El Senado dio un duro revés al gobierno nacional al rechazar los vetos del presidente Javier Milei sobre dos leyes clave: la de financiamiento universitario y la declaración de Emergencia en pediatría, con especial foco en el Hospital Garrahan.

La sesión, que se llevó a cabo durante la tarde, selló la suerte de ambas iniciativas. A pesar de los esfuerzos del oficialismo por retomar el diálogo político y acercarse a sectores dialoguistas en las últimas semanas, no logró reunir los votos necesarios para frenar el avance de las leyes. Con el rechazo, la Casa Rosada deberá promulgar ambas normativas, consolidando una nueva derrota política para el gobierno en Balcarce 50.

El proyecto de financiamiento universitario garantiza recursos adicionales para las casas de estudio del país, mientras que la emergencia pediátrica busca asegurar fondos y medidas específicas para mejorar la atención en hospitales públicos, con especial atención al Hospital Garrahan, referente nacional en la materia.

El temario de la sesión incluyó también otros puntos, como la prórroga de la designación de Mirta Delia Tyden como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Misiones, y la aprobación de dos tratados internacionales. Además, se debatió la media sanción del Programa Alerta Sofía, creado en 2019 por el Ministerio de Seguridad, destinado a difundir de manera inmediata la información sobre desapariciones de menores.

El rechazo a los vetos marca un claro triunfo del Legislativo frente al Ejecutivo y refuerza la presión sobre el gobierno para responder a las demandas sociales y garantizar la continuidad de políticas estratégicas en educación y salud pediátrica.

El gobernador Martín Llaryora, expresó su agradecimiento al amplio respaldo de los diputados del Congreso de la Nación que votaron en contra del veto a la Ley de Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan y del Financiamiento Universitario. “El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente y atender a sectores tan importantes para el bienestar de nuestra patria”, señaló a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que en la tarde de este miércoles la Cámara de Diputados propinó un nuevo revés al presidente Javier Milei al insistir en la sanción de ambas leyes, que habían sido vetadas por el Poder Ejecutivo. En detalle, el veto al aumento de financiamiento universitario fue rechazado con 174 votos afirmativos, 67 en contra y 2 abstenciones, mientras que la declaración de Emergencia en Pediatría, impulsada por la crisis en el Hospital Garrahan, contó con 181 votos a favor del rechazo, 60 en contra y 1 abstención.

Quiero agradecer el amplio apoyo de los diputados del Congreso de la Nación que esta tarde votaron a favor de la Ley de #EmergenciaPediátrica del Hospital Garrahan y en respaldo al #FinanciamientoUniversitario. El firme rechazo a los vetos presidenciales es una victoria de la…

Llaryora destacó que estas decisiones representan un paso fundamental para proteger pilares clave del país: la salud y la educación públicas. “Vamos a seguir trabajando con decisión para defender estos derechos fundamentales que impulsan el progreso de nuestra patria”, concluyó.

La Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional se sumó el martes al apagón nacional realizado a las 20, en rechazo a los vetos presidenciales a la Ley de Financiamiento Universitario y a la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica.

La medida, que tuvo alcance en las principales ciudades del país, consistió en un gesto simbólico que buscó visibilizar la preocupación de la comunidad educativa y sanitaria, y funcionó como antesala de la movilización convocada para este miércoles.

En San Francisco, la manifestación se llevará a cabo hoy, miércoles 17 de septiembre a las 18, con concentración en la sede de la UTN local. Desde allí partirá la marcha bajo la consigna “No al veto”, en línea con la convocatoria lanzada a nivel nacional por universidades, gremios docentes y centros de estudiantes.

En su momento, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con el vicerrector de la UTN San Francisco, Javier Saldarini y describió el panorama actual como “un momento complicado” para todo el sistema universitario.

“La situación atraviesa a todas las universidades nacionales. No se trata solo del presupuesto de funcionamiento —luz, agua, mantenimiento— sino también de las paritarias docentes y no docentes, congeladas hace tiempo, con pérdida de poder adquisitivo. Eso complica proyectar crecimiento y, en particular, la incorporación de recursos humanos y nuevas obras edilicias”, indicó.

Aun así, remarcó que la Facultad Regional San Francisco supo sostener su desarrollo en distintos escenarios de crisis. “En los ’90, en la crisis de 2001, en 2017. Siempre hubo un equipo comprometido. Será un tiempo complejo, pero con la fuerza de nuestra comunidad lo enfrentaremos”, afirmó.

A menos de 48 horas de la firma del veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Presidente Javier Milei, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) –a través de su rector, Rubén Soro– expresó su profunda preocupación por el impacto que la medida tendrá sobre la educación pública.

En un comunicado difundido este viernes y replicado por la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Soro advirtió que el Decreto 647/2025 “desfinancia a la universidad pública” y destacó que la educación superior es “un pilar de desarrollo, inclusión y justicia social”. Además, instó a los legisladores nacionales a rechazar el veto presidencial y sostener la ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria.

“El presente y el futuro del país dependen de la universidad pública, orgullo nacional que no puede quedar sometido a decisiones coyunturales”, señaló el rector, quien anticipó que la comunidad universitaria estará en las calles y plazas de todo el país acompañando el reclamo.

