Un niño de 8 años, identificado como Emir Barboza, fue asesinado en medio de un enfrentamiento a tiros entre bandas en el barrio Valle Grande, en la provincia de San Juan. Pese a encontrarse alejado del conflicto, una bala impactó en su tórax, provocando su muerte.

 El menor fue trasladado de manera inmediata al Hospital Marcial Quiroga, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. La médica Ana Bruna informó que la víctima presentaba una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo.

Tras el hecho, personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales realizaron un operativo que concluyó con siete detenciones, entre ellas la de un menor. Además, se incautaron dos armas de fuego, que serán peritadas para determinar si alguna fue la utilizada en el crimen de Barboza.

 Familiares y conocidos del niño expresaron su dolor a través de redes sociales, mientras la comunidad local se encuentra consternada por el episodio.

 El caso de Emir Barboza recuerda al asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años que fue asesinado a balazos el 9 de julio en la ciudad de Frontera. Zamir viajaba junto a su madre y padrastro cuando desde otro vehículo un grupo armado disparó contra el auto. El niño recibió un impacto fatal, su padrastro quedó gravemente herido y en silla de ruedas, mientras que la madre salió ilesa.

En relación al caso de Zamir, recientemente la Justicia de Rafaela ordenó la liberación de Valentín Escovedo, de 23 años, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes que lo vinculen directamente con el crimen. Pese a su libertad, Escovedo continúa ligado a la causa, que sigue abierta. Permanecen detenidos Matías Escovedo (29) y Thiago Nicolás Medrano (20), acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio.  

 El asesinato de Emir reaviva la preocupación por la violencia vinculada a enfrentamientos entre bandas y el impacto que estos hechos tienen sobre los más vulnerables, mientras las autoridades continúan investigando para esclarecer el suceso y detener a los responsables.

 El fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Santa Fe, Carlos María Vottero, tiene bajo su mando a fiscales con competencia en varias localidades. Desde esa estructura dirige la investigación penal del crimen que conmovió a toda la región: el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera el pasado 9 de julio cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez, presunto blanco de los sicarios.

 La brutalidad del hecho obligó a los gobiernos de Córdoba y Santa Fe a firmar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar el narcotráfico y la violencia armada en la frontera interprovincial. Pero Vottero aclara: la única investigación la lleva adelante la fiscalía bajo su mando, y ninguna autoridad cordobesa intervino en el caso.

 En entrevista con LA VOZ DE SAN JUSTO, Vottero, uno de los que más conoce el paño judicial, se refirió a declaraciones de funcionarios de Córdoba, dejó en claro que aún no existe un autor intelectual individualizado por el crimen de Zamir y remarcó que mientras en los grandes centros urbanos de Santa Fe los homicidios descendieron, en el departamento Castellanos aumentaron. Aseguró que es prioridad en la agenda judicial la lucha contra el microtráfico de drogas en la llamada “la otra triple frontera” –San Francisco, barrio Acapulco (Josefina) y Frontera– que, según sus palabras, “son una sola cosa”.

—¿Cómo evalúa la situación actual del narcotráfico en Santa Fe y en particular en Frontera, donde la violencia impera?

 Frontera y Josefina tienen una problemática social delictiva muy particular vinculada al consumo y la comercialización de estupefacientes que genera violencias altamente lesivas, cometidas muchas veces con armas de fuego. A nivel provincial, desde hace más de un año tenemos competencia en materia de microtráfico. No investigamos macrotráfico, sino la venta y comercialización minorista. Desde 2014, cuando se reformó el Código de Procedimiento Penal en Santa Fe, venimos trabajando en Frontera. Lo hacían fiscales de Rafaela porque allí no había un fiscal designado de manera permanente. Ahora, con la llegada de nuevos fiscales, uno será asignado a la Fiscalía de Frontera. Eso nos permitirá mayor cercanía con el territorio.

 Ya se hicieron cuatro demoliciones de búnkeres de drogas y un tapialamiento en otra vivienda (de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Microtráfico promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro en el inicio de su gestión). Cada procedimiento arrojó resultados: secuestro de estupefacientes, balanzas de precisión, máquinas de contar dinero y personas detenidas, muchas de ellas con domicilio en San Francisco pero operando en Frontera. Por eso insisto: San Francisco, Frontera y Acapulco forman un mismo conglomerado, son una sola cosa.

-           ¿El microtráfico es un fenómeno en expansión o está estabilizado?

Va en aumento. Es una problemática mundial, muy instalada, que atraviesa otros delitos. Genera violencia altamente lesiva y homicidios. Según números del Ministerio de Seguridad de la Santa Fe, en los departamentos Rosario y La Capital los homicidios bajaron, pero en el departamento Castellanos aumentaron. Esa diferencia tiene que ver con la alta conflictividad derivada de la comercialización de estupefacientes.

-           ¿Qué cambios detectaron en las modalidades de las bandas? ¿El sicariato se volvió recurrente?

 El caso Zamir es un ejemplo. La mecánica indica que se trató de una emboscada planificada: cruzaron un auto para interceptar a otro y dispararon sin importar la presencia de un niño. Eso es sicariato. Todo confirma que es la forma en que se manejan estos delincuentes. Si bien estos hechos ocurren más en Frontera que en San Francisco, la realidad es que están involucradas personas de uno y otro lugar.

-           ¿Quiénes son las personas, en su mayoría jóvenes, que terminan integrando estas redes como sicarios?

 Son personas atravesadas por el consumo problemático. Las adicciones los empujan a ingresar en estas estructuras. En los primeros eslabones son usados como mano ejecutora por quienes ocupan lugares jerárquicos más altos.

“La mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI (…) La investigación siempre fue nuestra. Nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco, salvo a requerimiento de esta fiscalía y con fines de colaboración en cuanto a las diligencias investigativas llevadas adelante por la policía de Santa Fe (…) Me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar”.

—¿Qué peso tiene la disputa territorial y qué peso el ajuste de cuentas?

 Ambos factores conviven. Muchas veces las disputas por territorio derivan en represalias y muertes, que generan nuevas respuestas. Casi indefectiblemente, la respuesta del otro lado va a venir. Es un círculo vicioso. Frente a esto, el abordaje represivo o punitivo es necesario pero no suficiente. Se requieren políticas preventivas en educación, salud y asistencia en adicciones que ataquen estructuralmente toda esta problemática. La prevención solamente con presencia policial, tampoco alcanza.

—Si crece el microtráfico, también crece el consumo…

 Exacto, y cada vez a más temprana edad. Vemos niños de 15 o 16 años, incluso más chicos, que ya consumen. Al ser inimputables, no ingresan en el sistema penal. Deben ser abordados desde las áreas sociales y de niñez. Si no, su futuro es terminar presos o muertos. El Estado debe abordarlos desde una mirada social también.

 —En la sociedad existe la percepción de que en algunos lugares hay “zonas liberadas” y cierta complicidad policial. ¿Con qué obstáculos concretos se encuentran los fiscales al investigar el microtráfico?

