Evelio Horacio “Yiyo” Ramallo, señalado como jefe de una organización criminal que operaba desde Rafaela, fue condenado el martes a prisión perpetua por instigar tres homicidios calificados y seis tentativas de homicidio. La resolución se dictó en un juicio abreviado y fue notificada desde los tribunales rafaelinos.

La condena incluye también amenazas coactivas agravadas, coacciones y amenazas simples, cometidas en el marco de su rol como líder de la asociación ilícita, que operaba en Rafaela, Bella Italia y otras localidades del departamento Castellanos. Ramallo, de 39 años, fue declarado reincidente y aceptó su responsabilidad en todos los hechos atribuidos.

Durante el proceso de investigación, la Justicia Federal de San Francisco también había participado activamente, coordinando medidas que resultaron clave para desarticular la organización.

Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la banda actuó entre agosto de 2021 y febrero de 2022. A pesar de estar detenido en distintas cárceles de Santa Fe, seguía impartiendo órdenes con plena autoridad, prometiendo pagos a cambio de cometer crímenes. “Se logró probar que mientras estuvo alojado en prisión, Ramallo dispuso mediante promesa remuneratoria la ejecución de delitos violentos”, precisó la Fiscalía. Entre los homicidios probados están los de Rudy Leonel González (3 de agosto de 2021), Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez (21 de diciembre de 2021).

También fue condenado por seis intentos de homicidio: cinco en Rafaela y uno en Bella Italia. Ramallo fue hallado culpable como coautor de asociación ilícita en calidad de jefe; instigador de homicidio doloso calificado por precio o promesa remuneratoria; instigador de homicidio doloso calificado por concurso premeditado; instigador de tentativas de homicidio calificado; y responsable de amenazas coactivas agravadas, coacciones y amenazas simples. La condena consolida su responsabilidad como uno de los actores más peligrosos de la organización criminal que operó en la región.

En marzo de 2024, la investigación, que contó con la colaboración del Ministerio Público de la Acusación y la Secretaría de Lucha Contra el Narcotráfico, incluyó 46 allanamientos en Santa Fe y Córdoba, 23 detenidos y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos. El entonces juez federal de San Francisco, Pablo Montesi, había ordenado los procedimientos y supervisado la causa, considerada una de las más importantes de su trayectoria.

Este 21 de agosto pasado se cumplió un año del fallecimiento de Montesi, figura clave de la Justicia de San Francisco y referente en la lucha contra el narcotráfico. El ex fiscal de Delitos Complejos y Artinarcotráfico, Bernardo Alberione, destacó su legado y la necesidad urgente de cubrir el cargo vacante en el Juzgado Federal sanfrancisqueño.

“Fue un avance muy grande acercar la Justicia a los vecinos, evitando traslados a Bell Ville para trámites complejos”, señaló Alberione en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO. Y agregó: “Me recuerda a ‘El Alma de la Toga’. La investidura de un juez no significa nada si no hay cualidades debajo, pero Pablo las tenía. No alcanza con el cargo, se necesita trabajo consciente y constante. Eso lo distinguió”.

Montesi lideró el Juzgado Federal como interino entre 2013 y 2018 y designado hasta 2024. Impulsó la instalación de la Policía Federal en San Francisco, especialmente brigadas antidrogas, y tuvo a su cargo causas como la de Ramallo. También, la de “narcolavado” conocida como causa Requena, que involucró a personas vinculadas al Club Sportivo Belgrano, dirigentes y barrabravas.

En agosto de 2023, Montesi creó una mesa coordinadora con fuerzas federales y provinciales: camaristas de Rosario y Córdoba, FPA, Gendarmería, Policía Federal y Policías de Córdoba y Santa Fe. “Si coordinamos, el narcotráfico encuentra una barrera infranqueable”, recordó Alberione. Aquella etapa estuvo seguida de intimidaciones hacia su propia persona y amenazas de bomba contra dependencias policiales locales.

Además, Montesi impulsó programas de reinserción social, como el rugby en la cárcel de San Francisco. “No solo se ocupó de detener a los responsables, sino de ofrecerles una posibilidad de resocialización y un proyecto de vida distinto”, valoró Alberione. También fortaleció recursos humanos y materiales de las fuerzas federales, incluyendo móviles y apoyo logístico, además de su participación en investigaciones de trata de personas que permitieron rescatar víctimas sometidas a condiciones inhumanas. “Los medios son escasos, pero sumados y coordinados hacen mucho más difícil que el narcotráfico se instale en la provincia”, afirmó Alberione.