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La postura de la UTN San Francisco se suma al repudio expresado por la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que calificó la decisión de Milei como “un golpe institucional y social de extrema gravedad”. En su pronunciamiento, la entidad subrayó que el veto “lesiona la división de poderes, atenta contra la autonomía universitaria y desconoce el derecho humano a la educación superior”.

En paralelo, gremios docentes y no docentes anunciaron un paro nacional de 24 horas en todas las facultades, mientras que desde la Universidad de Buenos Aires uno de los sindicatos que agrupa a los profesores convocó a la primera movilización en rechazo a la medida.

Desde distintos sectores coinciden en que desfinanciar la universidad pública significa retroceder en conquistas históricas y limitar derechos que garantizan igualdad de oportunidades, movilidad social y desarrollo científico-tecnológico.

Los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) realizan un nuevo paro que comenzó a las 7.00 de este viernes, en rechazo al veto de la Ley de Emergencia Pediátrica.

La medida de fuerza se decidió luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia Pediátrica y la misma afectará al funcionamiento del centro de salud debido a que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades y sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia.

Además, habrá una asamblea a las 13, mientras que también tienen previsto congregarse a las 15:30 para llevar a cabo una marcha desde el Congreso de la Nación y llegar a las 17:00 a la Plaza de Mayo.

La citada norma había sido aprobada por el Congreso que establecía mayores fondos y mejoras salariales para el Hospital Garrahan y otros centros pediátricos del país.

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron a una masiva Marcha Federal, que se realizará en la fecha en que la Cámara de Diputados convoque a una sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la federación estudiantil más importante de Argentina, sostuvo que si “hay veto, hay marcha”.

“Invitamos a todos los estudiantes, profesores, investigadores, no docentes y a toda la sociedad argentina a marchar al Congreso Nacional el día del tratamiento del veto en la cámara de Diputados. Contamos con tu presencia. No veten nuestro futuro”, concluyó en X.

La Conadu Histórica, en tanto, difundió un plan de lucha que consiste en una jornada de visibilización este jueves, un paro nacional Docente y no Docente el viernes y la Marcha Federal Universitaria “el día que el Congreso trate el veto”. 

Con un mensaje más conciso, la Conadu también llamó a un paro y marcha por la Ley de Financiamiento Universitario, en contra del veto presidencial.

El senador nacional de Unión por la Patria Mariano Recalde prometió que desde ese espacio político van a “impulsar el rechazo al veto como hicimos con la emergencia en discapacidad”. 

“Lo que está claro es que no escuchó el mensaje del domingo en las urnas. Habrá que repetírselo con más fuerza en octubre”, enfatizó en alusión a Milei.

El senador nacional de la UCR Martín Lousteau se quejó por el veto total a la ley de financiamiento universitario y afirmó que “plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina”. 

“Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”, escribió el economista en X.

La diputada nacional de Unión por la Patria Julia Strada aseguró que desde la oposición van a insistir por la vigencia de la norma.

“Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente. Prorrogó dos veces el presupuesto y vetó dos veces el financiamiento educativo. En la medida que no tenga presupuesto, Milei seguirá ajustando abusivamente sobre las áreas más sensibles, educación, salud, discapacidad y jubilaciones”, alertó. 

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que con su decisión, el presidente Javier Milei “decide darle la espalda a las universidades públicas”. 

“Con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, no sólo desconoce la voluntad popular: debilita la educación, la igualdad de oportunidades y el futuro de millones de estudiantes, docentes e investigadores”, indicó. 

Para el presidente de la Coalición Cívica, “defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país”. 

“No nos van a frenar. Vamos a insistir hasta que se respete de una vez la educación de todos los argentinos”, concluyó Ferraro en la red social X.

Por su parte, el diputado del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo llamó a que hayan “cientos de miles en las calles” cuando el veto a la ley se trate en el Congreso.

“A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”, sostuvo el referente del PTS, sociólogo y profesor universitario.

En tanto, el diputado nacional de Encuentro Federal Florencio Randazzo expresó: “Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia. Nosotros vamos a dar vuelta este veto”. 

El jefe del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, anticipó que desde ese espacio rechazarán este nuevo veto del Gobierno.

“Presidente Milei: Usted fue elegido para gobernar para todos. Sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos. Como diputados tenemos la obligación de INSISTIR en la ley de Financiamiento Universitario”, indicó el radical bonaerense. 

En una posteo en X, Juliano resaltó que “acceder a una educación de calidad es condición imprescindible para progresar como individuos y como sociedad”.

En la misma sintonía, su compañera de bancada Marcela Coli consideró que “el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque a la educación pública y a miles de estudiantes que sueñan con un futuro mejor”. 

“Las universidades son movilidad social, conocimiento y desarrollo para la Argentina. Nos vemos en el recinto para bajar ese veto”, advirtió.

Desde Argentina Humana, el espacio que coordina Juan Grabois, señalaron que en el Gobierno “no escucharon el mensaje del domingo”. 

“Le vamos a llenar las calles, las plazas y las urnas para frenar a esta caterva de hijos de puta”, fustigaron.

