En la madrugada de hoy, alrededor de las 2.50, personal de la División Patrulla Preventiva de la Policía de Córdoba concretó la aprehensión de un hombre en la intersección de calles Magallanes y Teresa Benegas, en barrio Hospital de San Francisco.

Era buscado por la Justicia en el marco de una causa por un violento hecho contra una jubilada.Según informó la Policía, los efectivos que realizaban patrullaje preventivo identificaron al sujeto conocido en la zona como “Popi”, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente emitido por la Unidad Judicial  Habría sido identificado como Luciano Andrés Herrador, domiciliado en Frontera.

Tras la detención, fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición del fiscal Oscar Gieco.El detenido está sospechado de haber participado de un robo ocurrido a comienzos de abril, en una vivienda de avenida Chile, donde una mujer de 85 años fue engañada, golpeada y posteriormente asaltada. En ese hecho, el agresor habría ingresado a la casa, reducido a la víctima y sustraído dinero y pertenencias antes de darse a la fuga. La causa continúa bajo investigación judicial.

Una multitud enfurecida desató disturbios en las inmediaciones de un hospital en la región australiana de Outback, donde se encontraba un hombre acusado de asesinar a una niña de 5 años, quien fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de justicieros.

El imputado, Jefferson Lewis, presuntamente secuestró a la menor en una comunidad indígena cercana a Alice Springs durante el pasado fin de semana. El cuerpo de la niña, conocida como Kumanjayi Little Baby debido a las tradiciones indígenas que prohíben nombrar a los fallecidos, fue hallado el jueves.

Según informes de la policía, Lewis fue atacado y dejado inconsciente por una turba antes de ser arrestado más tarde ese mismo día en una comunidad indígena. Posteriormente, fue trasladado al hospital de Alice Springs, donde cientos de personas se congregaron la noche del jueves para exigir que se le aplicara la llamada "venganza" conforme a las prácticas del derecho consuetudinario, que podrían incluir ser atravesado con lanzas o recibir una golpiza.

Ante la escalada de la situación, las fuerzas del orden respondieron disparando balas de goma y utilizando gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, lo que resultó en daños a varios vehículos policiales.

Finalmente, el hospital dio el alta a Lewis y lo entregó a la policía, que lo trasladó en avión a Darwin, la capital del Territorio del Norte, a 1.500 kilómetros al norte, por motivos de seguridad durante su detención. Se espera que se presenten cargos en su contra el viernes.

La política de seguridad que se aplica en el departamento San Justo atraviesa una etapa de consolidación marcada por dos ejes centrales: la disminución de los índices delictivos y la incorporación de nuevo equipamiento policial de letalidad reducida. Así lo aseguró el comisario inspector Pablo Nieto, director de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba, en una entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, donde remarcó que los avances responden a una reacción coyuntural ante reclamos sociales, pero sobre todo a una planificación sostenida y de carácter integral.

 “La incorporación de estas nuevas herramientas, que son las armas de letalidad reducida o menos letales, es indispensable para el trabajo policial”, explicó Nieto. En ese sentido, detalló que estos dispositivos vienen a ubicarse “entre lo que tenía antiguamente la policía para trabajar, que era la propia humanidad, desde la mano del efectivo, y el arma de fuego”, la cual —subrayó— “siempre debe ser el último recurso”.

 Según el jefe policial, la implementación de este tipo de armamento se inscribe dentro del protocolo de uso legal, racional y progresivo de la fuerza pública. “Tiene que haber una racionalidad y una proporcionalidad de la fuerza empleada de acuerdo a la resistencia que ejerza la persona que tiene que ser controlada o puesta a disposición de la Justicia”, afirmó.

 Nieto sostuvo que actualmente la departamental a su cargo cuenta con una variedad de herramientas menos letales que amplían el margen de acción del personal policial. Entre ellas mencionó pistolas y carabinas lanzadoras Byrna, dispositivos Taser, gas pimienta, bastones rígidos y otros elementos de control.

 “Hemos incorporado pistolas lanzadoras Byrna y carabinas lanzadoras Byrna, que disparan proyectiles mediante aire comprimido para repeler una agresión ilegítima, siempre bajo los principios de racionalidad, proporcionalidad y legalidad”, indicó. Y enfatizó que estas herramientas permiten intervenir ante conductas agresivas que ponen en riesgo la integridad física del personal policial, de la propia persona o de terceros, sin tener que recurrir al arma de fuego.

 “Siempre tenemos que tener en cuenta que al momento de actuar en todo procedimiento policial el valor supremo es la vida”, remarcó. “La vida es lo que tenemos que proteger, y para eso vienen todas estas herramientas que están entre medio de la mano del policía y el arma de fuego”.

 En la misma línea, dijo que el uso de la fuerza es escalonado y gradual, y que la utilización de un arma letal solo se justifica cuando existe una resistencia potencialmente letal y un riesgo concreto para la vida.

 Consultado sobre los resultados de esta política, Nieto fue categórico. “Totalmente, hemos visto un cambio muy marcado y muy notable”, afirmó. Según detalló, hoy el personal policial prácticamente no utiliza armas de fuego en procedimientos cotidianos, algo que —contó— representa un cambio sustancial respecto de años anteriores.

 “Antes, ante una situación riesgosa, el policía tenía como única herramienta el arma de fuego para defenderse. Hoy, entre la mano y el arma de fuego hay distintas herramientas que puede optar por usar según la resistencia o la conducta del ciudadano”, explicó.

 En términos estadísticos, el comisario informó que los números acompañan esta transformación. “Tenemos un índice comparativo del 2024 al 2025 con una reducción del 20% en la comisión de delitos. Eso es sumamente positivo y alentador”, señaló, al destacar que se trata de una comparación interanual.

