La Provincia de Córdoba cesanteó a siete policías por su actuación durante el procedimiento que terminó con el crimen de Valentino Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado por un disparo policial el 6 de agosto de 2020 en la Capital.

La decisión fue adoptada a seis años del crimen por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que concluyó que los efectivos "incurrieron en faltas gravísimas al incumplir el deber funcional de resguardar la vida del joven cuando ya se encontraba herido".

La resolución administrativa alcanza a la oficial principal Natalia Soledad Márquez, la oficial subinspectora Melisa Janet Escalante, los cabos Leonardo Alejandro Martínez, Diego Norberto González y Emanuel Alejandro Fachisthers, y los agentes Rodrigo Emmanuel Toloza y Ezequiel Eduardo Henot.

En el caso de Márquez, además, el Tribunal le atribuyó haber ejercido "violencia física innecesaria" contra una de las personas que viajaban en el Fiat Argo donde se trasladaba Blas junto a otros cuatro jóvenes.

Cabe señalar que estos siete efectivos fueron enviados a juicio en diciembre de 2025 por el fiscal del fuero Penal Económico 2, Franco Mondino, acusados por presunto abuso de autoridad.

Se les achaca no haberle brindado ninguna clase de asistencia a Blas ni haberle permitido que llegase al Hospital de Urgencias, en el cruce de calles Chacabuco y Entre Ríos cuando era trasladado en el Fiat Argo por sus amigos Juan Cruz Camerano Echavarría y Camila Toci tras haber sido baleado en un control en la zona del Complejo Pablo Pizzurno. Blas finalmente murió en el auto.

El fiscal los acusó por no haber cumplido “la misión primordial de la institución civil armada de resguardar la vida”.

En paralelo, el fiscal Mondino mandó a juicio a la policía Márquez por el presunto delito de lesiones leves calificadas cometidas en abuso de la función. Le achacó haberle pegado dos patadas a Camila en el tobillo derecho mientras la palpaba de armas.

Todos están en libertad y no han sido condenados.

En aquella elevación a juicio, el fiscal también pidió que fueran juzgados el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, su exsecetario Lucas Sebastián Mezzano y el ahora excomisario mayor Gonzalo Cumplido.

Los acusó por presuntas dádivas.

Ahora, el Tribunal de Conducta resaltó a través de un comunicado de prensa que la cesantía fue impuesta luego de completar el sumario administrativo previsto por el Reglamento de Régimen Disciplinario Policial.

El organismo remarcó que su potestad disciplinaria es independiente del proceso penal y que "no depende de la existencia de una sentencia firme para aplicar sanciones".

Según señaló, su función consiste en preservar la moralidad administrativa, la probidad en el ejercicio de la función pública y el decoro institucional.

También destacó que actúa con autonomía respecto de la Policía de Córdoba y del Ministerio de Seguridad, como órgano de control externo creado por ley para evaluar la conducta funcional del personal policial y penitenciario.

La resolución sostiene que los siete efectivos fueron hallados “administrativamente responsables” por los hechos ocurridos durante el operativo policial de aquella madrugada, cuando Blas recibió un disparo por la espalda y murió minutos después.

Desde la Provincia se indicó que un efectivo policial cesanteado: no ejerce más como tal, no goza del estado policial y, por ende, no cobra más sueldo.

Valentino Blas Correas tenía 17 años cuando fue asesinado durante la madrugada del 6 de agosto de 2020.

Esa madrugada viajaba junto a cuatro amigos en un Fiat Argo luego de compartir una salida. Al llegar a un control policial ubicado sobre avenida Vélez Sársfield, a la altura del Pablo Pizzurno, el conductor decidió no detenerse por miedo y aceleró.

Los policías apostados en el retén abrieron fuego contra el automóvil. Uno de los proyectiles atravesó la luneta e impactó en la espalda de Blas, que viajaba sentado en el asiento trasero. Otros impactos por poco no matan a más jóvenes.

El adolescente murió pocos minutos después, mientras sus amigos intentaban llevarlo a un centro de salud.

La investigación judicial determinó que, tras los disparos, se montó un operativo de encubrimiento que incluyó la alteración de la escena y el "plantado" de un arma para intentar justificar el accionar policial.

El caso fue denominado como de violencia institucional por la Cámara 8ª del Crimen.

En marzo de 2023, esa Cámara 8ª, con la participación de un jurado popular, condenó a prisión perpetua a los cabos primeros Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón por el homicidio calificado de Blas.

