La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó hoy con dureza a Vialidad Nacional y a su administrador general, Marcelo Campoy, por exigir el pago de un canon de 560 mil pesos para que autorizara la tradicional peregrinación hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, en Misiones.

"El funcionario a cargo de Vialidad Nacional debiera responder por semejante insensatez. Quién puede pensar que es de sentido común que en un gobierno libertario se obligue a peregrinantes a pagar por caminar a la vera de una ruta? La libertad, bien, gracias", se quejó la titular del Senado.

Por primera vez en 24 años, la iglesia de Misiones tuvo que abonar un canon al Gobierno Nacional para autorizar el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron el fin de semana por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto.

El reproche público por parte de Villarruel a un funcionario del Gobierno de Javier Milei se suma a una larga lista de cortocircuitos y desencuentros entre la vicepresidenta y la gestión libertaria.

La abogada y fundadora Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) tiene un fuerte e histórico vínculo con la tradición católica y parte de su base social proviene justamente del conservadurismo religioso.mKgMMg

Desde esa concepción de mundo es que se diferencia de Milei, quien representa a otro sector de la derecha argentina, más vinculado a la tradición liberal-libertaria anti Estado.

El Gobierno nacional designó directores de organismos vinculados al Transporte vial, tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que propiciaban el cierre o la reconfiguración de las áreas dependientes del Ministerio de Economía.  

La medida formalizada mediante una serie de decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial volvió a poner en funciones a los responsables de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y nombró nuevos funcionarios para la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

De esta manera, por medio del Decreto 638/2025 se restituyó en sus funciones al abogado Federico Suleta al frente de la JST, mientras que a través del Decreto 639/2025 el ingeniero Marcelo Campoy fue restablecido en su puesto como titular de la DNV.

En el caso de la CNRT, el Decreto 640/2025 nombró como director al arquitecto Carlos Frugoni, en reemplazo del antiguo titular Edgar Pérez, y el Decreto 641/2025 asignó en la dirección de la ANSV al abogado Nicolás Dapena Fernández para ocupar el lugar que dejó Pedro Scarpinelli.

Las designaciones se dan luego de que el Congreso le ponga un freno a la intención gubernamental de cerrar y reestructurar Vialidad Nacional, junto con las áreas reguladoras del tránsito y la seguridad vial.

Esta decisión había sido anunciada por el vocero Manuel Adorni, al expresar en una conferencia que “el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

La determinación del Ejecutivo se cristalizó a principios de julio mediante el Decreto 461/2025, que también impulsó la creación de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte en reemplazo de la CNRT. La Justicia frenó la medida por seis meses y a mediados de agosto el Parlamento la rechazó.

Como consecuencia de esto, los organismos se restablecieron y ahora el Gobierno volvió a asignar funcionarios a los cargos ejecutivos desestimando la reestructuración propuesta en un principio.

Al mismo tiempo, se designaron nuevos responsables del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), luego de que también el Congreso rechace los decretos que proponían su reestructuración.

Ahora, el Ejecutivo avanza con cambios en la conducción, al nombrar como presidente del Consejo Directivo del INTI al abogado Miguel Ángel Romero, luego de que se aceptara la renuncia del ingeniero Daniel Omar Horacio Afione, mediante el Decreto 642/2025.

En el caso del INPI, fue designado para asumir como nuevo titular el abogado Carlos María Gallo, cargo que comenzó a ocupar desde el 3 de septiembre, según lo informado en el mencionado texto oficial.

Por otro lado, también se produjo un cambio en el equipo de la cartera que conduce Luis Caputo, ya que la Secretaría Legal y Administrativa de Economía tiene nuevo Subsecretario Legal, el abogado Franco Germán Simon, tras la renuncia presentada por el abogado Alejandro Speroni, oficializada a través del Decreto 643/2025.

El Gobierno nacional dio marcha atrás con los cambios implementados en Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y otros organismos tras el rechazo del Congreso a cinco decretos delegados. Esta decisión se produjo luego de que las cámaras de Diputados y el Senado frenaran las modificaciones a fines de agosto.

Los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) 627 y 628, publicados en el Boletín Oficial, restablecieron la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas o modificadas por los mencionados decretos. En su contenido, se indicaron las normas que volvían a estar en vigor al momento de la emisión de cada uno de los decretos delegados.

Entre los cambios que se revirtieron, se incluyó la restitución de disposiciones normativas derogadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585 del 14 de agosto. 

Los decretos rechazados por el Congreso implicaban modificaciones en el régimen laboral de la Marina Mercante, restricciones al derecho a huelga en sectores esenciales y estratégicos, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la disolución de Vialidad Nacional y la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo.

Además, se propusieron cambios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y otras entidades culturales. El Gobierno justificó su decisión al señalar que buscaba no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar principios como la buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa.

Los cinco decretos que quedaron sin efecto fueron: el decreto 462/2025, que modificaba las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del INTI; el decreto 587, que hacía depender al INTA de la Secretaría de Agricultura; el decreto 461/2025, que disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el decreto 340, que desregulaba el transporte marítimo; y el decreto 351, que transformaba al Banco Nacional de Datos Genéticos. 

