El Gobierno nacional logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto que modifica el régimen de Zonas Frías y restringe el acceso al subsidio al gas natural en distintas regiones del país. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora deberá ser debatida en el Senado.

La propuesta impulsada por el oficialismo apunta a reducir el alcance del beneficio que desde 2021 alcanzó a millones de hogares incorporados al esquema de descuentos en las tarifas de gas.

El proyecto mantiene la bonificación plena únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas durante la ampliación de 2021, el subsidio quedaría limitado solo a usuarios considerados vulnerables.

De acuerdo con datos oficiales mencionados durante el debate parlamentario, unos 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático en caso de que la reforma avance definitivamente en el Congreso.

La votación terminó con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. El oficialismo consiguió respaldo de bloques aliados y de gobernadores provinciales tras negociaciones que incluyeron promesas de compensaciones energéticas para provincias del norte argentino.

La reforma del Gobierno, si se termina aprobando en la cámara de senadores, impactaría sobre municipios y departamentos de 15 provincias que actualmente forman parte del esquema ampliado de Zonas Frías o que sufrirían cambios en el cálculo del subsidio.

Las provincias provincias argentinas alcanzadas por el posible recorte al subsidio del gas son:

Según el texto debatido en Diputados, en muchas de estas jurisdicciones dejaría de existir el descuento automático y el beneficio quedaría reservado únicamente para hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales o incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Además, el subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura sino únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), lo que reduciría el impacto del descuento incluso para quienes continúen dentro del régimen.

Durante el debate, legisladores de distintas provincias cuestionaron el alcance de la medida y advirtieron por posibles aumentos en las boletas de gas durante el invierno. Desde la oposición calificaron el proyecto como un “tarifazo” encubierto, mientras que el oficialismo defendió la iniciativa con el argumento de avanzar hacia subsidios “más focalizados”.

En Córdoba, por ejemplo, el gobierno provincial sostuvo que más de 680 mil usuarios podrían perder el beneficio automático. En Santa Fe y Buenos Aires también hubo cuestionamientos por el impacto que tendría la quita del subsidio sobre hogares de ingresos medios.

Según estimaciones mencionadas en informes citados durante el tratamiento legislativo, algunos usuarios residenciales podrían enfrentar aumentos cercanos al 100% en sus facturas de gas si quedan fuera del esquema vigente de Zonas Frías. 

El oficialismo consiguió quórum en la Cámara de Diputados y se habilitó la sesión especial el proyecto para redefinir el régimen de zona fría para el consumo de gas, y la Ley Hojarasca.

El temario de la sesión, además de los cambios a la ley de zona fría, abarca la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas.

En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

Para completar el quórum de 129 voluntades sorprendió la colaboración de la radical monobloquista Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

También generó sorpresa, pero por los motivos contrarios, que no bajaran al recinto los tres diputados de Elijo Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, ya que se trata de habituales aliados del Gobierno.

De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de "mala fe parlamentaria" por "la trampa" de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora, y planteó una moción de orden para resolver la superposición de citaciones al recinto, y suspender la primera de ellas.

"Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por al presidencia de esta cámara y en función de eso, si no hay quórum, se avance al respecto", mocionó el santafesino.

"La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por la tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse", contestó la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici.

Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la moción de orden, al sostener que "no hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria".

"Y no voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia. No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente", ratificó.

"No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución. No bajo mi presidencia", reforzó el riojano, que insistió: "No vamos a sentar ese precedente".

La secretaria parlamentaria de Unión por la Patria, Paula Penacca, le dijo a Menem que "no es juez" y que no tiene postestad para "interpretar" el reglamento en nombre del conjunto de los diputados, y lo exhortó a poner a votación la moción de orden.

"No se puede generar este precedente como pretenden ellos de someter a votación la moción de orden porque generaría inseguridad jurídica. Esto no es interpretar el reglamento sino aplicarlo", le salió al cruce el otro secretario parlamentario de La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz.

"Martínez estaba en conocimiento, porque yo mismo se lo dije, que estábamos por convocar a una sesión para este día", acotó Menem.