Además, otros policías recibieron penas por distintos hechos de encubrimiento, entre ellos Wanda Esquivel, Yamila Martínez, Leandro Alexis Quevedo, Ezequiel Vélez, Sergio González, Walter Soria, Enzo Quiroga, Jorge Galleguillo, Juan Antonio Gatica y Juan Orlando Ramírez.

En tanto, Leonardo Martínez y Rodrigo Toloza habían resultado absueltos en el juicio penal.

Sin embargo, ahora ambos fueron cesanteados por lo otro ocurrido junto a otros cinco efectivos por decisión del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que evaluó su responsabilidad desde el plano administrativo y concluyó que incumplieron sus deberes funcionales durante uno de los casos de violencia institucional más graves registrados en Córdoba.

En la noche de este miércoles se entregó el cabo Leandro Quevedo, otro de los policías que habían sido condenados en el juicio por el crimen de Blas Correas y que estaba prófugo.

Quevedo había sido esquivo luego de la condena y tenía orden de captura desde que no se presentó el 22 de abril pasado.

Deberá cumplir una condena de cuatro años del prisión por encubrimiento, agravado por su rol de policía.

Cabe recordar que en la misma jornada, algunas horas antes, se había entregado el comisario Juan Antonio García, que también estaba prófugo y debe cumplir la misma condena. De esta manera, todos los condenados cumplen la sentencia.

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino pidió enviar a juicio a 11 funcionarios públicos, entre ellos el exministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera, por su rol en el supuesto encubrimiento y las maniobras posteriores al brutal crimen del joven Valentino Blas Correas, ocurrido el 6 de agosto de 2020 en Córdoba, en plena pandemia.

Además de Mosquera, están imputados el exsubsecretario de Coordinación y Planificación Estratégica, Lucas Sebastián Mezzano (actualmente en el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad de la provincia) y el excomisario mayor Gonzalo Cumplido, por entonces subdirector general de Seguridad de la Policía.

La investigación en contra de los exfuncionarios se disparó luego de la sentencia de la Cámara Octava del Crimen de Córdoba, que juzgó el homicidio de Blas Correas y ordenó investigar la conducta de varios funcionarios públicos por su accionar tras el hecho.

La fiscalía inició una investigación y ahora pidió elevar a juicio a los exfuncionarios por abuso de autoridad y omisión de auxilio, lesiones leves calificadas, encubrimiento agravado, abuso de autoridad en el manejo de cámaras de seguridad, y ofrecimiento y admisión de dádivas, informaron fuentes judiciales.

Por otro lado, el fiscal Mondino archivó tres de los ocho antecedentes remitidos por la Cámara: Liliana Zárate Belletti, exdirectora de Recursos Humanos de la Policía, fue sobreseída por la supuesta falta de control sobre la formación de policías; Augusto Lavalle y Carlos Ireneo Andrada fueron investigados por la falta de contención psicológica a las víctimas y familiares.

Por otro lado, Ana María Becerra, extitular del Tribunal de Conducta Policial, ya había sido investigada y sobreseída por hechos similares, por lo que no puede ser juzgada dos veces por lo mismo.

Queda pendiente la resolución la imputación por violación de medios de prueba, registro o documentos respecto a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.

El juicio por el crimen se realizó en 2023 y terminó con la condena de los cabos primeros Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón a prisión perpetua.

Gómez efectuó cuatro disparos, dos de ellos a corta distancia y otros dos unos segundos más tarde contra el Fiat Argo en el que viajaban Blas Correas y sus amigos.

El disparo que lo mató entró por el centro de la insignia de “Fiat” del baúl, perforó el asiento y terminó en la escápula (omóplato) del joven.

Un hombre fue imputado por realizar amenazas contra María Soledad Laciar, la mamá de Valentino Blas Correas, el joven que fue asesinado por policías durante la pandemia de Coronavirus en la provincia de Córdoba.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito I turno 6, a cargo de José Bringas, imputó a un sujeto por considerarlo supuesto autor del delito de amenazas calificadas contra Laciar, el pasado 6 de octubre a través de la red social Instagram.

Fue la mamá de Valentino quien realizó la denuncia, por lo que se dio inicio a la investigación sobre la autoría y el origen de los mensajes intimidatorios.

Los análisis contaron con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones y de equipos especializados de la Policía Judicial (D.I.O.) y, como resultado de dichas tareas, en la madrugada del 28 de octubre de 2025 se realizaron allanamientos en distintos domicilios ubicados dentro de la ciudad de Córdoba.

