La investigación por la muerte de Natalia Delso y su expareja, Juan Galván, avanza bajo la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio en la ciudad de Morteros

Los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Delso, de 38 años, determinaron que la víctima murió como consecuencia de un brutal traumatismo de cráneo provocado por un golpe en la cabeza, lesión que le causó la muerte de manera inmediata. El informe forense también indicó que presentaba signos de estrangulamiento, aunque la causa del fallecimiento fue el traumatismo de cráneo. Además, se descartó la existencia de signos de abuso sexual.

El fiscal de Instrucción de Morteros, Francisco Payges, señaló que el rango horario de la muerte de Delso y de Galván, de 46 años, es muy similar, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue seguido casi de inmediato por el suicidio del agresor.

Los cuerpos fueron hallados ayer lunes por la tarde en una vivienda de calle Beiró, en barrio Urquiza. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, Natalia había salido de la casa de sus padres alrededor de las 10 con la intención de regresar al mediodía. Ante la falta de respuestas a llamadas y mensajes, familiares se dirigieron al domicilio de Galván.

De acuerdo con la investigación, desde la calle se escuchaba música a alto volumen dentro de la vivienda. Tras varios intentos sin obtener respuesta, un hermano de la víctima y un hermano de Galván ingresaron por la parte trasera y encontraron a ambos sin vida en la cocina.

Los investigadores sostienen que el hombre había asegurado puertas y ventanas desde el interior con alambres y cables. Luego de atacar a Delso, se habría quitado la vida ahorcándose en el mismo lugar.

Otro de los datos relevantes surgidos en la causa es el antecedente judicial de Galván. El hombre había cumplido una condena efectiva de 3 años y 10 meses por lesiones graves calificadas y lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género, y había recuperado la libertad aproximadamente un año antes del hecho.

Las autoridades precisaron que Delso y Galván habían mantenido una relación de pareja durante cerca de un año, pero al momento del crimen no convivían ni tenían hijos en común. También indicaron que no existían denuncias previas de violencia familiar entre ellos.

El intendente de Morteros, Sebastián Demarchi, en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, expresó que el caso conmocionó a la comunidad y confirmó que el municipio puso a disposición de la Justicia y de la familia equipos de salud mental y asistencia en violencia de género.

CORDOBA (Corresponsalía)-. “Que no sea en vano”. La frase, pronunciada por Elizabeth Heredia, abuela de Agostina Vega, resumió el sentimiento que recorrió las calles de Córdoba durante una movilización que, según informaron los organizadores y fuentes policiales, reunió a más de 100 mil personas. Fue un pedido de justicia por la adolescente de 14 años asesinada, pero también una exigencia colectiva para que ninguna otra familia tenga que atravesar el mismo dolor.

A lo largo de 13 cuadras, miles de personas acompañaron a la familia de Agostina. Hubo lágrimas, abrazos, aplausos y carteles. Hubo bronca. Hubo memoria. Y hubo una certeza compartida: el caso de la adolescente no sólo conmueve por la brutalidad del desenlace, sino porque volvió a exponer interrogantes sobre la respuesta institucional ante una desaparición y los femicidios.

“Que tomen en serio a las madres cuando van a pedir ayuda por sus hijas. Si después aparece, mejor. Pero si no, que investiguen desde el primer momento”, reclamó Elizabeth. También sostuvo que la madre de Agostina, Melisa Heredia, intentó aportar información y no fue escuchada. “Ella fue a denunciar la pérdida de su hija que había desaparecido y nadie la escuchó”, afirmó. Y agregó: “Queremos que haya justicia y que caigan todos los que tienen que caer porque ese tipo no lo pudo haber hecho solo”.

“¡Atrás de la barredora, atrás de la barredora!”. La orden que salió desde un megáfono funcionó como punto de partida para una columna inmensa que comenzó a avanzar lentamente. Era una marcha cargada de emociones, y atravesada por el dolor.

Desde adentro, la sensación era difícil de describir. Filas y filas de mujeres, familias enteras, adolescentes, jubiladas y también muchos hombres. Algunos acompañaban a sus hijas, parejas o amigas. Otros marchaban solos. Todos parecían movilizados por una realidad que los interpela de manera cada vez más directa.

La presencia masculina fue una de las imágenes que los propios movimientos feministas reconocen como parte de los cambios culturales producidos en los últimos años. Cambios que, paradójicamente, avanzan empujados por tragedias que siguen golpeando a la sociedad.

La movilización coincidió con un nuevo aniversario de Ni Una Menos y estuvo atravesada por una sensación compartida: once años después de aquella primera marcha histórica, muchas de las demandas siguen vigentes.

“Mucho más organizadas”

Antes de la movilización, en el Archivo Provincial de la Memoria, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Yanina Luna, integrante del colectivo Ni Una Menos Córdoba. El escenario no fue casual. El excentro clandestino de detención D2, hoy convertido en espacio de memoria y derechos humanos, también resguarda las huellas de las luchas actuales.

Consultada sobre cómo atraviesa el colectivo este nuevo femicidio ocurrido en vísperas de una nueva conmemoración, respondió: “Totalmente conmovidas por el horror y a 11 años repitiendo las mismas consignas, pero a diferencia de hace 11 años, mucho más organizadas”.

Para Luna, el balance de estos años muestra avances y retrocesos. “Se crearon secretarías de género, protocolos. Este gobierno nacional de turno ha desarticulado todos esos marcos institucionales que habíamos logrado para proteger tanto a las niñas como a las mujeres. Pero creemos que se ha avanzado a nivel social”, sostuvo.

Yanina destacó que ante casos como el de Agostina existe una sociedad más informada y movilizada. “Cuando vemos casos como los de Agostina, donde falla la institución, también vemos una sociedad movilizada y al tanto de que existen protocolos, que existe una herramienta como la Alerta Sofía y la reclaman”, explicó.

Las fallas que expuso el caso Agostina

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con la actuación institucional durante la desaparición de la adolescente. Para Luna, el problema no es la inexistencia de herramientas, sino su aplicación. “Los protocolos existen. Lo que está faltando es la aplicación de una mirada de género”, afirmó.

La referente cuestionó especialmente que la investigación se guiara por hipótesis iniciales vinculadas a declaraciones familiares. “No le corresponde a la madre saberlo, le corresponde a la institución tomar las medidas que se estipulan. Hay protocolos en el caso de desaparición de menores que es figurarse el peor escenario para evitarlo”, señaló.