 Nieto vinculó parte de esa reducción a los operativos interfuerzas que se desarrollan de manera sostenida. Indicó que, desde la creación del Programa de Seguridad Nacional y el convenio con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba en el marco del plan 90/10, se fortaleció la presencia territorial.

 “Parte de esta disminución del delito tiene que ver con la participación de las fuerzas federales, con más compromiso e involucramiento en el territorio”, sostuvo.

En cuanto a la distribución geográfica del delito, precisó que se trabaja con un “mapa de calor” que permite identificar las zonas y los tipos de hechos más frecuentes. “Nos sigue marcando sectores cercanos al límite interprovincial con Santa Fe y el camino interprovincial como puntos sensibles”, indicó.

 Respecto al perfil del delito, aclaró que en San Francisco no se detecta crimen organizado. “Notamos que el delito está más violento, pero no tenemos bandas organizadas ni delitos tipo comando”, afirmó. Según detalló, los hechos más frecuentes son hurtos, robos al boleo e ingresos domiciliarios aprovechando la ausencia de moradores y la falta de medidas de seguridad.

Nieto puso especial énfasis en el trabajo conjunto con el municipio y los vecinos. Recordó que la política de seguridad en Córdoba se rige por la Ley de Seguridad Pública N° 10.954, reformada en 2020, que define un sistema integral con múltiples actores.

 Sostuvo que la seguridad ya no es solo responsabilidad de la policía, sino que involucra al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a los municipios, comunas, consejos barriales, fuerzas especiales, servicios penitenciarios y agencias privadas.

En ese marco, destacó el rol del Centro de Atención Ciudadana de San Francisco, al que calificó como “modelo” a nivel provincial. Señaló que allí confluyen el 911, el programa Ojos en Alerta, el sistema de videovigilancia, los botones antipánico y otros dispositivos, además de la incorporación de drones y nuevos sistemas de comunicación. “Todo este trabajo mancomunado nos permite tener más recursos para dar respuesta a la sociedad”, aseveró.

En el marco de la modernización del equipamiento policial, el pasado lunes el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de la Policía de Córdoba, Marcelo Marín, encabezaron la presentación de nuevos recursos destinados a la fuerza. En la ocasión se exhibieron 300 cascos balísticos RB3 para investigaciones criminales, además de escudos de última generación, municiones y kits de gas pimienta.

 Uno de los elementos que despertó mayor interés fue la prueba de concepto de guantes con descarga eléctrica, una herramienta que el Ministerio de Seguridad analiza incorporar. Según se informó, este dispositivo apunta a brindar una alternativa adicional para la reducción de personas en procedimientos regulados por el protocolo de uso escalonado de la fuerza pública.

 Se indicó que esta tecnología busca ampliar las opciones de intervención del personal policial en situaciones complejas, minimizando riesgos tanto para los efectivos como para la ciudadanía.

 Desde el Ministerio de Seguridad provincial se remarcó que la incorporación de tecnología es una prioridad. “Es fundamental invertir en herramientas que permitan a nuestros efectivos intervenir en situaciones de riesgo, desde la fuerza física hasta el armamento de baja letalidad, dejando el arma de fuego solo para casos de extrema necesidad”, se señaló oficialmente.

 En ese sentido, se destacó que la Policía de Córdoba cuenta actualmente con el 100% de su personal capacitado y equipado con armamento menos letal. Además, se subrayó que, desde el inicio de la actual gestión provincial, se realizó una inversión histórica en capacitación y tecnología, incluyendo la adquisición de 25 mil armas menos letales que posicionan a Córdoba como referente regional.

 Al cierre de la entrevista, Nieto dejó un mensaje dirigido a los vecinos. Les pidió que confíen en la policía y que denuncien los hechos delictivos. “Vamos a estar trabajando siempre para brindar la tranquilidad y la paz que necesitan para vivir”, afirmó.

 “Que confíen, que llamen al 911, que se sumen a los programas de alerta comunitaria. Vamos a estar en el territorio, trabajando mano a mano con el vecino, porque la seguridad es una construcción colectiva”, concluyó.

En horas de la tarde de ayer, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) se constituyó en un domicilio ubicado sobre calle Florencio Sánchez, en barrio La Milka, en San Francisco donde entrevistó a un hombre de 39 años.

Según manifestó el damnificado, momentos antes se había presentado en el lugar una ex amiga, con quien mantuvo una discusión verbal. De acuerdo a su relato, tras el intercambio, la mujer habría arrojado piedras contra su vehículo, un Fiat Palio con dominio visible, ocasionándole distintos daños materiales.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión de una mujer identificada como N.A.F., de 27 años, quien fue trasladada a la Unidad Judicial correspondiente.

San Francisco fue escenario este domingo de una jornada marcada por distintos episodios de violencia urbana que dejaron como saldo tres personas heridas por armas blancas. El hecho de mayor gravedad ocurrió en barrio Palmares, donde un hombre de 51 años, identificado como Diego Novaretto, fue hallado con múltiples heridas cortopunzantes en la zona del pecho y la cabeza.

Debido a la complejidad de su cuadro clínico, la víctima fue trasladada al Hospital “J. B. Iturraspe”, donde permanece internada en estado reservado. En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a peritos de Policía Científica para relevar la escena y avanzar en la investigación del ataque.

Además de este episodio, las autoridades investigan otros dos hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos se registró en barrio Parque, donde una mujer de 39 años resultó herida durante una agresión en el interior de un domicilio. El segundo ocurrió en el centro de San Francisco, a raíz de una pelea callejera que dejó como saldo a una joven de 23 años con lesiones leves.

En ambos casos, las víctimas sufrieron heridas provocadas con armas blancas, aunque no fue necesario su traslado a un centro de mayor complejidad. Según se informó, la policía logró identificar a los presuntos agresores en estos dos episodios y secuestró una de las armas utilizadas, que quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan en el marco de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de cada hecho y determinar responsabilidades.

