El fiscal Anticorrupción Franco Mondino pidió enviar a juicio a 11 funcionarios públicos, entre ellos el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, por su rol en el supuesto encubrimiento y las maniobras posteriores al brutal crimen del joven Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba, en plena pandemia.

Además de Mosquera, están imputados el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano (actualmente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de la provincia) y el excomisario mayor Gonzalo Cumplido, por entonces subdirector general de Seguridad de la Policía.

La investigación en contra de los exfuncionarios se disparó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio de Blas Correas y ordenó investigar la conducta de varios funcionarios públicos por su accionar tras el hecho.

La fiscalía inició una investigación y ahora pidió elevar a juicio a los exfuncionarios por abuso de autoridad y omisión de auxilio, lesiones leves calificadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad en el manejo de cámaras de seguridad, y ofrecimiento y admisión de dádivas, informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, el fiscal Mondino archivó tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara: Liliana Zárate Belletti, exdirectora de Recursos Humanos de la Policía, fue sobreseída por la supuesta falta de control sobre la formación de policías; Augusto Lavalle y Carlos Ireneo Andrada fueron investigados por la falta de contención psicológica a las víctimas y familiares.

Por otro lado, Ana María Becerra, extitular del Tribunal de Conducta Policial, ya había sido investigada y sobreseída por hechos similares, por lo que no puede ser juzgada dos veces por lo mismo.

Queda pendiente la resolución la imputación por violación de medios de prueba, registro o documentos respecto a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.

El juicio por el crimen se realizó en 2023 y terminó con la condena de los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua.

Gómez efectuó cuatro disparos, dos de ellos a corta distancia y otros dos unos segundos más tarde contra el Fiat Argo en el que viajaban Blas Correas y sus amigos.

El disparo que lo mató entró por el centro de la insignia de “Fiat” del baúl, perforó el asiento y terminó en la escápula (omóplato) del joven.

Un hombre fue imputado por realizar amenazas contra María Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas Correas, el joven que fue asesinado por policías durante la pandemia de Coronavirus en la provincia de Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6, a cargo de José Bringas, imputó a un sujeto por considerarlo supuesto autor del delito de amenazas calificadas contra Laciar, el pasado 6 de octubre a través de la red social Instagram.

Fue la mamá de Valentino quien realizó la denuncia, por lo que se dio inicio a la investigación sobre la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios.

Los análisis contaron con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial (D.I.O.) y, como resultado de dichas tareas, en la madrugada del 28 de octubre de 2025 se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados dentro de la ciudad de Córdoba.

Desde el Ministerio Publico Fiscal provincial informaron que, durante el procedimiento, se secuestró de un celular, así como también se realizó la pre-visualización e inmediata extracción de información relevante para la investigación desde otros cuatro dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable).

El crimen del joven ocurrió en agosto de 2020 cuando en Córdoba comenzaron a abrirse algunos locales tras varios meses en cuarentena. Allí Valentino y sus amigos salieron a cenar, pero esa reunión temrinó en un nuevo caso de gatillo fácil.

En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de dicha provincia sentenció a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, al considerados culpables por los delitos de "homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también también por la tentativa de homicidio".

A su vez fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos por encubrimiento, ya que se habían puesto de acuerdo para "plantar" un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.

Las condenas contra los policías acusados de asesinar al joven Valentino Blas Correas en agosto de 2020 en la provincia de Córdoba, en un claro caso de gatillo fácil, fueron confirmadas este martes por el Tribunal Superior de Justicia.

En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de dicha provincia sentenció a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, al considerados culpables por los delitos de "homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también también por la tentativa de homicidio".

A su vez fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos por encubrimiento, ya que se habían puesto de acuerdo para "plantar" un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.

En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.

También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años). En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez.

El crimen del adolescente de 17 años sucedió el 6 de agosto de 2020, en plena iniciación de actividades en medio de la pandemia por Covid-19, cuando se trasladaba junto a sus amigos en un auto Fiat Argo, y luego de una discusión con un motociclista el vehículo fue detenido en un control de tránsito.

Sin embargo, el conductor se asustó, no frenó y luego los policías comenzaron a disparar contra el vehículo. Una de las balas impactó en la espalda de Correas, quien iba en el asiento trasero, ocasionándole la muerte.

En un segundo juicio, que tuvo lugar en octubre de 2023, condenaron a un empleado de la clínica donde se negaron a atenderlo.

Se trata de Fernando Casalino, empleado de la clínica Aconcagua, que aquella madrugada se negó que Blas Correas ingrese al hospital para ser atendido por el tiro que recibió.

Este martes, la Cámara de Diputados dio dictamen a la denominada "Ley Blas", que busca establecer como un delito la modificación de la escena del crimen por parte de funcionarios públicos.

El proyecto surge de la causa Blas Correas, un chico de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba en 2020, y la investigación estuvo intervenida por agentes que plantaron un arma. 

El proyecto fue presentando por la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, y fue elaborada junto a la familia de Blas. La iniciativa busca penalizar un accionar policial habitual en los casos de gatillo fácil. 

Esta iniciativa busca incorporar al Código Penal el delito de "alteración o modificación de la escena del crimen" por parte de funcionarios públicos, y prevé una "pena de 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado". 

El establecimiento del delito apunta a que el funcionario público que "en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo".

El dictamen fue aprobado por la mayoría de la Cámara y se encuentra listo para ser elevado al recinto para ser tratada.