Cada año, el 8 de marzo invita a reflexionar sobre las desigualdades y violencias que atraviesan a las mujeres en distintos ámbitos de la vida social. En Argentina, las estadísticas muestran que las denuncias por violencia de género siguen siendo numerosas, una señal de que el problema persiste más allá de los avances legales y del creciente debate público.

Detrás de los números hay historias que en muchos casos permanecen invisibles. En ciudades como San Francisco, los episodios de violencia rara vez trascienden si no derivan en hechos extremos, pero eso no significa que no existan. Por el contrario, los profesionales del derecho que trabajan diariamente con estos casos sostienen que las denuncias continúan llegando semana tras semana.

“Hay un montón de denuncias de violencia de género por semana en la ciudad”, afirmó la abogada Virginia Panero. La letrada explicó que muchas de estas situaciones no se conocen públicamente porque ocurren en el ámbito privado y el objetivo principal es resguardar la identidad de las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso judicial.

En esa línea, el abogado Nicolás Casas advirtió que, después de algunos casos de gran repercusión mediática, suele instalarse la sensación de que la problemática disminuyó. Sin embargo, según su experiencia profesional, esa percepción no siempre refleja la realidad. “Cuando no se trata de un femicidio o de un caso que toma trascendencia pública, las situaciones de violencia pasan desapercibidas, pero eso no significa que no existan”, señaló.

Ante una situación de violencia, ambos profesionales coincidieron en que el primer paso fundamental es realizar la denuncia en la Unidad Judicial. No obstante, advirtieron que ese proceso puede resultar complejo para las víctimas.

“Cuando una persona llega a hacer una denuncia es porque ya atravesó una situación muy difícil. Por eso siempre decimos que es importante que, si es posible, cuente con la contención de un familiar o una amistad cercana”, explicó Panero.

La abogada también subrayó la necesidad de tener paciencia durante ese trámite. “A veces hay que esperar varias horas para que tomen la denuncia porque el personal es limitado y muchas veces estos hechos ocurren durante la noche, los fines de semana o los feriados”, indicó.

Casas coincidió con ese diagnóstico y señaló que esa demora forma parte de una dificultad estructural. “Creemos que las denuncias por violencia de género deberían tener prioridad dentro de la Unidad Judicial. Muchas veces una víctima que llega golpeada o en estado de shock tiene que esperar varias horas para ser atendida, y eso evidencia que todavía hay aspectos del sistema que deben mejorarse”, sostuvo.

Una vez realizada la denuncia, el proceso judicial se activa en dos ámbitos diferentes.

Por un lado interviene el Juzgado de Violencia Familiar, que tiene como objetivo dictar medidas urgentes de protección para la víctima, como el impedimento de contacto o la exclusión del agresor del hogar.

Por otro lado se abre la instancia penal en la fiscalía correspondiente, donde se investiga si los hechos denunciados constituyen un delito.

“En la parte penal se inicia lo que se llama investigación penal preparatoria, donde se toman testimonios, se buscan pruebas y se analiza si los hechos encuadran en delitos como lesiones, amenazas, abuso sexual o privación ilegítima de la libertad”, explicó Casas.

Sin embargo, los profesionales señalaron que no todas las situaciones de violencia de género constituyen delitos desde el punto de vista penal. Un ejemplo frecuente es la violencia psicológica.

“Los insultos, los gritos o el maltrato verbal no siempre configuran un delito penal, pero eso no significa que no sean violencia. Muchas veces generan daños muy profundos en las víctimas”, aclaró el abogado.

Uno de los aspectos menos conocidos de este tipo de situaciones es la posibilidad de reclamar una reparación económica por los daños sufridos.

Según explicaron Panero y Casas, además de las medidas de protección y de la investigación penal, las víctimas pueden iniciar una acción civil por daños y perjuicios.

“Muchas personas desconocen que la violencia también genera responsabilidad civil. La víctima tiene derecho a reclamar una reparación integral por los daños que sufrió”, señaló Panero.

Entre los rubros que suelen reconocerse en este tipo de demandas se encuentran el daño moral, el daño psicológico, el daño físico, el daño emergente por gastos médicos o terapéuticos, el lucro cesante cuando la víctima no pudo trabajar y el daño estético cuando las agresiones dejan cicatrices visibles.

Casas explicó que en muchos casos el daño moral es uno de los más significativos. “Está comprobado que las víctimas de violencia de género atraviesan situaciones extremadamente traumáticas. Las secuelas emocionales pueden durar años y requieren tratamientos psicológicos prolongados”, indicó.

