La compañía agroindustrial Vicentin sufrió hoy otro duro golpe en su derrotero judicial.

La Justicia ordenó la intervención de su órgano de administración, suspendiendo en forma provisoria los mandatos del actual directorio y designando en su lugar a dos interventores judiciales, quienes asumirán el control total de la firma durante 120 días hábiles. 

Se trata de Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg, quienes hasta ahora se desempeñaban como veedores del proceso.

La resolución, firmada por el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, señala que la empresa no tiene caja, acumula una deuda posconcursal de más de $30.000 millones, y sus principales plantas industriales fueron cerradas por decisión de sus directivos. 

"La justicia concursal no ha sido pensada para gerenciar empresas, pero resulta necesario intervenir para prevenir daños mayores", señala el magistrado en el fallo.

La intervención fue dispuesta en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos y Quiebras y busca evitar la “aniquilación total de la actividad productiva” y proteger “una empresa económicamente viable”. 

La resolución fija tres objetivos centrales: prevención del daño en curso, protección efectiva de la empresa y anticipación ante una eventual quiebra liquidativa.

El juez también dictó una medida inhibitoria anticautelar, ordenando que ningún proveedor podrá cortar servicios esenciales como electricidad, gas, seguridad o transporte. Incluso ordenó el restablecimiento de los que ya hayan sido interrumpidos. 

La medida también alcanza a organismos estatales como ARCA y gobiernos municipales, aunque no impide el inicio de ejecuciones, sí suspende medidas cautelares que afecten el giro operativo.

Los directivos Daniel Foschiatti, Carlos Sartor y Estanislao Bougain quedaron suspendidos sin goce de sueldo y deberán colaborar con los nuevos interventores. 

Estos, por su parte, tienen un plazo de diez días para presentar un plan de trabajo, identificar áreas críticas, convocar equipos de gestión y articular con la sindicatura y acreedores.

La medida se fundamenta en la inacción del directorio ante el agravamiento de la crisis, la falta de propuestas para frenar la caída y la decisión unilateral de cerrar las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo sin prever medidas alternativas. 

“El actual directorio naturalizó la parálisis societaria, abrazando como única certeza la espera pasiva de un salvataje”, sostiene la resolución.

La medida judicial se tomó días después de que la empresa lograra reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, gracias a un acuerdo con la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías S.A.

Esta empresa anticipó pagos por fasones de girasol y etanol. 

Ese esquema permitió abonar el 40% de los salarios adeudados de marzo y comprometió otros pagos para fin de mes. 

Los trabajadores aceptaron un cronograma que prevé cobrar el 80% en total, aunque el 20% restante sigue sin garantía.

Pero el juez Lorenzini concluyó que la estructura actual no podía continuar. 

“Se ha tornado evidente la falta de condiciones mínimas de previsibilidad y responsabilidad por parte del directorio, lo que impone esta intervención como única salida razonable para proteger los intereses de todos los involucrados”, escribió el juez.

Además, señaló la necesidad de evitar “el deterioro del patrimonio, la deserción de clientes y la posible pérdida de los pocos contratos aún vigentes”. 

En ese marco, los interventores deberán presentar un plan de acción urgente y rendir cuentas mensualmente.

Vicentin arrastra un default por más de US$ 1.500 millones desde diciembre de 2019

Cuando aún no abonó los salarios de febrero, la compañía agroindustrial Vicentín cerró en forma temporal dos de sus plantas, por la caída de contratos. Se trata de las instalaciones ubicadas en Avellaneda y Ricardone.

La empresa santafesina tomó esta medida debido a la “falta de contratos de fazón, lo que dificultó el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

"En este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible", indicó.

“Ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta, se ha decidido ayer proceder al cierre seguro de todas las plantas en operación (Ricardone y Avellaneda)”, señaló.

Dijo que la decisión se tomó “en la convicción de que para la conservación de la empresa, en este momento se impone la protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”.