También se incluyó una fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, según lo dispuesto en el decreto 345/25.

El crítico estado de la ruta nacional 158 volvió a encender alarmas en la región. En las últimas horas, el intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, difundió un video desde el acceso norte de la localidad donde expuso con crudeza la situación y reclamó definiciones urgentes. “A mis espaldas el abandono, el peligro. Una situación que nos incomoda y que hace muchísimos años que lo venimos padeciendo. Me animo a decir, más de 20 años reclamando por esta situación”, afirmó el mandatario.

El reclamo apunta al tramo que une Colonia Prosperidad y Las Varillas, uno de los más transitados por transporte pesado y producción regional. Depetris remarcó que no se trata de un planteo coyuntural, sino de un problema que lleva décadas sin solución. “Acá estamos en compañía de toda una comunidad y sin intenciones de hacer política, simplemente de levantar un reclamo y un pedido que hace meses y años venimos sosteniendo”, subrayó.

El intendente alertó además sobre los riesgos que se agravan con las condiciones climáticas. “Lo que le quiero pedir a la gente es precaución y cuidado en cómo transitamos esta ruta antes de que sea demasiado tarde, antes que nos tengamos que lamentar de cosas que no vamos a poder solucionar”, señaló en su mensaje.

La denuncia surge en un contexto de obras inconclusas. Semanas atrás, maquinarias de Vialidad Nacional habían iniciado tareas de fresado en algunos sectores muy deteriorados, pero los trabajos se paralizaron tras el anuncio de la disolución del organismo por parte del presidente Javier Milei. “Las máquinas trabajaron cuatro o cinco días, abrieron pozos y se retiraron sin completar. No hay material para tapar estos pozos y lo hacemos de manera provisoria. Si mañana llueve 40 o 50 milímetros, esto termina siendo una trampa mortal”, advirtió Depetris.

La segunda etapa de la reparación debía estar a cargo de la empresa San Ignacio de Loyola S.A., pero nunca se concretó. El municipio había cedido espacios para el acopio de materiales y resguardo de equipos, aunque la obra quedó suspendida sin fecha de reanudación. Mientras tanto, vecinos y autoridades locales reportaron roturas de neumáticos y desperfectos mecánicos frecuentes en vehículos que circulan a diario. La Dirección Nacional de Vialidad colocó algunos tachos de advertencia en inmediaciones de Laspiur, pero la mayoría de los baches siguen sin señalización.

Ante posibles lecturas partidarias, Depetris aclaró que su exposición pública no tiene motivaciones electorales. “Es lamentable tener que exponerme a esto, pero lo voy a hacer porque estoy cansado de reclamar. Pido que la gente comparta esto, que lo viralice y que nos cuidemos todos. Vuelvo a insistir: esto no es una campaña política, esto es una trampa que a cualquiera le puede tocar”, aseguró.

El intendente remarcó además la relevancia estratégica de la ruta para la región y el país. “Es una ruta del Mercosur, la que lleva la producción, la que transporta la educación, la salud, todos los valores que eso representa, hoy está en este estado”, manifestó.

Finalmente, lanzó un pedido directo al Gobierno nacional para que asuma responsabilidades: “¿No será el momento que alguna vez alguien tome la firme decisión y diga: esta ruta nacional 158, que es fundamental para el progreso, la empecemos a mirar y respetar? Hace 20 años que nadie se hace cargo. Ya llegó el momento de que se hagan cargo”.

Finalmente, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario. Se trata de otro de los proyectos que el Gobierno nacional rechaza.

Antes, la Cámara alta volteó definitivamente cuatro decretos delegados y un DNU

El “plan motosierra” del presidente Javier Milei recibió un puntazo este jueves en el Senado, donde la oposición tumbó definitivamente cinco decretos de desregulación del Estado ideados por el ministro Federico Sturzenegger. Fue por abrumadoras mayorías donde confluyeron Unión por la Patria, la UCR, bloques federales y, en algunos casos, también el PRO.

Se voltearon los decretos delegados de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del Inta y el Inti (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos organismos culturales (345/25); y el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga.

Las reformas, que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados, quedaron de esta forma sin efecto, aunque algunas ya están frenadas por la Justicia a través de medidas cautelares, como el cierre de Vialidad y la reforma del Inta.

Los decretos de Vialidad e Inta/Inti fueron los más vapuleados: recibieron 60 votos en contra y solo 10 a favor. El de organismos de Cultura obtuvo 57 votos en contra y 13 a favor; el del Banco de Datos Genéticos, 58 en contra y 12 a favor; y el de la Marina Mercante, 55 en contra y 13 a favor, con tres abstenciones.

El Gobierno perdió apoyo de sus socios del PRO en algunas votaciones, y de la UCR en todas. “Ha sido una falta de inteligencia llevar este proceso adelante”, reconoció el líder del bloque radical, Eduardo Vischi. Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) votaron todo en contra del Gobierno. También tomó distancia del oficialismo el aliado salteño Juan Carlos Romero, que se abstuvo en todos los casos.