Un naranjita quedó detenido luego de dañar un auto con una varilla de hierro. El hecho ocurrió este martes por la madrugada en barrio Alta Córdoba, en la zona centro-norte de la capital provincial.

De acuerdo a lo indicado por la Policía de Córdoba, una mujer se encontraba con su pareja en el interior de su vehículo Volkswagen Voyage cuando, dé repente, un cuidacoches se le apoyó en el auto. Ante esto, la conductora le solicitó que se retirara del lugar.

Lejos de alejarse, el “naranjita” enfureció y le arrojó una varilla de aluminio e aproximadamente 1,80 metros, la cual tenía atornillada otras dos alrededror de 20 centímetros cada una. Como consecuencia, el vehículo sufrió daños en el paragolpes y en una de las ópticas traseras.

Al ser notificados sobre el hecho, efectivos del Comando de Acción Preventiva de la Policía de Córdoba se presentaron en el lugar y detuvieron al cuidacoches de 38 años. Además, secuestraron el elemento con el que dañó al vehículo.

Tras la aprehensión, los uniformados trasladaron al detenido a sede policial, donde permanece a disposición de la Justicia.

Una jornada con distintos hechos policiales se registró este sábado en San Francisco, con intervenciones en materia de tránsito y seguridad, aunque sin personas lesionadas de gravedad.

 Durante la mañana, alrededor de las 7.30, se produjo un choque múltiple en la intersección de avenida Cervantes y Trigueros. Un colectivo de la línea internacional EGA, conducido por un hombre de 42 años, se encontraba detenido en el semáforo cuando fue colisionado por un Renault Clio, guiado por un hombre de 40 años, y un Chevrolet Prisma, conducido por otro hombre. El siniestro provocó únicamente daños materiales. En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios para la limpieza de la calzada y personal municipal para el ordenamiento del tránsito.

 Por otra parte, en horas de la tarde se registró un hecho de violencia en barrio Parque que culminó con una aprehensión. Personal de la Patrulla Motorizada observó en la vía pública a un hombre de 27 años que momentos antes había agredido físicamente a una mujer mayor de edad. Al advertir la presencia policial, el sujeto intentó darse a la fuga e ingresó por escalamiento a una vivienda ubicada en calle Chacabuco, propiedad de una mujer de 25 años.

 Los efectivos lograron reducirlo y proceder a su aprehensión inmediata. Posteriormente fue trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Turno, imputado por lesiones y violación de domicilio.

Una grave denuncia de violencia institucional sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC): un interno del Establecimiento Penitenciario N°3 (EP3), ubicado en el complejo carcelario de Bouwer, dijo haber sido golpeado de manera brutal.

Los hechos fueron investigados por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), Carolina Funes, luego de la queja que recibió por parte del interno. Fue la autoridad penitenciaria quien se apersonó ante la Justicia con evidencias y pruebas.

Luego de la denuncia de Funes, el fiscal de la causa, José Mana, ordenó este martes la detención de 10 agentes penitenciarias.

Todas están acusadas de agredir física y psicológicamente a un interno alojado en esa unidad. Fueron imputadas por “severidades y apremios ilegales” y Mana no descarta que alguna de estas acusaciones pueda variar en la medida que avance la pesquisa.

El episodio también fue confirmado por autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, quienes reconocieron la gravedad del caso pero destacaron que la intervención de la Justicia tuvo lugar tras la presentación del propio SPC.

El denunciante es un varón trans que permanece alojado en el penal de mujeres por disposición judicial. “Se trata de una mujer que se autopercibe varón, pero está en el EP3 porque, por su condición, la Justicia indica que debe permanecer ahí”, según indicó una alta fuente del Ministerio.

De acuerdo a lo que pudo establecer este medio, el denunciante presentó ante las autoridades una denuncia por maltrato físico y psicológico por parte de agentes del servicio penitenciario.

El interno habría sido abordado por al menos cuatro guardiacárceles el domingo 23 de noviembre, cuando en el lugar el movimiento cotidiano es más reducido.

En esa emboscada, de la que habrían sido testigo o parte otras seis uniformadas, la víctima habría sido objeto de una fuerte golpiza.

Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad de la prisión.

El hecho fue denunciado por el interno y nueve días más tarde, el pasado martes a las 12.30, la fiscalía de Mana recibió la denuncia. A las 16 fueron diligenciadas las detenciones.

Los investigadores confían en que tienen un cúmulo de pruebas significativo. Una de las más importantes está compuesta por distintas filmaciones presentadas por la propia jefa del SPC.

Además, el varón trans ya fue citado a declarar. “Es muy reciente la investigación, pero se trabajó con el SPC en conjunto, lo que permitió avanzar rápidamente en las determinaciones”, reconocieron los pesquisas.

Desde la fiscalía informaron que el interno se encuentra en “buen estado de salud” y aseguraron que fueron aplicados todos los protocolos durante la valoración forense.

Luca Paolo Gottero, de 20 años, sigue internado en el Hospital “J. B. Iturraspe” con diagnóstico reservado luego de haber sido baleado el pasado viernes en la ciudad de Frontera. Según fuentes cercanas a la investigación, el joven continúa en coma farmacológico y recientemente fue sometido a una cirugía para extirpar parte del intestino delgado.

El hecho ocurrió en la vereda de Calle 56 al 100, donde Gottero se encontraba junto a otras dos personas. Fuentes indicaron que la agresión habría sido consecuencia de una pelea previa, en la que la persona que luego efectuó el disparo habría sido golpeada. Tras el enfrentamiento, regresó armado y disparó contra los presentes, según señalaron las mismas fuentes.

 El balazo recibido por Gottero no tuvo orificio de salida, lo que provocó un compromiso grave de la zona intestinal. Las autoridades confirmaron este lunes a LA VOZ DE SAN JUSTO que el presunto atacante ya estaría identificado, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

 El caso quedó a cargo del fiscal Pedro Machado, quien lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y avanzar con las medidas judiciales correspondientes. Por su parte, familiares y allegados permanecen a la espera de la evolución del joven, mientras el personal médico continúa con las labores de cuidado intensivo.