 Desde la Fiscalía Regional abordamos todas las investigaciones por igual. Si se advierten situaciones como las mencionadas, el personal policial no está exento de responsabilidad penal y se actúa en consecuencia. En 2014 imputamos, detuvimos y logramos condenas de policías de la Comisaría 6ª de Frontera por uso excesivo de la fuerza, apremios ilegales y torturas contra detenidos, entre otros cargos. El caso más mediático fue el del hombre “crucificado”. En causas complejas, trabajamos con la Policía de Investigaciones (PDI) y también con fuerzas federales como la Policía Federal y Gendarmería. Es importante la presencia de esas fuerzas puntualmente en este territorio.

–¿Por qué persiste la percepción social de que la Policía solo aparece cuando ocurre un hecho grave y luego se ausenta del territorio?

 Eso está ligado a la faz preventiva, es decir, la presencia policial para evitar que el delito ocurra. Esa decisión corresponde a la Policía y a los ministerios de Seguridad. El sistema judicial no puede solo, se requiere coordinación. Reitero, muchos hechos se dan cruzando el límite interprovincial: aunque ocurran en Frontera, varios de los delincuentes son de San Francisco. El abordaje en conjunto,  siempre pidiendo colaboración de una provincia a la otra, es importante y fundamental. Cruzan una calle, como es la 1, el camino interprovincial, y delinquen de un lado o del otro.

–¿Considera que existe una estigmatización delictiva asociada a Frontera? Aunque es una realidad el avance de la violencia armada en esa ciudad.

 En este punto hay un análisis lógico que hacer: San Francisco tiene mucha más población que Frontera y barrio Acapulco. Si seguimos esa lógica, incluso podría decir que hay más delincuentes o personas que cometen hechos delictivos en San Francisco que en Frontera, porque simplemente hay una mayor cantidad de habitantes. Quiero dejar en claro que estas cuestiones están íntimamente relacionadas entre ambas localidades y que los hechos no deben analizarse de manera aislada, ya que muchas veces lo que sucede en un lugar tiene vinculación directa con lo que ocurre en el otro.

–De hecho, los detenidos por el crimen de Zamir son de San Francisco.

 Es cierto que la mayoría de las detenciones ocurrieron en San Francisco, pero como resultado de investigaciones de esta Fiscalía Regional Nº 5 y de la PDI. Cuando la detención debe hacerse en Córdoba, pedimos colaboración a su policía, porque la de Santa Fe no tiene competencia territorial, pero la investigación siempre fue nuestra. En el caso Zamir actuó la fiscal Fabiana Bertero con la PDI. Quiero remarcarlo: nunca intervino la Justicia de Córdoba, ni fiscales ni policías de San Francisco; el personal policial de Córdoba efectivizó las detenciones por un tema de jurisdicción. El hecho ocurrió en Frontera y la competencia es de Santa Fe. Por eso me parece grave y delicado que desde algunos sectores se intente desinformar, instalando una idea falsa sobre quién investiga. Eso solo confunde a la sociedad en un caso de enorme repercusión.

– ¿Cómo está hoy la causa Zamir? ¿Hubo más avances en los últimos días?

Hasta el momento hay tres personas detenidas con prisión preventiva -Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29)-. Además, se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo, y existen otros pedidos de captura en curso contra posibles implicados. Hubo un avance rápido en la primera etapa y ahora se continúa con esas capturas pendientes y con pericias fundamentales. Esperamos resultados que aporten información valiosa para definir nuevas líneas de investigación. Los tiempos periciales no dependen de la fiscalía, pero de esas pruebas surgirán elementos centrales para la causa.

“Hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir”.

–Los tres jóvenes imputados estuvieron a bordo del Fiat Cronos gris que emboscó y atacó a tiros al auto de Braian Martínez, pero ¿se investiga a un presunto autor intelectual? El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, señaló a un integrante de una familia narcocriminal preso en Cruz del Eje, y hasta pidió su traslado a un penal federal…

 Desde esta fiscalía no ha salido esa información ni esa versión. En nuestra investigación, de la evidencia obtenida hasta ahora, no surge la autoría intelectual de nadie. Quienes hacen esas manifestaciones públicas, no sé a qué investigación se refieren, si son funcionarios de Córdoba, ciudadanos o si hablan de causas distintas. Lo cierto es que no aportaron nada a la fiscal a cargo del caso. Quiero dejar claro que la investigación es nuestra, de la Fiscalía Regional Nº 5 y del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. De esta diligencia investigativa podrán surgir autorías materiales o intelectuales, pero hoy no hay ningún autor intelectual individualizado en la causa Zamir.

-           ¿Qué mensaje le daría a la sociedad que percibe que la Justicia no alcanza a estas bandas?

Se trabaja mucho en esta Fiscalía Regional en el abordaje del microtráfico de droga y los delitos de derivan de éste, sobre todo, en la zona de Frontera y Josefina, y con muy buenos resultados y respuestas visibles, aunque parezca que es una gota dentro de un océano. Es un delito ya arraigado pero estamos dando la batalla que corresponde y forma parte de las prioridades de nuestra fiscalía. A la bravedad se designará un fiscal propio. El mensaje a la sociedad es que seguiremos trabajando en la misma línea, hay una firme decisión de seguir priorizando estas investigaciones.

Este jueves en Frontera fue demolido un inmueble identificado como un punto de microtráfico de drogas y escenario de hechos violentos. La construcción, ubicada sobre calle 96 entre 9 y 11, estaba a escasa distancia de instituciones religiosas, sociales y de salud, lo que sumaba preocupación en la comunidad.

La medida fue autorizada por el juez de Rafaela Nicolás Stegmayer, a partir de un pedido de la fiscal Fabiana Bertero, el fiscal Franco Carbone —del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General— y el Fiscal Regional Carlos Vottero. El procedimiento se enmarca en los Objetivos Priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe dentro de su Plan de Persecución Penal.

En el operativo participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes; el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenote; y el intendente de Frontera, Oscar Martínez.

El fiscal Carbone afirmó: “La construcción que se derribó hoy era un centro de distribución de violencias” y la calificó como un “lugar emblemático” por su relevancia en hechos delictivos de gran impacto en la ciudad. Según detalló, en los últimos diez meses se realizaron cinco allanamientos y diez procedimientos vinculados a violencias altamente lesivas, con secuestro de armas, drogas, balanzas de precisión y detenciones por tentativas de homicidio, portación de armas y un homicidio concretado.

Carbone remarcó que el lugar “era inhabitable” y que su única función era servir como boca de expendio de estupefacientes.

Por su parte, Vottero subrayó que la demolición fue resultado de la audiencia de cese de estado antijurídico realizada un día antes. También advirtió que el búnker estaba en una zona con intensa actividad social, próxima a escuelas e iglesias, y vinculado a hechos de extrema gravedad, incluido el homicidio de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado el padado 9 de julio en Frontera.

El derribo busca no solo desactivar un punto de delito, sino también enviar un mensaje de recuperación del espacio urbano para la comunidad.