Actualmente, el estudio jurídico de ambos profesionales lleva adelante causas civiles vinculadas con episodios de violencia de género en las que ya se completaron las instancias del proceso y se aguarda la sentencia.

Otro punto que surgió durante la entrevista fue el debate sobre la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito judicial.

Casas sostuvo que cualquier persona tiene derecho a reclamar ante la justicia si sufrió un daño, independientemente de su género. Sin embargo, aclaró que eso no implica desconocer el marco normativo existente.

“Los hombres también pueden denunciar si sufren violencia o daños. Pero eso no anula la perspectiva de género, que existe porque históricamente hubo desigualdades estructurales que afectaron a las mujeres”, explicó.

Los abogados recordaron que esta perspectiva no surge de posiciones partidarias, sino de compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

Entre esos instrumentos se encuentran la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Convención de Belém do Pará y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género, que establecen la obligación de prevenir, investigar y sancionar este tipo de violencias.

En los últimos años también creció el debate público sobre las llamadas falsas denuncias, un tema que suele generar posiciones contrapuestas.

Para Panero y Casas, se trata de una discusión que debe abordarse con seriedad y sin caer en simplificaciones.

“Las falsas denuncias existen y son graves porque implican acusar a alguien de un hecho que no cometió. Pero eso no puede utilizarse para deslegitimar a quienes denuncian situaciones reales de violencia”, señaló Casas.

Los abogados explicaron que en muchos casos la violencia ocurre en contextos privados, sin testigos y bajo amenazas, por lo que el relato de la víctima adquiere un valor central dentro de la investigación.

“Ese relato no se analiza de manera aislada. Se evalúa junto con pericias psicológicas, testimonios e indicios que permitan reconstruir lo ocurrido”, explicó Panero.

La perspectiva de género, agregaron, permite interpretar esos relatos teniendo en cuenta el contexto de desigualdad y violencia estructural en el que muchas veces se producen.

Más allá de los debates públicos, los profesionales coincidieron en que hay un punto que no debería admitir divisiones.

“Ninguna persona debería vivir con miedo dentro de su propio hogar”, concluyó Casas.

El ordenamiento jurídico argentino prevé herramientas para proteger a las víctimas, investigar los hechos y reparar los daños ocasionados. Sin embargo, los especialistas remarcaron que el desafío sigue siendo garantizar que esas herramientas funcionen de manera efectiva.

“La clave es trabajar con seriedad y responsabilidad para que las víctimas puedan acceder realmente a la justicia”, señalaron.

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el mensaje de los profesionales apuntó a reforzar la información y la conciencia social. Porque detrás de cada denuncia hay una historia que necesita ser escuchada, protegida y reparada.

En septiembre se celebra un nuevo aniversario de la sanción de la Ley N° 23.849, que aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, un instrumento fundamental creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este marco normativo fortaleció el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos. En este contexto, LA VOZ DE SAN JUSTO dialogó con Agustina Collino, licenciada en Psicología; Nicolás Casas, abogado y especialista en Derecho de Familia; y Virginia Panero, abogada, quienes abordaron el papel crucial de los adultos en el ejercicio efectivo de estos derechos.

Los profesionales han llevado a cabo conversatorios en San Francisco y la región sobre la “Ley Lucio”, en el marco de la Comisión de Perspectiva de Género de la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”. La Ley Lucio, que debe su nombre a Lucio Dupuy, el niño asesinado en 2021, enfatiza el deber de los funcionarios públicos de comunicar y tramitar denuncias de vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Los entrevistados destacaron la importancia de capacitar a los agentes de los tres poderes del Gobierno provincial y a la sociedad en general en temas de derechos de infancias. “La capacitación busca cuidar el respeto por los niños, tal como indica la Convención de Derechos del Niño”, afirmó Casas. En este sentido, añadió que “el objetivo principal de la Ley Lucio es la capacitación federal en clave de derechos de la infancia” en todos los ámbitos.

La Ley Lucio, sancionada en abril de 2023, fue finalmente reglamentada en julio y, en ese mismo mes pero de 2024, Córdoba adhirió a la normativa. Esta ley refuerza el deber de comunicar vulneraciones y se basa en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Casas mencionó que con la capacitación “la idea es formar a quienes deben abordar temas de niñez, pero también a otros actores que pueden intervenir”. Por su parte, Panero resaltó que “la escuela es una institución clave en la formación de docentes que pueden identificar casos de maltrato”.