También consideró que la Alerta Sofía debió activarse antes. “Cuando desaparece una menor se tiene que configurar el peor escenario. Lo que dice el protocolo es que si desaparece una menor se comunica para que no pueda salir de las fronteras. En el caso de Agostina fue luego de las 72 horas”, sostuvo. Remarcó la importancia de escuchar las denuncias y atender los antecedentes de violencia cuando existen señales previas.

A lo largo de la conversación insistió en una idea: “Necesitamos que la perspectiva de género se aplique transversalmente en las instituciones públicas, desde el colegio, a los espacios de trabajo, a los sindicatos y sobre todo en la Justicia”. Y “necesitamos no solamente mujeres con perspectiva de género, sino varones que piensen discutir en sus propios ámbitos qué pueden hacer para no convalidar las violencias de género”, agregó.

Estadísticas que explican la indignación

La magnitud de la movilización también encuentra explicación en cifras. Según un reciente informe de Mumalá Córdoba, el 75% de las mujeres asesinadas en los últimos once años en Argentina tenía orden de restricción; un 12% contaba con botón antipánico y un 9% había denunciado previamente a sus agresores. Además, el 60% de los 3.096 femicidios registrados entre el 3 en junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026 fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares.

“Fuera Quintero. Fuera Garzón”, se reclamaba en la marcha. Al ser consultada sobre los pedidos de destitución de los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón, además de otros funcionarios provinciales como el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros (Rodríguez había intervenido en una causa previa por violencia de género contra Claudio Barrelier), Luna cuestionó que el ahora imputado por el femicidio de Agostina hubiera recuperado la libertad.

La preocupación además alcanza a los proyectos que, según entiende, pueden desalentar las denuncias. Sobre la iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada vinculada a falsas denuncias, Luna sostuvo que “deslegitima la lucha, deslegitima los datos y tira para atrás años de construcción y de análisis en materia de género”. Además, remarcó que las estadísticas muestran que este tipo de casos “representan un porcentaje mínimo en comparación con el total de denuncias vinculadas a situaciones de violencia”.

Luna también apuntó a los discursos que, según consideró, buscan desacreditar al movimiento feminista. “El Gobierno nacional viene poniéndonos a las feministas y al feminismo en discusión y etiquetándonos de enemigas, cuando lo único que queremos nosotras es un país libre de violencia”, expresó. En ese sentido, señaló que “los feminismos han contribuido a visibilizar situaciones de violencia y a impulsar herramientas de prevención y acompañamiento para las víctimas”.

Mientras la columna avanzaba por las calles de Córdoba, las palabras de Elizabeth seguían resonando como una síntesis de todo lo vivido. La marcha fue por Agostina, pero también por miles de historias anteriores y por las que todavía pueden evitarse.

“La única forma de cambiar las cosas es haciéndose cargo de que la lucha esté en nosotras”, afirmó Luna. Y quizás por eso, entre los cánticos, los carteles y las lágrimas, la movilización dejó una imagen poderosa: la de una sociedad que sigue reclamando respuestas, justicia y prevención.

Porque once años después del primer Ni Una Menos, el dolor continúa. Pero también continúa la organización. Y en las calles de Córdoba, donde más de 100 mil personas caminaron detrás del nombre de Agostina Vega, volvió a escucharse un pedido que ya es colectivo: que no sea en vano.

La noticia del femicidio ocurrido en Córdoba de Agostina Vega, de apenas 14 años, volvió a estremecer a la sociedad. Otra adolescente que no regresó a su casa. Otra familia atravesada por un dolor imposible de explicar. Otra historia que se suma a una larga lista de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de la violencia machista.

La conmoción remite inevitablemente a otro nombre que marcó un antes y un después en la Argentina: Chiara Páez. Tenía también 14 años cuando fue asesinada en 2015. Su femicidio generó una reacción colectiva inédita y dio origen al movimiento Ni Una Menos. Once años después de aquella primera movilización masiva, las calles vuelven a llenarse de voces que reclaman por las que ya no están y por quienes aún viven bajo distintas formas de violencia.

Sin embargo, mucho antes de que la palabra femicidio formara parte del debate público, San Francisco y la región ya habían conocido historias atravesadas por la crueldad y la desigualdad.

Uno de los primeros casos que quedó grabado en la memoria colectiva fue el de Jaqueline Pucheta. La joven, de 25 años, fue asesinada el 5 de octubre de 1991 por Walter Ferreyra. Tres años después, en agosto de 1994, desapareció Mónica Parolini, de 14 años. Su cuerpo fue hallado semanas más tarde en un zanjón de un camino rural cercano al entonces basural de la ciudad. Los responsables fueron condenados y cumplieron sus penas.

La década siguiente también estuvo marcada por hechos de extrema violencia. En 1999 fue hallada muerta Stella Maris Vanegas en un descampado. Un año más tarde, Viviana Urquía apareció sin vida en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano. Estaba envuelta en una sábana, atada y asfixiada. El crimen tuvo como autor a Mario Acosta.

En enero de 2003 desapareció María Victoria Juncos, una niña de 13 años. Durante casi dos meses, familiares y vecinos la buscaron sin descanso. El 17 de marzo fue encontrada enterrada. La investigación determinó que había sido asesinada por su padrastro, José Cortez, con la colaboración de su madre, Marcela Juncos. Ambos recibieron condenas de prisión perpetua.

Cinco años después, en 2008, la ciudad volvió a conmocionarse con el asesinato de Mónica Beatriz Negrete, de 44 años. Fue hallada sin vida en su vivienda de calle Ayacucho. El autor fue su pareja, Omar Mansilla, quien posteriormente se quitó la vida.

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2009. Natalia Vercesi tenía 27 años y estaba embarazada cuando fue asesinada dentro de su vivienda. Su esposo, el kinesiólogo y ex basquetbolista Alejandro Bertotti, intentó presentar el hecho como un robo, pero la investigación judicial comprobó que se trató de un crimen planificado. Tanto Bertotti como Leonardo Forti fueron condenados a prisión perpetua. Con Natalia también murió el hijo que esperaba.

La violencia alcanzó igualmente a jóvenes sanfrancisqueñas fuera de la ciudad. En 2012, Dayana Capacio, de 17 años, desapareció en Rosario. Fue encontrada asesinada en General Lagos. Su exnovio, Maximiliano Tessone, fue condenado por el crimen.

