La muerte de Zamir Torres, el niño de cuatro años baleado el pasado 9 de julio mientras viajaba con su madre y su padrastro por la ciudad de Frontera, sacudió profundamente a la región y encendió las alarmas en los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. El ataque no solo dejó a Braian “Peladito” Martínez (31), pareja de la madre del menor, con graves heridas, sino que también puso en evidencia una escalada de violencia que venía gestándose desde principios de año.

"A Zamir se lo llevaron las bandas de narcotraficantes. Su muerte sacudió al país y por su memoria tenemos que poner un freno y no ser indiferentes ante estas situaciones", afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante un megaoperativo interfuerzas previo al acto de firma del convenio interprovincial en San Francisco.

Mientras tanto, la fiscalía investiga como móvil del crimen una represalia ligada a una interna entre dos bandas narcocriminales. La pista principal señala que el ataque fue planificado y que el autor intelectual sería un interno de la penitenciaría de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco. “Sabemos que pertenece a una familia reconocida en el ambiente del narcotráfico y por eso pedimos su traslado a una cárcel federal”, aseguró Quinteros.

El miércoles pasado, en la Tecnoteca de San Francisco, se lanzó oficialmente la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Allí, los ministros Pablo Cococcioni y Juan Pablo Quinteros rubricaron el convenio que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal en conjunto.

“El convenio y la creación de un ente metropolitano interprovincial aportarán día a día soluciones en materia de seguridad para nuestra gente”, expresó el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien también reclamó “superar los límites legales que dificultan una respuesta eficaz frente a los delitos que se extienden a ambos lados del Camino Interprovincial”.

También participaron del acto los intendentes Oscar Martínez (Frontera) y Jorgelina Sicardi (Josefina), y demás autoridades provinciales, municipales, policiales y del Poder Judicial.

Cococcioni fue enfático: “Esto no puede ser solo una demostración de presencia. Vamos a crear mecanismos de trabajo conjunto para una presencia policial disuasiva, preventiva y dinámica. Vamos a ir contra el narcotráfico y el microtráfico desde la provincia de Santa Fe”, dijo el ministro de Seguridad santafesino.

Quinteros, por su parte, lanzó una definición contundente: “Por la memoria de Zamir Torres, tenemos que estar más firmes que nunca diciéndoles no, diciéndoles basta. Queremos que Córdoba y Santa Fe se hagan un solo nudo para decirle basta a este flagelo que es la droga”.

La falta de fiscales en ambos márgenes del Camino Interprovincial representa una traba institucional que la dirigencia política busca revertir. San Francisco no cuenta con fiscal federal desde 2022, cuando Luis María Viaut fue condenado por corrupción. Desde entonces, la Fiscalía Federal de Villa María subroga el cargo. La vacante del juez federal también sigue sin cubrirse tras el fallecimiento del juez Pablo Montesi en 2024.

Bernarte fue claro: “Necesitamos resolver los problemas jurisdiccionales y analizar la posibilidad de extender la jurisdicción del Tribunal Federal de San Francisco para poder investigar y actuar también en territorio santafesino”.

En Frontera la situación es similar. Desde que Nicolás Stegmayer dejó su cargo en 2022 para asumir como juez penal, no se designó un nuevo fiscal. “Esto significa un retroceso —reconoció el intendente Oscar Martínez—, porque todas las gestiones judiciales deben volver a Rafaela y los vecinos sienten que la justicia no entiende su realidad”.

Ante este reclamo, el ministro Cococcioni anunció que “ya se enviaron a la Legislatura 38 pliegos para cubrir vacantes en toda la provincia” y que uno de los subrogantes por circunscripción judicial será designado en Frontera. “Los pliegos ya fueron votados. Resta que la Fiscalía General y la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe tomen juramento y realicen la designación”, añadió.

La creación de un comando conjunto entre Córdoba y Santa Fe no solo busca enfrentar con mayor eficacia el narcotráfico y la violencia urbana, sino también sellar un compromiso político e institucional que supere las divisiones geográficas. “Así como nosotros cruzamos el límite entre San Francisco y Frontera todos los días, necesitamos que las fuerzas de seguridad y justicia también puedan hacerlo sin una pared cuando sucede un delito o para prevenirlo”, reclamó Bernarte.