Desde el Ministerio Publico Fiscal provincial informaron que, durante el procedimiento, se secuestró de un celular, así como también se realizó la pre-visualización e inmediata extracción de información relevante para la investigación desde otros cuatro dispositivos móviles, mediante la utilización de la herramienta tecnológica “CAPTA” (Captura Ágil de Prueba Técnica Auditable).

El crimen del joven ocurrió en agosto de 2020 cuando en Córdoba comenzaron a abrirse algunos locales tras varios meses en cuarentena. Allí Valentino y sus amigos salieron a cenar, pero esa reunión temrinó en un nuevo caso de gatillo fácil.

En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de dicha provincia sentenció a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, al considerados culpables por los delitos de "homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también también por la tentativa de homicidio".

A su vez fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos por encubrimiento, ya que se habían puesto de acuerdo para "plantar" un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.

Las condenas contra los policías acusados de asesinar al joven Valentino Blas Correas en agosto de 2020 en la provincia de Córdoba, en un claro caso de gatillo fácil, fueron confirmadas este martes por el Tribunal Superior de Justicia.

En marzo de 2023 la Cámara Octava del Crimen de dicha provincia sentenció a prisión perpetua a los cabos Lucas Damián Gómez, de 37 años, y Javier Catriel Alarcón, de 33, al considerados culpables por los delitos de "homicidio calificado por ser integrantes de la Policía, y agravado por el uso de arma de fuego, como así también también por la tentativa de homicidio".

A su vez fueron condenados otros policías, de acuerdo a su grado de responsabilidad en los hechos por encubrimiento, ya que se habían puesto de acuerdo para "plantar" un arma en el auto de los jóvenes y de esa manera justificar los disparos contra ese vehículo.

En consecuencia, la agente Wanda Esquivel recibió tres años y diez meses de prisión, mientras que su compañera Florencia Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses.

También fueron condenados el subcomisario Sergio González (cuatro años y diez meses), el comisario inspector Walter Soria (cuatro años y nueve meses), el comisario inspector Jorge Galleguillo (cuatro años y ochos meses), el oficial ayudante Ezequiel Vélez (dos años y medio), el cabo Leonardo Quevedo (cuatro años) y el comisario inspector Juan Gatica (cuatro años). En tanto, quedaron absueltos los agentes Rodrigo Toloza y Leonardo Martínez.

El crimen del adolescente de 17 años sucedió el 6 de agosto de 2020, en plena iniciación de actividades en medio de la pandemia por Covid-19, cuando se trasladaba junto a sus amigos en un auto Fiat Argo, y luego de una discusión con un motociclista el vehículo fue detenido en un control de tránsito.

Sin embargo, el conductor se asustó, no frenó y luego los policías comenzaron a disparar contra el vehículo. Una de las balas impactó en la espalda de Correas, quien iba en el asiento trasero, ocasionándole la muerte.

En un segundo juicio, que tuvo lugar en octubre de 2023, condenaron a un empleado de la clínica donde se negaron a atenderlo.

Se trata de Fernando Casalino, empleado de la clínica Aconcagua, que aquella madrugada se negó que Blas Correas ingrese al hospital para ser atendido por el tiro que recibió.

Este martes, la Cámara de Diputados dio dictamen a la denominada "Ley Blas", que busca establecer como un delito la modificación de la escena del crimen por parte de funcionarios públicos.

El proyecto surge de la causa Blas Correas, un chico de 17 años asesinado por la Policía de Córdoba en 2020, y la investigación estuvo intervenida por agentes que plantaron un arma. 

El proyecto fue presentando por la diputada nacional por Córdoba, Gabriela Brouwer de Koning, y fue elaborada junto a la familia de Blas. La iniciativa busca penalizar un accionar policial habitual en los casos de gatillo fácil. 

Esta iniciativa busca incorporar al Código Penal el delito de "alteración o modificación de la escena del crimen" por parte de funcionarios públicos, y prevé una "pena de 4 a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública y para tareas de seguridad privada, siempre que no suponga un delito más severamente penado". 

El establecimiento del delito apunta a que el funcionario público que "en ejercicio u ocasión de sus funciones que, con el objeto de entorpecer una investigación, asegurar su impunidad o la de terceros o perjudicar la situación procesal de una persona, alterare pruebas o modificare la escena de un hecho delictivo".

El dictamen fue aprobado por la mayoría de la Cámara y se encuentra listo para ser elevado al recinto para ser tratada.