En 2015, el mismo año en que el país gritó por primera vez “Ni Una Menos”, María Eugenia “Marita” Lanzetti fue asesinada en su lugar de trabajo. Tenía 45 años y había realizado numerosas denuncias por violencia. Su agresor, Mauro Bongiovanni, se convirtió en uno de los primeros condenados bajo la figura legal de femicidio incorporada al Código Penal argentino.

La nómina de víctimas continuó creciendo. También recuerda a Alejandra Rodríguez y a sus hijos Vanesa, Jorge y Rocío, asesinados en la denominada masacre de barrio Acapulco, en 2006 en Josefina. A ellas se suman María Belén Cuello, hallada sin vida en 2015 cerca de la ruta nacional 19; Noemí Salvaneschi, asesinada en Frontera en 2017; y Paola Pirra, madre de dos niños, fallecida ese mismo año.

En 2018 se registraron otros hechos que dejaron profundas marcas. Giuliana Cáceres, de 15 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza en un confuso episodio ocurrido mientras se encontraba junto a su novio. Sandra Martín fue asesinada por estrangulamiento. También ocurrió el crimen de Micaela Herrador, de 21 años, hallada sin vida junto al cuerpo de Alexis Ramírez en Estación Frontera.

En agosto de 2017, Yuliana Chevallier, de 20 años, falleció tras recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda de barrio La Milka, en San Francisco. Mientras la investigación no lo considera femicidio, la familia continúa reclamando otra interpretación de los hechos. Su pareja, el expolicía Alejandro Lovera, irá a juicio acusado de homicidio culposo. 

En 2019, María Paz, una adolescente sanfrancisqueña de 16 años, fue asesinada en Frontera. El autor fue su novio, también menor de edad.

Los años recientes tampoco estuvieron exentos de tragedias. En noviembre de 2024, la región quedó conmocionada por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en Brinkmann. La investigación determinó que fue abusada sexualmente y murió antes del incendio provocado en la vivienda donde fue hallado su cuerpo. Por el caso permanecen detenidos Rocío Milagros Rauch, madre de la víctima; Matías Ezequiel Simeone, pareja de Rauch y padrastro de Aralí; y Cristian Hernán Varela, amigo de Simeone, a la espera del juicio.

Ese mismo mes, en Saturnino María Laspiur, Lucía Claribel Montaño, de 23 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada. La Justicia condenó a prisión perpetua a su pareja, tras acreditar un contexto sostenido de violencia.

Cada uno de estos nombres representa una historia interrumpida. Son vidas truncadas, familias devastadas y comunidades marcadas por la ausencia. A once años del nacimiento de Ni Una Menos, el reclamo sigue vigente porque detrás de cada estadística hay una mujer que ya no está, una silla vacía y una pregunta que aún duele: cuántas más faltarán para que no falte ninguna.

En julio de 2025 escribía una columna titulada “El espanto no cesa, solo cambia de nombre”. Entonces eran Aralí Vivas, Guillermo Chiarotto y Zamir Torres. Tres menores asesinados en menos de un año. Tres comunidades cercanas a San Francisco atravesadas por la conmoción. Menos de doce meses después, otra vez el horror encuentra un nombre propio: Agostina Vega. Ahora, en la ciudad de Córdoba.

Agostina era una niña. Una adolescente de 14 años con proyectos, vínculos, miedos, sueños y una vida entera por delante.

Cuando una adolescente es asesinada, el hecho no se agota en la desaparición de una vida. Hay algo más profundo, más inquietante y más estructural. El cuerpo de una niña asesinada no es solamente la consecuencia de un delito; es también el reflejo de una sociedad que llega tarde. Habla de relaciones de poder, de vulnerabilidades aprovechadas y de mecanismos de protección que no alcanzaron.

El patrón aparece una y otra vez. En muchos casos, los agresores tenían antecedentes, denuncias o señales previas. En esta causa, el principal sospechoso, Claudio Barrelier, registraba antecedentes penales y una causa vinculada a violencia de género. Son datos que inevitablemente abren interrogantes sobre los controles, las decisiones institucionales y las oportunidades perdidas para prevenir.

Las estadísticas ayudan a dimensionar un problema que excede a un solo caso. En Argentina se registra una víctima de femicidio aproximadamente cada 44 horas. Y existe otro dato estremecedor: una reciente publicación de El País advirtió que, en promedio, un niño es asesinado cada mes por su propio padre en contextos de violencia vicaria, una de las expresiones más crueles de la violencia machista. Detrás de cada número, hay una vida que no pudo ser protegida.

Mientras la Justicia intenta reconstruir qué ocurrió con Agostina, surgen preguntas decisivas. Qué pasó dentro de la vivienda donde, según la investigación, fue vista por última vez. Cómo ocurrió el crimen. Si hubo otras personas que conocieron lo sucedido. Si existió abuso sexual. Son respuestas que deberá aportar la investigación, no las especulaciones.

Pero hay otra pregunta que nos corresponde a todos: ¿cómo llegamos a convivir con realidades donde una niña puede ser captada, vulnerada y asesinada?

Ninguna palabra alcanza. Porque cuando una niña es asesinada no pierde la vida solamente ella. También se rompe algo en el entramado social. Se quiebra la confianza elemental de que la infancia y la adolescencia deben ser territorios protegidos.

Cada caso tiene su historia y su contexto. Cada familia atraviesa un dolor imposible de comparar. Sin embargo, existe un denominador común: una vida joven truncada y un sistema que, demasiadas veces, aparece después de la tragedia.

Entonces la muerte de Agostina interpela mucho más que a un expediente. Nos interpela como sociedad. Y exige algo más que indignación pasajera. Exige memoria, responsabilidad y la decisión colectiva de no aceptar que matar a una niña pueda convertirse en una noticia más.

La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) publicó la edición 2025 del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), en el que resalta una incidencia levemente inferior en Córdoba en relación con las tasas de ocurrencia de estos crímenes de género en el país.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, la provincia de Córdoba registró un total de 10 víctimas directas de delitos tipificados como femicidio por la Justicia. Esta cifra representa una reducción en comparación con los datos de 2024, año en el cual se habían contabilizado 17 víctimas en la jurisdicción, lo que implica un descenso de 7 casos.