Montesi también impulsó la ampliación de la jurisdicción federal hacia la zona de Frontera y Josefina, actualmente bajo la órbita de la Justicia santafesina, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el delito. Para ello viajó a Buenos Aires, donde se reunió con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y distintos referentes políticos.

Para el ex fiscal, la figura de un juez federal resulta hoy más necesaria que nunca: “La unión de las fuerzas provinciales con las federales, sumadas a la Fiscalía Antinarcotráfico, garantiza un éxito mucho mayor que si cada una actúa por separado. En la coordinación está la fuerza”.

“Hoy San Francisco tiene un problema doble: no hay juez federal y tampoco fiscal federal –el exfiscal Luis María Viaut fue condenado por corrupción-. El acceso a la justicia federal está totalmente limitado”, advirtió Alberione.

A un año de su partida, el recuerdo de Montesi sigue vigente, no solo por su labor como magistrado sino por su visión de una justicia cercana a la sociedad.

"Evelio 'Yiyo' Ramallo, condenado por narcotráfico y homicidios, estaba detenido en Rawson, Chubut, desde donde manejaba a su organización desde adentro y tenía a Rafaela bajo su dominio. Hoy ya se encuentra en el penal federal de Ezeiza, bajo las máximas medidas de seguridad que contempla el protocolo para presos de alto riesgo”, publicó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta X (Twitter) junto a un video que mostraba el fuerte operativo hasta la cárcel de máxima seguridad bajo el protocolo de presos de alto riesgo.

Fueron tres las fuerzas de seguridad que trabajaron en conjunto para llevar a cabo el operativo: el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ramallo fue trasladado en avión desde el Aeropuerto Internacional Almirante Zar de la localidad de Trelew hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con la custodia del personal del Grupo Especial de Intervención (GEI). Una vez allí fue llevado en un móvil de la Dirección Principal de Traslados hacia el penal de máxima seguridad.

En febrero de 2022, una disputa por el territorio de la droga terminó con la vida de José Luis Cáceres (48) en la ciudad de Morteros y por el hecho, la Justicia de San Francisco, en agosto de 2023, condenó a Ramallo a 20 años de prisión y a otros imputados con distintas penas. Para entonces, “Yiyo” ya cumplía una condena de 23 años en la cárcel de la capital de la provincia de Chubut. 

Además de este narcocriminal el juicio con jurados populares en los tribunales de nuestra ciudad tuvo a otros 7 imputados, siendo los principales Tomás Julián Lazcano (que tenía 17 años al momento del homicidio) y Ramallo. 

Lazcano fue hallado autor materia de homicidio calificado por el uso de arma de fuego, en tanto que Ramallo, autor intelectual de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por la intervención de un menor de edad.

La fiscal de Cámara, Consuelo Aliaga, relacionó el asesinato de Morteros a una “lucha por el territorio de la droga” en la que Ramallo, desde un penal de la provincia de Chaco donde estaba detenido, ordenaba sacar del medio a Cáceres porque significaba una competencia para su “negocio”.

Cáceres, que trabajaba en el hipódromo de Morteros, habría estado vinculado junto a un familiar a la comercialización de estupefacientes. 

También, la fiscal dijo que la muerte de Cáceres fue parte de un ajuste de cuentas porque Ramallo y su organización sospechaban que era un “bate cana”, que le aportaba información a la Policía. 

Los otros imputados feuron Jésica Suárez, Magalí Bertona y Kevin Joel Funes, como partícipes necesarios y secundarios del hecho; y Luciana Bustos, Lucila Cabrera y Joaquín  Conti, por encubrimiento. 

Entre la 1 y 1.30 de aquel 13 de febrero de 2022, por orden de Ramallo, Bertona y Funes fueron hasta el domicilio de la víctima que vivía junto a su madre –en una vivienda de calle Brown 841 de barrio Urquiza en Morteros- para asegurarse que Cáceres estaba allí. Luego, alrededor de las 4 de la madrugada, Suárez junto a otra persona aun no identificada llegaron a la casa en una motocicleta. 

“Sabiendo que Cáceres estaba en su casa, se le da participación a Lazcano”, indicó la instrucción de la causa. Cáceres y su madre se encontraban descansando. La mujer escuchó que intentaban abrir la puerta, despertó a su hijo para que viera qué ocurría, Cáceres se levantó de la cama y en ese momento se produjeron varios disparos desde una pistola calibre 22 que habría manipulado Lazacano e impactaron en el frente. Uno de los proyectiles ingresó por la ventana e impactó a la altura del pecho de Cáceres, que tras el ataque falleció en los brazos de su madre.