La empresa dijo continuar “en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad”.

"Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace más de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores -solución que todavía está vigente- hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentín y a la comunidad", señaló.

En un nuevo capítulo de la investigación por el caso Vicentin, se llevaron a cabo más de 20 allanamientos* en diversas localidades de la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Buenos Aires.

Los operativos, que comenzaron al mediodía de este viernes, fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional.

La Gendarmería Nacional estuvo a cargo de llevar adelante estos procedimientos vinculados a la causa contra los exdirectivos de la empresa Vicentin por delitos económicos.

Según fuentes del caso, los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe. También hubo operativos en Adrogué y en la ciudad de Buenos Aires.

Estos procedimientos están directamente relacionados con una investigación iniciada en 2020 por los delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta vinculados a la empresa Vicentin.

La causa Vicentin se inició en 2020 y ya existe un requerimiento de elevación a juicio. La Fiscalía sostiene que la caída de Vicentin en 2019 fue planeada de forma fraudulenta por un grupo de personas que constituyeron una organización criminal para llevarla a cabo. Tras tres años de investigación, los fiscales Moreno y Narvaja construyeron una acusación contra los exdirectivos de Vicentin, anticipada en sucesivas audiencias imputativas.

La principal conclusión de la investigación es que el “sorpresivo default de 2019″ no fue resultado de una crisis repentina, sino la manifestación de un proceso de “endeudamiento y deterioro que comenzó años antes” y que se mantuvo oculto a los bancos que otorgaban préstamos y a las empresas agropecuarias que entregaban mercadería, principalmente bajo la modalidad “a fijar precio”.

La Fiscalía acusa a los exdirectivos de Vicentin de haber “falsificado balances anuales” con cierre a octubre de 2017 y octubre de 2018 para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También se los acusa de elaborar y presentar *informes trimestrales falsos* a cinco bancos internacionales entre enero de 2017 y julio de 2019, mostrando una solidez patrimonial aparente para *obtener créditos por más de 500 millones de dólares. Se señala que se tomaron recursos de bancos y vendedores incluso en medio de una situación financiera complicada, recursos que luego se perdieron en un entramado de empresas vinculadas a la firma. La Fiscalía considera que este mecanismo se utilizó para construir una estafa.

La situación de la empresa agropecuaria Vicentin se volvió a agravar luego de que la compañía puso en duda el pago de salarios a sus 3.000 empleados.

El empeoramiento de la crisis financiera de la compañía se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso de acreedores, tras darle lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por Commodities SA, uno de los acreedores.

Ante la complicación del escenario, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina advirtió que rechazara cualquier pérdida de puestos de trabajo.

Vicentin explicó que ante el fallo judicial podría peligrar el pago de sueldos.

"No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentín, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra", advirtieron los gremios.

Vicentin cayó en cese de pagos a fines de diciembre de 2019 y el 10 de febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores.

La compañía tiene enormes deudas, en especial con el Banco Nación.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, había homologado la propuesta de pago que le había hecho la firma a sus acreedores en marzo del años pasado. 

Pero la empresa Commodities, del Grupo Grassi, hizo una presentación de rechazo ante la Corte provincial, que finalmente fue aceptada.

Uno de los fundamentos para rechazar la homologación de la propuesta de pago es que el acuerdo presentado por Vicentin establecía un pago inicial de US$ 30.000 para cada acreedor quirografario, sin distinguir el monto total de sus acreencias.

Los gremios alertaron que unos 3.000 puestos de trabajo dependen del funcionamiento de la empresa.

Además, revelaron que al empresa les dijo que no saben si "podrán abonar los alarios de febrero".

El fallo de la corte santafesina abre el camino a un salvataje de terceros para que empresas puedan presentar una oferta para competir con el plan de pagos original de Vicentin, elaborado con sus interesados estratégicos Viterra, Bunge y ACA.