En términos de incidencia poblacional, la tasa de víctimas directas de femicidio cada 100.000 mujeres en Córdoba fue de 0,50 durante 2025 . Este indicador sitúa a la provincia por debajo de la media nacional y refleja que se produjo un femicidio directo cada 201.172 mujeres en el territorio cordobés.

Según el informe, "los datos que se informan responden al estado de avance de las causas judiciales al 31 diciembre de 2025". Esto significa que casos en curso o en investigación no cerrados a esa fecha pueden modificar la cuenta final.

Un dato específico sobre la dinámica de los hechos en Córdoba es la identificación de víctimas desaparecidas. El registro señala que 4 víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo de sus cuerpos o la judicialización de la causa, de un total de 31 casos de desaparición registrados a nivel nacional en este periodo.

Asimismo, en lo que respecta al perfil de los sujetos activos, en Córdoba se informaron 2 casos cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad, específicamente pertenecientes a la seguridad privada y en situación de actividad al momento del hecho.

Al relacionar los datos provinciales con el total país, se observa que Córdoba aportó el 5% de las 200 víctimas directas de femicidio registradas en Argentina durante 2025.

A nivel federal, se iniciaron 204 causas judiciales por violencia de género letal: 191 por femicidios directos y 13 exclusivamente por femicidios vinculados.

La tasa nacional de femicidios se estableció en 0,85 cada 100.000 mujeres, valor superior al 0,50 registrado en la jurisdicción cordobesa. El informe de la OM-CSJN destaca que, a nivel país, se produjo una víctima directa de femicidio cada 44 horas.

En la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta con 78 víctimas, mientras que las tasas más elevadas por cada 100.000 mujeres se localizaron en Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69).

El análisis longitudinal (2017-2025) muestra una tendencia general a la baja en Argentina. "Si se toma el período completo (2017-2025), hubo una caída del 20,6%, ya que pasó de 252 víctimas directas de femicidio registrado en 2017 a 200 víctimas en 2025".

Córdoba es mencionada como una de las jurisdicciones que, junto a Buenos Aires, Salta y Entre Ríos, contribuyó a la reducción neta de casos entre 2024 y 2025.

La elaboración de estos registros por parte de la OM-CSJN se basa en criterios metodológicos establecidos en un protocolo específico que revisa un universo amplio de causas judiciales.

El informe aclara que se parte de la "hipótesis inicial de femicidio" para incluir hechos donde no se pudo descartar la motivación de género según el avance de la investigación.

El registro emplea el concepto de femicidio de la Ley Modelo de MESECVI, el cual define la violencia letal motivada por el género.

En cuanto a las imputaciones, el 67% de las causas a nivel nacional incluyeron la agravante del artículo 80, inciso 11 del Código Penal de la Nación, referida al homicidio de una mujer perpetrado por un hombre mediando violencia de género. En otros casos, se aplicaron agravantes por el vínculo (inciso 1) u odio de género (inciso 4).

Aunque el eje del análisis es Córdoba, el informe nacional proporciona datos descriptivos que contextualizan la realidad de las víctimas en todo el territorio.

El promedio de edad de las 200 víctimas directas fue de 40,8 años, siendo el grupo de 25 a 34 años el más afectado. El 98% eran mujeres cis y el 2% mujeres trans o travestis.

En cuanto al vínculo, en el 83% de los casos existía un conocimiento previo entre la víctima y el sujeto activo.

El 59% de los vínculos correspondía a parejas, ex parejas o relaciones sexo-afectivas.

Además, en el 44% de los vínculos analizados se registraron antecedentes de violencia de género, ya sea por denuncia formal o por otros medios.

Sobre los sujetos activos, el promedio de edad fue de 38,4 años. El informe destaca una preocupación estadística: "Al menos 20 sujetos activos (9,5%) pertenecían o habían pertenecido a distintas fuerzas de seguridad, lo que marca la segunda proporción más elevada desde su primer relevamiento en 2017". De estos sujetos, 10 utilizaron armas de fuego reglamentarias para cometer el femicidio.

Al cierre del registro el 31 de diciembre de 2025, el 62% de las causas judiciales en el país se encontraban en etapa de investigación y el 17% en etapa de juicio.

En el caso de Córdoba, se notificó que una de sus causas se encuentra bajo seguimiento del "Observatorio de causas y sentencias del RNFJA", lo que podría derivar en su inclusión en futuras actualizaciones rectificadas del registro.

El informe concluye que, si bien se observa una tendencia descendente en la cantidad de víctimas directas tanto en Córdoba como a nivel nacional, la violencia de género persiste como un fenómeno estructural. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema subraya que estos datos son fundamentales para el diseño de políticas públicas y el seguimiento de la respuesta judicial ante hechos de violencia extrema.

La familia de una de las víctimas del doble femicidio ocurrido en Córdoba denunció que recibe amenazas por parte de Pablo Laurta, detenido en un penal de Entre Ríos, donde aguarda el juicio por los crímenes de Mariel Zamudio y Luna Giardina en Villa Serrana, que también incluyó el asesinato de un remisero.

Según indicaron, los mensajes fueron enviados desde la cárcel y contienen advertencias intimidatorias. Entre ellas, una frase que generó preocupación en el entorno familiar: "Pronto voy a salir, ya saben quién soy".

La abogada de la familia, Marina Romano, explicó en declaraciones al medio Cadena 3 que la situación fue confirmada por la Justicia. "Mi clienta, Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, me comentó que el entorno estaba recibiendo mensajes de este asesino alojado en el penal. La Fiscalía de violencia de género confirmó que hay una causa derivada por estos hechos", señaló.

Romano indicó que la familia atraviesa un fuerte impacto emocional ante esta situación. "Está muy alarmada", con una sensación de injusticia tremenda. Lo consideran una burla al sistema y un nuevo atropello", sostuvo.

El caso original generó conmoción en Córdoba y en el país. Laurta está acusado de asesinar a su ex pareja y a la madre de ella, además de un remisero durante su traslado desde Gualeguaychú hacia la capital cordobesa.

La denuncia volvió a poner el foco en el acceso a teléfonos celulares dentro de las cárceles, una problemática señalada de manera recurrente. Según planteó la abogada, la posibilidad de que detenidos puedan comunicarse sin restricciones genera nuevas situaciones de riesgo para las víctimas y sus familias.