La diputada nacional de la UCR Gabriela Brouwer de Koning analizó que el veto a la ley de financiamiento universitario es “otro grave error del Gobierno Nacional” y “un palo en la rueda para las oportunidades de desarrollo que el pueblo argentino necesita con urgencia”.

“Esta medida golpea especialmente a jóvenes del interior del país y de los sectores más desfavorecidos. Defenderemos la educación pública en las calles y dentro del Congreso”, expresó la radical cordobesa.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso este miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario y la oposición analiza si intentará rechazarlo en una sesión especial el próximo miércoles.

La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con una amplia mayoría de 158 votos afirmativos, que, sin embargo, no llegaba a los dos tercios. Esa es la mayoría especial que la oposición deberá reunir si quiere revertir el veto e insistir con el proyecto original.

En esa misma sesión especial también se aprobaron la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis del Hospital Garrahan y el reparto automático con las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que también serán vetados por la Casa Rosada. No obstante, esos dos vetos aún no se remitieron al Congreso y el plazo vence este jueves.

La ley vetada por Milei había sido impulsada originalmente por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establece que los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación se deben actualizar por inflación automáticamente. También ordena la convocatoria a paritarias -dentro de tres meses- para recomponer el salario docente y no docente y aumentar las becas, entre otros puntos.

La Casa Rosada rechazó la iniciativa desde un primer momento porque aseguraba que su costo fiscal era demasiado alto y pondría en riesgo el superávit fiscal, piedra fundamental de todo el plan económico.

Según el oficialismo, la aplicación de la ley generaría un costo adicional de $1.069.644.600.000 para el presupuesto 2025, sin identificar fuentes de financiamiento específicas ni partidas a reasignar.

El veto se fundamenta en el incumplimiento del artículo 38 de la Ley N° 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos especifique las fuentes de recursos concretas, actuales y suficientes.

En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.

La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El Congreso Nacional no insiste con la sanción de una ley vetada por el Gobierno desde hace 22 años, pero en los próximos días el Parlamento desafiará al presidente Javier Milei ya que el Sendo dejará firme la emergencia en materia de discapacidad.

 La última vez que el Parlamento rechazó un veto total fue el 12 de marzo del 2003 en el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1 de enero del 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio de una grave crisis social y economía.

 De acuerdo a la Constitución Nacional un Presidente puede vetar en forma total o parcial una ley y el Congreso para insistir con una iniciativa debe reunir en cada cámara los dos tercios de los votos.

 Duhalde vetó en forma total la ley 25715 sobre reducción de los aranceles para la importación del azúcar que esa medida fue rechazada por el Congreso Nacional y promulgada en los primeros días de abril del 2003, según detalla la Dirección de Información Parlamentaria.

 Desde esa fecha el Congreso no había desafiado a un Presidente como lo hará ahora cuando el Senado, en un plazo de 15 días, deje firme la ley de emergencia en materia de discapacidad, que actualiza los valores en las prestaciones y las pensiones que es rechazada por el Gobierno Nacional.

 La Cámara de Diputados aprobó por 172 votos la insistencia de la ley de emergencia en discapacidad que fue vetada porque el Gobierno sostiene que rompe el equilibrio fiscal y en un plazo de quince días hará lo propio el Senado Nacional ya que tiene los dos tercios para tomar esa decisión.

 De acuerdo a la oficina de Presupuesto Nacional la ley votada en el Congreso puede tener un impacto  entre 0,25% y 0,45% del PIB, aunque señalo que podría ser mayor por diferentes medidas incluidas en la Ley que no son posibles de estimar.

 Otra ley que se encamina a ser confirmada por el Congreso Nacional si el Gobierno decide como ya lo anunciado vetar es la que declara la emergencia de del hospital Garrahan, ya que fue aprobada con mas de dos tercios tanto en diputados como en el Senado.

 Desde que asumió el presidente Javier Milei veto seis leyes, dos veces el aumento jubilatorio, el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional, la emergencia en materia de discapacidad y la ayuda a los inundados de Bahia Blanca.

 Hasta ahora pudo blindar las dos leyes vinculadas al aumento de haberes a los jubilados ya que en el 2024 y el último miércoles consiguió el tercio necesario para ratificar esa medida del Poder Ejecutivo.

 En los últimos 42 años, el Congreso Nacional ha insistido en 41 oportunidades vetos totales o parciales, y el presidente que mas derrotas tuvo hasta ahora es Duhalde, ya que la mitad de sus medidas fueron rechazadas por el parlamento.

 Duhalde en años y medio de mandato vetó en forma total 13 leyes de las cuales 7 fueron promulgadas luego de la insistencia votada por el Congreso Nacional.

 De todas maneras, el presidente de la Nación que mas vetos totales realizó fue Carlos Menem que estuvo 10 años de mandato ya que lo hizo en 95 oportunidades y solo 18 de esa leyes fueron confirmadas por el Congreso Nacional.

 El primer presidente de la restauración democrática en 1983 Raul Alfonsin vetó en forma total 37 leyes en sus cinco años y medio de mandato, mientras que Nestor Kirchner lo hizo en cuatro años en 13 oportunidades.