El crimen de Zamir se convirtió en el catalizador de esta transformación. Hoy, con la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad en marcha, el desafío será sostener este impulso y convertir el dolor en políticas concretas que eviten nuevas tragedias.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres apunta a un interno de la cárcel de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco, vinculado a una familia narcocriminal de alto perfil. En la causa, encabezada por la fiscal de Rafaela Fabiana Bertero junto la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), hay cuatro hombres detenidos, pero todavía se busca a más involucrados. Entre ellos, a una mujer que habría estado presente en el momento del ataque y sería autora de disparos, según detalló Vottero: “Estamos trabajando para localizar e individualizar a la otra persona de sexo femenino que estuvo en la escena”.

La declaración de Rocío Funes, madre de Zamir, fue clave. Según su abogado, Federico Scarinci, “estaba en el auto, reconoció a los atacantes y les suplicó que no dispararan porque había un niño. No se detuvieron”. Su testimonio permitió identificar a dos de los hermanos imputados como autores materiales del hecho.

La justicia también investiga el uso de distintos vehículos en la emboscada. Al Fiat Cronos gris, hallado incendiado cerca de Josefina, días atrás se sumó la detención de un joven, A.T. (26), que manejaba un Volkswagen Vento blanco que podría haber sido utilizado para la fuga.

Por su parte, el juez Nicolás Stegmayer dictó prisión preventiva para tres de los imputados: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29), considerados presuntos autores del delito de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, y homicidio doloso calificado en grado de tentativa bajo las mismas circunstancias”. En paralelo, las cámaras de videovigilancia y los peritajes aportan elementos para reconstruir el recorrido y la planificación del ataque.

La querella insiste en que no se trató de un hecho impulsivo. “Esto no fue un impulso. Sabían perfectamente quiénes estaban en el auto y aun así ejecutaron la emboscada”, dijo Scarinci.

Ocho días después del crimen de Zamir Gael Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera en un ataque a balazos, su madre Rocío Funes volvió a las calles para pedir justicia. Encabezó una nueva movilización junto a familiares y vecinos y, esta vez, logró reunirse con el intendente Oscar Martínez, a quien le reclamó mayor seguridad y respuestas ante la escalada de violencia armada.

“Quiero a todos presos. No quiero que esto quede en la nada como siempre pasa en Frontera. Quiero condena perpetua para todos. Mataron a mi hijo, tenía 4 años, era un nene inocente. No estaba en ninguna guerra de narcos”, dijo Funes en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO y reconoció estar conforme con el accionar de la fiscalía. Apuntó a los tres hombres detenidos como los autores del ataque que también dejó herido a su pareja, Braian “Peladito” Martínez (31), y a un cuarto sospechoso que aún está prófugo. 

La mujer insistió que el crimen se vincula con un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez (21), hermano de Braian, ocurrido en abril. “Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacar droga y ahí empezó todo. Pero yo nunca tuve problemas con esa gente. No estábamos en guerra con nadie”, reiteró. 

Antes del encuentro con el intendente Martínez, Rocío pidió más controles, prevención y compromiso del Estado: “Le diré que no quiero que la muerte de mi hijo sea una más, que se haga justicia como tiene que ser. Que no se quede todo en detenciones. Quiero condenas ejemplares”.

También relató que recibió amenazas tras el crimen, incluso a través de redes sociales: “No me dan miedo. Las amenazas me hacen más fuerte. A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia”, aseguró.

Zamir era su único hijo. “Le gustaban los caballos, iba al hipódromo, al jardín. Me lo mataron de un tiro por la espalda, el primer disparo fue para él, que iba atrás en el auto”, dijo entre lágrimas.

La causa por el asesinato de Zamir Torres sigue avanzando. Hasta ahora hay tres detenidos, imputados por “homicidio calificado” y “tentativa de homicidio”, y un cuarto sospechoso prófugo.

Dos de los detenidos fueron capturados el martes. Durante un operativo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba, uno de ellos, M.E., de 31 años, fue hallado oculto en una camioneta con un chaleco antibalas y celulares. Es hermano del primer detenido, V.E., de 23, y presuntamente intentaba fugarse de la provincia. Horas antes se había entregado en Rafaela N.T.M., de 20 años. Los tres están acusados de participar del ataque del 9 de julio, cuando desde un Fiat Cronos negro emboscaron y dispararon al menos 15 veces contra el Ford Fiesta en el que viajaban Braian, Rocío y el pequeño Zamir.

La investigación continúa con pericias, allanamientos y análisis de cámaras y celulares, en busca de esclarecer cómo se planeó la emboscada y dar con el último implicado. Mientras tanto, la comunidad sigue reclamando justicia por el crimen que estremeció a toda la región.

Los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a un conflicto entre bandas enfrentadas por conflictos de territorio y narcomenudeo. El modus operandi —emboscada, fuego cruzado, escape, auto incendiado— se corresponde con prácticas ya conocidas en disputas criminales.