Un hombre de 28 años fue detenido en la noche de ayer domingo en San Francisco, en el marco de un hecho de agresión.

El procedimiento se inició luego de un llamado al 911 que alertó sobre un conflicto en un domicilio ubicado en el centro de la ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer, quien manifestó que su ex pareja había ingresado sin autorización a la vivienda.

Según la información policial, los uniformados constataron signos compatibles con una agresión, por lo que procedieron a la detención del sospechoso.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que interviene en la causa.

Más de 400 personas de San Francisco y distintas localidades del departamento San Justo recibieron sus certificados tras completar la séptima cohorte de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de la Mujer de la Provincia de Córdoba junto a la Universidad Provincial de Córdoba, en coordinación con la Red de Universidades por la No Violencia contra la Mujer y con el apoyo de diversos organismos internacionales y regionales.

La diplomatura ofrece un programa orientado a desarrollar y fortalecer habilidades en el acompañamiento a mujeres en situación de violencia, a través de herramientas, estrategias y formación teórica para la labor del primer contacto en este tipo de problemáticas.

La jornada realizada en San Francisco se llevó a cabo en el Superdomo, una de las más de 130 sedes presenciales que formaron parte de la edición 2025, en el marco de una propuesta con alcance federal que busca garantizar el acceso a la formación en distintas localidades.

Del acto participaron el intendente municipal, Damián Bernarte; la secretaria de la Mujer de la Provincia de Córdoba, Claudia Martínez; la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, Claudia Maine; el decano de la Facultad Regional San Francisco de UTN, Alberto Toloza; además de autoridades educativas, municipales, representantes de entidades intermedias e invitados.

En este contexto, el intendente Bernarte destacó el alcance de la iniciativa y señaló: “El departamento San Justo dentro de la provincia de Córdoba es un modelo a seguir en cuanto a la participación y el interés en distintas áreas de capacitación dentro de este modelo de gestión que pregona nuestro gobernador de la provincia, Martín Llaryora y que nosotros adherimos en San Francisco y que tiene que ver con el trabajo colaborativo entre los distintos actores sociales”.

Asimismo, remarcó la participación de quienes completaron la formación al sostener que existe. “El marcado interés por capacitarse en una problemática tan grave como la violencia de género y un Estado provincial y los Estados municipales que generan condiciones que invitan a participar en una sociedad donde las evoluciones son cada vez más rápidas y profundas dentro de la vida en comunidad, por lo que este tipo de capacitaciones resultan cada vez más necesarias”, agregó.

Por último, expresó: “Deben disfrutar de este momento logrado a partir de mucho esfuerzo de su parte para llevar adelante este trayecto. Ahora son egresados de esta Diplomatura y a partir de este momento serán agentes del cambio en una sociedad que necesita recuperar tranquilidad para transformar un ámbito que se muestra cada vez más hostil y violento”.

Un hombre de 40 años fue detenido este miércoles en la barrio Acapulco de Josefina, en el marco de una causa por violencia de género.

El procedimiento fue realizado por el personal de Investigaciones la Departamental San Justo de Policía de Córdoba, quienes, en colaboración con efectivos de la Comisaría 6ª de Frontera, realizaron un allanamiento en un domicilio de Calle 14.

La detención se produjo en el contexto de una denuncia radicada el pasado 4 de abril por una mujer mayor de edad, quien manifestó haber sido víctima de lesiones y amenazas.

En la causa interviene la Fiscalía de 1° Turno, a cargo de Oscar Gieco.

Un hombre fue detenido durante la madrugada en la localidad de Freyre luego de protagonizar un episodio de violencia contra su expareja y ser encontrado con un arma de fuego en su poder.

Según informó la Policía, el hecho se conoció cuando personal de guardia entrevistó a una mujer mayor de edad que relató que, al regresar a su domicilio, observó un automóvil Ford Fiesta blanco del que descendió su expareja. De acuerdo con su testimonio, el hombre la agredió físicamente sin mediar palabras.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el sospechoso aún se encontraba allí. Durante un palpado preventivo, los agentes hallaron entre sus prendas una pistola Bersa con un proyectil en la recámara y otras municiones en el cargador.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del arma, las municiones y el vehículo, además de la detención del hombre, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por su parte, la mujer fue derivada al nosocomio local, donde los médicos constataron que presentaba un hematoma en la región parietal izquierda.

El papa León XIV expresó este domingo, con ocasión del Día de la Mujer, su solidaridad y sus oraciones a todas las mujeres que sufren formas de violencia, tras el rezo del Ángelus dominical. 

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice estadounidense renovó el compromiso de la Iglesia por el reconocimiento de la igualdad y lamentó que el género femenino sea blanco de ataques sistemáticos. 

"Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones", manifestó ante la multitud presente en la plaza de San Pedro.

A través de una carta publicada en la revista mensual "Plaza de San Pedro", el Santo Padre respondió a la inquietud de una fiel italiana sobre la violencia de género, subrayando que las mujeres suelen ser asesinadas por representar valores que contradicen una mentalidad de dominación. 

En su escrito, León XIV instó a "implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer", enfatizando que el camino debe iniciarse "por la educación de los jóvenes". 

Asimismo, fue categórico al pedir que no se minimicen las agresiones: "Nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad".

En el mismo mensaje, el Papa dedicó un espacio crítico a la situación geopolítica actual, exigiendo que cesen las bombas en Oriente Medio ante el temor de que el conflicto se extienda a naciones vecinas como el Líbano. 

Con evidente preocupación por los reportes que llegan desde Irán, León XIV pidió que se abra un espacio de diálogo genuino para escuchar a los pueblos afectados. __IP__

"Que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos", sentenció el pontífice, quien encomendó su súplica a la Virgen María para guiar a la región hacia la reconciliación y la esperanza.

Los niveles de denuncias por violencia de género en San Francisco no muestran una baja significativa. La estadística, lejos de ser un número frío, expone una problemática persistente que atraviesa a la comunidad y desafía al sistema judicial. En ese marco, el juez Andrés Peretti, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, analizó la situación actual, los instrumentos de protección y el alcance de una premisa que considera central: juzgar con perspectiva de género.

En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, el magistrado confirmó que la tendencia se mantiene en parámetros similares a los registrados meses atrás. “Teniendo en cuenta la época del año, la tendencia se mantiene. Durante el receso judicial de enero, las denuncias tuvieron un crecimiento, pero no fue sustancial en comparación con los primeros meses del año 2025”, precisó al ser consultado sobre si el promedio de entre 9 y 10 denuncias diarias informado en octubre pasado había variado.