 El fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Santa Fe, Carlos María Vottero, tiene bajo su mando a fiscales con competencia en varias localidades. Desde esa estructura dirige la investigación penal del crimen que conmovió a toda la región: el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera el pasado 9 de julio cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez, presunto blanco de los sicarios.

 La brutalidad del hecho obligó a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a firmar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar el narcotráfico y la violencia armada en la frontera interprovincial. Pero Vottero aclara: la única investigación la lleva adelante la fiscalía bajo su mando, y ninguna autoridad cordobesa intervino en el caso.

 En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vottero, uno de los que más conoce el paño judicial, se refirió a declaraciones de funcionarios de Córdoba, dejó en claro que aún no existe un autor intelectual individualizado por el crimen de Zamir y remarcó que mientras en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron, en el departamento Castellanos aumentaron. Aseguró que es prioridad en la agenda judicial la lucha contra el microtráfico de drogas en la llamada “la otra triple frontera” –San Francisco, barrio Acapulco (Josefina) y Frontera– que, según sus palabras, “son una sola cosa”.

—¿Cómo evalúa la situación actual del narcotráfico en Santa Fe y en particular en Frontera, donde la violencia impera?

 Frontera y Josefina tienen una problemática social delictiva muy particular vinculada al consumo y la comercialización de estupefacientes que genera violencias altamente lesivas, cometidas muchas veces con armas de fuego. A nivel provincial, desde hace más de un año tenemos competencia en materia de microtráfico. No investigamos macrotráfico, sino la venta y comercialización minorista. Desde 2014, cuando se reformó el Código de Procedimiento Penal en Santa Fe, venimos trabajando en Frontera. Lo hacían fiscales de Rafaela porque allí no había un fiscal designado de manera permanente. Ahora, con la llegada de nuevos fiscales, uno será asignado a la Fiscalía de Frontera. Eso nos permitirá mayor cercanía con el territorio.

 Ya se hicieron cuatro demoliciones de búnkeres de drogas y un tapialamiento en otra vivienda (de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión). Cada procedimiento arrojó resultados: secuestro de estupefacientes, balanzas de precisión, máquinas de contar dinero y personas detenidas, muchas de ellas con domicilio en San Francisco pero operando en Frontera. Por eso insisto: San Francisco, Frontera y Acapulco forman un mismo conglomerado, son una sola cosa.

-           ¿El microtráfico es un fenómeno en expansión o está estabilizado?

Va en aumento. Es una problemática mundial, muy instalada, que atraviesa otros delitos. Genera violencia altamente lesiva y homicidios. Según números del Ministerio de Seguridad de la Santa Fe, en los departamentos Rosario y La Capital los homicidios bajaron, pero en el departamento Castellanos aumentaron. Esa diferencia tiene que ver con la alta conflictividad derivada de la comercialización de estupefacientes.

-           ¿Qué cambios detectaron en las modalidades de las bandas? ¿El sicariato se volvió recurrente?

 El caso Zamir es un ejemplo. La mecánica indica que se trató de una emboscada planificada: cruzaron un auto para interceptar a otro y dispararon sin importar la presencia de un niño. Eso es sicariato. Todo confirma que es la forma en que se manejan estos delincuentes. Si bien estos hechos ocurren más en Frontera que en San Francisco, la realidad es que están involucradas personas de uno y otro lugar.

-           ¿Quiénes son las personas, en su mayoría jóvenes, que terminan integrando estas redes como sicarios?

 Son personas atravesadas por el consumo problemático. Las adicciones los empujan a ingresar en estas estructuras. En los primeros eslabones son usados como mano ejecutora por quienes ocupan lugares jerárquicos más altos.

“La mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI (…) La investigación siempre fue nuestra. Nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco, salvo a requerimiento de esta fiscalía y con fines de colaboración en cuanto a las diligencias investigativas llevadas adelante por la policía de Santa Fe (…) Me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar”.

—¿Qué peso tiene la disputa territorial y qué peso el ajuste de cuentas?

 Ambos factores conviven. Muchas veces las disputas por territorio derivan en represalias y muertes, que generan nuevas respuestas. Casi indefectiblemente, la respuesta del otro lado va a venir. Es un círculo vicioso. Frente a esto, el abordaje represivo o punitivo es necesario pero no suficiente. Se requieren políticas preventivas en educación, salud y asistencia en adicciones que ataquen estructuralmente toda esta problemática. La prevención solamente con presencia policial, tampoco alcanza.

—Si crece el microtráfico, también crece el consumo…

 Exacto, y cada vez a más temprana edad. Vemos niños de 15 o 16 años, incluso más chicos, que ya consumen. Al ser inimputables, no ingresan en el sistema penal. Deben ser abordados desde las áreas sociales y de niñez. Si no, su futuro es terminar presos o muertos. El Estado debe abordarlos desde una mirada social también.

 —En la sociedad existe la percepción de que en algunos lugares hay “zonas liberadas” y cierta complicidad policial. ¿Con qué obstáculos concretos se encuentran los fiscales al investigar el microtráfico?

 Desde la Fiscalía Regional abordamos todas las investigaciones por igual. Si se advierten situaciones como las mencionadas, el personal policial no está exento de responsabilidad penal y se actúa en consecuencia. En 2014 imputamos, detuvimos y logramos condenas de policías de la Comisaría 6ª de Frontera por uso excesivo de la fuerza, apremios ilegales y torturas contra detenidos, entre otros cargos. El caso más mediático fue el del hombre “crucificado”. En causas complejas, trabajamos con la Policía de Investigaciones (PDI) y también con fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería. Es importante la presencia de esas fuerzas puntualmente en este territorio.