En un hecho sorpresivo mientras se investiga el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado en Frontera, trascendió que en los últimos días fue detenido su padre. No obstante, la medida no guarda relación con la investigación por el homicidio, sino con otra causa judicial.

La detención ocurrió en Rafaela, donde el hombre habría llegado el 7 de agosto para declarar ante la fiscal que instruye la causa por el crimen de su hijo. Sin embargo, al presentarse en la fiscalía, fue arrestado y trasladado al mismo penal en el que permanecen alojados los principales imputados por el asesinato de Zamir.

Kevin Torres está acusado de un hecho de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego ocurrido en el mes de febrero pasado en barrio Acapulco, Josefina. Fue imputado y se encuentra con prisión preventiva.

Recordemos que Zamir perdió la vida cuando viajaba en un automóvil junto a su madre y su padrastro, que fue interceptado por otro vehículo en Frontera. Desde allí, los atacantes abrieron fuego; el pequeño recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto. El crimen generó una fuerte conmoción en la región y mantiene en curso una investigación judicial con tres detenidos y una mujer prófuga.

NOTICIA EN DESARROLLO 

“El niño de 4 que murió baleado horas atrás en medio de una emboscada contra su padrastro es una víctima más de, la irracionalidad y la brutalidad con la que los mercaderes de la muerte dirimen sus conflictos. Todos síntomas de una degradación sociocultural y económica que no encuentra piso”, se expresó en nuestra editorial hace pocas semanas. 

El asesinato de Zamir Gael Torres reunió todos los rasgos característicos de los territorios donde el narcotráfico ha echado raíces. Aunque se avanzó en la investigación y se detuvo a los presuntos autores materiales, la Justicia tiene el imperativo de esclarecer por completo este crimen atroz y juzgar a todos los responsables.

Pocas dudas caben sobre el trasfondo del hecho: otro episodio -uno más- enmarcado en la sórdida trama vinculada comercio ilegal de estupefacientes. Autores intelectuales, sicarios, armas pesadas, balaceras interminables, emboscadas, ajustes de cuentas son variables omnipresentes en todos los crímenes ligados al narcotráfico.

Tampoco es la primera vez que un niño se convierte en víctima de esta violencia que, desde hace tiempo, siembra sangre y horror. Pero, al menos en nuestra región, las balas que impactaron en el cuerpo de Zamir marcaron un límite, colmaron el vaso, atizaron la indignación ciudadana. Si al sinsentido de su muerte se le puede hallar un sentido, éste es el de constituir una bisagra definitiva. Un punto de inflexión para abandonar la desidia, las palabras floreadas pero vacías, las complicidades -corrupción incluida- y se abrace, con convicción, el único camino posible: el de la acción firme y contundente de las fuerzas de seguridad, la Justicia y todos los resortes del Estado.

Apenas unas horas después del crimen, se desplegaron importantes operativos en San Francisco, Frontera y Josefina. Móviles patrullando, allanamientos, detenciones, acciones de saturación: el movimiento fue visible y constante durante algunos días. Era lo esperable frente a una tragedia de esta magnitud. También es esperable -y necesario- que ese despliegue no sea efímero. Nada cambiará si estas acciones constituyen apenas una respuesta espasmódica para calmar el estupor de la opinión pública. 

A un mes del crimen, se suma otro hecho que hace de este caso un punto de inflexión: después de años de dilaciones, Santa Fe y Córdoba firmaron un acuerdo para crear la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Un organismo que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal de manera integrada. En otras palabras, a superar de una buena vez los límites jurisdiccionales que impiden dar respuesta a delitos graves, en particular los vinculados con el narcotráfico, que desde hace tiempo se asentó en esta “triple frontera”.

Este acuerdo responde a un reclamo largamente sostenido por este medio, especialmente desde la creación de la Región Centro, hace casi 30 años. Sin embargo, hasta hoy, las iniciativas interprovinciales no pasaron de buenas intenciones plasmadas en actas o declaraciones. Es de esperar que esta vez la voluntad política se traduzca en resultados concretos: trabajo coordinado, superación de trabas burocráticas, investigaciones profundas, clausura efectiva de todos los puntos de venta de drogas y encarcelamiento de quienes integran estas organizaciones criminales, que incluso después de un crimen tan brutal, siguen amenazando, sembrando terror y disfrutando de una impunidad grosera y provocadora.

Desde una pared en barrio Acapulco, la figura de Zamir nos observa, nos vigila, nos interpela. Su muerte debe ser una bisagra. 

El asesinato del niño, ocurrido el 9 de julio en Frontera, sigue generando repercusiones políticas, judiciales y sociales. La Justicia avanza en la causa con detenciones, pericias y nuevas pistas.

Zamir tenía apenas 4 años. Murió tras recibir disparos cuando viajaba en auto con su madre y su padrastro por una calle de Frontera. El ataque también dejó gravemente herido a Braian “Peladito” Martínez (31). La brutalidad del hecho y su contexto obligaron a Córdoba y Santa Fe a sellar un acuerdo de cooperación inédito para enfrentar la violencia armada y el narcotráfico en la frontera interprovincial.

La Justicia sostiene que no fue un hecho aislado. La fiscal Fabiana Bertero , al frente de la causa junto a la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), investiga una emboscada premeditada vinculada a una disputa entre bandas. La familia del padrastro de Zamir ya había sido blanco de amenazas: en enero, su hermano Horacio “Totín” Martínez fue baleado y murió meses después. Desde entonces, eran vigilados y seguidos.

El 9 de julio, esas amenazas se concretaron con una emboscada que terminó en tragedia. La violencia venía escalando, y el asesinato fue su punto más brutal.

Hasta el momento hay tres personas detenidas por el ataque: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Se busca a una cuarta persona, una mujer que habría participado activamente del tiroteo.

También fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco, que podría haber colaborado con la fuga de los atacantes. Se investiga si el vehículo, secuestrado para pericias, fue utilizado para trasladar al grupo armado tras el crimen. 

Rocío Funes, la mamá de Zamir, estaba en el asiento delantero al momento del ataque. Según su abogado, Federico Scarinci, les gritó a los atacantes que había un niño y pidió que no dispararan. No la escucharon. Su declaración fue fundamental para imputar a los sospechosos. “No fue un impulso. Sabían quiénes iban en el auto y aun así dispararon”, aseguró el abogado.

Las cámaras de vigilancia confirmaron el seguimiento previo del auto, y el vehículo de los agresores apareció incendiado cerca de Josefina.

El autor intelectual sería un interno de la cárcel de Cruz del Eje, apodado “Nano”, preso por narcomenudeo. “Pertenece a una familia conocida en el mundo del narcotráfico” de San Francisco, apuntó Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba, y solicitó su traslado a una cárcel federal, ante el riesgo de que continúe operando desde prisión.

San Francisco, Frontera y Josefina forman un corredor urbano con fronteras legales difusas y creciente actividad delictiva. Zonas liberadas, búnkeres, amenazas y ataques son parte del día a día. Según el fiscal Vottero, “la violencia está íntimamente ligada al tráfico y consumo de drogas”, aunque aún se investigan los vínculos directos con el caso.

