En 2023 hubo 250 víctimas directas de femicidio en Argentina.  En lo que va de 2024, la trágica cifra se mantiene e, incluso, tiende a crecer. A su vez, una de cada dos mujeres sufrió algún tipo de violencia a lo largo de su vida por parte de su pareja o expareja y una de cada tres enfrentó ataques en redes sociales.

Los datos son elocuentes acerca del impacto social de la violencia contra las mujeres. Obligan a la reflexión en estos días en los que se difunden numerosas proclamas en el marco de las jornadas conmemorativas del Día Internacional de la No Violencia contra la mujer que impulsa la Organización de Naciones Unidas. 

Por cierto, el drama de la violencia contra el sexo femenino es un fenómeno mundial en crecimiento. Aproximadamente 140 mujeres y niñas son asesinadas cada día por un compañero o un miembro de la familia. Esto es, casi una mujer o niña cada 10 minutos. Los expertos dicen que es probable que se trate de un recuento insuficiente, ya que algunas muertes de mujeres están mal clasificadas o no se registran, y algunos datos globales no estaban disponibles. "Vemos las cifras de este informe como la punta del iceberg", dijo Nyaradzayi Gumbonzvanda, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres. El informe revela que 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por hombres el año pasado y el 60% de esas muertes fueron causadas por alguien que conocían. Eso significa que muchas mujeres están más seguras en el trabajo o en espacios públicos que en sus hogares”. 

Esta última aseveración refiere a una problemática social grave: la violencia hogareña se extiende y se está convirtiendo en un flagelo social que requiere políticas integrales y efectivas, no solo declamadas. Es inadmisible y ataca la dignidad humana el comprobar que el hogar es el sitio más peligroso para millones de mujeres.   

La lucha contra estas aberraciones de las que la mujer es víctima requiere, asimismo, una profunda meditación acerca de la necesaria adopción de posturas firmes y decididas encaminadas a defender el derecho a la vida, a ejercer la ciudadanía como corresponde, a reclamar justicia y a exigir el respeto por la dignidad de quienes padecen las consecuencias de la violencia de género. 

Años atrás, una columna editorial de este diario se preguntaba ¿qué nos está pasando?, al reflexionar sobre un dramático hecho ocurrido en nuestra ciudad. Las investigaciones sociales intentan dar una respuesta al qué. Algunas lo hacen con rigurosidad. Otras, lamentablemente, vienen acompañadas de sesgos que impiden conclusiones certeras. No obstante, en estos días de reflexión frente a la violencia contra la mujer, la constatación de que nos sigue pasando es la más triste comprobación de que resta mucho por hacer para terminar con este flagelo.

La titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba (Senaf), Julia Reartes, anunció que se iniciará una investigación interna para evaluar la actuación de los empleados del organismo en relación a la situación familiar de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada el sábado 2 de noviembre en Brinkmann. La investigación interna busca esclarecer si la Senaf intervino de manera adecuada ante el contexto de violencia familiar que rodeaba a la pequeña.

El asesinato de Aralí Vivas, ocurrido en su casa de calle Caseros al 800, despertó gran conmoción en la región. El crimen se descubrió cuando los Bomberos fueron llamados a sofocar un incendio en la vivienda. Al apagar las llamas, encontraron el cuerpo carbonizado de la niña sobre una cama, lo que generó sospechas en los primeros momentos. La principal incógnita fue cómo la niña había quedado inmóvil, sin intentar escapar del fuego.

El forense Mario Vignolo, a cargo de la autopsia, confirmó que Aralí ya estaba muerta antes de que comenzara el incendio, ya que no presentaba signos de inhalación de monóxido de carbono. "Lo primero que uno hace es ver la tráquea, los bronquios, buscando el negro del humo, del hollín. Y estaba totalmente limpio, eso es un indicador indubitable de que la niña al quemarse ya estaba muerta", explicó Vignolo, subrayando que este hallazgo fue clave para confirmar que el incendio fue un intento de encubrimiento.

Con esta información, el fiscal subrogante de Morteros, Oscar Gieco, ordenó la detención del padrastro de Aralí, Matías Ezequiel Simeone (33), y de su amigo, Cristian Varela (40), quienes se encontraban en la casa desde la noche anterior consumiendo drogas. Según la investigación, entre ambos habrían abusado y asesinado a la niña antes de intentar simular un incendio para ocultar el crimen. El mismo día del asesinato, los acusados retiraron a los otros dos niños de la casa y los llevaron a una plaza antes de regresar y prender fuego a la habitación de Aralí.

En el marco de la investigación judicial, se ha señalado que la situación de Aralí, al igual que la de sus hermanos más pequeños, había estado bajo el radar de la Senaf en ocasiones anteriores. Sin embargo, según los registros oficiales, la niña nunca fue motivo de intervención directa por parte del organismo, aunque sí lo fueron sus dos hermanos menores, quienes fueron separados temporalmente del hogar en el pasado.