En una entrevista radial con Cadena 3 Rosario, el comisario Ariel Vargas, director general del Departamento Norte de la Policía de Córdoba, brindó detalles sobre el operativo que permitió detener en San Francisco a uno de los presuntos autores del crimen de Zamir Torres, el niño de 4 años asesinado a balazos en Frontera días atrás. En tanto, siguen buscando a otros tres sospechosos. 

“Se trató de un operativo complejo y planificado, donde trabajamos en conjunto con las fuerzas nacionales y provinciales para dar con este hombre”, sostuvo Vargas, en alusión al despliegue que involucró a más de 200 efectivos de distintas jurisdicciones, incluyendo Gendarmería Nacional, Policía Federal, FPA y brigadas provinciales de Córdoba y Santa Fe.

El detenido, un joven de 23 años, indicó Vargas, posee antecedentes por robos y presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Si bien el móvil del crimen aún se investiga, el comisario fue claro: “Existe una antigua enemistad entre familias de la zona, vinculadas a la delincuencia, que ha escalado en violencia en los últimos tiempos”.

Consultado por el contexto regional, Vargas señaló que la frontera entre Córdoba y Santa Fe ha sido escenario de un incremento en los ataques armados: “Antes teníamos menos hechos con armas de fuego. Actualmente, los operativos interfuerzas semanales buscan reducir esta situación, pero lamentablemente hemos visto un aumento en los incidentes en la región”.

Sobre el avance del narcotráfico, explicó que las fuerzas federales y provinciales están desarrollando tareas intensas: “Hay un mapa de calor que indica mayor actividad delictiva, posiblemente por el desplazamiento de bandas desde otras regiones como Rosario”.

La causa, que conmocionó a la comunidad, sigue abierta y con nuevas diligencias en curso. “Continuamos con allanamientos y esperamos capturar a todas las personas involucradas para llevarlas ante la justicia”, aseguró Vargas. Si bien el sospechoso fue detenido en Córdoba, será trasladado a Santa Fe, ya que el crimen ocurrió en esa provincia.

Familiares y allegados de Zamir convocaron a una marcha para este lunes a las 15 frente a la Municipalidad de Frontera. En un mensaje difundido por redes, expresaron: “Vamos a marchar para pedir justicia por Zamir, que se termine todo esto ya, que paguen todos”. También reclamaron respuestas a fiscales y policías, advirtiendo que el crimen “se podría haber evitado” si las denuncias previas hubieran sido escuchadas.

Con la muerte del niño, Frontera suma su tercer crimen en lo que va de 2025 y vuelve a quedar expuesta como epicentro de una escalada de violencia que ni los refuerzos policiales ni las promesas oficiales logran detener. La zona, golpeada por el narcomenudeo, concentra más de la mitad de los asesinatos del departamento Castellanos.

Con apenas 4 años, Z.T. fue la víctima más reciente y también la más dolorosa de una ola de crímenes que parece no tener fin en el límite entre Santa Fe y Córdoba. El ataque que lo mató y dejó herido de gravedad a su padre -Brian Martínez (31), alias “Peladito”-, ocurrió es miércoles 9 de julio pasado en barrio Puzzi de Frontera. Cuatro hombres, identificados pero aún prófugos, lo acribillaron a balazos en lo que se presume fue un ajuste de cuentas narco. El niño recibió al menos cuatro impactos y murió en brazos de su madre, que presenció todo.

Aunque no hay cifras oficiales exactas, LA VOZ DE SAN JUSTO concluyó, en base a información, que este último hecho  elevó a 7 el número de homicidios cometidos en el conglomerado Frontera-Josefina en menos de un año. En tanto, de los 11 crímenes registrados en todo el departamento Castellanos el año pasado, seis ocurrieron en ese sector que, entre ambas localidades, apenas suma 16 mil habitantes.

Entre septiembre y diciembre de 2024 se registraron cuatro homicidios violentos en Frontera y barrio Acapulco, Josefina. El 8 de septiembre, una mujer y un joven murieron en distintos ataques con armas de fuego. El 6 de octubre, otro hombre fue baleado y falleció por las heridas. El 6 de diciembre, un hombre recibió 15 disparos y murió un mes después. 

La comparación duele más cuando se observa que en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron en el último año, según estadísticas del gobierno provincial. Sin embargo, en Castellanos, se duplicaron. En parte, el problema radica en un dato estructural: ni Frontera ni Josefina cuentan con un fiscal del Ministerio Público de la Acusación local. Desde que Nicolás Stegmayer fue designado juez en 2021, nunca se nombró un reemplazante.

