millones de pesos en multas impagas por infracciones de tránsito. Una cifra que no solo habla de impunidad, sino también de una conducta sistemática de desprecio por la ley.

El hecho no es aislado. Expone una práctica arraigada en distintos espacios del poder político: la idea de que algunos funcionarios están por encima de las normas que rigen al resto de la ciudadanía. Que gozan de privilegios, amparados en el ejercicio de cargos públicos que deberían, en cambio, exigirles un estándar ético más elevado.

Sobran ejemplos de esta lógica muy particular: desde el vacunatorio VIP y la fiesta clandestina en Olivos durante la cuarentena más estricta, hasta la admisión de que asesores estatales son pagados con dinero público solo para hacer política partidaria o los caprichos de un consultor todopoderoso que opera desde las sombras. Pasando, claro, por “románticos” viajes en yate al Mediterráneo. Todo eso mientras los dirigentes de todos los signos ideológicos se jactan, en público, de ser intérpretes de las necesidades ciudadanas.

Se podrá argumentar que la anomia -esa costumbre de mirar para otro lado ante la infracción- es una constante en la sociedad argentina. Que eludir las normas aún es visto como un gesto de picardía criolla. Pero cuando el poder abusa incluso en los gestos más simples -como en un control vial-, el daño se profundiza. Porque muestra un rostro del poder en el que detrás de sonrisas impostadas y floreados discursos se esconden conductas de dudosa o nula estatura ética, amenazas veladas contra quienes se animan a disentir, operaciones montadas desde las sombras, “carpetazos” y teorías conspirativas como herramientas cotidianas.

La democracia se debilita cuando el poder deja de dar el ejemplo. Cuando el ejercicio de un cargo se convierte en escudo para no cumplir la ley. Cuando la distancia entre lo que se dice y lo que se hace ya ni siquiera intenta disimularse. La mentira entronizada y la hipocresía como sistema no son simples defectos: son síntomas de agonía de la moral.