Peretti aclaró que el juzgado no se encuentra saturado, aunque reconoció un escenario más complejo. “No, en nuestro Juzgado no podemos hablar de saturación. Si bien existe un aumento de denuncias e incumplimientos, debemos ser más efectivos y eficientes en nuestra labor e instar a las demás partes intervinientes a trabajar en ese sentido”, afirmó.

 En cuanto a herramientas concretas de protección, informó que “al día de la fecha, el Juzgado entregó 35 botones antipánico (SALVA) y 3 dispositivos duales (tobilleras electrónicas)” en la Quinta Circunscripción Judicial. Además, detalló que “más de la mitad de las medidas que dispone el Juzgado son impedimento de contacto o ‘perimetrales’, mientras que las exclusiones —con y sin reintegro de la víctima— ascienden al 10%”. También subrayó que, cuando la situación lo requiere, se ordena la incautación de armas.

El análisis de las modalidades de violencia permite comprender la dimensión del fenómeno. Citando el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Peretti indicó que la violencia psicológica alcanza el 96% de los casos, seguida por la simbólica (43%) y la física (42%). En menor medida aparecen la ambiental, la económica y patrimonial, la social y la sexual. La prevalencia de la violencia psicológica da cuenta de prácticas menos visibles pero persistentes, que muchas veces anteceden o acompañan otras formas de agresión.

Otro dato que preocupa es el incumplimiento de las medidas judiciales. “El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%”, informó el juez. A nivel nacional, agregó, del total de femicidios solo existió denuncia previa en el 20% de los casos, mientras que en Córdoba el porcentaje es del 10%. Estas cifras evidencian la baja proporción de situaciones que llegan a judicializarse antes de los desenlaces más graves.

 Consultado sobre si las víctimas denuncian en etapas más tempranas o cuando el conflicto ya escaló, respondió que “no es constante”, aunque recordó que hacia fines del año pasado se registraron “situaciones de extremo riesgo que exigieron medidas rápidas para evitar que las agresiones sigan creciendo”. En esos casos, explicó, se dispuso un abordaje específico “para romper con el círculo de violencia”.

—¿Cuál es hoy el mayor desafío que enfrenta el juzgado en materia de violencia familiar?

Si bien consideramos que el profundo cambio cultural para promover una sociedad más respetuosa de las diferencias y que acepte e incluya a todos y todas como sujetos de pleno derecho depende principalmente de políticas públicas por parte del Poder Ejecutivo, las resoluciones del Poder Judicial tienen poder simbólico y es nuestra obligación juzgar con perspectiva de género.

El magistrado sostuvo que la violencia doméstica y de género es una cuestión sociocultural, “creada, sostenida e implementada durante siglos”, y que un abordaje unidimensional desde el derecho resulta insuficiente. “Es necesario contar con la visión y labor de otras disciplinas como la psicología, la sociología y asistentes sociales”, señaló, y reconoció la necesidad de fortalecer esas competencias.

También consideró que, dado el bajo porcentaje de denuncias previas en casos graves, “podría implementarse más tecnología para la recepción de denuncias”, como sistemas de mensajería silenciosa o herramientas de geolocalización que faciliten la puesta en conocimiento de situaciones de violencia.

—¿Hay reincidencia en los denunciados?

Sí, hay incumplimientos a las medidas de protección dispuestas por nuestro Juzgado. El porcentaje de desobediencia a la orden judicial oscila entre el 15% y 20%.

—¿Se detectan más denuncias en determinados momentos del año?

Sí, en los fines de año suelen aumentar como consecuencia de las elevadas temperaturas, el consumo de drogas, el alcohol en exceso y las fiestas, entre otros factores que potencian la violencia física, psicológica e incluso sexual.

 En relación con el origen de las denuncias, Peretti explicó que “generalmente denuncian las víctimas, pero puede suceder que terceros también lo hagan”. Recordó que hay personas que pueden denunciar —familiares, vecinos— y otras que deben hacerlo, como organismos asistenciales, educativos, de salud, deporte o justicia, tanto públicos como privados, obligados a informar situaciones de violencia o sospechas serias.

- ¿Qué estereotipos persisten aún sobre las mujeres en el Poder Judicial?

Muchos, pero con la permanente capacitación y formación, los sesgos y estereotipos bajan su intensidad.

Entre los estereotipos más arraigados sobre las mujeres en el Poder Judicial se destacan la relación directa e inmediata con la sensibilidad y la debilidad en lugar de la autoridad, la creencia de que su rol natural es el cuidado –doméstico y maternidad– y la presunción de que carecen de la ambición o asertividad necesarias para altos cargos, dificultando su ascenso y justicia.

Esos estereotipos terminan impactando en múltiples aspectos –“techo de cristal”, “piso pegajoso”, “losa de hormigón”, “micromachismos”– y en el caso concreto del fuero de violencia familiar o doméstica, se expande hacia la duda o descreimiento sobre la denuncia de la mujer, lo que deriva en la revictimización y uso de prejuicios que atentan contra la igualdad real o sustantiva.

—¿Qué implica en la práctica juzgar con perspectiva de género?

Es “mirar” con lentes específicos, atendiendo a las partes involucradas y las cuestiones planteadas. Ponerse los lentes para apreciar las diferencias y valorar las pruebas de todo sin estereotipos ni discriminatorios ni favoritismos por razones de funciones de género. En otras palabras, implica detectar relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad y tomar en consideración la presencia de estereotipos discriminatorios de género en la producción, interpretación normativa y en la valoración probatoria.

En determinadas situaciones, como la niñez y la adolescencia, el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional –entre otras−, la igualdad de trato –“todos somos iguales ante la ley"– oculta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos por hallarse sometidos, de diversas formas, a la violencia y discriminación. Por eso, juzgar con perspectiva de género es reconocer patrones y estereotipos machistas, como por ejemplo, saber que la retractación o levantamiento de la denuncia solicitada por la persona que denunció no puede ser resulta sin análisis interdisciplinario previo.

Ello porque las retractaciones suelen confirmar que el círculo de violencia y la luna de miel sigue instalado, al punto que las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de Nación informan que en la gran mayoría de los casos, el pedido de levantamiento de denuncias fueron bajo amenazas del agresor.