Esto ha generado una fuerte preocupación entre los vecinos de Brinkmann, quienes aseguran que el entorno familiar de Aralí era conocido por la Senaf, pero no se tomaron medidas preventivas suficientes. "No nos sorprendió, sabíamos que podía ocurrir", comentó una vecina de Brinkmann, quien prefirió no ser identificada, pero subrayó que la situación de violencia y abuso en la casa de Aralí era algo de conocimiento público en la comunidad.

El caso ha provocado fuertes críticas hacia la intervención estatal, especialmente sobre cómo la Senaf manejó la situación. La investigación interna ordenada por Julia Reartes tiene como objetivo determinar si los funcionarios de la cartera tuvieron en cuenta los antecedentes de violencia y las condiciones del hogar en las que vivía Aralí. Aunque la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y la directora de la Senaf se han abstenido de hacer declaraciones públicas sobre el caso, fuentes del organismo confirmaron que el pedido de Reartes fue avalado por las autoridades provinciales.

La muerte de Aralí Vivas ha dejado un fuerte clamor en la comunidad de Brinkmann, donde los vecinos exigen respuestas. La situación es vista por muchos como un fracaso de los organismos encargados de velar por el bienestar infantil. Al igual que en otros casos que han conmocionado al país, como el de Lucio Dupuy, los habitantes de Brinkmann se sienten abandonados por el sistema de justicia y las instituciones encargadas de proteger a los niños.

En este contexto, la investigación interna de la Senaf se presenta como un primer paso para entender si se falló en la detección de los riesgos que corría Aralí y si la intervención estatal fue realmente insuficiente. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿por qué otra vez el Estado no logró evitar un crimen cuya tragedia ya estaba anunciada?

La mitad de los alumnos del último año de primaria (53,3%) de todo el país afirma que habla de temas de violencia y abuso domésticos con alguien de la escuela, mientras que el 15% asegura no compartir con nadie estos temas.

Misiones (60,1%), Formosa (58,9%), Chaco (57,7%) y Entre Ríos (57,3%) son las provincias con mayor porcentaje de chicos que los revelan.

Los datos surgen del informe “Situaciones de violencia en los hogares: detección y prevención desde las escuelas”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mercedes Sidders (Fundación Abrazar y Centro de Estudios para el Desarrollo Humano – UdeSA), Eugenia Orlicki y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación).

La prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes se puede encarar en las escuelas a partir de las respuestas de directores y estudiantes del último año de primaria a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2021, regulación social que se agrega a la sanitaria y alimenticia en el quehacer educativo.

Es que la escuela juega un rol clave en la detección y prevención de la violencia en los hogares, definida como una “epidemia silenciosa” con severas consecuencias en la salud mental y física de niños y adolescentes.

En las escuelas de gestión estatal, las provincias donde más directores declaran que tuvieron que intervenir en situaciones de violencia familiar son Tierra del Fuego (61%), CABA (55%), Jujuy (47%), Buenos Aires (46%) y Río Negro (43%).

A nivel nacional, el 32% de los directores de escuelas primarias de gestión estatal afirma que en el último año ha tenido que intervenir en casos de violencia familiar que afectan a sus estudiantes.

Uno de cada cuatro (26%) directores de escuelas privadas informan lo mismo.

En las escuelas de gestión privada, las provincias donde más directores dicen haber intervenido en este tipo de situaciones son San Juan (39%), Formosa (35%), Chaco (34%), Misiones (32%) y Santiago del Estero (31%).

De todos modos, el informe aclara que estas cifras no necesariamente indican mayor cantidad de casos de violencia, sino que pueden reflejar una mayor propensión de las escuelas a reportar y actuar ante las situaciones detectadas.

A nivel nacional, el 44,2% de los alumnos dice que los docentes les hablaron sobre cómo cuidarse y evitar el maltrato, mientras que un 28,2% declara que le gustaría tener más información sobre esto. 

A su vez, el 45,4% afirma que los docentes les hablaron sobre cuándo pedir ayuda a una persona de confianza.

El estudio subraya la necesidad de que el Estado garantice una red de apoyo más amplia que conecte a las familias con servicios que ayuden a mitigar los factores de riesgo (como comedores, centros de salud, programas sociales o subsidios habitacionales), para poder fortalecer el sistema de protección de los niños y adolescentes.

En el marco del Día Internacional de la Niña instituido por la Organización de las Naciones Unidas, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer un informe sobre la situación de las menores ante este flagelo.