La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fueron los únicos que defendieron todos los decretos. “Vinimos a mantener las funciones (de los organismos) y sacar a toda la militancia kirchnerista del Estado Nacional”, argumentó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.

Salvo el DNU, los decretos restantes fueron dictados en el marco de las facultades que el propio Congreso le delegó a Milei en la Ley Bases para “eficientizar” el Estado. Pero a más de un año de vigencia de esa ley, los senadores no oficialistas coincidieron en que el presidente cruzó límites: lo acusaron de desconocer el trabajo y el prestigio de los organismos ajustados, y hasta de buscar hacer negociados.

“Al Poder Ejecutivo le cuesta entender que si no hay políticas públicas, si no hay gestión, nunca va a funcionar ningún organismo. Es una visión absolutamente sesgada de una realidad que no se conoce”, lamentó la cordobesa Vigo, que advirtió que el Gobierno aplica un ajuste “indiscriminado” donde “todo da lo mismo”.

El decreto de Vialidad fue uno de los más cuestionados. “Para algunas provincias, es como si nos cortaran las piernas”, describió Vigo. En sintonía, la chubutense Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, denunció que “al Gobierno nacional se le terminó el país en Bahía Blanca” porque posterga las rutas nacionales de la Patagonia, que “no son rentables”.

Hasta el aliado oficialista Romero criticó la medida de Milei, aunque en la votación se abstuvo. “La política usó Vialidad como centro operativo de la corrupción y no por esto vamos a castigar el organismo”, dijo en alusión al caso de la expresidenta Cristina Kirchner.

Otro de los decretos más rechazados fue que el desarticuló el Inta, el Inti, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Silvina García Larraburu (Unión por la Patria-Río Negro), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, detalló el tenor de los cambios en el Inta. “Se termina con la conducción federal y plural del instituto y se ponen en riesgo más de 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 300 agencias de extensión, 6 centros de investigación y 22 institutos”, enumeró.

También señaló que “se van a enajenar 27 mil hectáreas”; que “el Inta será un ente centralizado”; y que “hay más de 1.500 trabajadores pasados a disponibilidad”. En ese marco, la senadora reveló que recibió cientos de llamados, mensajes y notas de empleados que reclaman dar marcha atrás con la medida.

Sobre las modificaciones en el Banco de Datos Genéticos habló el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, que es hijo de padres asesinados y desaparecidos en la última dictadura. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia, le están quitando competencia a un organismo donde trabajan solo 37 personas”, blanqueó.

Por eso, De Pedro le dio al decreto un trasfondo político y lo vinculó con un intento de “volver a una Argentina de la impunidad y frenar las herramientas que la democracia diseñó en 40 años para terminar con esa etapa horrible”.

También quedó sin efecto el decreto que reestructuró el Instituto Nacional del Teatro; los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares); y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.

“Parte de estos decretos se llevan puesta una construcción histórica, que es perfectible, porque ninguna de las instituciones mencionadas es perfecta, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre la base de lo ya hecho y no destruir”, fundamentó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Por último, se rechazó el DNU que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante. “Este DNU no fue escrito por Milei ni por Sturzenegger, sino que fue hecho a pedido de una multinacional francesa, Dreyfus, que tiene gran incidencia sobre todas las barcazas en la flota paraguaya, y que viene por el monopolio de la Marina Mercante”, denunció sin tapujos Jaime Linares (Unión por la Patria-Chubut).

Luego de que la Justicia suspendiera la disolución de los organismos de Vialidad Nacional que había impulsado el Gobierno, el Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) envió hoy un pedido formal al Congreso para que derogue el decreto presidencial que ejecutaba la medida.

El gremio conducido por Graciela Aleñá pidió al diputado Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo del Congreso, que trate y derogue el Decreto 461/25 que ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

"La disolución de la DNV está argumentada en base a informes apócrifos del Ministerio de Desregulación, y nada menciona el decreto sobre quién o quiénes se harán cargo de la tarea que hoy realiza", indicó el STVyARA en el texto.

De acuerdo a lo manifestado en el pedido formal, “las únicas tareas determinadas en el decreto se basan en la vigilancia en cuanto a la seguridad vial, la creación de una agencia de control de concesiones, y el pase de todos los bienes muebles (maquinaria vial) e inmuebles al ámbito de AABE, y se omite designar a los organismos que llevarán a cabo las tareas que hace la DNV hasta el día de la fecha”.

Además, agregó que “el cierre del organismo, lejos del pretendido objetivo del Gobierno nacional en cuanto al mejorar el funcionamiento y reducir el sobredimensionamiento de la estructura del Estado, representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto de patria”.

La Comisión Bicameral Permanente del Trámite Legislativo es la encargada de tratar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo, pudiendo derogarlos en caso de que sean rechazados por ambas cámaras.

La suspensión por seis meses de este decreto fue dispuesta por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, que hizo lugar a una medida cautelar, mientras que luego el Gobierno confirmó que iba a apelar el fallo.

El vocero presidencial Manuel Adorni anticipó hoy que el Gobierno “apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.