 El único presidente que no vetó en forma total ningún proyecto fue Alberto Fernández, mientras que Cristina Fernández de Kirchner en sus ocho años de gestión vetó en forma total 3 leyes, entre ellas la ley jubilatoria para que los haberes representen el 82 por ciento móvil.

 Otro presidente que no tuvo mayoría tampoco en el Congreso fue Mauricio Macri que realizó cinco vetos totales pero el Congreso no rechazó ninguno de ellos.

  Entre las leyes rechazadas por Macri figuran la emergencia tarifaria, y la emergencia ocupacional.

El pasado miércoles la Cámara de Diputados concretó el rechazo del veto a Ley de Emergencia en Discapacidad dispuesto por el presidente Javier Milei. Ahora, para que la medida del ejecutivo nacional quede sin efecto, y la ley comience a regir hasta 2027, deberá suceder lo mismo, pero en la Cámara de Senadores. Es decir, se necesitan otros dos tercios de votos en contra para que la emergencia entre en vigencia.

Aylén Di Giovanni y Roberta Montenegro son dos madres que integran el grupo de padres CEA San Francisco, un colectivo que aúna a familiares de niños con discapacidad vinculada a alguna condición del espectro autista, y que este miércoles tuvieron una buena noticia en Diputados. La noticia que esperaban tener.

El hijo de Aylén tiene 6 años, tiene autismo y trascurre su educación en la escuela Río Negro. Además de sus vínculos familiares, precisa de fonoaudióloga, psicopedagoga, terapista ocupacional, psicomotricista, maestra integradora, y además una psicóloga que trabaja con la familia.

El hijo de Roberta, de 5 años, asiste a la Sala de 5 del jardín de la escuela J.B. Iturraspe y es asistido por una fonoaudióloga, psicomotricista, una acompañante terapéutica y la psicóloga para la familia.

El autismo tiene grados de complejidad y eso hace variar la cantidad de terapeutas necesario para trabajar las estimulaciones necesarias para que sea posible el objetivo y deseo, de la inclusión. La persona con discapacidad, cualquiera sea y dentro de todo el universo de cuadros posibles, requiere generalmente de estos equipos de trabajo para que su vida tenga la dignidad que cualquier persona merece.

Todos esos equipos están integrados por profesionales, específicos, que no dejan de ser trabajadores y que como cualquiera, sea senador o psicomotricista, merece un salario por su trabajo.

Ahora bien, esos profesionales, prestadores de servicios, están sujetos a un régimen de pagos que a veces tarda en llagar cuatro o cinco meses una vez emitida la orden a la obra social. Eso, produce no solo un estado de precarización, sino que sobre todo, y en muchos casos la necesidad de estos profesionales de cortar tratamientos que llevan años, vínculos que llevan años, logros y avances hacia la inclusión deseada que son posibles gracias a ese vínculo que lleva años y que solo quedan en el olvido por módulos, horas de trabajo, que se pagan mal en tiempo y monto.

También las familias encuentran complicaciones a la hora de las autorizaciones de esos módulos, de esas horas de terapias. Dice Aylén: “Yo tengo obra social, y por lo menos menos nunca renegamos. Pero, autorizan una sesión por semana. Mi hijo va dos veces por semana de la fonoaudióloga. Y de las otras va una. Y no autorizan más. Entonces en mi caso, por ejemplo, sí me veo muy afectada. Si no aumenta el tipo de prestaciones, porque aparte los terapeutas cobran 90 o 190 días, que es un montón. O las terapeutas cobran un plus, que obviamente no le están haciendo. O directamente deciden cortar las terapias por un tiempo hasta que se regularice. O sea, es toda una cuestión burocrática bastante jodida.

Porque si nosotros tuviéramos que pagar, estaríamos pagando arriba de más de un millón de pesos de terapia. Y obviamente no nos alcanzaría. Y si se tienen que cortar esas terapias son vínculos que se pierden. Porque uno viene trabajando durante mucho tiempo con los mismos terapeutas, buscando el mismo objetivo. Ya conocen al chico. O sea, cambiar toda la rutina es muy difícil y más para una persona que necesita eso en su vida”.

Y Roberta agrega: “Los terapeutas tienen mucha vocación. Porque no cualquiera trabaja con personas con discapacidad. Hay padres que para que vayan todos los días pagan de su bolsillo una parte. No es que recibimos todo de arriba. Hay muchas cosas que se pagan para poder compensar la dilación en los pagos. Por eso también es re injusto todo lo que se generó alrededor de la ley y el veto. Porque es como que de repente las personas con discapacidad son todas truchas, viven del Estado, no hay auditorías. No hay controles. Nosotros pasamos todos los años auditorías. Si cambiamos algo, auditoría, con las demoras que eso conlleva. Entonces es como que se arma también toda una historieta alrededor que hace que la opinión pública vaya en contra de las personas con discapacidad y los familiares.

Yo creo que ninguno de nosotros que está en situación de discapacidad, quisiera estar en esta situación. No sacamos ningún provecho. Habrá gente que sí, seguramente. Pero si el negocio está, no está con las personas con discapacidad y sus familias. Estará alrededor”.