Otro ejemplo fue la licencia por paternidad implementada por la Corte Suprema de Justicia de México. Las reacciones fueron todas adversas, alegando que era una excusa para no trabajar y demás, pero no se piensa en la ayuda-colaboración-acompañamiento que requiere la mamá en las primeras etapas de la infancia. Si el varón se va a trabajar a los pocos días de nacido el bebé, la mamá se queda sola y con el 100% de la carga de cuidado.

Finalmente, Peretti agradeció al equipo que integra el Juzgado que preside, destacando su compromiso diario y la colaboración en la obtención de los datos. En un contexto donde las denuncias no bajan, el desafío, concluyó, es doble: mejorar la respuesta institucional y contribuir a una transformación cultural que desactive la violencia antes de que escale.

Una profunda conmoción atraviesa a la localidad de Pilar, situada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, luego de que se confirmara la muerte de Iris Blanco, de 33 años, quien permanecía internada desde hacía casi tres semanas tras haber sido golpeada por su pareja.

La agresión ocurrió el 14 de febrero, en el marco de una discusión. Según la investigación, el ataque fue perpetrado por Ernesto Romagnoli, de 36 años. Tras el hecho, la mujer fue asistida en un centro de salud de Pilar y posteriormente derivada al Hospital Misericordia de la capital provincial debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Después de más de dos semanas de internación, los médicos confirmaron que falleció como consecuencia de los traumatismos provocados por la golpiza.

Romagnoli fue detenido el 15 de febrero en calle Zenón López al 1300, en Pilar, en cumplimiento de un decreto de detención por violencia familiar vinculado al episodio. El hombre contaba con antecedentes penales por violencia de género y se encontraba en libertad al momento del hecho.

Tras el fallecimiento de la víctima, la imputación fue agravada a femicidio en la causa que instruye la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies.

Blanco era enfermera, oriunda de Pilar, y trabajaba en el Hospital de Río Segundo. Además, era madre de dos hijos pequeños, de acuerdo con lo señalado por personas de su entorno.

El caso generó un fuerte impacto tanto en Pilar como en Río Segundo. En redes sociales y entre allegados comenzaron a difundirse mensajes en su memoria y pedidos de justicia, mientras la investigación judicial continúa su curso.

En horas de la madrugada de este jueves 8 de enero, personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) intervino en un domicilio ubicado sobre calle Almirante Brown, en San Francisco, tras un aviso recibido a través de la línea de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien denunció la presencia de su expareja, un hombre de 38 años, que se encontraba alterado frente a la vivienda, exigiendo hablar con ella.

Según se informó, ante la intervención policial el hombre hizo caso omiso a las advertencias de los efectivos, incrementó su nivel de agresividad e increpó al personal actuante.

Como consecuencia, se procedió a su aprehensión y posterior traslado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía interviniente.

Un hecho de violencia de género e intrafamiliar conmocionó este sábado a la ciudad de Córdoba: un bebé de seis meses fue hospitalizado con una fractura en el brazo en el marco de una agresión perpetrada, presuntamente, por su padre.

El sujeto se dio a la fuga y estuvo prófugo, con orden de detención, durante varias horas. Finalmente, este domingo por la mañana desde la Policía informaron que lo detuvieron.

De acuerdo con la información policial, todo habría ocurrido cuando el hombre, de 30 años, mantuvo una violenta discusión con la mujer durante la que la golpeó repetidamente, en barrio Villa Urquiza.

En medio del ataque, una patada del individuo habría impactado contra el niño, causándole la fractura.

Tras eso, siempre según lo informado por la Fuerza, el hombre arrojó a la mujer al piso y continuó agrediéndola.

La víctima logró escapar de la vivienda y pedir auxilio. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron al bebé al Hospital de Niños para su atención.

Luego de la denuncia, la Justicia libró una orden de detención contra el hombre, quien se dio a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales.

Voceros del caso confirmaron, en ese momento, que el hombre sería consumidor de estupefacientes.

Tras esto, equipos policiales comenzaron su búsqueda en distintos sectores de la ciudad y alrededores hasta que, en las últimas horas, lograron detenerlo.

La aprehensión ocurrió en la intersección del bulevar Del Carmen y Deán Funes, en barrio Alto Alberdi.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, a cargo de la Dra. Romina Lencina.

La Municipalidad de San Francisco, a través de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad y del Consejo Municipal de la Mujer, confirmó su adhesión a la campaña global “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, una iniciativa promovida por la Organización de Naciones Unidas que une a comunidades de todo el mundo en un llamado urgente a la acción.

El ciclo comienza el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Durante estas dos semanas, la ciudad reforzará acciones de prevención, sensibilización y acompañamiento.

El intendente Damián Bernarte destacó el compromiso del municipio con la lucha contra la violencia de género. “Desde el gobierno municipal estamos firmemente comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Es fundamental que cada mujer y cada niña de San Francisco sepa que no está sola y que cuenta con el acompañamiento y el apoyo de su municipio”, expresó.

Además, subrayó la importancia de integrarse a una iniciativa de alcance mundial: “Sumarnos a esta campaña global nos permite visibilizar y fortalecer las acciones que llevamos adelante para garantizar sus derechos y construir un futuro donde la violencia no tenga lugar”, afirmó.

Como parte de esta adhesión, se desarrollará una agenda de actividades abiertas a toda la comunidad, orientadas a informar, educar, promover el diálogo y brindar herramientas concretas para la detección y prevención de situaciones de violencia.

 Miércoles 26/11 – 18 hs.

Taller “Prevención y acción contra la violencia digital”

Tecnoteca (Bv. 9 de Julio 1709). Una instancia clave para abordar riesgos y violencias en entornos online, especialmente relevantes para adolescentes y familias.

Miércoles 03/12 – 20 hs.

Charla sobre asistencia en violencia de género

La Obra Social Ossacra presentará sus recursos y vías de acompañamiento para afiliadas que atraviesan situaciones de violencia, en el marco de un abordaje integral de la salud.

Sábado 06/12

Última clase de la Diplomatura Universitaria “Acompañantes comunitarias contra la Violencia de Género”, una formación que fortalece las capacidades locales de atención y contención.

Lunes 08/12

Mateada en el Jardín Botánico, un espacio comunitario de diálogo, encuentro y reflexión.