Los conversatorios tuvieron una buena recepción. “En nuestra ciudad y Las Varillas, la respuesta fue muy positiva. Ambas iniciativas fueron declaradas de interés municipal”, indicó Casas. Estos encuentros abordan diversas áreas como legales, educación, salud y prevención, entre otros, y requieren un enfoque interdisciplinario.

“Es fundamental que todos los actores trabajen en conjunto. Cuando se identifica un caso de maltrato, surgen muchas preguntas: ¿qué hacer? ¿dónde denunciar?”, planteó Casas. En este sentido, destacó la importancia de la Unidad Judicial y de la Uder, la unidad regional de la Senaf (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia), donde se pueden hacer denuncias. En San Francisco también funciona el Consejo de Niñez y Adolescencia y hay una subsede de la Defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Garibaldi y Suipacha).

Collino añadió que en estos conversatorios se buscan explicar indicadores de maltrato infantil. “Los docentes deben aprender a identificar cambios en el comportamiento de los niños, como aislarse o ausentarse con frecuencia”, dijo. Resaltó que “los indicadores pueden ser físicos o emocionales, y siempre es crucial recordar que será rol de la justicia determinar si hay maltrato”.

“Es importante no estigmatizar a la familia por lo que está sucediendo. Debemos observar múltiples indicadores antes de actuar”, agregó. Casas subrayó que el silencio nunca es una opción ante casos de maltrato: “Si vemos algo, hay que comunicarlo. Callarse no soluciona nada”.

“La premisa que nosotros dimos en las dos charlas es ‘silencio, nunca’. Hay que hablar. Si uno percibe, se entera, ve un caso de maltrato infantil o posible caso de maltrato infantil, hay que comunicarlo. Y más siendo docentes –siguió Casas-. Hay que partir de esa base.  Estamos en presencia o podemos estar en presencia de un chico o de una chica que está siendo vulnerado en sus derechos. Entonces hay que comunicarlo. Callarse no soluciona nada”.

En tanto, surgen preocupaciones sobre la falta de garantías para que los docentes se sientan cómodos al proceder con denuncias. “La colaboración entre organismos es clave. Debemos garantizar un entorno seguro para que los docentes actúen”, indicó Panero.

Collino advirtió sobre los riesgos de no comunicar: “La violencia puede escalar. Si no se actúa, la situación puede volverse mucho más grave”. Esta perspectiva se alinea con la noción de responsabilidad social que enfatizaron durante los conversatorios. “Todos tenemos el deber de comunicar situaciones de vulnerabilidad”, afirmó Casas.

La implementación efectiva de las leyes de protección de la infancia es fundamental, y los expertos consideran que esto requiere un compromiso social amplio. “La educación sobre derechos de la niñez debe ser una prioridad”, planteó Panero. Casas añadió que “aunque contamos con buenas leyes, la verdadera tarea es llevarlas a la práctica”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el maltrato infantil se define como “cualquier forma de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años, abarca todo tipo de maltrato físico o afectivo, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otra índole que vaya o pueda ir en perjuicio de la salud, el desarrollo o la dignidad del menor o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.

Los profesionales también reflexionaron sobre los casos de violencia extrema como el de Lucio, donde claramente fallaron múltiples instancias. “Algo falló en el compromiso de la comunidad, la escuela y la justicia”, sostuvo Panero.

“Hoy, justamente, que hay mucha discusión sobre el Estado presente o Estado no presente, en temas de niñez, el Estado debe estar presente siempre”, dijo Panero.

Los conversatorios han evidenciado un gran interés de la comunidad en comprender el maltrato infantil y cómo actuar. “La gente quiere saber qué es el maltrato y cómo visibilizarlo”, afirmó Panero, resaltando la importancia de generar conciencia en torno a este tema.

“La capacitación y el compromiso social son esenciales para prevenir y actuar ante situaciones de riesgo”, concluyó Collino.

Desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) se informó que durante 2023, el 38% de las presentaciones recibidas en la oficina involucró a niñas, niños y adolescentes afectados por hechos de violencia doméstica. El porcentaje marca un crecimiento respecto a 2022, cuando los NNyA representaron el 34% de los afectados, en una tendencia creciente que se observa desde 2018, cuando el 32% de los afectados pertenecían a esta franja etaria. 

El 59% sufre violencia diaria o semanalmente. En el 80% de los casos, las personas denunciadas son sus progenitores (68% padres y 32% madres), 96% fueron víctimas de maltrato psicológico o emocional, 34% de maltrato físico y 9% fueron víctimas de violencia sexual.