Este punto, es uno de los temas centrales de Ley de Emergencia que fue vetada, es decir la regularización de pagos y actualización de aranceles. Porque no se trata solo de un aumento de las prestaciones por una cuestión inflacionaria, no es un número, sino que habla como todo lo que hay detrás de esta emergencia, de la calidad de vida, la dignidad cotidiana y la inclusión de personas con discapacidad, algo que, sin los profesionales, las familias no podrían lograr.

“Me parece que es algo que ni siquiera tendríamos que discutir”, es lo poriemro que me dice Aylén cuando le pregunto por todo el conflicto entre Ian moche y su familia y el presidente Javier Milei “Está la vista que una persona adulta no tendría por qué hacer esas cosas. Y menos una persona que representa una nación. Me parece que es una burla total hacia la inteligencia de las personas”, agrega con una mezcla de enojo y hartazgo.

“No hay mucho más que decir sobre eso. Vos podés estar de acuerdo o no con el presidente. Pero esto no tiene nada que ver con que sea partidario. Simplemente es una cuestión de lógica y sentido común. No podés hacer una cosa así. Nosotros ya venimos viendo muchas actitudes y muchas cosas. Como cuando pasó lo del veto. Que sin ir más lejos se reía diciendo que lo iba a vetar. Y me parece que estamos hablando de la vida de las personas.

Más allá de eso, todos aportamos, pagamos nuestros impuestos. Colaboramos con la sociedad. Me parece que no va faltar el respeto así”.

“A veces hay cosas que no tienen nada que ver con una cuestión netamente partidaria. Es, como decía Aylén, de sentido común. Argentina es como una gran casa. Con todos sus hijos. Y yo creo que, en ninguna casa, ninguno de nosotros dejaría tirado a un hijo con discapacidad. Es el presidente. Es una persona que tiene que llevarnos a todos a buen puerto. No se pueden sostener los números del superávit a costa de vidas o de dignidad humana. O de simplemente pasarle por arriba los derechos de los demás”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada por el Senado de la Nación el 10 de junio. El 4 de agosto, el presidente Milei la vetó. Y este último miércoles, luego de un mes de marchas, vigilias, declaraciones desafortunadas, historias de miles de personas con discapacidad haciéndose virales, la Cámara de Diputados decidió rechazar el veto.

“Y bueno, uno siente alivio, es como que entraron en razón, porque me parece que era demasiada crueldad mantener el veto. Ahora falta la otra mitad, que no sabemos qué va a pasar”, asegura Di Giovanni.

“Hay cosas que tienen que ver con cuestiones sociales que tienen que cambiar de base, que es esto de la inclusión, de aceptar la diferencia, la diversidad, cosas que antes no se cuestionaban y que ahora parece que no importan, esto de respetar a los mayores, de respetar a las personas con discapacidad, de protegerlas, esto como que cambió también un poco en la cabeza de la gente. Y después a nivel políticas públicas, obviamente que nosotros no queremos que existe el asistencialismo, nos encantaría que las personas con discapacidad tengan trabajos dignos, tengan trabajos registrados, tengan buenos sueldos. Sabemos que muchas veces no acceden a eso porque no acceden a la educación, porque la mayoría de las familias que tienen personas con discapacidad tienen problemas económicos, porque la discapacidad tiene como una demanda que a veces solamente uno de los padres puede trabajar o los requerimientos económicos que tienen son distintos. Las personas con discapacidad al tener quizás más necesidades de apoyo hacen que en algunos lugares no los contraten porque necesitarían cambiar ciertas cosas o necesitarían más personal. Creo que nadie se fija en las virtudes y en el potencial de las personas con discapacidad, solamente se fijan en la parte negativa o que creen que es negativa. Y después también esto de asegurarle a una persona que se sabe que va a ser difícil que consiga trabajo, asegurar un ingreso y que ese ingreso no se mueva y no se toque, que es lo que se está luchando también con el tema de las pensiones. Lo que nosotros pedimos a nivel país y esperamos que el Senado mantenga firme es la Ley de Emergencia que no solamente se trata de actualizar los aranceles de los prestadores sino las pensiones por discapacidad y garantizar el cupo laboral. Nos falta un pasito, todavía no podemos cantar el 100% de qué es. Pero sí estamos contentos por lo que pasó”, profundiza Montenegro.

Aylén y Roberta vuelven a coincidir en el final de la charla. Entienden que nada de esto hubiese sido posible sin la organización de las familias de personas con discapacidad en todo el país. A pesar del cansancio, de la falta de tiempo, de los reveses y las burlas, miles de argentinos se reunieron en la vigilia del martes pasado prendiendo velas en muchas ciudades del país pidiéndole a los diputados que no avalen el veto.

Hay aspecto de la condición humana que la economía puede explicar, pero nunca puede terminar de dimensionar.

Si la calidad de vida y la inclusión real de las personas con discapacidad en nuestro país significa un porcentaje importante en el PBI, deberíamos resignificar el significado de importante. Porque ocurre que los números que desataron la emergencia dimensionan que la personas con discapacidad no son importantes.

Hay un número que resulta vital en toda esta discusión, y es los dos tercios que debe conseguir el Senado para volver a darle vida a una ley que sancionó en los primeros días de junio. Porque después de la explosión del escándalo por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, estamos a dos tercios de ser un poco más humanos.