Además, durante los 16 días la ciudad se “vestirá de naranja”, el color que simboliza un futuro libre de violencia: edificios públicos serán iluminados y se entregarán lazos para visibilizar el compromiso colectivo.

 La municipalidad invitó a toda la comunidad a sumarse activamente. “La construcción de una sociedad libre de violencia requiere de la participación de todos y todas”, remarcaron desde la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad.

La ex primera dama Fabiola Yañez confirmó anoche en la mesa de Mirtha Legrand que sufrió violencia física por parte del expresidente Alberto Fernández. En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, la conductora le preguntó directamente por un episodio de agresión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tenso ida y vuelta comenzó cuando Mirtha Legrand interpeló a su invitada: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (...) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”.

Fabiola Yañez, visiblemente afectada, no esquivó la pregunta y confirmó el hecho: mKgMMg "Sí, existió". Acto seguido, dio detalles del episodio: "Esto fue después de una discusión, me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada". Además, Yañez agregó que el hecho ocurrió "delante del médico de Unidad Presencial".

La ex primera dama también habló de un contexto de violencia emocional. "A cualquier mujer que, durante cierto tiempo, es sometida a cierta manipulación, a ciertas humillaciones, a un montón de cosas... todas las mujeres tienen un tiempo y una forma", expresó. Y concluyó: "Por supuesto que no me dejaban irme".

La violencia destruye, pero la autoestima fortalece. En el marco del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el mes de noviembre en el que se visibiliza esta problemática, la firma Tamagnini SRL de nuestra ciudad, invita a la charla "Voces de fuerza y esperanza” que se realizará el próximo martes 11 de noviembre a las 20 en el Centro Empresarial y de Servicios (CES).

Andrea Carrasco, autora del libro Renacer otra mirada, y Sandra Bulacio, fundadora de Mujeres con Oficios y candidata al premio Abanderados 2025, compartirán sus testimonios de vida, ofreciendo un mensaje de resiliencia, empoderamiento y esperanza para quienes viven situaciones difíciles.

El encuentro es abierto a toda la comunidad y desde la firma remarcaron que la iniciativa se realiza “con el objetivo de generar conciencia sobre la violencia y fortalecer la autoestima, el primer paso y una herramienta fundamental para que, quienes sufren maltrato, puedan cambiar su vida. Hay caminos para sanar y reconstruirse. Por eso, invitamos a participar de esta charla para aprender a identificar señales y crecer en confianza”.

Activista contra la violencia de género, Andrea Carrasco sufrió violencia desde chica. En su libro, “Renacer, otra mirada”, cuenta experiencias de mujeres que pudieron empoderarse después de pasarla mal y también su historia.

Fortalecer su autoestima fue clave para que pudiera salir del círculo violento. “Somos resiliencia pura, transformadas en amor y coraje –dijo Andrea-. No le temas, ni a la soledad ni al abandono ni a nadie. Tus temores contienen lo mejor de vos, lo que quiere salir y no se atreve. No le temas a tu libertad de elegir y de ser. La vida es un renacer constante”, dijo Andrea al invitar a toda la comunidad a participar de la charla.

Por su parte, Sandra Bulacio es reconocida por su labor en capacitar mujeres en oficios tradicionalmente masculinos como albañilería y manejo de tractores, y su proyecto Mujeres con Oficios nació también de una vida marcada por la violencia con el objetivo de empoderar a mujeres que pasan por lo mismo.

Hoy Sandra está entre los finalistas del Premio Abanderados 2025 y se puede votar por su proyecto hasta el 15 de noviembre. "En esta charla quiero invitar a la reflexión sobre un tema que nos atraviesa a todas: la autoestima. Voy a hablar de cómo la capacitación en un oficio y la independencia económica se convierten en la herramienta más poderosa para la autonomía", explicó Bulacio.

La Cámara Federal porteña confirmó la validez del trámite para elevar a juicio la causa en la que el expresidente Alberto Fernández está procesado por supuesta violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, al rechazar los planteos de nulidad presentados por su defensa.

El fallo de la sala II del Tribunal de Apelaciones contó con el voto mayoritario de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, mientras que Roberto Boico votó en disidencia.

La defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvana Carreira había pedido anular el traslado dispuesto tras los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía y por la querella, alegando que el pedido de la acusación particular fue extemporáneo y que una prórroga del plazo de presentación fue concedida de manera irregular.

La mayoría del tribunal sostuvo que en materia de nulidades “debe primar un criterio de interpretación restrictivo” y que no se verificó un perjuicio concreto para la defensa.

Los jueces Irurzun y Farah recordaron que esos cuestionamientos ya habían sido tratados y desestimados previamente por el mismo tribunal, y que “la existencia de recursos pendientes no constituye óbice para la continuación del proceso”.

“El dictamen fiscal cumple los requisitos de motivación que le impone el art. 347 del CPPN”, señalaron en relación al requerimiento de elevación a juicio que presentó el fiscal federal Ramiro González, al que también validaron.

Además remarcaron que si la defensa considera que no se agotó la producción de prueba, podrá hacerlo valer “al momento de contestar la acusación”.

En su disidencia, el juez Boico consideró que debía dictarse la nulidad de la acusación de la querella de Fabiola Yañez y darse por "decaído" su derecho a presentar el requerimiento por haberlo hecho fuera de término.

Además cuestionó que se haya cerrado la etapa de investigación “sin agotar la producción de prueba relevante ofrecida por la defensa"  en una “una afectación al debido proceso y al principio de igualdad de armas”.

En minoría, Boico propuso reenviar el expediente al nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, para que vuelva a analizar si corresponde o no ordenar esas pruebas antes de enviar el caso a juicio.

La causa por violencia de género cambió de juzgado luego que se apartó del caso al juez federal Julián Ercolini, quien había iniciado los trámites para el envío a juicio oral.

Leandro García Gómez, empresario y pareja de Lowrdez Fernández, fue imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

Se espera que el acusado sea indagado en las próximas horas por el juez Santiago Bignone.

Luego de un gran operativo en la calle Ravignani al 2100, en Palermo, el acusado fue detenido y la artista, integrante del grupo Bandana, fue rescatada y trasladada por el SAME hasta el Hospital Fernández, donde este viernes por la madrugada recibió el alta.

Ahora, la situación del empresario es cada vez más complicada debido a que la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por “privación ilegítima de la libertad”, delito por el que será indagado.