El funcionario lo comunicó a través de su cuenta de X, luego de que la Justicia suspendiera por seis meses cualquier acto administrativo que derive del Decreto que resolvió disolver Vialidad Nacional, al hacer lugar a una medida cautelar del gremio Sevina.

El propio Adorni había anunciado la semana pasada en la Casa Rosada el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, organismos que fueron definidos como el eje de “la corrupción en la obra pública".

En aquel momento, el vocero explicó que la Secretaría de Transporte y otras áreas del Ministerio de Economía absorberán las funciones vinculadas al diseño y planificación de la infraestructura vial, mientras que el control de concesiones pasará a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional.Fin.

Vialidad Nacional fue el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial en Argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras, eficientes y transitables, tanto en las principales vías de circulación como en corredores estratégicos para el transporte productivo y turístico.

A partir de la publicación del decreto, el Gobierno libertario también modificó la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasó a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

A pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) la jueza federal Martina Forns suspendió por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad que había sido dispuesto por decreto del presidente Javier Milei.

El juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2 hizo lugar a una medida cautelar presentada por uno de los seis gremios que representan a los más de cinco mil trabajadores de la DNV.

La suspensión del decreto 461/2025 que ordenaba la disolución del organismo y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte fue fundamentada en que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.

En la resolución judicial de nueve páginas a la que accedió Ámbito se advierte sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.

Además, la jueza Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.

Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte y especialista en infraestructura vial, advirtió que la mitad de las rutas del país se encuentra en mal estado. La preocupación no solo abarca el deterioro del pavimento, sino el abandono de funciones esenciales por parte del Estado nacional: “La situación es desesperante. No es algo que comenzó este año. Las rutas vienen deteriorándose desde hace mucho tiempo”, señaló con énfasis.

Según Ruppel, la red vial nacional ha quedado completamente desatendida. “Hoy tenemos la misma cantidad de rutas que hace décadas, pero con un tránsito que se ha multiplicado. Vialidad Nacional está desactivada de hecho. No interviene de manera significativa desde hace años”, explicó por Raviadavia AM 630 Y lanzó una pregunta inquietante: “¿Quién se va a ocupar ahora del mantenimiento, la asistencia y las emergencias en las rutas?”.

El especialista apuntó contra el plan oficial de trasladar la responsabilidad a las provincias o de avanzar hacia la privatización del sistema vial. Pero aclaró: “Las provincias no tienen fondos. Si no pueden sostener hospitales ni escuelas, mucho menos van a poder hacerse cargo de las rutas. Y cuando el gobierno intentó ofrecer las principales rutas a privados, nadie quiso tomarlas por el nivel de deterioro y el costo de inversión que requieren”.

Además, explicó que el modelo de concesiones no es tan fácil de implementar, debido a los altos costos, el largo plazo de recuperación y los riesgos económicos. “El precio de los peajes sería insostenible. Y los privados no van a ir a lugares como Pino Hachado o zonas rurales del norte, donde la vialidad presta asistencia vital en emergencias climáticas o cortes por nieve”, dijo. “Vialidad no es solo repavimentar, también es presencia estatal en emergencias”.

Ruppel advirtió también sobre las consecuencias humanas y económicas de este abandono. “¿Quién no tiene un familiar o conocido que haya tenido un accidente de tránsito?”, se preguntó. “Estamos hablando de vidas humanas, pero también del altísimo costo económico que significa la atención a la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. La inversión en rutas es también una política de salud”.

Finalmente, remarcó que la desaparición de Vialidad Nacional es un error estratégico. “Estamos desmontando un organismo que cumple un rol estructural en la integración territorial del país. Si no se actúa con urgencia, el colapso de la infraestructura vial va a tener consecuencias gravísimas”.

La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad despertó una profunda preocupación en los municipios que dependen de sus obras para garantizar el estado de las rutas nacionales. Uno de los casos más significativos es el de Las Varillas, donde el intendente Mauro Daniele no ocultó su inquietud por la falta de definiciones concretas sobre el futuro de la Ruta Nacional 158, un corredor clave para la región, cuya repavimentación es reclamada desde hace más de una década.

“Nos enteramos por una publicación en los medios el día 6 y la resolución se hizo efectiva a partir del 8. Esta figura autárquica desaparece, pero pasa a estar bajo el Ministerio de Economía. Lo que genera incertidumbre es no saber cómo se va a resolver la cuestión operativa”, expresó Daniele en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO.

El mandatario recordó que el tramo entre Colonia Prosperidad y Las Varillas es motivo de reclamos desde hace más de 10 años. “Hace unos días hablé con una persona que no pasaba por ahí desde hacía 20 años y me preguntó cómo estaba. Le dije que peor, porque cada año se deteriora más”, señaló con crudeza.

Según explicó, durante gestiones anteriores se realizaron encuentros con autoridades nacionales, como el exsecretario de Transporte Gabriel Bermúdez, para impulsar la posibilidad de transformar ese trayecto en autovía. Sin embargo, las prioridades de los vecinos son más urgentes: “Ya ni siquiera pedimos una autovía, sino una repavimentación que garantice condiciones dignas de circulación”, afirmó.