Mientras tanto, la violencia se profundiza. En enero de este año, Pablo Daniel López fue asesinado a tiros frente a su casa. En mayo, David “Totín” Martínez (21), tío del niño asesinado esta semana, murió tras días de agonía luego de recibir múltiples disparos. A eso se suman los casos de 2024, con víctimas baleadas en los barrios más vulnerables y sin avances significativos en las investigaciones.

El problema tiene raíces complejas. “Toda esa zona tiene una característica muy compleja, ya que hay una problemática relacionada con el carácter fronterizo. Hay grupos de personas que se desplazan, cruzan la calle y ya están en otra provincia”, había señalado el ministro de Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni.

Según Cococcioni, “hay puestos de microtráfico donde se producen hechos de violencia entre personas vinculadas al negocio y, en algún caso, también compradores”. El ministro prometió hace meses que esta zona sería prioritaria en materia de seguridad, pero los crímenes no se detienen. Los vecinos, entre el miedo y la resignación, ya no creen en soluciones inmediatas. “Todos saben quiénes son, pero nadie dice nada, porque después vienen y te matan”, expresó un hombre en voz baja cuando LA VOZ DE SAN JUSTO recorrió el lugar del fatal ataque del miércoles.

El crimen del pequeño Z.T. conmocionó como pocos. El Fiat Cronos de los agresores lo emboscó en plena calle, bloqueó el paso del vehículo familiar y descargó más de 15 balas. Tras el ataque, el auto fue hallado incendiado en Josefina, lo que confirma la planificación del hecho. La madre del niño, testigo del horror, bajó a su hijo en un intento desesperado por salvarlo.

Pese al hermetismo en la investigación, este diario pudo saber que los cuatro sospechosos ya fueron identificados, pero hasta el momento no hay detenidos. La causa avanza con análisis de cámaras y peritajes, pero en un entorno marcado por la falta de fiscales y el temor generalizado, pocos se animan a colaborar.

La violencia en Frontera y Josefina es hoy una postal de un territorio sin ley, donde los crímenes se repiten, las promesas se diluyen y la justicia llega tarde, si llega.

Tras el violento ataque a balazos ocurrido en Frontera, donde un niño de 4 años perdió la vida y un hombre de 31 resultó gravemente herido, la Policía de Córdoba desplegó un amplio operativo en San Francisco. La custodia se concentra en el Hospital “J. B. Iturraspe”, donde permanece internado Braian “Peladito” Martínez, y se extiende a barrios aledaños y rutas interprovinciales.

El comisario inspector Pablo Nieto, jefe a cargo de la Departamental San Justo de Policía, dialogó con LA VOZ DE SAN JUSTO y explicó los alcances de este despliegue: “Estamos trabajando en un fuerte operativo de seguridad, reforzando no solamente el hospital, sino también las inmediaciones del barrio y la ruta interprovincial que conecta con Santa Fe”.

Desde el mismo momento en que Martínez y el menor –ya fallecido- ingresaron heridos al hospital, la fuerza local activó todos sus recursos: “A las 18.30 del miércoles, cuando ingresaron los heridos, inmediatamente se implementó un operativo con todas las fuerzas de seguridad con asiento en San Francisco”, detalló Nieto.

Participan el Cuerpo Guardia de Infantería, la división de Servicios Especiales en Operaciones Motorizadas. (SEOM), el Comando de Acción Preventiva (CAP), personal de Investigaciones, entre otros. “El objetivo es blindar, como le decimos nosotros, nuestra ciudad y evitar que esto llegue a mayores”, remarcó el comisario.

Si bien el ataque ocurrió en territorio santafesino, Nieto subrayó la preocupación por posibles consecuencias en San Francisco: “Refuerzos como este nos permiten darle seguridad a los profesionales que trabajan en el hospital y tranquilidad a la ciudadanía. Queremos prevenir cualquier hecho de violencia urbana en nuestra ciudad”.

En cuanto a los agresores, que fueron identificados pero que aún no fueron detenidos, Nieto explicó que se coordinó con fuerzas federales y con la policía de Santa Fe: “Implementamos este operativo para evitar que los autores prófugos intenten refugiarse en nuestra ciudad. También se puso en conocimiento a Gendarmería Nacional y otras fuerzas  de seguridad que trabajan en la región”.

Braian Martínez fue operado en las últimas horas y, aunque se encuentra fuera de peligro según el último parte médico, tendría secuelas importantes. Fuentes sanitarias indicaron que sus heridas podrían dejarle una discapacidad permanente.