La mega sesión convocada por la oposición este miércoles arrancó con un golpe político de alto impacto para el Gobierno de Javier Milei: la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Con una mayoría especial holgada, la oposición reunió 172 votos afirmativos, frente a los 73 rechazos de libertarios y aliados, además de 2 abstenciones. De este modo, la norma recobró vigencia pese a la decisión del Poder Ejecutivo.

La ley en cuestión actualiza los aranceles de las prestaciones vinculadas a la discapacidad en función de la inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Había sido aprobada previamente con amplio consenso político, aunque la Casa Rosada la objetó al considerar que implicaba un alto costo fiscal.

En un intento de desactivar la ofensiva opositora, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció horas antes del debate, a través de redes sociales, que el Gobierno “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. 

Y agregó: “Nuestra decisión es priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo”.

La jugada, interpretada como una maniobra para fracturar la mayoría opositora, no logró su cometido. El amplio respaldo parlamentario terminó marcando un nuevo revés legislativo para el oficialismo, que enfrenta crecientes dificultades para sostener sus vetos en el Congreso.

Luego de este revés, queda en el debate parlamentario el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y los fondos para Bahía Blanca.

El presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados. 

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

En una reunión realizada en el Centro Cívico de Córdoba, el gobernador Martín Llaryora ratificó su rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia para personas con discapacidad, y expresó su apoyo explícito al reclamo de más de 150 organizaciones del sector que exigen sostener los derechos adquiridos y garantizar una vida digna.

Acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y los diputados nacionales de Hacemos Unidos por Córdoba, Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, el gobernador aseguró: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Es una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.

El encuentro fue articulado por el Ministerio de Desarrollo Humano, tras el pedido de entidades como la Fundación Converger, Capredis, la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y la Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI). La consigna que enmarcó el encuentro fue contundente: “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”.

Llaryora pidió ampliar el apoyo político al reclamo: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea común sobre esta ley, para ayudar a ser una sociedad más humana e integradora”. A su vez, destacó que Córdoba sostiene políticas públicas en la materia, aún en medio de un contexto nacional adverso: “Nosotros apoyamos con fondos específicos proyectos que potencian la independencia laboral de las personas con discapacidad”.

En representación del bloque legislativo, García Aresca advirtió que “esto no es un gasto, es una inversión”, mientras que Alejandra Torres expresó su compromiso de “trabajar para convertir esto en una política pública estable”. Carlos Gutiérrez, por su parte, afirmó: “No debemos retroceder en estas cosas. Vamos a seguir luchando por ello”.

Las organizaciones presentes fueron enfáticas en sus intervenciones. Carolina Armeloni, de Capredis, cuestionó el argumento del equilibrio fiscal: “Esta ley no tiene impacto fiscal, y si lo tuviera, el Gobierno nacional debe presentar una propuesta superadora”. Federico Galíndez, de Fundación Bonino, destacó que la actualización de aranceles representa apenas el 0,01% del PBI y reclamó: “¿Por qué el ajuste cae sobre la discapacidad?”.

Desde la Mesa de Trabajo en Discapacidad, Martín Passini apuntó contra lo que consideró una quita sistemática de derechos y Julia Domínguez (ATI) remarcó que “no se trata de generar deuda, sino de saldar una deuda histórica con nuestro sector”. Finalmente, la activista Gianna Mastrolinardo cerró: “Queremos dejar de soñar una vida digna. Queremos tenerla”.

Al cierre, la ministra Montero sostuvo: “La discapacidad en Córdoba es una política pública”, y detalló que la Provincia invierte 127.000 millones de pesos anuales a través de distintos programas y organismos: Apross, educación especial, acción social, deportes adaptados y fondos específicos del Ministerio.

“Es fundamental que el Estado nacional no se desentienda de sus responsabilidades”, concluyó.

Fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que este sábado el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes votadas en el Congreso sobre aumento a jubilaciones y discapacidad. 

Los vetos saldrán publicados en el Boletín Oficial del lunes cumpliendo los plazos legales. Ahora la oposición debería juntar dos tercios para insistir.

Aunque las normas habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio, el Poder Ejecutivo dilató la firma del rechazo con una estrategia política: evitar el pronto regreso del debate a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo teme una derrota si se logra el número necesario para rechazar el veto presidencial.

La Casa Rosada se encuentra en plena ronda de negociaciones con gobernadores y bloques parlamentarios aliados con el objetivo de sostener el rechazo a las leyes vetadas. El oficialismo intenta blindar sus votos mediante ofrecimientos que incluyen el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como acuerdos puntuales con miras a las elecciones nacionales del 26 de octubre.

El Ejecutivo argumenta que las leyes vetadas son "fiscalmente inviables" en el marco del plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria, con el objetivo de alcanzar el déficit cero. En esa línea, el presidente ya había anticipado públicamente su decisión de rechazar cualquier norma que implique un aumento del gasto público.

Ley de Movilidad Jubilatoria: impulsada por la oposición dialoguista y el peronismo, contemplaba una fórmula que combinaba aumentos por inflación y por mejoras salariales, y establecía un piso de incremento mensual que superaba el esquema de actualizaciones por decreto utilizado actualmente por el Gobierno.