Uno de los puntos más sensibles que plantea la decisión presidencial tiene que ver con el mantenimiento futuro de los corredores nacionales. “No sabemos si se va a privatizar, si lo tomarán los municipios o si se replicará un esquema como en los años 90, cuando hubo peajes en manos de entes locales. En esta región funcionaba el Ente Ruta 13 y había cabinas entre Las Varillas y Alicia. ¿Volveremos a eso? ¿Se instalarán peajes nuevamente?”, se preguntó Daniele.

El intendente también recordó que el mantenimiento de las rutas nacionales se financiaba parcialmente a través de un porcentaje incluido en el costo de los seguros vehiculares. “Todo ese dinero se destinaba a corredores viales. No sabemos qué va a pasar con esos recursos ni cómo se va a reorganizar el esquema”, agregó.

En paralelo, el Gobierno nacional anunció que Gendarmería Nacional asumirá el control de la seguridad vial. Si bien Daniele valoró a la fuerza como “respetada y confiable”, fue tajante al advertir que “esa medida no puede reemplazar la inversión en infraestructura”. En ese sentido, sostuvo: “La prioridad es la transitabilidad. Y eso se logra con rutas en condiciones”.

El reclamo de Las Varillas por una solución integral a la Ruta 158 no es nuevo. “Tengo en mi despacho notas de otras gestiones. Se viene reclamando desde hace 12, 13, 14 años. La última obra de reparación integral fue en 2009. Después solo hubo bacheos puntuales, que no resuelven nada”, detalló.

Finalmente, Daniele resumió la situación en una palabra: incertidumbre. “No sabemos qué va a pasar con Vialidad Nacional, ni cómo se garantizará el mantenimiento de las rutas. Y eso es grave, porque no estamos hablando de un lujo, sino de algo esencial para la seguridad y el desarrollo de nuestras comunidades”, concluyó.

Municipios de la región atraviesan momentos de desconcierto luego de que se anunciara la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional, justo cuando estaban por comenzar las esperadas obras de bacheo y reparación sobre la Ruta Nacional 158, entre Colonia Prosperidad y Las Varillas. El intendente de Saturnino María Laspiur, Horacio Depetris, se mostró sorprendido y preocupado por el anuncio presidencial: “Lo que pasó con Vialidad Nacional nos genera incertidumbre”, afirmó a la prensa. 

La semana pasada habían arribado al tramo más deteriorado de la vía —unos 14 kilómetros— maquinaria y personal técnico de Vialidad. “Ya están trabajando en el fresado y la compactación del suelo. Solo resta que llegue la planta de asfalto en caliente”, había explicado Depetris a FM Identidad. Estaba previsto que las tareas se iniciaran en los próximos días y se prolongaran por unos seis meses.

El mandatario municipal confirmó que para esta primera etapa esperan la habilitación de 2500 toneladas de asfalto, y otras 2000 para la segunda. Sin embargo, el decreto presidencial que eliminó Vialidad Nacional encendió las alertas: “Fue mucho esfuerzo, muchos recursos invertidos en viajes a Córdoba y Buenos Aires junto a otros intendentes para gestionar estas obras. Y ahora esto nos genera incertidumbre. Creemos que esto tendrá continuidad, pero no lo sabemos”, lamentó.

El nuevo organismo que reemplazará a Vialidad se denominará “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, con funciones de fiscalización y control, pero aún se desconoce cómo continuará la ejecución de las obras ya iniciadas o licitadas.

Depetris fue claro al señalar que, más allá de los cambios administrativos, lo que se necesita es una solución concreta: “Lo que quiero es ver resultados, no tanto ‘biri biri’”, sentenció. 

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno abrirá la licitación de 9.120 km de rutas. Justificó la medida al afirmar que las vías "se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país", tras "décadas de despilfarro y corrupción", y evitó precisar qué ocurrirá con las obras viales ya anunciadas o inconclusas.

Mientras tanto, en una región que depende fuertemente de esa ruta para conectar con San Francisco, Villa María, Río Cuarto y otras localidades, cada día de demora es un riesgo más en una vía que ya se ha cobrado numerosas víctimas.

La reciente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha generado impacto directo en Córdoba, que se encuentra entre las jurisdicciones más afectadas por la decisión del Ejecutivo nacional. El cierre de ese organismo, oficializado a través del Decreto 461/2025, y la consecuente transferencia de funciones al Ministerio de Economía y un nuevo ente regulador, dejaron a Córdoba sin asistencia técnica permanente en al menos 118 rutas nacionales.  

La provincia no tardó en responder. Tras haber reclamado mejoras y el traspaso de la ruta 158, que conecta San Francisco con Río Cuarto, ahora exige que se haga lo mismo con la ruta 35, que une Córdoba con La Pampa y presenta “un estado de deterioro avanzado”. “Si la Nación no la arregla, nosotros nos haremos cargo de ella”, advirtió el gobernador Martín Llaryora.