Tras el crimen, se firmó un convenio interprovincial que compromete a Córdoba y Santa Fe a trabajar juntos en seguridad. Una de las medidas más concretas es la designación de un fiscal para Frontera, cargo vacante desde 2022. “Queremos que viva en la ciudad, que conozca el territorio y sus problemáticas”, remarcó Vottero. Los pliegos ya fueron aprobados en la Legislatura, en tanto, la Corte Suprema debe tomar juramento en los próximos días. 

En el barrio Acapulco de Josefina, un mural recuerda a Zamir. La obra fue realizada por el artista Ramón “Monchito” Cortez, conocido por retratar historias de dolor y memoria en murales. Lleva la frase: “Zamir, un ángel que vino a enseñarnos el amor más puro y ahora nos cuida desde el cielo”.

La muerte de Zamir Torres, el niño de cuatro años baleado el pasado 9 de julio mientras viajaba con su madre y su padrastro por la ciudad de Frontera, sacudió profundamente a la región y encendió las alarmas en los gobiernos de Córdoba y Santa Fe. El ataque no solo dejó a Braian “Peladito” Martínez (31), pareja de la madre del menor, con graves heridas, sino que también puso en evidencia una escalada de violencia que venía gestándose desde principios de año.

"A Zamir se lo llevaron las bandas de narcotraficantes. Su muerte sacudió al país y por su memoria tenemos que poner un freno y no ser indiferentes ante estas situaciones", afirmó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, durante un megaoperativo interfuerzas previo al acto de firma del convenio interprovincial en San Francisco.

Mientras tanto, la fiscalía investiga como móvil del crimen una represalia ligada a una interna entre dos bandas narcocriminales. La pista principal señala que el ataque fue planificado y que el autor intelectual sería un interno de la penitenciaría de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco. “Sabemos que pertenece a una familia reconocida en el ambiente del narcotráfico y por eso pedimos su traslado a una cárcel federal”, aseguró Quinteros.

El miércoles pasado, en la Tecnoteca de San Francisco, se lanzó oficialmente la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad. Allí, los ministros Pablo Cococcioni y Juan Pablo Quinteros rubricaron el convenio que compromete a ambas provincias a implementar políticas públicas conjuntas, compartir recursos, coordinar operativos y generar inteligencia criminal en conjunto.

“El convenio y la creación de un ente metropolitano interprovincial aportarán día a día soluciones en materia de seguridad para nuestra gente”, expresó el intendente de San Francisco, Damián Bernarte, quien también reclamó “superar los límites legales que dificultan una respuesta eficaz frente a los delitos que se extienden a ambos lados del Camino Interprovincial”.

También participaron del acto los intendentes Oscar Martínez (Frontera) y Jorgelina Sicardi (Josefina), y demás autoridades provinciales, municipales, policiales y del Poder Judicial.

Cococcioni fue enfático: “Esto no puede ser solo una demostración de presencia. Vamos a crear mecanismos de trabajo conjunto para una presencia policial disuasiva, preventiva y dinámica. Vamos a ir contra el narcotráfico y el microtráfico desde la provincia de Santa Fe”, dijo el ministro de Seguridad santafesino.

Quinteros, por su parte, lanzó una definición contundente: “Por la memoria de Zamir Torres, tenemos que estar más firmes que nunca diciéndoles no, diciéndoles basta. Queremos que Córdoba y Santa Fe se hagan un solo nudo para decirle basta a este flagelo que es la droga”.

La falta de fiscales en ambos márgenes del Camino Interprovincial representa una traba institucional que la dirigencia política busca revertir. San Francisco no cuenta con fiscal federal desde 2022, cuando Luis María Viaut fue condenado por corrupción. Desde entonces, la Fiscalía Federal de Villa María subroga el cargo. La vacante del juez federal también sigue sin cubrirse tras el fallecimiento del juez Pablo Montesi en 2024.

Bernarte fue claro: “Necesitamos resolver los problemas jurisdiccionales y analizar la posibilidad de extender la jurisdicción del Tribunal Federal de San Francisco para poder investigar y actuar también en territorio santafesino”.

En Frontera la situación es similar. Desde que Nicolás Stegmayer dejó su cargo en 2022 para asumir como juez penal, no se designó un nuevo fiscal. “Esto significa un retroceso —reconoció el intendente Oscar Martínez—, porque todas las gestiones judiciales deben volver a Rafaela y los vecinos sienten que la justicia no entiende su realidad”.

Ante este reclamo, el ministro Cococcioni anunció que “ya se enviaron a la Legislatura 38 pliegos para cubrir vacantes en toda la provincia” y que uno de los subrogantes por circunscripción judicial será designado en Frontera. “Los pliegos ya fueron votados. Resta que la Fiscalía General y la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe tomen juramento y realicen la designación”, añadió.

La creación de un comando conjunto entre Córdoba y Santa Fe no solo busca enfrentar con mayor eficacia el narcotráfico y la violencia urbana, sino también sellar un compromiso político e institucional que supere las divisiones geográficas. “Así como nosotros cruzamos el límite entre San Francisco y Frontera todos los días, necesitamos que las fuerzas de seguridad y justicia también puedan hacerlo sin una pared cuando sucede un delito o para prevenirlo”, reclamó Bernarte.

El crimen de Zamir se convirtió en el catalizador de esta transformación. Hoy, con la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad en marcha, el desafío será sostener este impulso y convertir el dolor en políticas concretas que eviten nuevas tragedias.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres apunta a un interno de la cárcel de Cruz del Eje, oriundo de San Francisco, vinculado a una familia narcocriminal de alto perfil. En la causa, encabezada por la fiscal de Rafaela Fabiana Bertero junto la Fiscalía Regional a cargo de Carlos María Vottero y la Policía de Investigaciones (PDI), hay cuatro hombres detenidos, pero todavía se busca a más involucrados. Entre ellos, a una mujer que habría estado presente en el momento del ataque y sería autora de disparos, según detalló Vottero: “Estamos trabajando para localizar e individualizar a la otra persona de sexo femenino que estuvo en la escena”.

La declaración de Rocío Funes, madre de Zamir, fue clave. Según su abogado, Federico Scarinci, “estaba en el auto, reconoció a los atacantes y les suplicó que no dispararan porque había un niño. No se detuvieron”. Su testimonio permitió identificar a dos de los hermanos imputados como autores materiales del hecho.

La justicia también investiga el uso de distintos vehículos en la emboscada. Al Fiat Cronos gris, hallado incendiado cerca de Josefina, días atrás se sumó la detención de un joven, A.T. (26), que manejaba un Volkswagen Vento blanco que podría haber sido utilizado para la fuga.

Por su parte, el juez Nicolás Stegmayer dictó prisión preventiva para tres de los imputados: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29), considerados presuntos autores del delito de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego, y homicidio doloso calificado en grado de tentativa bajo las mismas circunstancias”. En paralelo, las cámaras de videovigilancia y los peritajes aportan elementos para reconstruir el recorrido y la planificación del ataque.