Emergencia en discapacidad: declaraba la emergencia en el sector por el recorte de fondos y buscaba garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral. Fue impulsada ante los múltiples reclamos de organizaciones del sector por la discontinuidad de pagos y servicios.

El veto presidencial puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso lo desestiman con mayoría especial (dos tercios). Sin embargo, el oficialismo apuesta a que la oposición no consiga los números necesarios para revertir la decisión en Diputados, donde el bloque de La Libertad Avanza tiene más margen de maniobra gracias a sus aliados circunstanciales.

Mientras tanto, la tensión política crece, sobre todo entre sectores vulnerables que habían celebrado la aprobación de ambas leyes. Diversas organizaciones ya anticiparon movilizaciones frente al Congreso si no se avanza con una solución alternativa.

El presidente Javier Milei se refirió hoy a los proyectos que aprobó el Senado y son rechazados por el oficialismo, y sostuvo: "Están desesperados, es un acto de desesperación, saben que en octubre la Libertad arrasa".

"A la luz de lo que pasó hoy, apuesto a que todos saben lo q voy a hacer: vamos a vetar", remarcó el mandatario al dar su discurso en el acto del 171 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Además, Milei dijo que “nada de esto que está pasando nos sorprende, estábamos preparados y sabemos que vamos a ser exitosos. Ya lo sabíamos ayer, ¿acaso tuvieron algún gesto el 9 de Julio?”.

El Gobierno vetó hoy una ley para crear un fondo especial de ayuda para Bahía Blanca y Coronel Rosales para apoyar la reconstrucción de esas ciudades bonaerenses, con fuertes críticas a los diputados y senadores ya que sostuvo que asistió en abril  con doscientos mil millones de pesos a los damnificados por la inundaciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni aseveró que “casi tres meses después (sí, casi tres meses después), la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando en el Congreso un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos. Por eso, el presidente Javier Milei vetó la ley que duplicaba la asistencia ya dispuesta”.

La Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado 4 de junio un proyecto que declaraba la emergencia en las ciudades de Bahía Blanca y Coronel Rosales, para crear un fondo por 200 mil millones pesos, para ayudar a los ciudadanos de esas zonas tras las inundaciones ocurridas el 7 de marzo.

Adorni precisó que el veto a esa ley se debe a que el “1° de abril, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayudar de manera directa a los damnificados”

Señaló que también “brindó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos al municipio, lanzó tres líneas de financiamiento desde el Banco Nación, completó nueve vuelos cargados de insumos y medicamentos, envió ambulancias y un hospital móvil y desplegó los recursos de las fuerzas federales para rescatar a 716 personas”.

A través del decreto 424/2025 el Gobierno veto la ley 27.790, que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales, que creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados, con el argumento que ya envió los fondos para la reconstrucción de esas ciudades.

También justificó que en esa ley no se indica “la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán”.

El Senado votó el pasado 7 de mayo un proyecto de los senadores k Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro y del radical Maximiliano Abad con el respaldo de 68 senadores, con lo cual superó ampliamente los dos tercios por si el Congreso decide insistir con su sanción original.

Esa iniciativa fue aprobada en diputados el 4 de junio por 153 votos contra 32 negativos de la LLA, con lo cual también superó ampliamente los dos tercios.

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma jubilatoria, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para ratificar la postura que tendrá la Casa Rosada si la ley avanza en el Senado.

“Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit”, expresó Milei a través de su cuenta de X.

La advertencia llegó pocos minutos después de que la Cámara baja diera media sanción a un paquete de reformas que, de ser ratificado en el Senado, tendría un impacto fiscal que el oficialismo considera inaceptable.

La votación, celebrada el miércoles, mostró una mayoría contundente en favor del aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones —excepto para los regímenes especiales—, junto con la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, que además quedaría sujeto a actualizaciones por inflación. Esta medida obtuvo 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones.

El mensaje fue breve, pero contundente, y reflejó la línea que el oficialismo viene sosteniendo desde hace semanas frente al avance de iniciativas legislativas con impacto fiscal.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se pronunció sobre el tema y sostuvo la misma línea argumentativa. En un encuentro con empresarios de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Francos fue enfático: “El Gobierno va a vetar las leyes que afecten el superávit fiscal, como la reforma jubilatoria”.

Durante su exposición en el Centro Naval, en el microcentro porteño, insistió en que “no hay nada si no mantenemos el equilibrio fiscal” y que el Ejecutivo ya tomó medidas “de enorme esfuerzo” para alcanzar esa meta: recortes de programas, despidos en la administración pública y la eliminación de fondos fiduciarios, entre otros.

Francos reveló que cada miércoles el oficialismo enfrenta “una pelea importantísima en el Congreso para tratar de que no tengan los votos”. Describió como “ridículo” el hecho de que el Ejecutivo deba maniobrar para evitar que la oposición alcance el quórum y apruebe leyes que, a su criterio, “rompen el equilibrio fiscal”.