En un reciente comunicado conjunto, el gobierno provincial señaló que “las rutas unen los pueblos, la producción y también la cultura. Pero cuando se empiezan a romper pasan de esperanza a tragedia”. Añadieron que los tramos de la 35 son “intransitables” y que las condiciones actuales representan un riesgo creciente para quienes las transitan.

Los gremios viales respaldan esta evaluación, recordando que Córdoba tiene una de las tasas más altas de siniestralidad en el país. Además de los riesgos para la seguridad vial, la falta de mantenimiento afecta el transporte de la producción agropecuaria y la logística regional.

El cierre de Vialidad no sólo implica el abandono físico de las rutas, sino la pérdida de capacidad técnica y operativa en el territorio. Hasta ahora, las oficinas locales del organismo fueron clave para gestionar obras, bacheo y señalización. “Con esta medida, Córdoba pierde no sólo infraestructura: pierde capacidad de fiscalización, planificación territorial y respuesta inmediata en caso de emergencias”, explicó una fuente del gobierno provincia.

En cuanto a la ruta 35, recorre zonas rurales donde cada hoyo se convierte en un peligro para transporte y productores. El pedido provincial exige que la Nación transfiera esa vía bajo la misma lógica aplicada con la 158, incluida en un proyecto de autopista que quedó frenado.  

.Este caso pone en evidencia el conflicto entre las políticas nacionales y las demandas regionales por infraestructura. Mientras el gobierno nacional defiende el cierre de Vialidad con un discurso de ahorro y lucha contra la “corrupción” en la obra pública, las provincias alertan sobre las consecuencias inmediatas de cortar la gestión y el mantenimiento estatal de rutas. Mientras tanto, cada kilómetro sin asfalto o señalización representa un riesgo latente para miles de conductores, productores y comunidades que están pidiendo que “los caminos no pasen de esperanza a tragedia”.

Tras el anuncio del decreto que desmantela la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, hizo responsables al presidente Javier Milei y al ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, de generar “rutas nacionales de la muerte”.

En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Según señalan, al disolver el organismo clave en el mantenimiento, se va a profundizar la peligrosidad de las rutas argentinas.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Aleñá.

Para la sindicalista, “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de achicar el Estado a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”. 

En ese sentido, hizo “un fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte”.

"El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, cuestionó.

Por otra parte, la dirigente gremial alertó que con esa decisión, “más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura”.

“Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, sentenció Aleñá, quien acusó a Milei y ”su secuaz" Sturzenegger “son los responsables del genocidio en las rutas”. 

Además, advirtió que los bienes de infraestructura, como edificios y maquinarias que “valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE”.

"Para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, lamentó.

La líder de STVyARA explicó que “esto no es una simple reorganización administrativa” como lo presenta el Gobierno, ya que "significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”.

Aleña desmintió al Gobierno que justificó el decreto al señalar que Vialidad tiene una supuesta estructura onerosa y desproporcionada entre el número de empleados y las tareas que desarrolla.

También refutó que el organismo haya reducido sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, y remarcó que diariamente se llevan adelante obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso, entre otras funciones.

“No se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”, enfatizó.

Por otro lado, Aleñá combatió la idea que impulsa el Gobierno de que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. 

“Esta visión mercantiliza la función pública y omite que Vialidad tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló.  

“El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”, agregó.

En tanto, la referente gremial criticó el traspaso de las funciones de Vialidad al ámbito del Ministerio de Economía, porque esto "aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”.

“La nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”, advirtió.

Según Aleñá, "sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”.

Por último, la secretaria General del sindicato planteó que la desregulación de Vialidad Nacional establece una pérdida de la soberanía vial que implicará que las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras. 

“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó.

“Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, alertó.

Vialidad Nacional es historia. El Gobierno Nacional a través del presidente Javier Milei hizo efectivo el anunció que venía haciendo sobre la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional. La comunicación estuvo a cargo del Vocero presidencial, Manuel Adorni esta tarde en conferencia de prensa.

El nuevo organismo pasará a denominarse “Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte” y será la Autoridad de Aplicación de todas las normas, como así también de los actos administrativos en relación a la fiscalización de las concesiones viales en Argentina.

La gran pregunta es qué va a pasar con las obras viales anunciadas ya para seguir reparando y manteniendo las rutas nacionales del país. En tal sentido, Adorni dio una respuesta sobre el tema. ¿qué dijo?

Las rutas nacionales son muchas y en su mayoría no gozan de buena salud por lo que, “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de rutas” aseveró el Vocero Adorni quien sostuvo que se llegó a este punto de inflexión “tras décadas de despilfarro y corrupción”, donde “se vieron degradadas como nunca antes en la historia de nuestro país”, sentenció.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes que el presidente Javier Milei firmó un decreto que elimina la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos del área, tras la confirmación de la condena de Cristina Kirchner, por actos de corrupción en la construcción de rutas.

“Este organismo se creó para simplificar la corrupción”, dijo Adorni en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

En ese marco, señaló que Milei “ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

“De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en cuanto a normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales”, explicó.

En ese marco, anticipó que el Gobierno iniciará el proceso de licitación de 9120 kilómetros de rutas que “tras décadas de despilfarro y corrupción se vieron degradadas como nunca antes en la historia”.