La querella insiste en que no se trató de un hecho impulsivo. “Esto no fue un impulso. Sabían perfectamente quiénes estaban en el auto y aun así ejecutaron la emboscada”, dijo Scarinci.

En el marco de la investigación por el crimen de Zamir, el niño de cuatro años asesinado a balazos en la ciudad de Frontera el pasado 9 de julio, la Policía llevó adelante este miércoles por la tarde una nueva serie de allanamientos en San Francisco.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en la zona urbana, específicamente en los barrios San Martín, Hospital y Sarmiento. Participaron efectivos de la División Investigaciones de San Francisco junto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Frontera.

De acuerdo al parte oficial, los procedimientos arrojaron resultados positivos y se logró el secuestro de equipos tecnológicos que podrían aportar información clave para la investigación.

Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que investiga el homicidio calificado del menor y quedaron a disposición del Juzgado de Control, que interviene en la investigación.

Con estas nuevas diligencias, ya son varios los procedimientos realizados por la Policía y la Justicia en busca de pruebas. Por el caso hay tres personas imputadas y se continúan sumando elementos a la causa con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento total del crimen.

La investigación por el asesinato de Zamir Torres, ocurrido el 9 de julio en Frontera, está lejos de concluir. El abogado de la madre del niño, Federico Scarinci, aseguró que la trama detrás del crimen involucra violencia y narcotráfico con actores aún prófugos. En la reciente audiencia, se dictó prisión preventiva para los tres acusados, pero la causa sigue abierta y con múltiples líneas de pesquisa.

Según la querella, la escalada de violencia comenzó meses antes, cuando Horacio “Totín” Martínez (21), hermano de  padrastro de Zamir, fue baleado en un episodio vinculado al robo de drogas. A partir de entonces, la familia Martínez fue blanco de amenazas y atentados que culminaron en el ataque del 9 de julio, cuando cuatro personas dispararon contra el vehículo donde viajaban Zamir, su padrastro Braian “Peladito” Martínez y la madre Rocío Funes. Zamir falleció tras recibir cuatro disparos y Braian quedó internado con diagnóstico reservado.

El auto utilizado para la emboscada fue robado y luego incendiado en localidades cercanas, mientras que cámaras mostraron seguimientos previos que evidencian la premeditación del ataque. La fiscal de Rafaela Fabiana Bertero, al frente de la causa, investiga además la posible participación de un hombre apodado “Nano”, preso por narcotráfico, como autor intelectual.

Los hermanos Valentín y Matías Escobedo, de 23 y 29 años, y Thiago Medrano (20) están imputados por homicidio calificado y tentativa de homicidio. En la audiencia, los Escobedo negaron haber participado en el ataque y presentaron imágenes que buscan demostrar su ubicación en el momento del hecho. Mientras que Valentín cuenta con prisión preventiva por 90 días a la espera de nuevas evidencias, Matías y Thiago permanecen detenidos sin plazo definido.

El domingo, en San Francisco, fue detenido un joven de 26 años, A.T., conductor de un Volkswagen Vento blanco vinculado al caso. El vehículo, secuestrado para pericias, podría haber sido utilizado para trasladar a los atacantes tras el crimen. La detención forma parte de la investigación sobre los apoyos logísticos que permitieron la fuga del grupo armado.

La madre de Zamir, Rocío Funes, continúa recibiendo amenazas que preocupan a la querella. El abogado Scarinci solicitó custodia permanente para protegerla, dado el nivel de violencia que persiste en la región y el riesgo que enfrentan los testigos. La causa sigue abierta con el compromiso de buscar justicia completa para Zamir y su familia.

Un joven de 26 años fue detenido este lunes por la mañana en barrio Jardín, en San Francisco, mientras circulaba en un automóvil que tenía pedido de secuestro en el marco de la investigación por el crimen de Zamir, el niño de 4 años asesinado a balazos en Frontera el pasado 9 de julio y que además dejó herido de gravedad a Braian Martinez.

El operativo fue realizado por personal del Comando de Acción Preventiva (CAP), que realizaba patrullajes preventivos en la zona cuando detectó la presencia de un Volkswagen Vento blanco, vehículo sobre el cual pesaba una solicitud judicial de secuestro emitida tras el homicidio que conmocionó a la región.

Los oficiales procedieron a detener la marcha del rodado, identificaron al conductor y confirmaron la vinculación del auto con la causa. En consecuencia, se concretó la detención del joven y el secuestro del vehículo.

El caso quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa por el asesinato del niño, un hecho que generó una profunda conmoción social en San Francisco y Frontera.

Cabe recordar que hasta el momento, ya hay tres personas detenidas e imputadas por homicidio calificado y tentativa de homicidio en el caso Zamir.

En los tribunales de Rafaela se realizó la primera audiencia imputativa por el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años baleado en Frontera. Tres hombres fueron señalados como presuntos autores del ataque que también dejó gravemente herido al padrastro de la víctima.

Durante la audiencia, presidida por el juez Nicolás Stegmayer y con la fiscal Fabiana Bertero en representación del Ministerio Público de la Acusación, se conocieron las identidades de los acusados: Valentín Escobedo (23), Thiago Nicolás Medrano (20) y Matías Escobedo (29). Los tres fueron imputados como presuntos autores de “homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego”, además de “homicidio doloso calificado en grado de tentativa” por las lesiones sufridas por Braian Martínez, padrastro del niño.

Según detalló la fiscal, el ataque ocurri

do el pasado 9 de julio cerca de las 18, se dio cuando Martínez circulaba con su pareja Rocío Funes y Zamir en un Ford Fiesta por calle 7 de Frontera. Al llegar a calle 86, fueron interceptados por un Fiat Cronos con los tres imputados y una mujer aún no identificada. Desde ese vehículo dispararon varias veces y luego descendieron para efectuar al menos diez disparos más. Zamir recibió cuatro impactos de bala y llegó sin vida al Hospital Iturraspe San Francisco. Martínez permanece internado en Santa Fe.

La fiscal presentó más de 70 elementos probatorios y buscará que los acusados queden detenidos con prisión preventiva en la audiencia de medidas cautelares prevista para el lunes. Dos de los imputados estuvieron presentes en la sala, mientras que el tercero participó por Zoom. Ninguno declaró durante la audiencia.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, participó de la Primera Reunión Nacional del Consejo de Seguridad Interior 2025, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. 

El encuentro fue presidido por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y por la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Participaron ministros y jefes de fuerzas de seguridad de todo el país. 

En el marco de la reunión de trabajo, el ministro Juan Pablo Quinteros puso en valor la implementación del Plan 90 / 10 del Ministerio de Seguridad Nacional en la Provincia de Córdoba, cuyo objetivo original era reducir tasas de homicidio y combatir organizaciones criminales en todo el país. 

"En lo que respecta a nuestra provincia, en Córdoba hemos realizado más de 150 operativos conjuntos entre Policía de Córdoba, Fuerza Policial Antinarcotráfico, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, tanto en la ciudad de Córdoba como en importantes ciudades del interior provincial", señaló Quinteros."En cuanto a resultados, comparando el primer semestre de este año con el mismo período del año anterior, observamos una reducción del 25% de homicidios dolosos, el cual era uno de los objetivos principales del Plan 90/10", agregó el ministro de Seguridad de Córdoba.