–¿Por qué persiste la percepción social de que la Policía solo aparece cuando ocurre un hecho grave y luego se ausenta del territorio?

 Eso está ligado a la faz preventiva, es decir, la presencia policial para evitar que el delito ocurra. Esa decisión corresponde a la Policía y a los ministerios de Seguridad. El sistema judicial no puede solo, se requiere coordinación. Reitero, muchos hechos se dan cruzando el límite interprovincial: aunque ocurran en Frontera, varios de los delincuentes son de San Francisco. El abordaje en conjunto,  siempre pidiendo colaboración de una provincia a la otra, es importante y fundamental. Cruzan una calle, como es la 1, el camino interprovincial, y delinquen de un lado o del otro.

–¿Considera que existe una estigmatización delictiva asociada a Frontera? Aunque es una realidad el avance de la violencia armada en esa ciudad.

 En este punto hay un análisis lógico que hacer: San Francisco tiene mucha más población que Frontera y barrio Acapulco. Si seguimos esa lógica, incluso podría decir que hay más delincuentes o personas que cometen hechos delictivos en San Francisco que en Frontera, porque simplemente hay una mayor cantidad de habitantes. Quiero dejar en claro que estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre ambas localidades y que los hechos no deben analizarse de manera aislada, ya que muchas veces lo que sucede en un lugar tiene vinculación directa con lo que ocurre en el otro.

–De hecho, los detenidos por el crimen de Zamir son de San Francisco.

 Es cierto que la mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI. Cuando la detención debe hacerse en Córdoba, pedimos colaboración a su policía, porque la de Santa Fe no tiene competencia territorial, pero la investigación siempre fue nuestra. En el caso Zamir actuó la fiscal Fabiana Bertero con la PDI. Quiero remarcarlo: nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco; el personal policial de Córdoba efectivizó las detenciones por un tema de jurisdicción. El hecho ocurrió en Frontera y la competencia es de Santa Fe. Por eso me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar, instalando una idea falsa sobre quién investiga. Eso solo confunde a la sociedad en un caso de enorme repercusión.

– ¿Cómo está hoy la causa Zamir? ¿Hubo más avances en los últimos días?

Hasta el momento hay tres personas detenidas con prisión preventiva -Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29)-. Además, se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo, y existen otros pedidos de captura en curso contra posibles implicados. Hubo un avance rápido en la primera etapa y ahora se continúa con esas capturas pendientes y con pericias fundamentales. Esperamos resultados que aporten información valiosa para definir nuevas líneas de investigación. Los tiempos periciales no dependen de la fiscalía, pero de esas pruebas surgirán elementos centrales para la causa.

“Hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir”.

–Los tres jóvenes imputados estuvieron a bordo del Fiat Cronos gris que emboscó y atacó a tiros al auto de Braian Martínez, pero ¿se investiga a un presunto autor intelectual? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló a un integrante de una familia narcocriminal preso en Cruz del Eje, y hasta pidió su traslado a un penal federal…

 Desde esta fiscalía no ha salido esa información ni esa versión. En nuestra investigación, de la evidencia obtenida hasta ahora, no surge la autoría intelectual de nadie. Quienes hacen esas manifestaciones públicas, no sé a qué investigación se refieren, si son funcionarios de Córdoba, ciudadanos o si hablan de causas distintas. Lo cierto es que no aportaron nada a la fiscal a cargo del caso. Quiero dejar claro que la investigación es nuestra, de la Fiscalía Regional Nº 5 y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. De esta diligencia investigativa podrán surgir autorías materiales o intelectuales, pero hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir.

-           ¿Qué mensaje le daría a la sociedad que percibe que la Justicia no alcanza a estas bandas?

Se trabaja mucho en esta Fiscalía Regional en el abordaje del microtráfico de droga y los delitos de derivan de éste, sobre todo, en la zona de Frontera y Josefina, y con muy buenos resultados y respuestas visibles, aunque parezca que es una gota dentro de un océano. Es un delito ya arraigado pero estamos dando la batalla que corresponde y forma parte de las prioridades de nuestra fiscalía. A la bravedad se designará un fiscal propio. El mensaje a la sociedad es que seguiremos trabajando en la misma línea, hay una firme decisión de seguir priorizando estas investigaciones.

La diversión en bares, boliches y otros locales nocturnos en San Francisco vuelve a estar en el centro de la escena tras la viralización de videos donde se registran peleas y conflictos. En ese contexto, dos referentes locales vinculados a la organización de estos eventos dialogaron con LA VOZ DE SAN JUSTO y explicaron cómo abordan la seguridad y qué medidas se aplican para evitar que estos hechos se repitan.

Crhistian Bertorello, propietario de Runa Disco, asegura que ponen el eje en la prevención. “Tenemos armado lo que es, como primera parte, un sistema de cámaras para poder observar si hay algún movimiento, alguna pelea o conflicto. Y como segunda parte, lo que es la seguridad: la idea general es prevención al conflicto”, indicó.

Según el empresario, la clave está en anticiparse: “Los problemas siempre se ven un poquito antes. Si ves un inconveniente entre dos o más personas por algún tema, la seguridad tiene que estar atento a esas cosas y tratar de que no se llegue a la pelea. Por ahí vos sacás a alguien porque generó un problema, lo identificas y al próximo fin de semana no entra. Si no fue grave, lo dejás una o dos fechas afuera, y después se puede hablar con él. Estas cuestiones siempre son complicadas”.

Además, Bertorello remarcó que el personal de seguridad recibe preparación para actuar ante estas situaciones: “Los chicos hacen un curso de reducción. La idea que se les transmite es que si hay un problema, reduzcan para sacarlo afuera. Pero muchas veces se anticipa y se evita, simplemente hablando”.