Mientras tanto, la Justicia avanza en la investigación por el presunto ajuste de cuentas entre bandas narco. El vehículo utilizado por los atacantes fue hallado incendiado en un camino rural de Josefina. Testimonios clave y cámaras de seguridad serán fundamentales para dar con los responsables.

Un nuevo episodio de violencia extrema golpeó de lleno a la ciudad de Frontera. Esta vez, la víctima fue un niño de apenas 4 años, que murió luego de ser alcanzado por una bala en medio de una emboscada contra su padre, quien resultó herido de gravedad. El hecho ocurrió este miércoles por la tarde y dejó a la comunidad conmocionada, tanto por la brutalidad del ataque como por la muerte del pequeño, atrapado en una escena de horror.

Qué se sabe hasta ahora del caso: 

Todo ocurrió cerca de las 18 en la intersección de calles 86 y 7. Según los primeros informes, el padre del niño, Braian Martínez (31) —conocido por su alias “Peladito”— circulaba por la zona con su hijo identificado como Z.T. cuando desde otro automóvil abrieron fuego. Los testigos afirmaron haber escuchado entre 8 y 10 disparos, lo que sugiere un ataque premeditado.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Iturraspe de San Francisco. El niño habría llegado sin signos vitales. El padre, en tanto, continúa internado en estado grave tras haber recibido al menos seis impactos de bala.

Minutos después del hecho, un vehículo calcinado fue encontrado en un camino rural cercano a Josefina. Todo indica que se trataría del mismo automóvil utilizado en la emboscada. Este detalle alimenta la hipótesis de un ataque planificado con frialdad, donde los agresores no solo sabían a quién buscaban, sino que también tenían preparado cómo huir y borrar rastros.

Fuentes policiales creen que el verdadero objetivo del ataque era el padre del niño, quien recientemente había salido de prisión. Su historial delictivo y sus posibles vínculos con bandas narco lo colocan en el centro de una disputa territorial o de venganza. La bala que mató al niño no estaba dirigida a él, pero terminó con su vida, convirtiéndolo en víctima de una violencia que no conoce límites.

“La escena fue brutal. No hay otra forma de describirlo. Fue una emboscada en plena vía pública, en un horario en que muchos vecinos estaban afuera, y terminó con la vida de un niño”, dijo una fuente policial.

El pequeño asesinado sería sobrino de Horacio “Totín” Martínez, un joven de 21 años que murió acribillado en mayo de este año, también en Frontera. Su tío “Pocholito”, en tanto, es otro nombre conocido por la Justicia: a los 14 años ya acumulaba una larga lista de antecedentes por robos, intentos de homicidio y agresiones.

La familia del niño parece arrastrar una genealogía del delito y la violencia. En ese entramado de reincidencias, balas y muertes, la tragedia volvió a golpear. Esta vez, en su forma más desgarradora: la de un niño inocente que muere por estar en el lugar y momento equivocados.

Si bien la causa está en etapa inicial y aún no se realizaron detenciones, las fuentes policiales no descartan que el ataque esté vinculado a un conflicto entre bandas narco. El modus operandi —emboscada, fuego cruzado, escape, auto incendiado— se corresponde con prácticas ya conocidas en disputas criminales.

“Es una pelea entre grupos que se conocen. No fue al voleo. El niño fue una víctima colateral, y eso es lo que más duele”, deslizó un investigador.

La noticia de la muerte del pequeño se expandió rápidamente y generó un clima de conmoción en Frontera. Sin embargo, reina el miedo. Ningún vecino quiso hablar frente a cámara, y muchos aseguran que “es mejor no meterse”.

En las redes, en cambio, se multiplicaron los mensajes de dolor, indignación y pedidos de justicia. La noticia de un niño asesinado, envuelto en una historia familiar de violencia, interpeló a todos.

“Una criatura de cuatro años... ¿cómo se explica esto?”, escribió una vecina. Otro usuario, con bronca: “No es la primera vez. Y si no cambia algo, no va a ser la última”.

La investigación está en curso y bajo estricta reserva. Hasta el momento, no hay detenidos, pero se analizan cámaras de seguridad, testimonios y pericias balísticas. También se espera que el padre, si su estado de salud lo permite, pueda aportar datos claves sobre quiénes fueron los atacantes o qué conflicto podría haber desencadenado el tiroteo.

Cada muerte violenta sacude. Pero cuando se trata de un niño, la herida social se agrava. No hay consuelo posible, ni explicación racional que sirva. Lo que ocurrió en Frontera no es un hecho aislado: es el emergente de una espiral de violencia que lleva años creciendo y que encuentra en las calles el escenario de sus ajustes y venganzas.