En el primer semestre del año 2024, en Córdoba se registraron 57 homicidios dolosos, mientras que para el mismo período del corriente año, se registraron 43 casos.

En lo que respecta al combate de organizaciones y bandas delictivas, el ministro puso en valor la cooperación con la Nación y señaló que "en el último año hemos potenciado tanto operativos en calle como aquellos dirigidos  por la dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en el marco de investigaciones judiciales".

"Esto se ha reflejado en el incremento de operativos, en el secuestros de arsenales de armas de fuego y recientemente, con la detención en Córdoba de los asesinos de Zamir Torres de 4 años, en el marco un ajuste narco ocurrido el pasado 9 de julio en la localidad de Frontera, Santa Fé", cerró Quinteros.

Antes de finalizar el encuentro, Quinteros y Bullrich firmaron un convenio específico de colaboración entre Córdoba y la Nación para el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana de  Contrabando y Falsificación.

El Sistema de Alerta Temprana de Contrabando y Falsificación es un mecanismo interinstitucional que busca detectar y prevenir actividades ilegales relacionadas con el contrabando, la falsificación de marcas y delitos vinculados, a través de un intercambio eficiente de datos entre organismos de seguridad, aduanas, entidades regulatorias y empresas privadas.

Ocho días después del crimen de Zamir Gael Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera en un ataque a balazos, su madre Rocío Funes volvió a las calles para pedir justicia. Encabezó una nueva movilización junto a familiares y vecinos y, esta vez, logró reunirse con el intendente Oscar Martínez, a quien le reclamó mayor seguridad y respuestas ante la escalada de violencia armada.

“Quiero a todos presos. No quiero que esto quede en la nada como siempre pasa en Frontera. Quiero condena perpetua para todos. Mataron a mi hijo, tenía 4 años, era un nene inocente. No estaba en ninguna guerra de narcos”, dijo Funes en diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO y reconoció estar conforme con el accionar de la fiscalía. Apuntó a los tres hombres detenidos como los autores del ataque que también dejó herido a su pareja, Braian “Peladito” Martínez (31), y a un cuarto sospechoso que aún está prófugo. 

La mujer insistió que el crimen se vincula con un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez (21), hermano de Braian, ocurrido en abril. “Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacar droga y ahí empezó todo. Pero yo nunca tuve problemas con esa gente. No estábamos en guerra con nadie”, reiteró. 

Antes del encuentro con el intendente Martínez, Rocío pidió más controles, prevención y compromiso del Estado: “Le diré que no quiero que la muerte de mi hijo sea una más, que se haga justicia como tiene que ser. Que no se quede todo en detenciones. Quiero condenas ejemplares”.

También relató que recibió amenazas tras el crimen, incluso a través de redes sociales: “No me dan miedo. Las amenazas me hacen más fuerte. A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia”, aseguró.

Zamir era su único hijo. “Le gustaban los caballos, iba al hipódromo, al jardín. Me lo mataron de un tiro por la espalda, el primer disparo fue para él, que iba atrás en el auto”, dijo entre lágrimas.

La causa por el asesinato de Zamir Torres sigue avanzando. Hasta ahora hay tres detenidos, imputados por “homicidio calificado” y “tentativa de homicidio”, y un cuarto sospechoso prófugo.

Dos de los detenidos fueron capturados el martes. Durante un operativo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba, uno de ellos, M.E., de 31 años, fue hallado oculto en una camioneta con un chaleco antibalas y celulares. Es hermano del primer detenido, V.E., de 23, y presuntamente intentaba fugarse de la provincia. Horas antes se había entregado en Rafaela N.T.M., de 20 años. Los tres están acusados de participar del ataque del 9 de julio, cuando desde un Fiat Cronos negro emboscaron y dispararon al menos 15 veces contra el Ford Fiesta en el que viajaban Braian, Rocío y el pequeño Zamir.

La investigación continúa con pericias, allanamientos y análisis de cámaras y celulares, en busca de esclarecer cómo se planeó la emboscada y dar con el último implicado. Mientras tanto, la comunidad sigue reclamando justicia por el crimen que estremeció a toda la región.

Los investigadores no descartan que el ataque esté vinculado a un conflicto entre bandas enfrentadas por conflictos de territorio y narcomenudeo. El modus operandi —emboscada, fuego cruzado, escape, auto incendiado— se corresponde con prácticas ya conocidas en disputas criminales.

Este jueves a las 11.30, familiares y vecinos de Frontera volverán a movilizarse para pedir justicia por Zamir Torres, el niño de 4 años que fue asesinado a balazos durante un ataque armado ocurrido el 9 de julio en esa ciudad. La convocatoria partirá desde la Municipalidad de Frontera, según confirmaron sus allegados.

Será la segunda marcha en menos de una semana, en un contexto de fuerte conmoción social por el crimen. El reclamo apunta a que la causa avance con celeridad y se esclarezcan por completo los hechos.

Hasta el momento, hay tres personas detenidas que fueron imputadas por la Fiscalía de Rafaela por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado. La causa continúa en etapa de investigación.

El crimen ocurrió hace una semana en las calles 86 y 7 del barrio Puzzi de Frontera, donde al menos cuatro atacantes efectuaron una lluvia de balas sobre el vehículo familiar.

Durante la primera marcha por justicia para Zamir, su mamá, Rocío Funes, habló con LA VOZ DE SAN JUSTO y afirmó que la muerte de su hijo no tenía ninguna relación con el narcotráfico. “Mi hijo era un niño inocente, no estaba en una guerra de narcos. No se merecía morir así”, destacó. Contó que el mes pasado balearon su casa y que denunció el hecho, y agregó que a pesar de las amenazas no piensa detenerse: “A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia. Nadie me lo va a devolver, pero no voy a parar. Las amenazas me hacen más fuerte”.

Rocío sostuvo que el ataque podría estar relacionado con un hecho previo: el homicidio de Horacio “Totín” Martínez, hermano de su pareja, ocurrido en abril también en Frontera. “Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó.

A una semana del crimen que conmocionó a la región, la investigación por el asesinato de Zamir Gael Torres (4) avanza con tres detenidos y un cuarto sospechoso prófugo. En la noche de este martes, la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres en San Francisco: uno de ellos, M.E., de 29 años, estaba escondido en la parte trasera de una camioneta 4x4 con un chaleco antibalas y dos celulares, sería hermano del primer detenido, V.E., de 23.

 El operativo fue realizado por la Brigada de Investigaciones en Juan de Garay al 2100, a metros de España, tras tareas de inteligencia y en coordinación con la Justicia de Rafaela. M.E. fue sorprendido dentro de una VW Amarok negra, con un bolso preparado para huir afuera de la provincia. También fue arrestado el conductor del rodado, sospechado de colaborar en la fuga, aunque más tarde recuperó la libertad al comprobarse que se trataba de un remisero sin vínculo con el detenido. El alerta se activó tras ubicar la camioneta sospechosa en la zona de Av. Rosario de Santa Fe y Colón. Minutos después, el vehículo fue hallado detenido en barrio Roca y allí capturaron al joven.