Para el dueño de Runa, el alcohol suele ser un factor agravante: “La gente cuando sale a la noche, bebe, y siempre está el problema del alcohol si se consume de más. Eso genera conflictos. Hay gente buena que cuando se alcoholiza cambia, y otras personas a veces se ponen más agresivas. Pero también hay cosas que pasan fuera del boliche y se trasladan adentro: conflictos de redes, de celos. Es difícil saberlo de antemano”.

En caso de peleas, aclaró que el protocolo es claro: “La única manera es la prevención. Pero si se genera un conflicto, se actúa rápido. Tenemos diagramado dónde está cada seguridad, para que puedan intervenir de inmediato. Cuando actúa uno, el resto ya sabe cómo moverse”.

Sobre los casos en los que los propios custodios son protagonistas de hechos de violencia, fue categórico: “Si tenés gente que actúa mal, lo dejás cesante. Ellos saben que esa no es la forma de actuar. A veces hay contacto físico porque hay que reducir, y parece brusco, pero es la única forma. Siempre se les dice que actúen sólo para contener. Uno trata de que el seguridad esté a la altura de las circunstancias, pero todos somos humanos, y el error puede estar de cualquier lado”.

Bertorello también se refirió al impacto de los videos que circulan en redes: “Podés tener una noche perfecta, y en los últimos 10 minutos se arruina por dos personas. No hay un patrón fijo. Por eso, lo mejor es la prevención”.

Desde otro ámbito, Javier Panero, presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios —institución que organiza bailes populares masivos en la ciudad— explicó que ellos optan por contratar únicamente personal policial: “Nosotros contratamos policía. Lo que hacemos se compara con un partido de fútbol. Es la policía la que organiza todo: determina quién va a estar en qué punto, hace el cacheo al ingreso, está dentro del salón y también afuera”.

El cacheo en el ingreso es riguroso: “Siempre hay cordones divididos por género donde se revisa a cada persona. Se les sacan encendedores, perfumes, peines, lo que puedan llevar para evitar cualquier problema”.

En cuanto a los conflictos, Panero señaló: “Nunca pasó a mayores. Siempre se detecta temprano y se los retira. Si hace falta, se los arresta. Pero en general no llega a eso. Se ve el consumo de alcohol, y eso produce los desmanes. Por ahora lo estamos detectando a tiempo aunque no estamos exentos de que sucedan”.

A pesar de las viralizaciones recientes, el presidente de Bomberos considera que los incidentes han disminuido con los años: “Antes había más problemas. Creo que con el tiempo esto se fue reduciendo bastante”.

En ambos casos, la prevención y el accionar inmediato aparecen como pilares para evitar que la violencia empañe la diversión. La masividad de los eventos, el consumo de alcohol y el contexto social inciden, pero también se destaca el compromiso de organizadores por garantizar una salida nocturna segura para todos.

Una publicación compartida de La Voz de San Justo (@lavozdesanjusto)

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La problemática de la inseguridad en la región de Frontera y barrio Acapulco de Josefina sigue sin resolverse, a pesar de los reiterados reclamos de los habitantes. La última semana, marcada por nuevos asesinatos y heridas graves, puso nuevamente en evidencia la crisis de violencia, narcotráfico y la creciente desesperanza de los vecinos.

“Es tierra de nadie. Estamos desesperados. Triste, lamentable, horroroso. Estamos absolutamente desamparados. Acá hay gente muy trabajadora y no puede ser que por unos pocos la paguen todos”, expresaron los familiares de las víctimas de homicidios ocurridos en los últimos meses en barrio Acapulco, donde la impotencia y el miedo son los sentimientos predominantes.

La última escalada de violencia en la región comenzó a finales de 2024 y se extendió a lo largo de enero de 2025, con varios ataques armados que dejaron muertos y heridos. El 6 de diciembre, un hombre fue acribillado con 15 disparos en Acapulco y falleció un mes después a causa de sus heridas. También, el 26 de diciembre, un menor fue atacado a balazos en el mismo barrio, aunque sobrevivió. En enero de 2025, los ataques continuaron: el 7 de enero, un hombre resultó gravemente herido en barrio Acapulco; el 9 de enero, dos personas fueron baleadas en Frontera y trasladadas al Hospital “J. B. Iturraspe”.

El 14 de enero, una mujer fue detenida tras disparar y herir gravemente a otra persona en Frontera. El 15 de enero, un nuevo ataque a balazos dejó a un hombre hospitalizado, mientras que el 29 de enero un joven fue baleado y su salud quedó en estado crítico. El 30 de enero, se registró un asesinato a tiros en Frontera, y el mismo día, un adolescente fue herido en barrio Acapulco, aunque su vida no corre peligro.

Estos hechos violentos no son aislados. En septiembre de 2024, el asesinato de José Sebastián Ramírez y de “Milu” Velázquez, una joven madre de tres hijos, había conmocionado a la comunidad de barrio Acapulco. La violencia continúa extendiéndose sin control, mientras las autoridades no logran frenar la operación de las bandas de narcotraficantes y el accionar de los criminales. "Desde la masacre de la familia Paz, los homicidios, las bandas de narcotraficantes, los búnkeres de droga y los tiroteos cotidianos parecen ser parte de una realidad insostenible", afirmaron algunos vecinos, reflejando la desconfianza hacia la respuesta de las fuerzas de seguridad.

En febrero de 2018, LA VOZ DE SAN JUSTO ya había informado sobre el problema de la violencia en la zona: "Cientos de vecinos de barrio Acapulco y otros sectores del conglomerado urbano conformado por Josefina, Frontera y San Francisco padecen a diario situaciones violentas causadas por bandas de narcos que se disputan el territorio". Esta situación se ve agravada por la particular división administrativa que supone la existencia de la frontera interprovincial, que dificulta la intervención coordinada de las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

Diferentes episodios de violencia urbana se desataron en Córdoba durante este miércoles a la madrugada, con un saldo de tres fallecidos y un herido, según informó Cadena 3. 