“La corrupción en la obra púbica tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el Presidente”, remarcó el vocero y aclaró que el cierre de los organismos se da en el marco de las facultades que le delegó el Congreso de la nación al Poder Ejecutivo.

Adorni, además de destacar el uso que le dio el Gobierno libertario a esas facultades, subrayó que Milei no prorrogó su vigencia, como hicieron otros mandatarios que lo antecedieron.

“Empieza con un símbolo, termina con un símbolo. Empieza con el INADI que, como bien dijo Manuel, es para nosotros la representación más clara del uso político del Estado y a usar el Estado para imponer una visión ideológica a los argentinos, y termina con Vialidad, que es el ícono de la corrupción kirchnerista”, agregó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responsables de los cambios.

“La Comisión Nacional de Vialidad, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma, por eso tuvimos la causa Vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de Seguridad, ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2,5 millones de automóviles por año, en 80.000 puntos de control”, explicó Adorni.

También dijo que la CNRT había quedado “prácticamente sin competencias con la desregulación del Transporte” y que las funciones de control de trenes y servicios públicos pasarán bajo la órbita de la nueva agencia creada.

Adorni anunció también que se unificó la gestión administrativa, financiera y jurídica de cinco hospitales nacionales: Sommer, Posadas, Carrillo, Bonaparte e Inareps, constituyendo la Administración Nacional de Establecimientos de Salud.

También informó que se eliminaron las delegaciones sanitarias federales; se dejó sin efecto la facultad del Poder Ejecutivo nacional para crear nuevos hospitales bajo la figura del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC); se transformó el Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa del Ministerio de Salud, y se reorganizaron funciones en el ANLIS Malbrán.

Se disolvió el Instituto Nacional de Medicina Tropical y el de Enfermedades Cardiovasculares; y de la Agencia de la Industria Nacional del Cáñamo y del Cannabis medicinal, que dijo que última es “el ejemplo de agencias que se crean con el único fin de hacer caja”.

Entre los anuncios que dio este lunes el vocero presidencial, detalló que se disolvieron el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena; el Instituto Nacional de Semillas (con un ahorro de $!000 millones anuales); el Inadi; el Instituto Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente en Homenaje al General Juan Domingo Perón, entre otros organismos.

También informó que se transformaron en unidades organizativas institutos nacionales como el Sanmartiniano, del Teatro y de Vitivinicultura, el INTI y Tecnópolis, entre otros; y en organismos desconcentrados el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros, y que se fusionaron el Museo de la exESMA y el Archivo Nacional de la Memoria en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

Además, se fusionaron el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), constituyendo el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; la Junta de Seguridad en el Transporte, cambia sus funciones y su denominación a Agencia de Investigación en Accidentes e Incidentes de Aviación.

En el caso de Unidad de Información Financiera (UIF) dijo que “se adecuó a los estándares exigidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI”.

En lo que respecta a la Anses, anunció que “se eliminaron los créditos” para que “el Estado no regale la plata de los jubilados a tasas irrisorias con fines políticos”.

“Este ha sido el resultado de esta primera etapa del plan motosierra que, como saben y lo hemos dicho mil veces, esta motosierra en lo que respecta a nosotros es infinita”, finalizó Adorni.

Y Sturzenegger finalizó: “A veces pienso en estos días que se discute tanto el estilo y las formas de Javier. Ustedes saben que Javier tiene una frase que él dice, que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y entonces yo les digo: ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un presidente aguerrido, pero que la cumple?“.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, volvió a manifestar públicamente su apoyo con un gesto simbólico: se tatuó en su tobillo una tobillera decorada con flores y la palabra “dignidad”.

La jefa comunal, referente de La Cámpora y una de las dirigentes más cercanas a la ex mandataria, compartió en sus redes sociales imágenes del momento en que se realizó el tatuaje. 

Acompañó la publicación con la frase: “¿Así que tobillera? Será un signo de dignidad”, en alusión directa al dispositivo electrónico que el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso como una de las condiciones de cumplimiento de la pena contra Fernández de Kirchner.

El gesto de Mendoza se suma a otras expresiones simbólicas por parte del kirchnerismo tras el fallo de la Corte. Días atrás, un grupo de militantes se concentró frente al domicilio de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, portando tobilleras artesanales decoradas con flores, luces e imágenes de la ex presidenta, como forma de protesta y respaldo.

En la previa de la movilización a Plaza de Mayo convocada bajo el lema “Argentina con Cristina”, la intendenta quilmeña había asegurado en declaraciones radiales que la vicepresidenta “no tuvo un juicio justo” y que se encuentra cumpliendo “una condena ilegal”. En diálogo con Radio Splendid, Mendoza sostuvo: “No es justo todo lo que vivimos. Cristina es inocente. Siempre vamos a estar donde esté Cristina”.

Vialidad Nacional lleva adelante tareas de mantenimiento en distintas rutas de Córdoba, entre ellas la Ruta Nacional 158, uno de los corredores más deteriorados del este provincial. Las intervenciones actuales se desarrollan entre Saturnino María Laspiur y Colonia Prosperidad, donde cuadrillas realizan perfilado de banquinas y bordes de calzada.