Horas antes se había entregado en Rafaela otro joven, N.T.M., de 20 años. Con estas detenciones, ya son tres los imputados por el brutal ataque a balazos que el 9 de julio terminó con la vida del niño y dejó herido a su padrastro en Frontera. Los detenidos están imputados por “homicidio calificado” y “tentativa de homicidio”.

Según la pesquisa, los cuatro sospechosos, a bordo de un Fiat Cronos negro, en calles 86 y 7 interceptaron a Braian “Peladito” Martínez (31) y dispararon al menos 15 veces contra el auto Ford Fiesta blanco en el que también viajaba la mamá del nene. Zamir, que iba en el asiento trasero, murió en el acto tras recibir varios disparos.

Los investigadores mantienen los allanamientos, pericias y análisis de cámaras para dar con el último prófugo y esclarecer cómo se planeó y ejecutó la emboscada.

Este miércoles, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, resaltó “la fuerte tarea de investigación y el alto profesionalismo” de la Policía de Córdoba en la detención del primer y tercer sospechosos por el asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado el 9 de julio en Frontera.

En la madrugada, en barrio Roca de San Francisco, personal de la Brigada de Investigaciones, con apoyo del grupo ETER, detuvo a un M.E, de 26 años —hermano del primer detenido en barrio Sarmiento— quien llevaba puesto un chaleco antibalas y portaba dos celulares. Estaba escondido y planeaba salir de la provincia cuando fue interceptado en una VW Amarok negra gracias a un operativo cerrojo.

“De manera estratégica veníamos saturando la zona a partir de distintos operativos interfuerza de los que participaron Gendarmería, Policía Federal y Fuerza Policial Antinarcotráfico en colaboración con nuestra Policía”, explicó Quinteros.

El ministro subrayó que el acusado “se encontraba escondido y planeaba su salida de la provincia. Pero a raíz de una fuerte tarea de investigación pudimos dar con su paradero y, en un operativo altamente profesional, detenerlo”.

Finalmente, prometió que seguirán coordinando acciones para esclarecer el caso y perseguir a los responsables: “Seguiremos trabajando con la Provincia de Santa Fe y con las fuerzas federales para desarticular todo el entramado que hay detrás de este crimen atroz”, cerró.

Personal de Investigaciones de la Departamental San Justo de la Policía de Córdoba detuvo a dos hombres, uno de los cuales sería sospechoso por el crimen de Zamir Gael Torres, el niño de 4 años asesinado en Frontera el pasado 9 de julio en un brutal ataque a balazos. Las detenciones se concretaron esta noche en inmediaciones de calle Juan de Garay al 2100, a pocos metros de calle España, en San Francisco, y elevan a tres el número de detenidos por el caso que conmociona a toda la región. Uno de los detenidos, el sospechoso del homicidio, identificado M.E., de 29 años, quien sería hermano del primer detenido, iba escondido en la parte trasera de una camioneta 4x4 y llevaba puesto un chaleco antibalas. También fue arrestado el conductor del rodado, sospechado de colaborar en la fuga, aunque más tarde recuperó la libertad al comprobarse que se trataba de un remisero sin vínculo con el detenido. 

Según confirmaron fuentes policiales a LA VOZ DE SAN JUSTO, los hombres fueron interceptados tras tareas de inteligencia en coordinación con la Justicia de Rafaela. Uno sería parte del grupo que emboscó a Braian “Peladito” Martínez (31) —padrastro del niño— y que desató la balacera en la que Zamir recibió al menos cuatro disparos que le causaron la muerte en el acto.

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El hecho ocurrió hace una semana en las calles 86 y 7 del barrio Puzzi de Frontera, donde al menos cuatro atacantes efectuaron una lluvia de balas sobre el vehículo familiar.

Hasta esta tarde, había dos detenidos identificados como V.E., de 23 años, y N.T.M., de 20, mientras que otros dos permanecían prófugos. Con la nueva captura, la Policía sigue con los allanamientos y pericias para esclarecer el caso y detener al cuarto involucrado.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con carteles, llanto y un pedido unánime de justicia, familiares, vecinos y amigos de Zamir Gael Torres, el niño de 4 años asesinado el pasado 9 de julio en Frontera, marcharon este lunes por las calles de la ciudad para exigir avances en la causa y rechazar que el crimen quede impune.

La manifestación comenzó frente a la municipalidad, donde los asistentes se reunieron con pancartas con el rostro del pequeño y mensajes como “Justicia por Zamir” o “Con los niños, no”. Desde allí, se dirigieron primero hacia la comisaría Nº 6 y luego hasta la Escuela 1001.

Visiblemente afectada, Rocío Funes, la madre de Zamir, habló con LA VOZ DE SAN JUSTO y negó con firmeza cualquier relación de su familia con redes narco: “Mi hijo era un niño inocente, no estaba en una guerra narco. No se merecía morir así. A mí me mataron en vida, pero no voy a parar hasta hacer justicia. Nadie me lo va a devolver, pero no voy a parar. Las amenazas me hacen más fuerte”, afirmó. Además, contó que el mes pasado habían disparado contra su casa y que radicó la denuncia ante las autoridades. A su lado, familiares de la joven acotaban que el homicidio de Zamir “se podría haber evitado” si la Justicia y policías “hubieran actuado a tiempo”.

También apuntó a las versiones que intentan vincular a su pareja, Braian “Peladito” Martínez, con bandas delictivas. Familiares aclararon que el menor iba en el asiento trasero del auto en el momento del ataque, desmintiendo así versiones que indican que estuviera en brazos del conductor, su padrastro. “A mi hijo lo mataron de un disparo por la espalda. El primer tiro lo recibió él; a mí me pasaron por el costado”, aseguró Rocío.

La mamá de Zamir deslizó que el ataque podría estar vinculado no a Braian, sino a un hecho anterior: el asesinato de Horacio “Totín” Martínez, hermano de su pareja, ocurrido en abril también en Frontera en un aparente ajuste de cuentas. "Esto no es por nosotros. Esto viene por mi cuñado. Él tenía problemas de adicciones, iba a los kioscos a sacarles droga, y ahí empezó todo. Yo nunca tuve problemas con esa gente, jamás estuve en guerra con ellos”, expresó Rocío Funes.

Durante la movilización, los manifestantes también expresaron su malestar por la escasa presencia policial. Solo un móvil acompañó la marcha, pese a que se trataba de un reclamo pacífico que incluía mujeres, niños y adultos mayores. Tampoco se hicieron presentes autoridades municipales, sí algunos concejales de la oposición. Sin embargo, se conoció que desde el Ejecutivo municipal citaron a la familia de Zamir para expresarle su apoyo y analizar avances en la investigación.  

En todo momento, los gritos de “¡Justicia por Zamir!” se mezclaron con el silencio de una comunidad que aún no puede salir del estupor que generó este crimen.

