La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió hoy el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros hasta tanto el juez competente se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud de medida cautelar.

La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.

El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.

En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.

El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”.  Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.

La Asociación Civil Árbol de Pie, junto con otros actores particulares, inició a fines de diciembre de 2023 ante la justicia federal de Bariloche una acción de amparo colectivo en la cual se pidió declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 porque, al derogar la Ley de Tierras, se comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, de acuerdo con lo previsto en el art. 41 de la Constitución Nacional.

En su presentación, la Asociación señaló que el artículo 154 del DNU ponía en riesgo la utilización racional de los recursos, la preservación de la naturaleza y de la diversidad biológica. En consecuencia, solicitó cautelarmente la suspensión de sus efectos.

El Juzgado Federal de Bariloche, en febrero de 2024, sin expedirse sobre el fondo ni sobre la cautelar, ordenó la remisión de la causa a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba la causa “CECIM”. Entendió que dicho proceso -a pesar de que en ese momento carecía del carácter colectivo- atraía a los restantes que tuvieran el mismo objeto (la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023).

En julio de 2024, la Cámara Federal de La Plata, luego de dictar sentencia en el caso CECIM y luego de hacer lugar al recurso extraordinario del Estado Nacional contra su sentencia, ordenó remitir la causa de la Asociación Civil Árbol de Pie a la Corte Suprema, nuevamente, sin expedirse sobre sus planteos.

El 29 de septiembre de 2026, la Corte resolvió el caso CECIM, donde entendió que el actor carecía de legitimación activa al aludir a la afectación de soberanía nacional y por lo tanto rechazó la demanda que pretendía la declaración de inconstitucionalidad del art. 154 del DNU 70/2023. El tribunal dejó en claro tanto en su sentencia como en un posterior comunicado que la cuestión por la cual había rechazado la demanda era netamente procesal, sin haberse expedido sobre el fondo de la cuestión y que la decisión se ajustaba a sus precedentes.

En ese contexto, teniendo en cuenta el trámite singular de la causa “”Árbol de Pie”, es decir, que ninguno de los jueces había emitido una decisión sobre los planteos efectuados, entre ellos el pedido de una medida cautelar urgente, el pasado 30 de septiembre los amparistas le pidieron a la Corte que aclarase si se encontraban alcanzados por la sentencia dictada en el caso “C.E.C.I.M” y reiteraron la solicitud de medida cautelar que le habían pedido oportunamente a los jueces de las anteriores instancias sin obtener respuesta alguna.

Al analizar el planteo, la Corte Suprema señaló que, si bien no se encontraba frente a una acción o recurso alguno dado el “particular trámite” impreso a la causa por los tribunales inferiores debía darse una respuesta.

El máximo tribunal decidió suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 hasta tanto el Juzgado Federal de Bariloche se expida sobre la legitimación de los actores y la cautelar solicitada.

“No hay otro remedio distinto para que los litigantes y la comunidad en su conjunto fortalezca su confianza en el Poder Judicial que aplicar razonablemente la Constitución y las leyes atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso”, se añadió.

La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar. En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas.

Los magistrados designados fueron Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con extensa trayectoria judicial. Barroetaveña, cercano a Rosatti, integra el Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.

Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.

El acuerdo extraordinario fue convocado para esta mañana en carácter urgente, para resolver la disputa por la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, y pronunciarse sobre las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, eliminadas por el artículo 154 del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.

El expediente incluye un pedido de medida cautelar impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

De esta forma, las limitaciones que la Ley 26.737 imponía sobre la adquisición de predios rurales por ciudadanos extranjeros vuelven a estar vigentes.