Las acciones forman parte de un plan de conservación progresiva sobre la red vial nacional. Sin embargo, referentes locales advierten que los trabajos resultan insuficientes frente al grave estado del pavimento, especialmente en el tramo que une Colonia Prosperidad con Las Varillas, sector clave del Corredor del Mercosur. Intendentes vienen pidiendo la repavimentación total de los 43 kilómetros más dañados.

“Las cuadrillas de los campamentos de Sinsacate y Villa María realizan perfilado de banquinas y bordes de calzada. Además, entre Las Higueras y Chucul, se lleva a cabo el corte de pasto en los márgenes de las barandas metálicas tipo flex beam, lo que contribuye a una mayor visibilidad en zonas de tránsito intenso”, según informó Vialidad.

Desde el Gobierno provincial también elevaron el tono del reclamo. Durante un acto en Laspiur, el gobernador Martín Llaryora advirtió que si Nación no concreta las obras durante 2025, pedirá el traspaso de la Ruta 158 a jurisdicción provincial.

“La Ruta 158 es la ruta de la muerte. Si no lo hacen, la arreglaremos los cordobeses”, dijo días después en San Francisco. Según expresó, hay un compromiso del Estado nacional “que debe cumplirse”, y que de no ser así, la Provincia está dispuesta a intervenir directamente.

En paralelo, la Provincia avanza con una millonaria inversión en otro tramo de la misma ruta: anunció $14 mil millones para duplicar la calzada en el ingreso a Villa María, en una obra que beneficiará a más de 96.000 vecinos.

La ruta 158 es clave para la logística, la producción agroindustrial y el transporte entre el sur de Córdoba y Santa Fe. Su mantenimiento, aseguran desde la región, no puede depender de parches ni promesas.

Las intervenciones en distintas rutas de Córdoba incluyen “bacheos superficiales, conservación de banquinas y colocación de cartelería vial con el objetivo de sostener la transitabilidad y la seguridad de los usuarios”, indicaron.

En la Autopista Ruta Nacional 19, las tareas de Vialidad Nacional se concentran entre las localidades de La Francia y Arroyito, donde se ejecuta bacheo superficial con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial en este corredor clave del este cordobés.

En la Ruta Nacional 38, a la altura de Charbonier, en el Valle de Punilla, se ejecutan tareas manuales de desmalezado, también con el fin de mejorar la visibilidad del trazado.

Finalmente, sobre la Ruta Nacional 60, en el tramo comprendido entre el intercambiador con la Ruta Nacional 9 y el límite con la provincia de Catamarca, avanza la instalación de señalética informativa, una medida orientada a fortalecer la seguridad vial.

El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió este jueves condenar a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión en la causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.

Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta.

Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito.

Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e  inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral    Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.

Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió hoy que la Corte Suprema de Justicia de la Nación condene a la ex presidenta Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de asociación ilícita en el caso de vialidad en la provincia de Santa Cruz. Lo hizo al apelar el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que el año pasado confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al estado.

Por su parte, la defensa de la ex presidenta, a cargo del abogado Alberto Beraldi, también apeló hoy y solicitó que el máximo tribunal que convoque a una audiencia pública para tratar el caso y que la absuelva.

Fuente judiciales informaron a Infobae que la Fiscalía también solicitó que se aplique la asociación ilícita para al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional José Periotti y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue absuelto, lo que también fue apelado.

“La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Báez, Fernández de Kirchner, De Vido, López y Periotti por el delito de asociación ilícita”, sostuvo Villar en su apelación de 40 páginas al fallos de Casación.

“Según se probó suficientemente en el debate, ellos —junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner —, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción que, mediante la división de roles definidos estratégicamente (dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado), la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos”, agregó el fiscal.

El presidente Javier Milei se expresó este mediodía sobre la condena a seis años de prisión y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos a la dos veces mandataria Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. "Es culpable de actos de corrupción", sentenció el libertario. 

A través de sus redes sociales y casi una hora después de que la Cámara Federal de Casación Penal informara su fallo, el Jefe de Estado publicó: “Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones”.

“Bueno, en el día de hoy (durante este Gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente”, agregó.

Luego de que los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña firmaran la sentencia de al menos 1.500 fojas y dieran lectura a la parte resolutiva, Milei aseguró que se puede “afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”. 

Pese a la afirmación del Jefe de Estado, la exvicepresidenta apelará el fallo ante la Corte Suprema, que será la encargada de resolver en última instancia. 

El fiscal ante Casación Mario Villar anunció en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que también apelará la absolución por asociación ilícita y también por las absoluciones a tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido anunciadas por Casación.

"Vamos a recurrir, vamos a presentar extraordinario por asociación ilícita y por las absoluciones", expresó el funcionario judicial al término de la audiencia La sentencia no quedará firme hasta que se pronuncie el máximo tribunal del país. En minoría, el juez Gustavo Hornos votó por acceder al planteo fiscal y elevar el monto de la pena por "asociación ilícita".