El ataque ocurrió el miércoles 9 de julio, cerca de las 18 en la intersección de calles 86 y 7, cuando un grupo armado descendió de un Fiat Cronos y abrió fuego contra un Ford Fiesta conducido por Braian Martínez. Aunque primero dispararon desde atrás. En el auto iban también su pareja, Rocío, y el pequeño Zamir. 

Braian recibió al menos seis disparos y Zamir, cuatro. Fue su madre quien, en un intento desesperado, intentó socorrerlo, pero el niño ya había fallecido.

La causa es investigada por la Fiscalía Nº 5 de Rafaela y hasta el momento solo hay un detenido, un joven de 23 años capturado el viernes pasado en barrio Sarmiento de San Francisco. Los otros tres presuntos implicados permanecen prófugos.

Rocío Funes, en medio del dolor, pidió también colaboración a las familias de los implicados: “A las madres de los asesinos, les pido que los entreguen. Que los entreguen por Zamir. Ellos no son sicarios, son cobardes”

El caso sigue abierto y conmueve a toda la región, que volvió a movilizarse no solo para pedir justicia, sino para reivindicar la inocencia de un niño cuya vida fue truncada por una violencia sin freno.

En el video, un fragmento de la entrevista a la madre de la víctima: 

“Asesinar a un chico de 15 años también es un horror. Justicia para Guille”. La frase fue escrita por un lector de LA VOZ DE SAN JUSTO al comentar una noticia sobre el brutal crimen del pequeño Zamir Torres, asesinado en Frontera. Un comentario que parece unir en una misma línea el dolor que distintas comunidades vienen acumulando. Como si una tragedia tapara a la otra.

Cada historia tiene su particularidad, su contexto, su forma de romper el alma. Y cada crimen, un móvil diferente e incomparable. Guillermo Chiarotto Gattino, de 15 años, fue asesinado de una puñalada el pasado 26 de junio en San Francisco, en una discusión entre adolescentes. Pero antes fue Aralí Vivas, de tan solo 8 años, en Brinkmann, víctima de un femicidio encubierto que sacudió a toda la provincia. Ahora, otra vez Frontera: Zamir Torres, de apenas 4 años, muere baleado el 9 de julio en un auto, en medio de una emboscada contra su padrastro.

En todos los casos, el denominador común es una joven vida truncada; o una infancia arrasada. Y un sistema incapaz de anticipar, contener, prevenir… que llega después, cuando ya no hay nada que hacer más que buscar responsables y calmar a la opinión pública.

La causa por el asesinato de Guillermo avanza. El acusado, también menor de edad, se entregó y permanece alojado en el Complejo Esperanza. La familia de la víctima exige justicia. En Brinkmann, la investigación por la muerte de Aralí está en su etapa final. Tres personas están detenidas con prisión preventiva, imputadas por abuso sexual, homicidio y encubrimiento: el padrastro, un amigo de éste y la mamá de la víctima. En tanto que por el asesinato de Zamir, hasta ahora hay un joven detenido, sospechado de integrar la banda que viajaba en el auto desde donde dispararon contra Braian "Peladito" Martínez. 

Las causas siguen su curso mientras el tiempo hace lo suyo. Y el dolor social se diluye en la vorágine. Hasta que otro crimen golpee. Entonces, una vez más, se compartirá la noticia, se comentará con bronca y angustia, se exigirá justicia. Pero pronto el espanto volverá a esconderse detrás de la próxima tragedia. Y así, como escribió ese lector en Instagram, nos seguiremos preguntando: ¿hasta cuándo?

El único detenido hasta ahora por el crimen del nene de 4 años asesinado a balazos en Frontera, fue señalado este fin de semana por familiares, amigos y conocidos como inocente y víctima de una “confusión”.

“El chico no tuvo nada que ver, tenemos cómo probarlo”, expresaron allegados al joven V.E. (23) arrestado el viernes en barrio Sarmiento cuando salía de una vivienda, a pie. 

La familia aseguró que está reuniendo pruebas para demostrar que él no estaba en el lugar del ataque y que no integra la banda que viajaba en el Fiat Cronos gris desde donde dispararon contra Braian "Peladito" Martínez (31), padrastro de Zamir Torres, el miércoles pasado en calles 86 y 7.

En redes sociales, el apoyo fue inmediato: amigos, conocidos y vecinos compartieron mensajes de respaldo, calificando al detenido como “un perejil” y exigiendo su liberación. “Lo conocen en el barrio, no tiene nada que ver con esa gente”, escribió una usuaria en Facebook.

Mientras tanto, la investigación sigue centrada en dar con los otros tres sospechosos que, según presumen los investigadores, iban en el Cronos junto al detenido y que lograron escapar tras disparar más de 15 veces contra el Ford Fiesta en el que iba Zamir, entre las piernas de su padrastro, que conducía el auto. En el asiento de acompañante viajaba la mamá.

Hasta el momento, a pesar de numerosos allanamientos -con perros rastreadores incluidos- y operativos en distintos domicilios, no han sido capturados.

La familia del arrestado insistió: “Queremos que encuentren a los verdaderos responsables. No vamos a parar hasta que se sepa la verdad”.

El crimen del pequeño, acribillado en un aparente ajuste narco conmocionó a la región. La principal hipótesis apunta a que el objetivo real era "Peladito", quien también resultó gravemente herido, permanece internado en Santa Fe con una lesión medular que le causó paraplejía y tiene antecedentes penales. El 10 de junio habría quedado en libertad condicional. En tanto, desde 2012 habría protagonizado varios delitos: robo, portación de armas de uso prohibido, atentado y resistencia a la autoridad, entre otros, por lo que recibió más de una condena, la más grave a tres años de cárcel.

El asesinato de Zamir Torres, el niño de 4 años acribillado en Frontera, sigue generando conmoción. La investigación avanza en silencio y con múltiples operativos en la región, pero tres de los cuatro presuntos autores del ataque aún continúan prófugos. Solo uno de los sospechosos, un joven de 23 años con antecedentes, fue capturado en barrio Sarmiento de San Francisco, tras un operativo coordinado entre fuerzas provinciales y federales.

Investigan presuntos vínculos con bandas narco y enemistades entre familias. 

El crimen ocurrió el 9 de julio en el barrio Puzzi de Frontera, cuando al menos cuatro hombres a bordo de un Fiat Cronos emboscaron el vehículo donde viajaban Braian “Peladito” Martínez (31), su esposa y Zamir. Dispararon al menos 15 veces. El niño recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar. Su padrastro, herido de gravedad, fue trasladado a un hospital de Santa Fe por seguridad.

La fiscal de Rafaela, Fabiana Bertero, confirmó que se realizaron más de diez allanamientos. Se secuestraron celulares, un buzo negro, una escopeta calibre 14 y dispositivos electrónicos, entre otros elementos. Sin embargo, los principales implicados siguen libres. Sus identidades se mantienen en reserva para no entorpecer la investigación, que incluye análisis de cámaras, celulares, testimonios y peritajes balísticos.