El primer caso ocurrió en la Ciudad de Cruz del Eje donde un joven de 21 años fue trasladado con una herida de arma de fuego, en la zona del abdomen, al Hospital Aurelio Crespo de esa ciudad. Tras ser asistido, los médicos constataron su deceso. 

En tanto que en Córdoba Capital, en barrio Campo de la Rivera, un hombre mayor de edad fue trasladado por una herida de arma de fuego a la altura de las costilla al Hospital de Pronta Atención San Jorge. Allí, luego de unos minutos tras ser asistido, facultativos del mencionado nosocomio constataron su deceso.

El tercer fallecido es un hombre de 31 años que recibió dos heridas de arma blanca en la zona intercostal en barrio El Cerrito. Aparentemente el sujeto fue lesionado durante una riña. 

Además de los mencionados casos, un joven de 21 años resultó con una herida de arma de fuego en el tórax, en barrio Las Flores, producto de la discusión con otro sujeto.

El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco ratificó el cese de la medida excepcional adoptada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y permitió que el adolescente Á. K. O., que tiene 17 años, retorne a su centro de vida y permanezca en forma definitiva bajo el resguardo de su padre.

Desde 2022, la Senaf venía interviniendo en la situación del adolescente debido a su exposición a conductas violentas en el ámbito barrial, el consumo problemático de sustancias y la deserción escolar. Estas situaciones ponían en riesgo tanto su integridad como la de terceros. Como respuesta, la Delegación San Francisco de la Senaf adoptó medidas de protección, tales como disponer su resguardo en el Complejo Esperanza.

Al finalizar esta medida, en diciembre de 2023, Á. K. O. fue trasladado a la Residencia Casa Trejo, en la ciudad de Córdoba, en cumplimiento de una medida de protección excepcional por un período de 90 días. Esto, debido a que sus progenitores no podían garantizar la contención necesaria ni asegurar una crianza adecuada.

Durante ese tiempo, su progenitor recibió un tratamiento por ingesta de bebidas alcohólicas en un centro que pertenece a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. En junio de 2024, el juez Andrés E. Peretti dispuso el cese de la medida excepcional y autorizó la reintegración de Á. K. O. a su entorno familiar, ya que no había reincidido en conductas delictivas. Ante el tribunal, el joven expresó su deseo de vivir con su padre, quien podía garantizarle su bienestar y el respeto a sus derechos esenciales.

El tribunal destacó que la intervención conjunta de distintos actores sociales y judiciales permitió revertir la situación del adolescente. Asimismo, subrayó que, actualmente, el joven está realizando trabajos como vendedor en una panadería y ayudante de electricista. 

Asimismo, se instó a la Delegación San Francisco de la Senaf a continuar con su intervención mediante medidas enfocadas en el acompañamiento y la creación de herramientas que promuevan una mayor autonomía personal tanto para Á. K. O. como para su padre. Además, se sugirió al adolescente que retome sus estudios y la realización de un tratamiento de rehabilitación de adicciones.

En su resolución (que incluye una comunicación dedicada especialmente al adolescente), el juez Peretti afirmó: "La familia es el núcleo natural en el cual todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser criado y desarrollarse". También remarcó la existencia de dos derechos básicos: "Primero, el derecho a ser oído y expresarse en todo asunto que le concierne; y segundo, la aplicación de esa regla en procesos judiciales donde el niño o niña se encuentre involucrado".

En horas de la madrugada de hoy se realizaron varios allanamientos  en el sector noreste de San Francisco, en Pasaje Reconquista, en barrio Hospital. Los mismos estuvieron vinculados a tareas investigativas sobre dos violentos hechos de robo.

Uno de los hechos fue perpetrado el domingo al mediodía en barrio Iturraspe, donde resultó damnificado un vecino de 54 años, Silvio Ghione, quien además sufrió un disparo de arma de fuego. 

El otro delito que se averigua tiene que ver con un robo cometido el sábado 15 de junio pasado. En este caso, Ismael Batistella, de 34 años, resultó con una herida cortante cuando se encontraba trabajando como delivery gastronómico y fue abordado por dos delincuentes en inmediaciones barrio Parque. 

Bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, personal de Investigaciones de la Departamental San Justo de Policía de Córdoba pudo identificar a uno de los presuntos autores de los hechos antes mencionados. Se trata de un joven de 20 años.

Durante el allanamiento se secuestraron distintos elementos de interés para la causa. 

Dolorosa y lamentable es siempre la violencia política. Nace de la intolerancia y la carencia de espíritu democrático de minorías exaltadas y recalcitrantes de extrema izquierda que se auto adjudican la representación del pueblo. Se desata en las calles cuando los verdaderos representantes de ese pueblo discuten el contenido de una ley en el Congreso de la Nación. Y termina siempre con un triste saldo que se mide en bienes destrozados y vidas en peligro. 

Lo que sigue también es conocido: los vándalos denunciarán la represión policial “contra el pueblo que se manifiesta” y los “intelectuales” justificadores de la violencia lanzarán toneladas de “fake news” intentando despegarse de los incidentes y atribuyéndolos a fuerzas oscuras infiltradas por el gobierno para desvirtuar los “sagrados” fines de la movilización popular. 

Las historias se repiten. En especial cuando los gobiernos no son del signo político que más ha ejercido el poder desde 1983 a hoy.  En diciembre de 2017, el gobierno de Mauricio Macri pretendía aprobar la ley de Movilidad Jubilatoria. Antes de aquella sesión, algunos voceros de estos grupos radicalizados se sumaron al palabrerío de gremialistas acostumbrados a navegar por las lodosas aguas de la extorsión como método de acción política. “Se los decimos a los senadores de la Nación: el que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con foto y fecha de nacimiento. Se acabó lo de votar en contra de un pueblo a cambio de nada”, afirmó uno de ellos en aquel diciembre caliente que albergó una jornada dramática donde se tiraron 14 toneladas de piedras. Lo mismo hicieron esta vez. Amenazaron primero y generaron luego los disturbios. 