El debate en el Congreso se desarrolló en un clima tenso. El oficialismo intentó sin éxito evitar el quórum. La oposición —con bloques como Unión por la Patria, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y otros espacios— logró reunir los votos necesarios para avanzar con un temario que incluyó no solo el aumento en las jubilaciones, sino también proyectos vinculados a la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo calculó que las iniciativas implicarían un costo de más de 12.000 millones de dólares, es decir, cerca del 1,8% del PBI.

Francos también deslizó una crítica ideológica hacia la oposición: “No creo que todos los peronistas sean delincuentes, pero tienen una concepción distinta, vieja, de hace 75 años, con una Argentina totalmente diferente”, afirmó, marcando distancia con el discurso libertario más confrontativo pero manteniéndose dentro de la lógica fiscalista del Ejecutivo.

Otro de los que se expresó, fue el ministro de Economía, Luis Caputo: “Saluden a los degenerados fiscales que se van. En Octubre hay elecciones y a la sociedad ya no la engañan haciéndose los abanderados de las causas nobles…“.

Por su parte, el Manuel Adorni se plegó a las declaraciones del Presidente y del Jefe de Gabinete, con un mensaje en sus redes sociales donde expresó: “El Presidente de la Nación vetará todos y cada uno de los proyectos de ley que impliquen quebrantar el equilibrio fiscal. El populismo ya no es parte del camino”.

El paquete aprobado por Diputados incluye además la oficialización por ley de la actual fórmula de movilidad jubilatoria, vigente por Decreto de Necesidad y Urgencia desde abril del año pasado, y un esquema de actualización automática para los gastos de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas, un reclamo sostenido por varios gobernadores.

Desde el Palacio de Hacienda calcularon que el costo fiscal del aumento del 7,2% en las jubilaciones representará 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, sumando un total de 0,7% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que llevar el bono previsional a $110.000 tendrá un impacto de 0,26% del PBI, si se considera su actualización por inflación.

La oposición intentó contrarrestar los argumentos del oficialismo incorporando fuentes alternativas de financiamiento: eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas y sociedades de garantía recíproca, nacionalización de fondos recaudatorios de ACARA y de la SIDE, y la redirección de recursos liberados por el recorte de recargos del FMI. Sin embargo, desde la Casa Rosada ratificaron que no cederán ante ningún proyecto que altere su meta de equilibrio.

Ahora, el escenario se traslada al Senado, donde el peronismo necesita apenas tres votos adicionales para obtener mayoría. Si los consigue, el proyecto sería girado al Ejecutivo, que ya anticipó su decisión de vetarlo. Para insistir en su aprobación tras un veto presidencial, se requerirán dos tercios de los votos en ambas cámaras.

La Universidad Nacional de Córdoba se sumó al paro universitario previsto este jueves en todo el país anunciado por el Frente Sindical de Universidades tras el ratificamiento de Diputados al veto del presidente Javier Milei a la Ley del Financiamiento Universitario. 

Con la manifestación central en el Congreso, en Córdoba la movilización inició en Hipólito Yrigoyen 174 y culminó en el Patio Olmos, donde se leía un documento.

Los sindicatos que nuclean a las universidades nacionales convocaron a un paro total para este jueves. Será para "consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto".

"Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad", se titula el comunicado que hicieron circularon desde el Frente Sindical de Universidades.

Javier Blanco, titular de ADIUC, confirmó a Cadena 3 que este jueves no habrá clases en la universidad. "En todas las universidades del país hay un paro total de actividades. Acabamos de recibir un comunicado del Frente Sindical y tuvimos una reunión relámpago con la Junta Ejecutiva, donde avalamos esta convocatoria", expresó.

Blanco destacó la preocupación por la situación económica de los docentes: "El 70% de los docentes no llega a fin de mes, tienen un salario por debajo de la canasta básica. Esto pone a la universidad en un riesgo terminal". 

Además, subrayó la importancia de la votación en el Congreso, donde 160 diputados intentaron revocar el veto, lo que considera "encomiable".

En la zona de la marcha en Córdoba hubo un corte de media calzada y la circulación no se vio gravemente afectada. 

La Cámara de Diputados confirmó este miércoles el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, tras una votación que evidenció la falta de apoyo suficiente por parte de la oposición. Con 160 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa, que había sido aprobada previamente por el Congreso, no logró los dos tercios necesarios para ser mantenida.

El Gobierno de Javier Milei logró así mantener su veto, en una sesión marcada por intensos cruces entre los legisladores. La oposición, compuesta por Unión por la Patria, la izquierda, una parte de la UCR y la Coalición Cívica, no consiguió reunir los votos necesarios para insistir en la normativa que contemplaba fondos destinados a las universidades.

El respaldo al veto presidencial provino principalmente del PRO, sectores dialoguistas y La Libertad Avanza. La intervención de Mauricio Macri fue fundamental para consolidar la posición del PRO, que enfrentaba tensiones internas significativas.

En este contexto, el debate sobre la financiación de las casas de estudio queda nuevamente en suspenso, generando preocupación entre los sectores académicos y estudiantiles que habían promovido la ley. La decisión del Gobierno se alinea con su agenda de reformas, pero ha generado críticas por la falta de apoyo a las instituciones educativas.

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