En 2022, la OVD registró a 2.548 niñas afectadas por hechos de violencia doméstica. Entre ellas, el 84% tenía 14 años o menos y el 16% eran adolescentes de entre 15 y 17 años. 

El 74% tenía un vínculo filial con las personas denunciadas, mientras que el 72% de esas personas era de sexo masculino. El 45%, además, cohabitaba con la persona denunciada.

Más de la mitad de las denunciantes (53%) sufría violencia diaria o semanal, el 36% fue víctima de violencia física (910 niñas en total) y el 20% de tipo sexual (513).

El 45% de las situaciones de todas estas niñas fue evaluada por los equipos de la OVD como de riesgo altísimo y alto. El equipo médico de la OVD constató lesiones en 71 niñas.

El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 66/170 para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña y reconocer los derechos de las mismas y los desafíos únicos a los que enfrentan en todo el mundo, así como promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos humanos.

Un hombre de 37 años fue detenido ayer por la noche, en inmediaciones de la vivienda de su expareja de 27 años por desobedecer una medida cautelar de prohibición de acercamiento. 

Aproximadamente a las 21.20, la víctima llamó a efectivos policiales tras percatarse de su presencia en su domicilio ubicado en Resistencia al 300 de barrio Parque.  

El hombre se retiró minutos antes de que llegara la Policía, pero mediante un patrullaje en el sector, lo sorprendieron merodeando e inmediatamente, lo aprehendieron. 

Fue trasladado a una sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de turno. 

Mediante un allanamiento ordenado por la Fiscalía de la ciudad de Las Varillas, efectivos policiales secuestraron una importante cantidad de armas en el marco de una causa por violencia familiar ocurrida en Colonia Valtelina. 

La víctima en este caso es una mujer de 33 años, quien procedió a radicar una denuncia contra un hombre de 43. 

En la tarde del pasado lunes, aproximadamente a las 21.35, personal policial allanó la vivienda del presunto agresor, ubicada en la zona rural de la localidad, donde se secuestró un revolver color negro con proyectiles, una pistola con dos cargadores vacíos y 38 proyectiles sin percutar. Además, se encontró una escopeta, cartuchos y, por último, una escopeta armada.

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn), que atiende las 24 horas todos los días del año, recibió 140.260 denuncias en sus 15 años de existencia, en las que los casos de violencia psicológica y física fueron los más registrados, informó el organismo.En su décimo quinto aniversario, la OVD, que fue creada el 15 de septiembre de 2008, elaboró un informe especial llamado "15 Años de Trabajo de la Oficina de Violencia Doméstica 2008 - 2023" donde informó que acudieron a la oficina 216.733 personas, y las principales afectadas fueron mujeres (64%), y niñas, niños y adolescentes (30%)."La OVD se ha transformado en un organismo referente en la materia, no solo por su disponibilidad permanente, sino por el profesionalismo y compromiso con que todos sus integrantes se abocan a su tarea diaria", aseguró Carlos Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte, de quien depende la OVD. 

El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones.

El magistrado sostuvo que fueron 15 años "de un esfuerzo constante por asegurar el acceso a justicia a las personas afectadas por hechos de violencia familiar, así como de brindar contención, respuesta y acceso a otros servicios mediante el trabajo coordinado con diversos organismos". 

En las denuncias, los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron el riesgo de las personas afectadas y determinaron la presencia de diferentes tipos de violencia:

• El 96% de los casos: psicológica• El 59% de los casos: física• El 32% de los casos: ambiental• El 33% de los casos: económica y patrimonial• El 17% de los casos: social• El 11% de los casos: sexualEl 41% de los casos fue evaluado como de riesgo altísimo y alto; el 47% como medio y moderado, y solo el 12% de los casos tuvo riesgo bajo."El surgimiento de la OVD implicó el rediseño del abordaje judicial sobre esta problemática, a partir de la incorporación de equipos interdisciplinarios, integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, para la evaluación del riesgo, la correcta derivación, el seguimiento judicial de los casos y el trabajo en red con otros organismos del Estado", valoraron desde esa dependencia. 

Una de cada tres personas denunciantes fueron mujeres, y el 30% fueron niñas, niños y adolescentes.

El 80% de las personas denunciadas durante estos 15 años fueron varones y el grupo etario de los más denunciados está comprendido entre los 22 y los 49 años (63%).Las denuncias recibidas fueron derivadas principalmente a la Justicia Nacional en lo Civil (99%) y a la Justicia Penal (88%)."La OVD implementó, desde sus inicios, un servicio inédito en la Justicia argentina: atiende las 24 horas, todos los días del año, incluso los fines de semana y feriados. En este sentido, en los últimos 15 años, 7 de cada 10 denuncias se hicieron fuera del horario judicial de atención al público, lo que facilitó el acceso a justicia de la población afectada", concluyeron en un comunicado.