Aquella tarde de 2017, los manifestantes intentaron tomar el Congreso para evitar la sesión. En los alrededores del palacio legislativo hubo gravísimos incidentes entre los activistas con la Policía. Sebastián Romero, mejor conocido como el Gordo Mortero, se convirtió en una de las caras visibles de esa jornada. La sesión, finalmente, se abortó. 

Ayer, mientras se debatía la Ley Bases, volvieron a la carga. No llegaron a arrojar 14 toneladas de piedras. Pero la imagen dramática del incendio del automóvil de Cadena 3 se convirtió de inmediato en el símbolo contundente de cómo el fanatismo y el sectarismo se conjugan para debilitar las instituciones democráticas de la Nación. 

Solo pudieron dar vuelta algunos autos. No consiguieron dar vuelta el curso de los acontecimientos porque la sesión continuó y la Cámara Alta anoche tras el desempate de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, aprobó una votación crucial. Los violentos de siempre pretendieron –otra vez- dar vuelta la historia. No lo consiguieron. Moraleja: llenan plazas y tienen muchas piedras, sí. Pero no representan a quienes dicen representar. Basta recordar que cuando se dan vuelta las urnas, recogen muy pocos votos.

Nuevamente este martes 26 se paralizarán todas las líneas de colectivos interurbanas y los taxis, en la ciudad de Rosario, debido a los cuatro atentados contra las unidades perpetradas anoche, en tan solos una hora.

 “Hubo un ataque con un balazo, otro con un piedrazo, otro de un ladrón en un colectivo y otro en el que una chofer escuchó detonaciones”, explicaron en la Municipalidad de la ciudad.

Ya es la segunda vez que en el transcurso de este mes se paraliza el transporte público en la ciudad santafesina, tras una semana en la que los narcotraficantes ordenaron cuatro ejecuciones, entre ellas, la de dos taxistas.

La seccional local de la UTA fue la encargada de difundir la noticia de la paralización de las actividades.

Según señala el diario La Capital, los taxistas se sumarán a la medida de protesta y no circularán al menos hasta las seis de la mañana.

Con esto, el transporte se paraliza por segunda vez en el mismo día, que había comenzado sin actividad debido a un mensaje intimidatorio.

En paralelo -de acuerdo al mismo medio- al teléfono de la línea 110 llegó la imagen de una carta con un texto amenazante.

Un violento robo volvió a sacudir a la familia de Antonela Roccuzzo en la ciudad santafecina de Rosario cuando delincuentes sorprendieron a dos personas que trasladaban cerca de 8 millones de pesos pertenecientes al supermercado Único.

El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en el cruce de las calles Lavalle y Cochabamba, pleno centro de la ciudad, cuando los ladrones interceptaron un Chevrolet Onix negro, le rompieron la ventanilla y se llevaron los bolsos con el efectivo.

Según informaron, los delincuentes se robaron dos bolsos con 4 millones de pesos cada uno y cuando escaparon le pegaron un tiro al auto que, de milagro, no hirió a nadie.

Entre las víctimas del robo se encontraba la prima de la esposa de Lionel Messi, quien debió ser asistida por médicos junto a su acompañante por estar en estado de shock.

De acuerdo a lo que informó el medio Rosario3, los delincuentes llegaron a la escena y huyeron en un auto Focus o Cronos blanco.

El caso se originó a pocas cuadras de donde se encuentra el supermercado que, en marzo de este año, ya había sido flanco de un ataque a tiros por parte de sicarios que le dejaron un mensaje al futbolista: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn), que atiende las 24 horas todos los días del año, recibió 140.260 denuncias en sus 15 años de existencia, en las que los casos de violencia psicológica y física fueron los más registrados, informó el organismo.En su décimo quinto aniversario, la OVD, que fue creada el 15 de septiembre de 2008, elaboró un informe especial llamado "15 Años de Trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica 2008 - 2023" donde informó que acudieron a la oficina 216.733 personas, y las principales afectadas fueron mujeres (64%), y niñas, niños y adolescentes (30%)."La OVD se ha transformado en un organismo referente en la materia, no solo por su disponibilidad permanente, sino por el profesionalismo y compromiso con que todos sus integrantes se abocan a su tarea diaria", aseguró Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, de quien depende la OVD. 

El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones.

El magistrado sostuvo que fueron 15 años "de un esfuerzo constante por asegurar el acceso a justicia a las personas afectadas por hechos de violencia familiar, así como de brindar contención, respuesta y acceso a otros servicios mediante el trabajo coordinado con diversos organismos". 

En las denuncias, los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo de las personas afectadas y determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia:

• El 96% de los casos: psicológica• El 59% de los casos: física• El 32% de los casos: ambiental• El 33% de los casos: económica y patrimonial• El 17% de los casos: social• El 11% de los casos: sexualEl 41% de los casos fue evaluado como de riesgo altísimo y alto; el 47% como medio y moderado, y solo el 12% de los casos tuvo riesgo bajo."El surgimiento de la OVD implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros organismos del Estado", valoraron desde esa dependencia. 

Una de cada tres personas denunciantes fueron mujeres, y el 30% fueron niñas, niños y adolescentes.

El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones y el grupo etario de los más denunciados está comprendido entre los 22 y los 49 años (63%).Las denuncias recibidas fueron derivadas principalmente a la Justicia Nacional en lo Civil (99%) y a la Justicia Penal (88%)."La OVD implementó, desde sus inicios, un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados. En este sentido, en los últimos 15 años, 7 de cada 10 denuncias se hicieron fuera del horario judicial de atención al público, lo que facilitó el acceso a justicia de la población afectada", concluyeron en un comunicado.